Conflicto de competencias suscitado entre el Juzgado 12 Penal del Circuito de Medellín y el inspector general de la Policía Nacional. Registro: mayo 30 de 1997. 

Radicación 13846A

Santafé de Bogotá, D.C., junio doce de mil novecientos noventa y siete.

Magistrada Ponente:

Dra. Amelia Mantilla Villegas

Aprobado según Acta Nº 31 de junio 12 de 1997.

La Sala procede a resolver el conflicto negativo de competencias entre distintas jurisdicciones, suscitado entre el Juzgado 12 Penal del Circuito de Medellín y el inspector general de la Policía Nacional, juez penal militar de primera instancia, en relación con el conocimiento del proceso adelantado contra el subteniente retirado Wilson Eder Vargas Medina y los agentes retirados Nelson Darío Suárez, Bernardo de Jesús Gutiérrez, Argemiro Zapata Londoño, Carlos Arturo Muñoz, Omar Obando Quirama, James Salgado Oviedo, Nodier García Ospina, Daniel Jaimes, Alexánder Altamirano Gutiérrez, Jhon Jairo Builes y Walter de Jesús Ocampo Muñoz, por el concurso de delitos de doble homicidio y homicidio imperfecto.

Antecedentes

En el fallo de tutela de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín que amparó los derechos fundamentales del debido proceso y defensa al sindicado Argemiro de Jesús Zapata Londoño, mediante la declaratoria de nulidad del juicio adelantado por el Juzgado 12 Penal del Circuito, a partir de la notificación de la resolución de acusación proferida el 25 de mayo de 1995, resaltó los siguientes hechos obtenidos del testimonio del sobreviviente Leonel Calderón Calderón:

“En desarrollo de un procedimiento de rutina adelantado en las horas de la noche del 17 de marzo de 1989 en la zona céntrica de la ciudad por la patrulla de la Policía Nacional conocida como Águila Dos, comandada por el subteniente Eder Wilson Vargas Medina y conformada por los agentes Nodier García Ospina, Alexánder Altamirano Gutiérrez y Nelson Darío Suárez Loaiza, fueron retenidos los particulares Richard Wilmar Ibargüen y Darío Alberto Arias, al igual que el agente de la policía José Leonel Calderón Calderón, que vestía de civil, quienes fueron obligados a abordar un vehículo de servicio público en el que recorrieron diversos sitios. Transcurrido algún tiempo, en el barrio Buenos Aires se les unieron los agentes Carlos Arturo Muñoz Arcos, Omar Obando Quiroz, James Salgado Oviedo, José Daniel Jaimes, Bernardo Gutiérrez Murillo, Jhon Jairo Builes Orozco, Argemiro de Jesús Zapata Londoño y Walter de Jesús Ocampo Muñoz integrantes de la patrulla Alma Tres, mientras que algunos de ellos partieron en dirección al barrio La Milagrosa, llevándose consigo a Diego Alberto, cuyo cuerpo sin vida, con múltiples lesiones por proyectiles de arma de fuego, fue localizado días después en la carretera a Las Palmas, los demás se encaminaron al corregimiento de Santa Elena; allí, en un paraje solitario, uno de los uniformados disparó repetidamente contra Richard Wilmar quien falleció en el mismo sitio, en tanto que otro encañonó a José Leonel con la “metra” que accionó en vano porque no le dio fuego, lo que aquel aprovechó para internarse en el monte, eludiendo las balas disparadas en su contra”. Este grupo estaba bajo el mando del subteniente Vargas Medina.

Con base en los hechos denunciados por el agente Calderón, el Juzgado 92 de instrucción penal militar dispuso adelantar la investigación y dentro de ella recibió indagatoria a los sindicados, amplió la denuncia, recepcionó varios testimonios, acreditó que en la fecha de autos los incriminados prestaban cuarto turno de vigilancia e igualmente precisó las armas y los vehículos que tenían asignados, les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, allegó al sumario las diligencias de levantamiento de los cadáveres y algunos testimonios recepcionados por el juez 20 de instrucción criminal.

