•Auto 13813 de abril 20 de 1999

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

LIBERTAD CONDICIONAL

LA LEY 415 DE 1997 SE APLICA A PROCESADOS POR LA JUSTICIA PENAL MILITAR

EXTRACTOS: «Como en auto del 16 de enero de 1998, con ponencia del doctor Juan Manuel Torres Fresneda, contrariamente a lo que ahora se sostiene, se excluyó a los procesados y condenados por la justicia penal militar de los beneficios introducidos en materia de libertad condicional por la Ley 415 de 1997, se hace necesario analizar detalladamente este tópico, en tanto resulta restrictiva tal interpretación. En aquella oportunidad se expresó:

“Por su parte el artículo 1º del la Ley 415 de 1997 modificó, es cierto, el régimen de la libertad condicional en términos favorables para el condenado, salvo las excepciones que allí mismo se contemplan, pero de manera exclusiva para los casos en que se aplica el Código Penal y no el Código Penal Militar, pues el artículo 1º de esa preceptiva es claro al reformar el Código Penal introduciendo en él un nuevo artículo 72A, en el que se plasman las modificaciones invocadas.

Sin embargo, como en el Código Penal Militar su artículo 66 regula la libertad condicional, y sobre él no ha recaído modificación ni adición alguna, es claro que se trata de dos regímenes penales distintos, y que la Ley 415 no extendió su alcance mas allá de las situaciones contempladas en el Código Penal, Decreto 100 de 1980”.

A continuación se fundamentan las razones por las cuales se precisa revisar aquella postura:

8.1. El epígrafe de la Ley 415 de 1997, que al igual que el de la Constitución Política, ofrece el marco general para su adecuada interpretación y alcance, es del siguiente tenor:

“Por la cual se consagran normas de alternatividad en la legislación penal y penitenciaria y se dictan otras disposiciones tendientes a descongestionar los establecimientos carcelarios del país”.

Siendo unitario el sistema penal vigente existe a la par identidad en los fines y funciones atribuidos a la pena, y en especial a la privativa de la libertad, bien sea que a ella se llegue por el derecho penal común o por el régimen penal militar. Esta unidad explica también el por qué existe un único sistema penitenciario y carcelario, uno de cuyos principios es el sistema progresivo, al que pueden acceder todos los reclusos, sin importar la autoridad que los hubiere juzgado.

En efecto, los artículos 12 del Código Penal Militar y 12 del Código Penal, son iguales en redacción y contenido. Comparten la jerarquía de normas rectoras de la ley penal, militar y común, respectivamente, y le asignan a la pena una función retributiva, preventiva, protectora y resocializadora.

La legislación penal colombiana incluye, por supuesto, al Decreto-Ley 2550 de 1988, “por el cual se expide el nuevo Código Penal Militar”, y no se vislumbran motivos de hecho o de derecho por los cuales la nueva normatividad no habría de extenderse a los procesados por la justicia penal militar, cuando los preceptos sustantivos y adjetivos para su juzgamiento, pertenecen al gran conjunto que conforma el sistema penal, al que también se integran el régimen de los menores de edad y la justicia regional.

8.2. Dos son los cometidos fundamentales de la Ley 415 de 1997. Uno de ellos consiste en descongestionar las cárceles del país y el otro introducir al conjunto normativo del sistema penal decisiones concretas que reflejan de algún modo las tendencias del derecho penal de actualidad.

Los fines básicos de la Ley 415 de 1997, se desarrollan a lo largo de todo su articulado, de manera que no pueden escindirse o separarse para referirse a uno de ellos aisladamente en diversos artículos.

Se concluye, entonces, que globalmente la Ley 415 de 1997, es aplicable también a los procesados por la jurisdicción penal militar, pasibles de la misma política criminal, penitenciaria y carcelaria, no siendo válido el argumento a priori consistente en que los sitios para la detención de personal de las fuerzas militares, nunca han estado congestionados, porque, se insiste, no sólo se facilita la recuperación física de la libertad para descongestionar las cárceles, sino para reducir la duración del confinamiento, como lo quiso el legislador al recoger algunas tendencias del derecho penal contemporáneo.

