Auto 13 de enero 24 de 2001 

CORTE CONSTITUCIONAL 

SALA PLENA

AUTO NÚMERO 13 DE 2001

Ref.: ICC-192

Magistrado Ponente:

Dr. José Gregorio Hernández Galindo

Conflicto negativo de competencia suscitado entre el juzgado penal del Circuito de Guateque y el Juzgado Penal del Circuito de Sogamoso, respecto de la acción de tutela incoada por Marisol Celis Castillo contra el Instituto de Seguros Sociales.

Bogotá, D.C., veinticuatro de enero de 2001.

EXTRACTOS: «Esta corporación no es competente para dirimir el conflicto de competencia en referencia, en tanto se trata de una controversia entre autoridades judiciales pertenecientes a la misma jurisdicción, las cuales tienen un superior común. En este caso, la Corte Suprema de Justicia, puesto que se trata de dos juzgados penales del circuito cuyos superiores jerárquicos son dos tribunales de distritos diferentes: el de Tunja, respecto del Juzgado Penal del Circuito de Guateque, y el de Santa Rosa de Viterbo, en tratándose del Juzgado Primero Penal del Circuito de Sogamoso.

Es importante resaltar que la Corte Constitucional sólo tiene la atribución de dirimir conflictos de competencia precisamente cuando no existe un superior jerárquico común de los despachos judiciales concernidos.

Lo anterior, de conformidad con los criterios expuestos en forma reiterada por la jurisprudencia de esta corporación. Así, por ejemplo, en Auto 44 del 19 de agosto de 1998, se dijo:

“...los conflictos de competencia que se susciten en materia de tutela —tanto los positivos como los negativos— deben ser resueltos por el superior jerárquico común a los jueces o tribunales incursos en ellos.

Todos los jueces de tutela, independientemente de la jurisdicción a la cual pertenezcan, hacen parte —para los fines de la actividad judicial propios de aquélla— de la jurisdicción constitucional.

Por lo tanto, los conflictos que surjan entre ellos deben ser resueltos dentro de la misma jurisdicción constitucional, lo que hace que en esta materia no resulte aplicable el artículo 256, numeral 6º, de la Carta Política, que atribuye al Consejo Superior de la Judicatura —Sala Jurisdiccional Disciplinaria— la función de “dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones”.

Sin embargo, no todos los conflictos de competencia deben ser resueltos por la cabeza de la jurisdicción constitucional. Solamente deben llegar a la Corte Constitucional aquellos que no puedan resolverse dentro de las respectivas estructuras jurisdiccionales de origen”.

Cabe anotar que en la Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), al revisar la constitucionalidad del artículo 112 del proyecto de ley estatutaria de la administración de justicia, se expusieron esos mismos razonamientos.

Además, el artículo 18 de la Ley 270 de 1996 dispuso:

“ART. 18.—Conflictos de competencia. Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la corporación.

Los conflictos de la misma naturaleza que se presenten entre autoridades de igual o diferente categoría y pertenecientes al mismo distrito, serán resueltos por el mismo tribunal superior por conducto de las salas mixtas integradas del modo que señale el reglamento interno de la corporación”.

En consecuencia, al ser la Corte Suprema de Justicia el superior jerárquico común de los despachos entre los cuales se ha planteado el conflicto de competencia, se enviará el asunto a dicha corporación para que dirima la controversia».

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