Posteriormente, en cumplimiento de la comisión impartida por el juez de primera instancia, el mismo juzgado, y por vacaciones de su titular el de instrucción penal militar reparto, practicaron las pruebas solicitadas por el defensor de los sindicados, después de lo cual mediante providencia del 13 de julio de 1989 el referido juzgado 92 a petición del defensor revocó la medida de aseguramiento que pesaba contra los implicados, ordenó su libertad incondicional y solicitó el levantamiento de la suspensión en el ejercicio de sus funciones que los afectaba, basado en el viraje probatorio que ofrecían los nuevos medios y en la inexistencia de las diligencias de reconocimiento en fila de personas y fotográfico practicados sin el lleno de los requisitos legales exigidos para su producción, conjunto de evidencias que contrarrestan la fuerza demostrativa inicialmente otorgada al testimonio del denunciante Leonel Calderón, quien por demás incurre en algunas contradicciones que resquebrajan la veracidad de sus afirmaciones amén de su actividad irregular del día de autos cuando portaba y pretendía vender una subametralladora mini uzi que según dijo en una de sus declaraciones, lo hacía por encargo de sus acompañantes que resultaron muertos.

Mediante resolución del 24 de agosto de 1989, incorporada a los autos, el director general de la Policía Nacional no accedió a la apelación interpuesta por los implicados y confirmó la decisión de separar en forma absoluta de la institución al subteniente Vargas Medina Eder Wilson y a los agentes comprometidos “por haberse establecido plenamente (en el informativo disciplinario) su responsabilidad faltas (sic) constitutivas de mala conducta descritas en los numerales 16, 24, 38, 43 y 45 del reglamento de disciplina, consistentes en retener al agente Calderón Calderón José Leonel y a los particulares Diego Alberto Arias Jaramillo y Richard William Ibargüen Vélez, trasladarlos al sector de Santa Helena lugar donde el oficial dio orden de dar muerte a los jóvenes ... e intentando hacer lo mismo con el agente Calderón, el 17 de marzo de 1989, en la ciudad de Medellín”.

Por auto del 21 de noviembre de 1989 el comandante de la Policía Metropolitana, juez de primera instancia, dispuso remitir el proceso al juez de instrucción criminal reparto por competencia, proponiéndole de una vez colisión negativa de competencias, por cuanto el fuero militar no cobija a los implicados, pues la delincuencia atribuida no guarda relación con el servicio ya que “cuando una patrulla motorizada abusivamente retiene unos civiles para posteriormente dirigirse a un sitio desolado de su jurisdicción, con el fin de darles muerte”, no existe ese vínculo.

Las diligencias correspondieron al juzgado 7º de instrucción criminal y allí permanecieron inactivas hasta cuando el fiscal delegado número uno de la unidad de vida, por resolución del 13 de agosto de 1992 asumió el conocimiento al considerarse competente y ordenó la práctica de varias pruebas, entre ellas testimonios y ampliación de indagatorias.

Concluida la instrucción, el fiscal 187 seccional mediante providencia del 25 de mayo de 1995 profirió resolución de acusación y orden de captura contra los doce procesados por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, cometidos en concurso, cuya notificación a los implicados se cumplió debidamente según la orden dada por el juez de tutela en el fallo indicado anteriormente, y ejecutoriada la acusación llegó el proceso al juzgado del conocimiento quien mediante providencia del 18 de marzo de 1997 atiende la petición de los acusados Darío Suárez, Argemiro Zapata y Bernardo Gutiérrez, y resuelve remitir la actuación al juez penal militar, el comandante del departamento de Policía de Antioquia, a quien le propone colisión negativa de competencia, para que continúe con el conocimiento del proceso.

Señala la juez, con base en sendas decisiones de esta Sala, que los hechos deben ser juzgados, conforme al criterio jurisprudencial en que se apoya, por la jurisdicción penal militar, porque la delincuencia atribuida se cometió con ocasión del servicio, pues su prestación efectiva “se constituyó en la circunstancia propicia, de tiempo, modo y lugar para la comisión de los hechos punibles, es decir, como lo expresó el magistrado ponente doctor Leovigildo Bernal Andrade, en providencia del 14 de marzo de 1996... “Que el servicio facilita o pone al agente en capacidad de cometer el delito”, que fue precisamente lo que aquí aconteció, pues sabido es que los agentes prestaban su labor de vigilancia, patrullando la ciudad y les era muy difícil que se hubieran podido llevar a cabo los homicidios si no hubiera existido, no sólo la oportunidad, sino el estar en su calidad de agentes policiales vigilando la ciudad en motocicletas de la misma entidad”.