De ahí que la Ley 415 de 1997, del mismo modo reglamenta varios artículos de la Ley 65 de 1993, por la cual se consagra el régimen penitenciario y carcelario, único en el derecho nacional, que sin lugar a dudas se aplica a los procesados por la justicia penal militar, sin diferenciación gravosa de ninguna índole.

8.3. No se discute que el legislador pueda introducir tratamientos diferenciales en la ley cuando los destinatarios de la misma se encuentran en situaciones de hecho distintas. Tal no es el caso de los procesados por la justicia penal militar.

Ningún punto de referencia con asidero en la realidad permite concluir que un condenado bajo el régimen penal militar está en mejores condiciones generales, en cuanto a los fines de la pena, que un condenado por los jueces comunes. Ni el derecho sustancial, ni el adjetivo, ni el régimen penitenciario y carcelario ofrecen fundamentos para argumentar en tal sentido.

Basta recordar que además de los delitos comunes, los militares pueden incurrir en una serie de conductas adicionales con ingredientes especialísimos derivados de la naturaleza de sus funciones. De igual manera, que el procedimiento es mucho mas riguroso, menos garantista y signado por la filosofía de lo castrense. Y, finalmente, que el régimen penitenciario y carcelario es el establecido por la Ley 65 de 1993, que se aplica a todos los reclusos de Colombia.

Siendo similares en lo fundamental las condiciones a que se someten los detenidos en el país, las políticas para mejorar su situación también deben serlo y por tanto, la Ley 415 de 1997, en cuanto estableció nuevas posibilidades para alcanzar la libertad condicional, mal podría excluir a los procesados por la justicia penal militar.

8.4. Si bien es cierto el artículo primero de la Ley 415 de 1997, modificó el Código Penal, introduciéndole el artículo 72A, que, salvo las excepciones para los delitos que taxativamente contiene, redujo a las tres quintas (3/5) partes el descuento de la condena para obtener la libertad condicional, y no hizo referencia expresa al Código Penal Militar, no por este motivo, puede discriminarse a los procesados por la jurisdicción penal militar, negándoles la aplicación del nuevo artículo 72A, cuando reunieren los requisitos ahí establecidos.

Si por aferrarse a la expresión literal del artículo primero de la Ley 415 de 1997, se excluye del beneficio generado por el artículo 72A del Código Penal, a los procesados por la justicia penal militar, se vulneran derechos de rango constitucional como el de igualdad ante la ley, al tiempo que se desconocen las implicaciones que derivan de la unidad del sistema penal.

De no hacer extensivo, en lo pertinente, el artículo 72A del Código Penal, al Código Penal Militar, quedaría éste con un vacío normativo, en el que se extrañarían específicamente las nuevas tendencias legislativas. Debido a ello, no sólo es factible sino imperativo complementar esta codificación con la novedosa de aquél.

8.5. No se trata de invocar el principio de favorabilidad, pues en este evento no se evidencia conflicto de normas en el tiempo, sino de hacer extensiva al Código Penal Militar, las nuevas normas de la Ley 415 de 1997, por estar destinadas a la totalidad del conjunto que informa el sistema de derecho penal colombiano.

Oportuno resulta rememorar el concepto de la Corte Constitucional, que en una de sus sentencias señaló:

“Todo lo anterior muestra que el Código Penal Militar no es ni puede ser un compartimiento estanco totalmente separado de la legislación ordinaria, pues sus normas deben ser interpretadas tomando en consideración las otras normas legales que sean pertinentes. Esto es tan claro que los artículos 13 y 302 del propio estatuto castrense establecen reglas de integración y hacen explícita referencia a otros códigos y leyes, en particular a los códigos Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil”. (Sent. C-399/95. M.P. Alejandro Martínez Caballero).

8.6. Las reflexiones precedentes determinan a la Sala la modificación de su doctrina anterior, plasmada en el auto del 16 de enero de 1998, con ponencia del doctor Juan Manuel Torres Fresneda, en cuanto excluía a los procesados por la jurisdicción penal militar de los beneficios introducidos en materia de libertad condicional por la Ley 415 de 1997, aunque en dicho pronunciamiento no se hizo más gravosa la situación de los condenados por el ordenamiento de las fuerzas militares, en materia de libertad condicional, sino que, se había optado por mantener la diferencia con relación al Código Penal».

(Auto de abril 20 de 1999. Radicación 13.813. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Lombana Trujillo).

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