Auto 13710 de mayo 15 de 2003 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 11001-03-27-000-2003-00013-01-13710

Consejero Ponente:

Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié

Actor: Cable Link de Colombia S.A. C/LA Nación-DIAN

Recurso de súplica

Auto

Bogotá, D.C., mayo quince de dos mil tres.

Decide la Sala el recurso ordinario de súplica interpuesto por el apoderado judicial de la sociedad actora contra el auto de fecha 10 de marzo de 2003 por medio del cual la H. Consejera conductora del proceso rechazó la presente demanda.

Antecedentes

La sociedad Cable Link de Colombia S.A. instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra las resoluciones 7403 y 7587 de fechas 30 de julio y 2 de agosto, respectivamente, de 2002, expedidas por la subdirección de fiscalización tributaria de la UAE DIAN, por medio de la cual se ordena el registro de que trata el artículo 779-1 del estatuto tributario, a los establecimientos de comercio e instalaciones del contribuyente Cable Link de Colombia S.A., ubicada en la carrera 13 Nº 8-42 de la ciudad de Pereira, comisionando para ello a unos funcionarios de la mencionada subdirección, con el apoyo de la policía fiscal y aduanera.

La mencionada resolución tuvo como fundamento el hecho de que la división de investigaciones especiales de la subdirección de fiscalización tributaria, tiene conocimiento acerca de posibles irregularidades de carácter tributario cometidas por el citado contribuyente, por lo que es necesario realizar la diligencia de registro a fin de esclarecer las presuntas anomalías cometidas por el contribuyente directamente, o a través de sus socios o vinculados económicos, representantes legales, directivos, asesores, funcionarios o terceras personas.

El auto recurrido

Mediante la providencia recurrida, se rechazó la demanda contra las mencionadas resoluciones por considerar que se trataban de actos no demandables ante la jurisdicción, pues la orden de registro constituía un acto de trámite que tiende a la consecución de elementos de juicio dentro de un proceso investigativo fiscal. Al efecto citó y transcribió apartes de la sentencia de la Corte Constitucional C-505 de 1999, en la que se analizó los efectos de la orden de registro y la naturaleza del acto administrativo que la decreta.

El recurso

Considera en primer lugar el recurrente, que la resolución que ordena la orden de registro no es necesaria decretarla para impulsar el proceso tributario, pues existen otros medios para obtener las diferentes pruebas tendientes a obtener la realidad de los hechos económicos de un contribuyente.

Señala que dicha diligencia muere con su materialización y puede arrojar como resultado la inmovilización y aseguramiento de las pruebas, perdiendo en este caso, el administrado, control sobre las mismas, por lo que considera que es éste entre otros los efectos jurídicos que nacen en derecho que afectan de manera directa la situación del administrado, “a tal punto que si la diligencia de registro fue adelantada con violación de algún derecho constitucional fundamental, estas se predican nulas de pleno derecho. Artículo 29 Constitución Nacional”.

Considera que este acto tiene una naturaleza especial, pues no puede concluirse que el administrado deba culminar el proceso de investigación determinación y discusión oficial del impuesto en vía gubernativa para solicitarle a la jurisdicción la nulidad del acto definitivo de determinación del tributo y del acto mediante el cual se recaudaron las pruebas en las que se edificó la decisión, cuando dicho acto violó un derecho fundamental. De ahí que la Corte Constitucional en la Sentencia C-505 de 1999, considere de gran importancia que dicha orden de registro se encuentre adecuadamente motivada.

Por lo tanto considera que si el registro se ordenó por un motivo manifiestamente ajeno al objeto de la investigación, este puede ser demandado ante la jurisdicción para que se cumpla con el control de legalidad correspondiente y el hecho de no haberse consagrado recursos no es óbice para que el mismo sea objeto de control judicial, ya que, frente a la actuación que él ordena es un acto definitivo y permite ser objeto de este tipo de control en la medida en que se puede comparar la correspondencia de su motivación con el ordenamiento jurídico.

Como precedente judicial anexa al recurso 5 providencias que admiten la demanda actos administrativos de igual naturaleza.

Surtido el trámite del recurso de súplica procede la Sala a resolver previas las siguientes,

Consideraciones

Mediante las resoluciones demandadas, 7403 y 7587 de fechas 30 de julio y 2 de agosto, respectivamente, de 2002, expedidas por la subdirección de fiscalización tributaria de la UAE DIAN, se ordena el registro de que trata al artículo 779-1 del estatuto tributario, a los establecimientos de comercio e instalaciones del contribuyente Cable Link de Colombia S.A., ubicada en la carrera 13 Nº 8-42 de la ciudad de Pereira, comisionando para ello a unos funcionarios de la mencionada subdirección, con el apoyo de la policía fiscal y aduanera.

