Auto de Sala Unitaria 13507 de julio 29 de 1997

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA

LOS HECHOS DEBEN HABER OCURRIDO DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL

EXTRACTOS: «La materia fundamental a definir es si compete a la jurisdicción contencioso administrativa el conocimiento de la demanda presentada por los ciudadanos venezolanos antes citados.

Son dos los argumentos esgrimidos por los actores para sostener que el caso corresponde a esta jurisdicción: 1) En razón de la naturaleza de la parte demandada, la nación colombiana; y, 2) Por la presunta nacionalidad colombiana de los alzados en armas que produjeron los hechos dañosos, como se deducen de los siguientes motivos:

“1. Por la orfandad y desidia del gobierno colombiano en los hitos, pasos, puestos y raya fronteriza de adecuada vigilancia y protección militar.

2. Por la agresión de tropas irregulares colombianas a puestos militares de la República venezolana, con violación del límite venezolano.

En el primer caso, la responsabilidad que le compete al Estado y gobierno colombiano, es la de custodiar y defender las fronteras de la Patria; así mismo custodiar las fronteras e integridad de la naciones vecinas. Después del infortunado suceso; (sic) la diplomática pero airada reclamación del vecino país agredido, fue justamente sobre la escasa o nula presencia de autoridades policivas y militares en los puntos o hitos de importancia estratégica en la línea fronteriza”. (fl. 17).

Para resolver se estima lo siguiente:

1. El orden público constitucional colombiano define una base teleológica esencial sobre la cual se encuentra construida y justificada la organización estatal. Es así como el artículo 2º de la Carta Política de 1991 establece que uno de los fines esenciales del Estado es el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, y mantener la integridad territorial.

Por su parte, el inciso 2º de la disposición anterior prescribe lo siguiente:

“Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. (Se destaca).

Desde el punto de vista constitucional, el concepto genérico de autoridad hace referencia al ejercicio del poder sobre los gobernados; en tal sentido, existen diversas clases de autoridades: política, civil, administrativa, militar (art. 179, num. 2 de la Carta).

Quienes administran justicia son autoridades y ejercen su función dentro de los precisos límites establecidos por el orden jurídico.

2. La doctrina nacional y extranjera es coincidente en afirmar que la jurisdicción, entendida como la función pública de administrar justicia, constituye una emanación directa de la soberanía del Estado que ejerce sobre un territorio sujeto a su potestad. De tal manera que el ámbito territorial demarca el límite para el ejercicio de la función jurisdiccional. Solamente donde el Estado ejerce su poder o tiene lugar la validez de su orden jurídico, puede administrar justicia.

Sobre esta materia el tratadista Hernando Devis Echandía afirma:

“El derecho subjetivo de jurisdicción del Estado tiene su fundamento en su soberanía que es su causa última. El sujeto activo es el Estado, que tiene poder supremo dentro de su territorio, con capacidad de querer y de obrar como un todo único, para la consecución de sus fines, que son el bien e interés colectivos y a los cuales deben estar sometidos los intereses individuales. Sujetos pasivos de este derecho son la totalidad de los súbditos, inclusive aquellos que lo sean transitoriamente como los extranjeros que vivan en territorio, y los que de paso por él pretendan deducir algún interés o realizar un derecho, porque la simple permanencia de hecho en el territorio es suficiente para soportar esa obligación” (Compendio de Derecho Procesal. Teoría General del Proceso. Tomo I. Medellín: Biblioteca Jurídica DIKE, 13ª edición, 1994, página 81).

Sin embargo, el principio de territorialidad de la jurisdicción presenta algunas excepciones definidas por el derecho interno de los Estados, por pactos o convenciones entre los mismos o por el derecho internacional. Así por ejemplo la inmunidad diplomática, la institución del exequátur o ejecución en el país de sentencias extranjeras, el privilegio capitular o consular que permite a funcionarios de un Estado ejecutar expresos y determinados actos jurisdiccionales en otro país, especialmente en materia probatoria, etc.

3. Del artículo 101 de la Constitución Política, se desprende que el territorio colombiano está comprendido por el territorio continental, el subsuelo, el espacio aéreo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, de conformidad con el derecho internacional o las leyes colombianas a falta de las primeras.

De tal manera, que no es posible extender el poder jurisdiccional del Estado por fuera del ámbito de su territorio, por cuanto dicho poder es emanación directa de su soberanía, y además constituye principio de derecho internacional el respeto a la integridad soberana de otros Estados, especialmente los limítrofes.

En consecuencia, es dentro del territorio nacional donde la autoridad jurisdiccional está obligada a brindar protección jurídica a todas las personas residentes en él, ya sean nacionales o extranjeros, como se desprende del artículo 2º de la Carta Política, antes transcrito.

4. Según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo.

“La Jurisdicción Contencioso Administrativa está instituida por la Constitución para juzgar las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas. Se ejerce por el Consejo de Estado y los Tribunales Administrativos de conformidad con la Constitución y la ley”. (Se subraya).

Como la actividad pública es el resultado de la potestad estatal, y ésta se ejerce dentro de su ámbito territorial, no es posible atribuirse poder jurisdiccional para conocer un conflicto producido por fuera del territorio nacional, así se encuentre implicada una entidad pública, o que los perjuicios cuya indemnización se reclama hayan sido producidos por nacionales colombianos, por cuanto el ejercicio de la función de administración de justicia es un acto reglado y expresamente atribuido, en razón del principio constitucional de legalidad.

Concordante con lo anterior, el Código Contencioso Administrativo al definir las reglas de competencia de los tribunales administrativos, prescribe en su artículo 131, numeral 10 en relación a las acciones de reparación directa y cumplimiento que se promuevan contra la Nación, las entidades territoriales o las entidades descentralizadas de los diferentes órdenes:

“La competencia por razón del territorio se determinará por el lugar donde se produjo o debió producirse el acto o se realizó el hecho; si comprendiere varios departamentos será tribunal competente, a prevención, el escogido por el demandante”. (Se subraya).

En consecuencia, no le es posible a la jurisdicción contencioso administrativa colombiana conocer una demanda de reparación directa en contra de la Nación por hechos producidos fuera de su territorio.

En conclusión, la demanda que ha sido remitida a esta corporación amerita ser rechazada por falta de jurisdicción, de conformidad con el artículo 143 del Código Contencioso Administrativo».

(Auto de Sala Unitaria, julio 29 de 1997. Expediente 13.507. Consejero Ponente: Dr. Juan de Dios Montes Hernández).

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