Auto 13015 de diciembre 3 de 1999 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE CASACIÓN

PUEDE HACERSE POR FAX

Magistrado Ponente:

Dr. José Roberto Herrera Vergara

Ref.: Radicación Nº 13015

Santafé de Bogotá, D.C., tres de diciembre de mil

novecientos noventa y nueve.

Se pronuncia la Corte sobre la admisión de la demanda de casación presentada por el apoderado de José Rigoberto Tamayo Guerra en el proceso ordinario que instauró contra la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil.

De conformidad con el artículo 64 del Decreto Extraordinario 528 de 1964, admitido el recurso de casación, se ordenará el traslado al recurrente o recurrentes, por treinta días a cada uno, para que presenten la demanda de casación. Dicho traslado en el caso bajo examen transcurrió del 25 de agosto de 1999 hasta el 5 de octubre de la misma anualidad. Los folios 6 a 11 acreditan que la respectiva demanda fue recibida vía fax, por la secretaría de la Sala de Casación Laboral el día cinco de octubre del año que corre. A folio 12 obra constancia secretarial en el sentido de que fue recibida dentro del término, y a folio 13 a 16 obra el original presentado un día después del vencimiento del plazo legal.

Corresponde entonces dilucidar el cómputo de términos procesales frente al desarrollo tecnológico gobernado recientemente por la Ley 527 de 1999, que tiene como objetivos definir y regular “el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales” y establecer las entidades de certificación.

1. La exposición de motivos de la referida ley, indica que se reguló tanto el uso de mensajes de datos como el comercio electrónico. No solamente esto último. También contiene una referencia específica al aspecto probatorio en todas las actuaciones judiciales, así:

“3. Alcance probatorio. El proyecto de ley establece que los mensajes de datos se deben considerar como medios de prueba, equiparando los mensajes de datos a los otros medios de prueba originalmente escritos en papel. Veamos: Admisibilidad y fuerza probatoria de los mensajes de datos. Los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y tendrán la misma fuerza probatoria otorgada a los documentos en el capítulo VIII de título XlIl del Código de Procedimiento Civil.

En toda actuación administrativa o judicial, vinculada con el ámbito de aplicación de la presente ley, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original (art. 10).

Al hacer referencia a la definición de documentos del Código de Procedimiento CiviI, le otorga al mensaje de datos la calidad de prueba, permitiendo coordinar el sistema telemático con el sistema manual o documentario, encontrándose en igualdad de condiciones en un litigio o discusión jurídica, teniendo en cuenta para su valoración algunos criterios como: Confiabilidad, integridad de la información e Identificación del autor.

Criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos. Al valorar la fuerza probatoria de un mensaje de datos se habrá de tener presente la confiabilidad de la forma en que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad de la forma en que se haya conservado la Integridad de la información, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente (art. 11)”.

2. El ámbito de aplicación de la citada ley quedó delimitado en su artículo 1º, el cual es bastante amplio, toda vez que abarca “todo tipo de información en forma de mensaje de datos”, dejando a salvo únicamente los referentes a las dos hipótesis contempladas taxativamente en los dos literales del precepto, sin que se mencione en ellos las demandas de casación en materia laboral.

3. En los términos del artículo 2º de la precitada ley, constituye “mensaje de datos”, la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser, entre otros el intercambio electrónico de datos (EDI), Internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax”.

4. Así mismo, de acuerdo con los claros términos del artículo 5º ibídem está prohibido negar “efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos”. Lo anterior tiene como obvia consecuencia que la tradicional exigencia del original del escrito de la demanda de casación puede quedar satisfecho con un mensaje (sic) datos, si la información contenida por éste es fácilmente consultable, porque así se desprende también del artículo 6º ejusdem.

