Auto 13370 de noviembre 7 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 25000-23-27-000-1999-0962-01-13370

Consejero Ponente:

Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié

Actor: Ingenieros Constructores Gayco S.A. C/ la DIAN

Recurso de queja.

AUTO

Bogotá, D.C., noviembre siete de dos mil dos.

Resuelve la Sala el recurso de queja interpuesto por el apoderado judicial de la sociedad actora, contra el auto mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 14 de febrero de 2002, por falta de personería.

Antecedentes

La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la sentencia de fecha 14 de febrero de 2002 denegó las súplicas de la demanda instaurada por conducto de apoderado judicial, por la Sociedad Ingenieros Constructores Gayco S.A. en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra las liquidaciones oficiales de revisión por medio de las cuales la DIAN modificó las liquidaciones privadas contenidas en las declaraciones del impuesto sobre las ventas correspondientes a los bimestres I a VI de 1996.

Las magistradas, doctoras Beatriz Martínez Quintero y Nelly Y. Villamizar de Peñaranda, aclararon su voto, y consta dentro de las diligencias enviadas a esta corporación que la última de las magistradas citadas aclaró su voto el 11 de marzo de 2002.

Por edicto fijado el 8 de abril y desfijado el 10 de abril de 2002 se notificó la sentencia mencionada.

El 11 de abril de 2002 el doctor Carlos Alfredo Ramírez Guerrero presentó escrito de apelación contra la mencionada providencia.

Mediante auto de fecha 29 de abril de 2002 la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal de Cundinamarca resolvió negar el recurso de apelación por falta de personería, por considerar que el doctor Ramírez había presentado renuncia al poder otorgado por la sociedad demandante, aceptada por auto de fecha 15 de diciembre de 2002 y que igualmente obraba dentro del expediente el reconocimiento de nuevo apoderado por lo tanto el recurrente no tenía personería para interponerlo.

En la misma fecha, 29 de abril de 2002, el doctor Camilo E. Ramírez Baquero presentó un escrito mediante el cual manifiesta ratificar lo actuado por el doctor Carlos Ramírez Guerrero en la interposición del recurso de apelación de la sentencia proferida por el tribunal.

Contra la decisión del tribunal de negar el recurso de apelación, el doctor Camilo Ernesto Ramírez Baquero interpuso recurso de reposición mediante el cual solicitó su revocatoria y en cambio conceder el recurso de apelación. En subsidio solicitó la expedición de copias con el fin de interponer el recurso de queja.

Como sustentación del recurso de reposición señaló que la presentación del recurso de apelación por parte del doctor Carlos Ramírez Guerrero se debió a un error material, físico o secretarial cometido en las oficinas de Ramírez Abogados Ltda., según los siguientes hechos:

Que la sociedad demandante otorgó poder al doctor Ramírez Guerrero para presentar la demanda de que trata el presente proceso, siéndole reconocida personería por el tribunal mediante auto de fecha 11 de febrero de 2000.

Que con fundamento en el incumplimiento por parte de algunas de las obligaciones a cargo del poderdante, el doctor Ramírez Guerrero presentó ante el tribunal, con la justificación del caso, renuncia al poder, la cual fue aceptada por auto de fecha 15 de diciembre de 2000 y en el que se ordenó dar el trámite pertinente.

Que luego de que la demandante removiera los obstáculos que habían llevado a la renuncia del poder, el doctor Ramírez Guerrero consideró mal visto reasumir nuevamente el poder, por lo que solicitó a la sociedad otorgar un nuevo poder en el que figurara como apoderado el doctor Camilo Ernesto Ramírez Baquero, solicitud atendida de forma favorable por la sociedad.

Que el mencionado doctor Ramírez Baquero ejerció el poder otorgado por la compañía.

Que el 11 de abril de 2002 una de las personas responsables de preparar documentos en la oficina de Ramírez Abogados Ltda., pasó al escritorio del doctor Ramírez Guerrero el documento de apelación con la antefirma de él, quien consciente de ser el responsable del asunto ante la compañía firmó el documento sin advertir que el doctor Ramírez Baquero era el apoderado últimamente reconocido.