En el mismo sentido, transcribió apartes de la decisión de la Sala con ponencia del doctor Enrique Camilo Noguera Aarón, del 18 de abril de 1996 que hace “alusión a la circunstancia de la prestación del servicio y el aprovechamiento de ésta para cometer el hecho ilícito...”, concluyendo que eso ocurrió en el caso de autos “donde la labor de vigilancia asignada a los entonces agentes policiales desbordó en la comisión de los homicidios”.

Por su parte el inspector general de la policía, en su condición de juez de primera instancia, no acepta los argumentos planteados por el juzgado 12 penal del circuito de Medellín, rechaza la competencia con lo cual traba debidamente el conflicto y envía la actuación para que la Sala dirima a quién corresponde el conocimiento del asunto.

Con base en las decisiones de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del 22 de febrero y del 13 de marzo de 1989 cuyos apartes pertinentes transcribe, el juez penal militar considera que para que el fuero militar opere, es necesario que el delito atribuido “tenga relación directa con el servicio, acorde con el artículo 221 de nuestra Carta Política, sin que baste para el efecto estar prestando turno de servicio, como en el caso presente en que una patrulla motorizada, abusivamente retiene a tres personas, para posteriormente dirigirse a un lugar desolado de su jurisdicción, con el objeto de darles muerte inmisericordemente a dos de ellas y de atentar contra la última”.

Luego de apoyarse en las jurisprudencias indicadas, el inspector general de la policía, brigadier general Hugo Rafael Martínez Poveda, deduce “que en el presente proceso que se examina, los miembros del cuerpo de policía implicados en los abominables hechos que son materia de investigación, o mejor, que fueron condenados por el juzgado décimo segundo penal del circuito de Medellín (Ant.), como da cuenta la sentencia visible a los folios 571 a 606 del cuaderno original (no sobra recordar que este fallo como el juicio adelantado por el mencionado juzgado fue anulado por la sentencia de tutela a la que se hizo mención anteriormente), actuaron como delincuentes comunes, en actos que no tuvieron relación con el servicio, motivo por el cual la jurisdicción competente para su juzgamiento es la ordinaria, como se hizo, y bajo desde ningún punto de vista la penal militar, como erróneamente pretende hacerlo creer el aludido despacho judicial...”

Consideraciones

El conflicto de jurisdicciones se ha trabado debidamente y corresponde a esta Sala dirimirlo conforme al mandado constitucional, reproducido en el artículo 112 de la Ley 270 de 1996.

Reiteradamente esta Sala ha expresado en torno al fuero militar:

“Los artículos 221 y 250 de la Carta Política consagran el fuero especial para “los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio”.

“La frase “en relación con el mismo servicio” tiene connotación especial en aras de definir la existencia o no del fuero militar en un caso dado, y es preciso determinar su alcance primeramente desde una perspectiva jurídica.

Pues bien, algo tiene relación con otro cuando entre ellos existe un vínculo o un nexo circunstancial de tipo modal, temporal y espacial, que se presente de una manera directa o indirectamente relacionada con la función militar.

El vínculo es directo cuando toca de una manera estrecha la relación funcional, donde antes que todo lo importante es el nexo modal vinculado con la función pública, lo cual origina los delitos típicamente militares de que habla el artículo 14 del Decreto 2550 de 1988 y describe el Código Penal Militar, como un desarrollo específico del principio constitucional que indica que los servidores públicos son responsables “por omisión y extralimitación de funciones (art. 6º)”.

La mencionada relación es indirecta cuando ese vínculo modal se hace menos estrecho, no toca directamente con la función oficial, aun cuando está referida a la misma, pero donde se resalta las condiciones circunstanciales de tiempo y lugar, como favorecedoras para hacer o conseguir algo asociado y relacionado con la función y autoridad militar que en tales momentos se cumple, donde se responde no tanto por infringir los deberes funcionales sino en cuanto se transgrede la Constitución y la ley con ocasión del servicio, como lo señala el artículo 6º de la Carta Política al establecer la responsabilidad de los servidores públicos también cuando “lo son por la misma causa” que los particulares, aun cuando, para el reconocimiento del fuero se requiere la exigencia circunstancial que lo sea “con ocasión del servicio” y en relación con el mismo como se desprende de los artículos 14 y 291 del Decreto 2550 de 1988, en tratándose de hecho punible común, cuya normatividad regirá el aspecto sustancial”.