El fundamento normativo lo constituye el artículo 779-1 del estatuto tributario, que dispone que “La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá ordenar mediante resolución motivada, el registro de oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios y demás locales del contribuyente o responsable, o de terceros depositario de sus documentos contables o sus archivos, siempre que no coincida con su casa de habitación, en el caso de personas naturales”. En desarrollo de estas facultades, la DIAN puede tomar las medidas necesarias para evitar que las pruebas obtenidas sean alteradas, ocultadas o destruidas, mediante su inmovilización y aseguramiento.

Ahora bien, se considera que las resoluciones demandadas, por las cuales se ordenó el registro a la sociedad actora, no son demandables, pues en primer lugar, no es la motivación que debe contener un acto administrativo, lo que hace determinante de que el mismo sea definitivo o de trámite.

Los actos de trámite son aquellos de mero impulso de la actuación, que no deciden nada sobre el asunto debatido, pero que instrumentan la decisión final o definitiva, la preparan; son los que permiten llegar al fin del procedimiento, disponiendo los elementos de juicio para que la entidad pueda adoptar la decisión que resuelve la actuación administrativa con voluntad decisoria, que es la que está sujeta a los recursos y acciones de impugnación.

Si bien existen eventos en los cuales un acto de trámite encierra en sí una decisión, y en este sentido adopta el carácter de definitivo, siendo por tanto demandable, este no es el caso del acto administrativo que aquí se demanda, pues ni pone fin a una actuación ni hace imposible continuarla.

En efecto, el registro de oficinas, establecimientos comerciales, industriales o de servicios y demás locales del contribuyente o responsable, constituye un medio de prueba señalado por la ley tributaria, como facultad de la autoridad administradora y recaudadora de los impuestos, para la correcta determinación de los tributos e imposición de sanciones y por lo tanto cualquier controversia que se suscite en torno a su decreto o práctica, puede ser alegada dentro de las etapas que se adelanten en la actuación gubernativa, con lo cual se garantiza no sólo el derecho de defensa del contribuyente sino que se asegure el debido proceso en su adelantamiento. De otra parte las conclusiones tomadas por la administración con ocasión del registro, están sometidas a los principios de contradicción por parte del contribuyente, quien dentro de las diferentes etapas administrativas, puede presentar diferentes medios probatorios y de esa forma desvirtuar las pruebas que con ocasión al registro la administración recolectó en su contra.

Sobre la naturaleza de este acto de registro, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-505 de 1999 al estudiar su exequibilidad precisó que se trata de acto administrativo de carácter preparatorio cautelar, un acto de trámite o instrumental ”que se constituye en un presupuesto importante para la decisión final que debe adoptar la administración”. Por lo tanto esta declaración de la administración se encuentra incluida dentro del proceso de fiscalización de adelanta la DIAN en su función de determinación correcta de los tributos.

Por las anteriores consideraciones no encuentra la Sala fundamento válido alguno para revocar la providencia recurrida, por lo que forzosamente se concluye que deberá ser confirmada.

Adicionalmente, y en relación con los precedentes judiciales que cita el recurrente, se observa que en los procesos 13711 y 13712 en los cuales se había admitido la demanda, el despacho sustanciador de los mismos, mediante providencias de 28 de abril de 2003, declaró de oficio la nulidad de todo lo actuado por la configuración de una causal de nulidad insaneable, cual es, la falta de jurisdicción, para asumir el conocimiento de la demanda por estar dirigida contra un acto administrativo que no es definitivo y en consecuencia se rechazaron esas demandas.

Como se precisó en dichas providencias, los actos de trámite no son pasibles de control por parte de esta jurisdicción, a menos que sean de aquellos que hagan imposible continuar la actuación administrativa, según las voces del inciso último del artículo 50 del Código Contencioso Administrativo. (Cfr. Sentencia de noviembre 8 de 1996, Sección Primera, autos de 6 de julio de 2000 y 1º de febrero de 2001 Sección Primera, entre otros), por lo tanto no hay respecto de estos el control jurisdiccional pretendido por la demanda.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

Confírmase el auto de fecha 10 de marzo de 2003.

Notifíquese y cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

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