Luego fue presentado el escrito y sellado por la secretaría del tribunal, quien junto con la sustentación presentada el 25 de abril lo pasó al despacho del magistrado ponente, doctor Vera Jaimes, informando que provenían del apoderado de la demandante.

Que el error material cometido por Ramírez Guerrero fue advertido en la oficina de abogados el día 29 de abril siguiente, al comenzar a preparar el informe a la compañía sobre la sentencia y el recurso interpuesto, por lo que de inmediato Ramírez Baquero lo puso de presente al tribunal con la ratificación visible al folio 165.

Sin embargo en esa misma fecha el tribunal dictó el auto objeto del presente recurso.

Anotó adicionalmente que el edicto visible a folio 156 se publicó sin indicar como sentencia por notificar la de este proceso que es de fecha 14 de febrero de 2002, sino que se refiere a una de marzo 11 de 2002, por lo tanto la del proceso no ha sido notificada, operando en consecuencia la notificación por conducta concluyente en la fecha en que se presenta este recurso.

La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante providencia de fecha 20 de junio de 2002 dispuso no reponer el auto recurrido por considerar en primer lugar que la persona que había interpuesto el recurso de apelación contra la sentencia carecía de personería para actuar en nombre de la sociedad y en segundo lugar y en relación con los argumentos de la parte actora sobre la notificación por edicto, consideró el tribunal que si bien se había incurrido en el error de colocar la fecha de una de las aclaraciones de voto, no era menos cierto que el demandante, el número del proceso y el demandado se encontraban debidamente identificados, además se había hecho uso de los recursos pertinentes.

Mediante escrito presentado ante esta corporación el 5 de julio de 2002, el apoderado de la parte actora sustenta el recurso de queja con la finalidad de que se revoquen los autos del tribunal de fechas 29 de abril y 20 de junio de 2002 y en su lugar se conceda el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

Para el efecto y luego de efectuar un recuento de lo sucedido, consideró que en los autos que ha rogado revocar se han quebrantado los artículos 323 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto el tribunal da por notificada la sentencia objeto de la apelación con la fijación del formato del edicto que fue utilizado fue(sic) para publicar la aclaración de voto de fecha 11 de marzo de 2002; el artículo 330 ibídem, por cuanto debido al yerro en el edicto no se aceptó la notificación por conducta concluyente con la presentación del escrito de ratificación del recurso por parte del apoderado el 29 de abril de 2002; y finalmente el 322 del mismo ordenamiento en concordancia con el artículo 127 del Código Contencioso Administrativo, según los cuales la sentencia de primera instancia en lo contencioso administrativo debe notificarse primero al Ministerio Público personalmente y luego a las partes por edicto, diligencia que no se cumplió sino al día siguiente de la desfijación del edicto; concluyendo que con el proceder descrito se ha violado su derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política.

Para resolver, se considera:

Debe la Sala decidir si estuvo bien o mal denegado el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia dentro del proceso que se adelantó por la acción de nulidad y restablecimiento del derecho instaurada por la sociedad Ingenieros Constructores Gayco S.A. contra la Nación - DIAN.

El punto central del debate consiste en la falta de personería del doctor Carlos Ramírez Guerrero para interponer el recurso de apelación que se ha negado, sobre lo cual ha aducido el apoderado judicial de la parte actora el doctor Camilo Ramírez Baquero un error material o físico presentado al interior de la oficina de abogados a la cual pertenecen ambos profesionales del derecho.

Uno de los principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política, es el de la doble instancia al decir el artículo 31 de la Carta que “Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley”.

En relación con este principio, la Corte Constitucional en la Sentencia T-83 de 1998, con ponencia del magistrado doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, precisó lo siguiente:

“Constituye una piedra angular dentro del Estado de derecho” como quiera que garantiza, en forma plena y eficaz, el derecho fundamental de defensa al permitir que “el superior jerárquico del funcionario encargado de tomar una decisión en primera instancia, pueda libremente estudiar y evaluar las argumentaciones expuestas y llegar, por tanto, al convencimiento de que la determinación adoptada se fundamentó en suficientes bases fácticas y legales o que, por el contrario, desconoció pruebas, hechos o consideraciones jurídicas que ameritaban un razonamiento y un juicio diferente” (1) .