“Por el contrario, cuando no exista ninguna relación directa o indirecta con la función militar, estos servidores públicos responden exclusivamente como un civil, sometidos por ello no sólo al Código Penal Común sino también a los procedimientos ordinarios, incluidos los que realiza la jurisdicción regional” (auto de noviembre 11 de 1993, Acta 063, proceso 806 141 2. Magistrado ponente Edgardo José Maya Villazón; ratificados en autos del 15 de diciembre de 1993, Acta 071, proceso 856 3C y 9 de marzo de 1995, Acta 9, proceso 4377 A, magistrada ponente Amelia Mantilla Villegas, y auto del 25 de abril de 1996 Acta 020, proceso 8786 A, magistrado ponente Edgardo José Maya Villazón).

En el presente caso se encuentra demostrado que entre los delitos atribuidos a los ex miembros de la Policía Nacional residenciados en juicio en el proceso en cuestión, Wilson Eder Vargas Medina, Suárez Loaiza Nelson Darío, Muñoz Arcos Carlos Arturo, Obando Quirama Omar, Salgado Oviedo James, García Ospina Nodier, Jaimes José Daniel, Gutiérrez Murillo Bernardo, Altamirano Gutiérrez Alexánder, Builes Orozco Jhon Jairo, Zapata Londoño Argemiro de Jesús y Ocampo Muñoz Walter de Jesús y la función pública, no existe ninguna relación directa o esencial, pues los hechos punibles de homicidio consumado y tentado que dieron origen al proceso penal en su contra, claramente se observa que no hacen parte de las funciones que le corresponde desempeñar a los uniformados integrantes de la Policía Nacional en servicio activo, de las cuales pudiera predicarse que omitieron su cumplimiento o que se extralimitaron en su ejercicio.

De otro lado, la ejecución de los mencionados delitos tampoco guarda relación indirecta con la función oficial, por cuanto los elementos de juicio que reposan en los autos demuestran que con su ejecución no se obtenía ni podía lograrse los objetivos propios de la Policía Nacional, como con insistencia razonable lo han expresado los jueces penales militares de primera instancia que han conocido de la actuación. Por el contrario, el proceso evidencia que la conducta ilícita atribuida a los procesados no guarda ningún vínculo con el servicio oficial.

Resulta inadmisible considerar como lo hizo la juez penal del circuito que los delitos imputados a los policiales hubieran sido ejecutados con ocasión del servicio, pues éste no fue la causa o el motivo para su producción, sino el capricho y la voluntad torcida y pervertida de sus autores, quienes pretextando su función oficial consumaron los asesinatos que se les reprocha.

Distinto es ocasión del servicio que pretexto del mismo, pues aquella conserva alguna relación con el mismo, mientras que en éste se aparenta o simula su cumplimiento, para concretar lo que realmente desea el agente, casi siempre en casos como el referido en los autos, conductas que reflejan conciencia delincuencial gravemente atentatoria de los derechos humanos fundamentales de los asociados, principalmente la vida, la integridad física y moral, la libertad de conciencia y otros derechos y garantías asociadas a ellos.

En estos casos, la conciencia que el agente tiene de su obrar ilícito es compleja pero separable, pues le resulta dable representarse y saber cuáles de dichos actos delictivos atentan contra el servicio o se refieren al mismo, y cuáles no tienen nada que ver con él, porque son ejecutados por fuera de las funciones oficiales, sin ocasión de ellas, momento en el cual la oportunidad de tiempo o lugar ya no es para realizar algo que tenga que ver con el servicio, sino con los deseos o ideas criminales del agente oficial que en dichas circunstancias encuentran momento propicio para llevarlas a cabo.