5. Aplicados los conceptos que anteceden al envío del escrito de demanda vía fax, sin lugar a dudas se está en presencia, frente a la nueva normativa, del uso de esa modalidad de mensaje electrónico legalmente aceptada, siempre que se utilice un método confiable y apropiado para el propósito y que permita identificar al iniciador, con el fin de establecer que su contenido cuenta con su aprobación. Ese cometido se cumple en el caso sub lite por cuanto al ratificar por escrito original la parte interesada su demanda de casación no queda duda de la autoría y el contenido de la misma, sin que sea óbice que inicialmente no hubiese sido presentada en esa forma, ya que tal exigencia queda suplida con el mensaje de datos ratificado en los términos del artículo 8º de la misma ley invocada.

6. Aún mas, resulta obligado enfatizar que el inciso segundo del artículo 10 de la misma Ley 527 es terminante al prescribir que en las actuaciones administrativas o judiciales no se puede negar eficacia, validez o fuerza obligatoria a todo tipo de información en forma de mensaje de datos —indudablemente el fax es uno de ellos— “por el solo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original”. Nótese que el anterior precepto no se refiere al comercio electrónico, sino a toda actuación administrativa o judicial, vale decir, sin exceptuar las demandas de casación.

7. Obra en autos igualmente constancia de la fecha de recibo del mensajes electrónico, visible en la parte superior derecha del folio 6, y corroborada con la anotación secretarial del folio 11, donde se da fe de su recepción el día 5 de octubre, así como el informe secretarial que da cuenta de su presentación en tiempo. No queda duda, entonces, de los efectos jurídicos que produce el mensaje de datos recepcionado, dado que existe como tal y prueba la voluntad de comprometerse de la parte que lo emitió ante la Corte y además es accesible a confrontación con su original remitido en su integridad. Por tal razón cumple con los requisitos de constituir un medio de prueba de la actuación procesal que ejecutó el iniciador recurrente a la luz de los artículos 5º, 6º, 10, 11, 17, 18, 22 y 23 ibídem.

8. Como antecedentes jurisprudenciales conviene recordar, simplemente a guisa de referencia histórica, entre otros, dos pronunciamientos emitidos aún antes de la vigencia de la Ley 527. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 23 de octubre de 1990, dio validez como documento público auténtico al Decreto 1766 de 1987, expedido por el Presidente de la República cuando se encontraba fuera del país y transmitido vía fax; igualmente, por medio de providencia del 26 de julio de 1993, la Sección Segunda del mismo organismo admitió un recurso de apelación interpuesto vía fax (exp. 8306)*.

(*) Véase también el auto de la Sala de Casación Penal publicado en J. y D. Nº 288, pág. 1441 (N. del D.).

9. No está por demás agregar que, desde luego, hasta tanto no se expida una regulación diferente, quien pretende enviar una demanda de casación por telefax, corre todos los riesgos de que no exista línea, esté inservible, ocupada o no entre en forma legible el mensaje de datos. Obviamente estas falencias no se pueden imputar a la dependencia judicial respectiva. Empero, cuando suceda lo contrario y éste se reciba con los requisitos de confiabilidad, que permita conservar la integridad de la información, y la identificación del iniciador, no es le puede restar valor probatorio a dicha actuación, tal como ocurre en el caso bajo examen en el que el mensaje de datos fue recibido en tiempo por la secretaría de la Sala de Casación Laboral y al día siguiente de la emisión, se presentó la demanda en original.

10. Así las cosas, se está en presencia de un nuevo instrumento legal, claro, que representa un avance jurídico, ágil y acorde con la modernidad, con el desarrollo tecnológico de un mundo dinámico y conectado, que se ajusta a los conceptos procesales sobre cumplimiento de los términos y a las calidades intrínsecas de un documento, razón por la cual legalmente no está autorizada la Corte, so pena de violar el debido proceso, para desconocer sus efectos jurídicos, siendo su obligación tener por presentada en tiempo la demanda de casación remitida por fax por el apoderado del recurrente.

Por lo visto, y por reunir además las exigencias formales del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo, se admite la anterior demanda de casación.

Notifíquese e Insértese en la Gaceta Judicial.

José Roberto Herrera Vergara—Francisco Escobar Henríquez—Carlos Isaac Nader—Rafael Méndez Arango, salvo el voto—Luis Gonzalo Toro Correa—Germán G. Valdés Sánchez—Fernando Vásquez Botero, salvó el voto.