(1) SC-37196. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Véanse, en el mismo sentido, las ST-158 de 1993. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, ST-212 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz y SC-17 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Ahora bien, dada la importancia de este principio constitucional, requiere de su protección en toda actuación judicial donde proceda, por ello la pregunta que surge para la Sala es si el error cometido en este asunto por los mencionados profesionales del derecho al presentar el recurso de apelación en un proceso tramitado en el mismo bufete de abogados, por uno de ellos que ya no tenía personería para actuar, debe ser considerado de tal entidad como para impedir el derecho a la doble instancia, o si considerarlo inane y conceder el recurso de apelación es ir en contra del debido proceso.

Para este propósito, a juicio de la Sala debe partirse de la base que de lo narrado por el recurrente y de lo observado en el informativo, el error en mención, fue involuntario y cometido de buena fe por quien fuera en un principio el apoderado judicial de la parte actora, quien en su ánimo de defender los intereses de quien fuera su representado inicialmente y con el fin de desarrollar el mandato a él conferido, pasó por alto el otorgamiento de un nuevo poder a otro abogado de su misma oficina.

Lo anterior es importante en la medida en que la buena fe es otro de los principios fundamentales del derecho, consagrado igualmente en la Constitución Política en el capítulo correspondiente al “De la protección y aplicación de los derechos” y en los siguientes términos: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá, en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas” (art. 83).

Siendo la administración de justicia “la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional” (art. 1º, L. 270 de 1996 estatutaria de la administración de justicia), no puede ser ajena al postulado de la buena fe, tanto por parte de las personas encargadas de realizar esta misión, como de las personas que acuden a ella para lograr la protección y efectividad de sus derechos.

Sobre el significado de la buena fe procesal y su importancia en la función de administrar justicia, la Corte Constitucional en Sentencia T-1 de 1997 con ponencia del doctor José Gregorio Hernández precisó:

“La Corte Constitucional, en Sentencia T-532 del 21 de noviembre de 1995, expresó, con referencia al artículo 83 de la Constitución Política, que él impone a gobernantes y gobernados “el compromiso de obrar honesta y desprevenidamente, en el marco de unas relaciones de mutua confianza, de tal manera que, sometidos todos al orden jurídico y dispuestos a cumplir sus disposiciones con rectitud, no haya motivo alguno de recelo”.

Frente a la administración de justicia, no sólo se espera que los jueces presuman la buena fe y la actuación honrada de quienes comparecen ante sus estrados, sino que —como comportamiento correlativo— el sistema jurídico demanda de las partes e intervinientes en los procesos judiciales la exposición de sus pretensiones y el ejercicio de sus garantías y derechos con arreglo a una efectiva buena fe procesal, indispensable para que la normatividad alcance los fines a ella señalados por la Constitución, que se sintetizan en el logro de un orden justo”.

No menos importante en la función de administrar justicia es el principio del debido proceso, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, el cual constituye una de las garantías indispensables para lograr el cometido de dicha función, pues a través de él se da protección a los principios de la legalidad e igualdad y se cumple de esta forma la efectiva aplicación de los derechos de quienes acuden a la administración de justicia.

Con dicha institución se asegura que las actuaciones procesales y judiciales se rijan por aquellas normas mínimas establecidas en las leyes que regulan los procesos, para que las personas que intervienen en el mismo tengan la seguridad de que sus derechos procesales han sido respetados y sus derechos materiales tengan concreción en la realidad.

Ha sido definido este principio por la Corte Constitucional (2) , como “el conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, que le aseguran a lo largo del mismo una recta y cumplida administración de justicia, la seguridad jurídica y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho”.

(2) Sentencia T-1 de 1993, M.P. Dr. Jaime Sanín Greiffenstein.