Entonces, las perversiones morales o de la comprensión de la realidad social o ideológicas del miembro de la fuerza pública que pretextando el servicio oficial las concrete en actos como las que reporta la presente actuación, no encuentran causa o motivo en el servicio, sino en su capricho, en su autodeterminación claramente ajena a la función que el ordenamiento jurídico y sus deberes como servidor público la imponen, y que en ese momento contraría y desconoce, pues precisamente las reglas que regulan sus funciones le prohíben tajantemente vulnerar la vida de los habitantes de Colombia o socavar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas. No se asocia con el servicio ningún acto que lo niegue, lo desconozca o no admita su existencia.

Por eso, en el caso de autos el servicio no facilitó ni puso a los integrantes de la fuerza pública en capacidad de cometer los delitos, sino que, pretextando el cumplimiento de sus deberes, dieron rienda suelta a su sed de saciar con sangre quién sabe qué inconfesables anhelos o pretensiones protuberantemente contrarias y ajenas a las funciones a cargo de cualquier policía en cualquier sitio del mundo cuya organización estatal corresponda a la estructura jurídica propia del Estado del derecho.

No debe olvidarse –recuerda la Sala– que el fuero militar sólo se configura cuando el hecho ilícito imputado ha sido realizado por un miembro de la fuerza pública en ejercicio de sus funciones, siempre y cuando esa conducta tenga relación con el servicio militar o policial constitucional y legalmente reglado, ya que no basta que se trate de un militar o un policía en servicio activo, sino que es necesario que la conducta ilícita haya sido realizada en relación con ese servicio oficial que está obligada a desempeñar.

Los hechos delictuosos protagonizados por el entonces subteniente Eder Wilson Vargas Medina, y las unidades de las patrullas bajo su mando el día 17 de marzo de 1989, no constituyen actos sucesivos en los cuales se haya dividido la ejecución de alguna de las funciones, que la Constitución la ley o el reglamento les asignan como integrantes de la Policía Nacional, ni se ajustaron a las tareas de patrullaje y control urbano que debían cumplir en el cuarto turno de vigilancia, pues las actuaciones de prevención y protección de la ciudadanía y de represión de acciones atentatorias contra el orden público, no incluyen las de asesinar a las personas que previamente han sido retenidas ilegalmente, tampoco por supuesto las que han sido debidamente capturadas.

Las finalidades constitucionales y legales que justifican la existencia de la Policía Nacional en el Estado social de derecho repugna la idea de que pueda siquiera insinuarse que los asesinatos, las desapariciones, las torturas y en general los delitos de lesa humanidad pueda vincularse de alguna manera con el servicio oficial. Una afirmación tal, contradice palmarmente la lógica y la coherencia de control y garantía sobre el que se asienta el ordenamiento jurídico que sustenta el Estado de derecho, pues serviría para sostener que la reglamentación de las funciones no limita las atribuciones de los servidores públicos, sino que éstos motu proprio pueden determinar las que consideren afines o implícitas a las mismas, concretando en la realidad del sistema jurídico y de las relaciones sociales reguladas por el mismo el antiético principio según el cual el fin justifica los medios, sin importar que el obstáculo que deba removerse para alcanzar los propósitos sea el aniquilamiento de la misma persona humana.

Esta falta de reconocimiento y de respeto por el otro, conduce inexorablemente a que unos seres se arroguen el derecho de disponer hasta de la vida de los demás, lo cual resulta impensable e inadmisible en el marco de nuestra Constitución Política, dentro del cual se debe escuchar y en la medida de lo razonable aceptar los planteamientos de los partidarios o simpatizantes de una actitud guerrerista, recordando eso sí, que sus tesis o sus intereses no pueden ser impuestos, porque no constituyen la única expresión de nuestra sociedad policultural, triétnica y pluralista que obliga también atender los puntos de vista de los otros y admitirlos en la medida que resulten convenientes al conjunto de los intereses sociales.

Por eso, la conducta atribuida a los procesados en el asunto en cuestión no puede entenderse encaminada a cumplir el fin primordial de la Policía Nacional de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz, pues lo que refleja es un proceder abiertamente opuesto a tales metas y contraría a la función de las autoridades públicas de proteger a todas las personas en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades impuesta en el artículo 2º del estatuto supremo de 1991 y en el 16 de la Constitución Nacional de 1886.

