Auto 13333 de septiembre 23 de 1997 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL

DURANTE El TRÁMITE DEL RECURSO DE CASACIÓN

EXTRACTOS.«La prescripción de la acción en materia penal, cuando no existe resolución acusatoria ejecutoriada, opera en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley si es privativa de la libertad, atendidas las circunstancias de agravación o atenuación concurrentes, siempre y cuando no sea inferior de cinco años ni superior de veinte, pues de serlo, el fenómeno se entenderá cumplido en uno y otro término límite, respectivamente (art. 80 del Código Penal, modificado por el 31 de la ley 40 de 1993).

En la etapa de juzgamiento, este tiempo se reduce a la mitad, contado a partir de la ejecutoria de resolución de acusación, sin que, en ningún caso, su duración pueda ser inferior de cinco años (art. 84 ejusdem).

El delito de homicidio culposo, por el cual fue llamado a responder en juicio y condenado en las instancias Ricardo Cano Correa, tiene señalada pena privativa de la libertad máxima de seis (6) años de prisión, cuando no concurren circunstancias de agravación punitiva (art. 329 y 330 ejusdem).

De acuerdo con las normas que vienen de citarse se tiene que el término de prescripción para el delito por el que se precede sería, en la etapa de la causa, de tres años, pero como en ningún caso puede llegar a ser inferior de cinco, es éste el tiempo que debe tenerse en cuenta para determinar si la acción se encuentra prescrita.

La actuación procesal enseña que la resolución de acusación, en el caso sub judice, causó ejecutoria el 30 de junio de 1992, fecha en la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibaqué confirmó sin modificaciones la proferida por el Juzgado 32 de Instrucción Criminal de Melgar (art. 197 C. de P. P.). Luego, si contabilizamos el tiempo de prescripción a partir del día siguiente, se tiene que el fenómeno extintivo se consolidó el primero (1º) de julio del presente año, apenas cuatro días después (tres de los cuales fueron inhábiles) de haber ingresado el proceso al despacho del magistrado sustanciador para calificación formal de la demanda. El expediente, como se recuerda, pasó al despacho el 26 de junio último (jueves), es decir cuando solo restaban los días 27, 28, 29 y 30, estos tres últimos inhábiles, para el cumplimiento del término.

Se declarará, por tanto, la prescripción de la acción penal en este asunto y se ordenará la cesación de todo procedimiento en contra del procesado Ricardo Cano Correa, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del estatuto procesal.

No puede la Corte dejar de expresar su preocupación por el alarmante incremento de casos de prescripción durante el trámite del recurso extraordinario, a cuya interposición con inusitada frecuencia las partes acuden con el velado propósito de obtener por esta vía la extinción de la acción penal, amparados en las normas legales que permiten la consolidación de este fenómeno aun después de haberse proferido la sentencia de segunda instancia, y en su proximidad de concreción, como ocurrió en el presente caso, en donde de antemano se sabía que el simple trámite casacional conduciría al afianzamiento del término prescriptivo.

El Estado, dentro de una política criminal coherente, debería optar por limitar a las instancias la extinción de la acción penal por este motivo, teniendo en cuenta que con el proferimiento de la sentencia del ad quem finaliza el proceso en sus etapas ordinarias, y que la prescripción, entendida como sanción a la inactividad Estatal, deja de tener sentido cuando el Estado ha actuado poniendo fin a la relación jurídico procesal.

Como se advierte una ostensible dilación en el trámite del juicio, dada que entre la ejecutoria de la resolución de acusación y el proferimiento de la sentencia de primera instancia transcurrieron algo más de tres años y medio, se ordenará expedir copias de toda la actuación procesal con destino al Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para que, si fuere el caso, se investigue al funcionario encargado de la dirección del proceso y los abogados que intervinieron en esta específica etapa del mismo».

(Auto de septiembre 23 de 1997. Radicación 13.333 Magistrado Ponente: Dr. Fernando E, Arboleda Ripoll).

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