La Corte Constitucional en la Sentencia C-383 de 2000 con ponencia del doctor Álvaro Tafur Galvis, se refirió a la finalidad que se persigue con este principio y a su alcance en los siguientes términos:

“La transgresión que pueda ocurrir de aquellas normas mínimas que la Constitución o la ley establecen para las actuaciones procesales, como formas propias de cada juicio (C.P., art. 29), atenta contra el debido proceso y desconoce la garantía de los derechos e intereses de las personas que intervienen en el mismo. De esta manera, logra ignorar el fin esencial del Estado social de derecho que pretende brindar a todas las personas la efectividad de los principios y derechos constitucionalmente consagrados, con el fin de alcanzar la convivencia pacífica ciudadana y la vigencia de un orden justo (C.P., art. 2º),

Sin embargo, es de anotar que la violación del derecho al debido proceso no sólo puede predicarse del incumplimiento de una determinada regla procesal; también ocurre por virtud de la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el que fue concebida. Así, en la medida en que el derecho sustancial prevalece sobre las formas procesales (C.P., art. 288), como mandato que irradia todo el ordenamiento jurídico y, muy especialmente, las actuaciones destinadas a cumplir con la actividad judicial, es que las formas procesales que la rijan deben propender al cumplimiento de los propósitos de protección y realización del derecho material de las personas y a la verdadera garantía de acceso a la administración de justicia” (C.P., art. 229).

Bajo este marco constitucional, considera la Sala que para absolver el interrogante que se hizo al inicio de estas consideraciones, debe acudirse a la “equidad” como criterio auxiliar de la actividad judicial (art. 230 de la Constitución Política) y por medio de la cual se busca la realización de la justicia, procediendo en caso concreto a atenuar la rigidez con la que fue calificado el error incurrido por el profesional del derecho que sin personería presentó el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia y proceder a concederlo, ello en aras a proteger la efectividad de los derechos de acceso a la administración de justicia, de la doble instancia, de defensa, del debido proceso como fin de la realización de los derechos materiales y de la prevalencia del derecho sustancial.

En efecto, es elementalmente justo que bajo las circunstancias presentadas en este proceso no se sancione a la parte actora con la eliminación de toda posibilidad de impugnar la sentencia de primera instancia que le fue adversa.

Ello no descarta que para la interposición de los recursos deban cumplirse los requisitos de oportunidad y forma, que en este caso igualmente se cumplieron, pues se interpuso dentro del término legal y por escrito, lo que junto a la ratificación hecha por el apoderado reconocido en el proceso y las explicaciones sobre la naturaleza del error cometido, hace evidente el interés de ejercer el derecho de defensa de su poderdante.

Una decisión en este sentido no quebranta el debido proceso, pues su carácter de fundamental y su significado demanda del juez que las normas procesales se interpreten como herramientas establecidas en función del derecho sustancial y como medidas que permitan resolver el fondo de los asuntos puestos a consideración de los jueces.

Adicionalmente no puede pasar la Sala por alto el error incurrido en la secretaría del tribunal al notificar la sentencia cuya apelación pretende la parte actora, colocando como fecha de la misma, la de una aclaración de voto y no la que correspondía, sin embargo al solicitar el apoderado de la sociedad actora que debido a ese error se le diera por notificado por conducta concluyente, el tribunal consideró al resolver el recurso de reposición:

“En cuanto a la afirmación de que la sentencia fue indebidamente notificada por edicto, pues se fijó con fecha 11 de marzo de 2002, cuando era de fecha 14 de febrero del mismo año, se observa que si bien se incurrió en el error de colocar la fecha de una de las aclaraciones de voto, no es menos cierto que el demandante, el número del proceso y el demandado se encuentran debidamente identificados, además se hizo uso de los recursos pertinentes”.

Es con este mismo criterio con el cual la Sala considera que debe darse prevalencia al derecho sustancial, y en este caso proceder a revocar la decisión del tribunal para en su lugar conceder el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida el 14 de febrero de 2002.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta.

RESUELVE:

1. REVÓCASE el auto de abril 29 de 2002 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual se negó por falta de personería el recurso de apelación interpuesto.

2. CONCÉDESE en el efecto suspensivo la apelación de la sentencia de fecha 14 de febrero de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B.

3. COMUNÍQUESE al Tribunal de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección B, para que remita el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

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