Por consiguiente, no puede considerarse que los hechos punibles comunes que dieron origen a este proceso se realizaron con ocasión y en relación con el servicio, toda vez que ningún vínculo funcional tiene con los fines primordiales asignados por la Constitución y las leyes a la Policía Nacional, siendo que la conducta ejecutada por los policiales sindicados en el presente asunto, no se dirigió a su consecución, sino a la vulneración de los derechos fundamentales de los coasociados, con desconocimiento ostensible de las normas de derecho que obligan a respetar la integridad física y moral y la vida de las personas quienes, si llegaren a tener que responder por alguna conducta ilícita, deben ser denunciadas o puestas a disposición de su juez natural para que mediante el correspondiente debido proceso valore su comportamiento, pero jamás someterlas a ejecuciones extrajudiciales o a desapariciones forzadas.

En el presente caso, el entonces subteniente Eder Wilson Vargas Medina y los agentes de las patrullas bajo su mando, se salieron de los límites de su función, desconocieron el marco de sus atribuciones y motu proprio se arrogaron funciones que ni la Constitución Política ni la ley ni el reglamento, les otorgan, pues como se viene señalando ellas no implican ni en forma esencial ni tampoco tangencial, la orden o la comisión de asesinatos ni, en general, el desconocimiento de los derechos y las garantías de las personas.

En consecuencia, debe concluirse que no existe relación entre la delincuencia imputada a los policiales y el servicio, porque la normal prestación del mismo fue negado por los procesados con su bárbaro y abominable proceder (como lo califican sus propios superiores y el juez penal militar) en contra de los capturados, de manera que los delitos de los que los hicieron víctimas, por la naturaleza misma de las cosas se presenta al entendimiento medio de las gentes, como ajeno a la función policial, porque devela la decisión de los implicados de obrar como vengadores o justicieros privados y no como agentes estatales.

En estas condiciones, debe decirse que los policías sindicados ejecutaron los delitos comunes fuera del ámbito de su función oficial y sin relación con ella, pues con dicho obrar ya no se aprovechaban de sus atribuciones sino que llevaba a la práctica anhelos y propósitos inicuos, contrarios a la civilidad, que en la filosofía del Estado social de derecho jamás podrán hacer parte de poderes reglados, pero cuya manifestación en una sociedad violencia y convulsionada obliga a delimitarlos claramente para situarlos como propios de quienes desconocen los fines del preámbulo constitucional, los principios fundamentales del Estado social de derecho y las garantías y derechos de los habitantes de Colombia, entre quienes obviamente no podrán encontrarse los miembros de la fuerza pública, pues resulta razonable y exigible de ellos que se abstengan de asumir actitudes de esa naturaleza.

Por eso las razones invocadas por la juez 12 penal del circuito de Medellín para renegar de su competencia, no tienen cabida en el presente caso, pues no constituyen factores determinantes del fuero militar en favor de los expolicías procesados, pues esos argumentos llevan a considerar la existencia del fuero per se, como si la sola condición de policía en servicio activo otorgara fuero de juzgamiento, contrariando lo señalado en el artículo 221 superior que exige que sea por delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, cuya vigencia nadie discute.

Esa relación entre la delincuencia y el servicio no puede entenderse de manera simplemente mecánica, sino que debe ser funcional, debe analizarse la existencia de algún nexo esencial o material con el mismo, pues de lo contrario la sola calidad de integrante de la fuerza pública llevaría al reconocimiento de esa prerrogativa, con desconocimiento de la Constitución Política.

Las anteriores consideraciones resultan suficientes para que la Sala declare que el juzgamiento de la conducta atribuida a los ex miembros de la Policía Nacional implicados en el asunto de autos, corresponde a la justicia ordinaria con la aplicación de los códigos sustancial y procedimental propios de esta jurisdicción.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura —Sala Jurisdiccional disciplinaria—, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

Dirimir el conflicto de jurisdicciones planteado, declarando que es competente la jurisdicción ordinaria para conocer de este proceso que compromete a Eder Wilson Vargas Medina, Nelson Darío Suárez Loaiza, Carlos Arturo Muñoz Arcos, Omar Obando Quirama, James Salgado Oviedo, Nodier García Ospina, José Daniel Jaimes, Bernardo Gutiérrez Murillo, Alexánder Altamirano Gutiérrez, Jhon Jairo Builes Orozco, Argemiro de Jesús Zapata Londoño y Walter de Jesús Ocampo Muñoz vinculados al mismo por los delitos de doble homicidio y tentativa de homicidio, por lo que el juicio en su contra deberá seguirlo adelantando el juzgado 12 penal del circuito de Medellín, a quien se le enviará el expediente.