Laura Margarita Manotas González, Secretaria.

SALVAMENTO DE VOTO

Por cuanto Ley 527 de 1999 no modificó el Código Procesal del Trabajo ni lo dispuesto en las leyes y decretos que lo adicionan y reforman en lo atinente al recurso de casación, como tampoco varió el Código de Procedimiento Civil respecto de la presentación de memoriales o de la demanda con la que debe sustentarse este recurso extraordinario, consideramos que no existe un fundamento plausible para invocar como sustento de la decisión una ley que de manera explícita reglamenta “el acceso y uso de los mensajes de datos”, el “comercio electrónico” y las “firmas digitales”.

Ninguno de estos temas, y muchísimo menos el relacionado con las “entidades de certificación”, se refiere a una cuestión eminentemente procesal y circunscrita a la forma como se interpone y sustenta el recurso de casación en asuntos laborales.

Consideramos que no resulta impertinente recordar la mas que secular regla de interpretación de la ley contenida en el artículo 27 del Código Civil, según la cual “cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”.

Sabemos muy bien que ese mismo precepto legal autoriza recurrir a la intención o espíritu de la ley para interpretar una expresión oscura de ella, siempre que tal intención o espíritu aparezcan claramente manifestados en la propia ley o en la historia fidedigna de su establecimiento.

No creemos que pueda predicarse oscuridad en las normas del Decreto-Ley 528 de 1964 que regulan todo lo referente a la interposición y sustentación del recurso extraordinario de casación laboral. Y que sepamos hasta el día de hoy nadie había planteado que esos preceptos legales tuvieran un sentido diferente al que de manera clara expresa su tenor literal. La claridad de estos textos hace que no pueda desatenderse la literalidad de la ley so pretexto de buscar un oculto espíritu o intención del legislador no manifestada explícitamente en dichas normas legales.

Significa lo anterior, o por lo menos así lo consideramos quienes ponemos a salvo el voto ante la decisión de la mayoría, que la sola circunstancia de que la tecnología haya introducido novedosas formas de comunicación y que el comercio requiera que se regule lo relativo al uso de las informaciones en forma de “mensajes de datos”, así como los efectos de las llamadas “firmas digitales”, no puede razonablemente invocarse para afirmar ahora que las normas el Decreto-Ley 528 de 1964, y más concretamente el artículo 64 del mismo, adolecen de falta de claridad o contienen expresiones ambiguas que obligan el intérprete a recurrir a la intención o el espíritu, o a llenar vacíos en la regulación del tramite del recurso de casación, de modo que se muestre ajustado a derecho invocar una norma sobre “comercio electrónico” para concluir que ha sido modificado el Código Procesal del Trabajo, y que de hoy en adelante se acomoda a sus dictados el litigar ante la Corte Suprema de Justicia “por medios electrónicos, ópticos o similares”, pues, para decirlo con les textuales palabras de la Ley 527 de este año, tales medios podrían ser, entre otros, “el intercambio electrónico de datos (...), internet, el correo electrónico, el telegrama, el télex o el telefax”.

Con la flamante tesis de la mayoría se podrían presentar demandas directamente ante el despacho de cada magistrado a través del medio electrónico denominado “internet”, puesto que ese es uno de los mencionados en la definición de lo que debe entenderse por “mensaje de datos”.

Como atrás lo dijimos, aparte de la claridad de la ley, que de manera explícita regula únicamente lo relacionado con la “información en forma de mensajes de datos”, con las excepciones que el artículo 1º de la Ley 527 de 1999 trae, y que muestran a las claras que dentro del ámbito de aplicación de ella no está comprendido lo relacionado con la interposición y sustentación del recurso extraordinario de casación laboral, cabe anotar que si se acudiera a la “historia fidedigna” del establecimiento de dicha ley, la cual entendemos nosotros aparece expresada en la exposición de motivos, no se encontraría en dichos motivos uno que diera pie para afirmar que el Código de Procedimiento Civil se modificó no sólo en las disposiciones del capítulo VlIl del título XIII, sección tercera, libro segundo —que es a lo que se remite expresamente el artículo 10 de la ley—, o en lo que atañe al criterio para valorar probatoriamente un “mensaje de datos” —que es lo regulado en el artículo 11—, sino que así mismo fue modificado dicho código y el Código Procesal del Trabajo en lo relativo al trámite de los recursos que cabe interponer en los procesos que en ellos se reglamentan y el modo y la oportunidad para sustentarlos.

Nos parece oportuno recordar que esta Sala de la Corte, actuando como tribunal de casación, tiene dicho, sin que sobre ese punto alguno de quienes ahora integran la mayoría hubiere salvado voto, que el escrito de demanda no es una prueba, aun cuando se haya admitido que, en ocasiones, por su mala apreciación o por su falta de apreciación, al igual que otras piezas procesales (como la contestación de la demanda y los escritos mediante los cuales se sustentan los recursos), pueda generarse un error de hecho manifiesto controlable en casación.

Así se explicó, por ejemplo, en la sentencia de 5 de agosto de 1996 (Rad. 8616), en la que haciendo inicialmente referencia específica a la demanda con la que se promueve el proceso, se dijo lo siguiente:

“La demanda inicial del juicio puede ser acusada en casación laboral como pieza procesal y no sólo en cuanto contenga confesión judicial. La demanda es medio escrito, que representa la voluntad de quien pone en actividad la jurisdicción. También es acto del proceso, desde luego el primero, y en tal condición es susceptible de generar en la casación laboral el error manifiesto de hecho, pues si la voluntad del actor es desconocido o tergiversada ostensiblemente, el dicho error puede conducir a la violación de la ley sustancial, como que el sentenciador puede producir un fallo sobre lo que no se ha pedido (por yerro en la apreciación del petitum o de los hechos, o por su desconocimiento) o desatendiendo los fundamentos fácticos de lo pedido, bien en perjuicio del propio demandante o de la parte demandada. Varias han sido las decisiones de esta Sala sobre esa tesis, como también las que se han adoptado reconociendo la capacidad de generar error de hecho a otras actuaciones escritas del juicio laboral, como la contestación de la demanda, el escrito sustentatorio de la apelación, el desistimiento parcial, etc. (subrayamos).

Por parecemos pertinente nos permitimos a continuación transcribir los apartes iniciales de la exposición de motivos de lo que hoy es la Ley 527 de 1999, ya que, en nuestro criterio, constituyen un argumento irrefutable de que no fue jamás la intención del legislador modificar el recurso extraordinario de casación.

Dichos apartes son los siguientes:

“El desarrollo tecnológico que se viene logrando en los países industrializados, permite agilizar y hacer mucho mas operante la prestación de los servicios y el intercambio de bienes tangibles o intangibles lo cual hace importante que nuestro país incorpore dentro de su estructura legal, normas que faciliten las condiciones para acceder a canales eficientes de derecho mercantil internacional, en virtud a(sic) los obstáculos que para este encarna una deficiente y obsoleta regulación al respecto.

Este proyecto de ley que hoy dejamos a su consideración, busca dotar de fundamento jurídico a las transacciones comerciales realizadas por medios electrónicos y darle fuerza probatoria a los mensajes de datos que tengan relevancia jurídica en esa materia” (Gaceta del Congreso Nº 44, 24 de abril de 1998, pág. 26 —subrayamos—.

Consideramos que ni del tenor literal de alguno de los artículos de la Ley 527 de 1999, ni de la historia fidedigna de su establecimiento expresada en la exposición de motivos, resulta fundamento para concluir que se modificó la Ley 528 de 1964 en lo atinente a la sustentación del recurso de casación, pues claramente se trata de una ley para facilitar “las condiciones para acceder a canales eficientes de derecho mercantil internacional”.

Aun cuando sinceramente muchos más argumentos podríamos expresar para no compartir el criterio de la mayoría, los motivos explicados son suficientes para justificar el por qué nos separamos de la decisión y salvamos el voto.

Con la consideración y respeto debidos,

Rafael Méndez Arango—Fernando Vásquez Botero. 

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