Por secretaría remítase copia de esta providencia al inspector general de la Policía Nacional, y en su sitio de reclusión impóngase el contenido de esta providencia a los detenidos Nelson Darío Suárez Loaiza, Bernardo de Jesús Gutiérrez Murillo y Argemiro Zapata Londoño.

SALVAMENTO DE VOTO

Me aparto, con todo respecto de la decisión mayoritaria aprobatoria del proyecto presentado por la doctora Amelia Mantilla Villegas, convertido en decisión jurisdiccional, sobre la cual se reconoce la competencia de la justicia ordinaria, representada por el Juzgado Doce Penal del Circuito de Medellín, para conocer del proceso adelantado contra el subteniente retirado Wilson Eder Vargas Medina y los agentes retirados Nelson Darío Suárez, Bernardo de Jesús Gutiérrez, Argemiro Zapata Londoño y otros, por el concurso de delitos de doble homicidio y homicidio imperfecto.

Al respecto debo indicar que es equivocada la determinación de la Sala, por cuanto desconoce la verdadera interpretación de los artículos 14 y 291 del Decreto 2550 de 1988 (Código de Justicia Penal Militar), en la medida en que los conceptos “por causa del servicio”, con ocasión del servicio y “por causa de las funciones inherentes al cargo”, no resultan debidamente interpretados frente al aspecto fáctico que orienta el proceso penal en cuestión. En el proyecto se consigna todo un discurso, que en mi opinión es más especulativo que jurídico, al confundirse la misión que constitucionalmente le ha sido entregada a los miembros de las fuerzas armadas y la que indiscutiblemente no toca ni directa ni indirectamente con la comisión de los delitos que pueden cometer sus miembros. No responde por lo tanto al verdadero concepto de los factores que sí deben examinarse cuando se requiere establecer si la conducta del miembro de las fuerzas militares ha sido cometida como consecuencia de un acto propio del servicio. Situación distinta a cuando no hallándose dentro de este estado de facción o de servicio, actúa por su propia cuenta como pudiera hacerlo cualquier particular que en determinado momento decide realizar un hecho punible. En este caso sí es procedente afirmar que no hay ninguna relación directa o indirecta con la función militar, no así cuando habiéndose revestido al militar de una función determinada, aprovecha esta circunstancia para realizar la conducta antijurídica, pues claramente se observa que su ejecución no hubiera podido tener lugar si no se poseía la especial condición de la que investido por la orden superior. De allí que afirmar que por no guardar ningún vínculo con el servicio oficial, la conducta delictiva, la competencia entonces se escapa de la autoridad castrense. Absolutamente no, es tanto como decir que no existiría el delito militar del centinela, de la desobediencia o de cualquiera otro de los que recoge el estatuto penal militar, en la medida en que al cometerse su autor se separa prácticamente de la verdadera función para la cual fue asignado. En definitiva lo que se encuentra demostrado en este asunto es una relación indirecta, que aun cuando evidentemente no corresponde directamente con la función oficial, sí se hallaba la conducta desplegada por sus autores referida a la misma, pues se concretó dentro de unas condiciones circunstanciales de tiempo y lugar, referentes a la categoría o calidad que se tenía en los momentos en que se cumplió la acción criminal. Lo que corresponde a la verdadera interpretación del artículo 221 de la Carta Política, cuando enseña que los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Por lo tanto, esa relación con el mismo servicio de que habla el legislador constitucional no puede interpretarse ni confundirse con la misión específica que le ha sido encomendada a la fuerza pública, en forma exclusiva, pues significaría que en todos los casos de transgresión a una norma penal, por no guardar relación con las tareas constitucionales, se saldrían de la órbita de la justicia penal militar. Por el contrario, lo que debe examinarse en cada caso en particular es si quien cometió el hecho antijurídico tenía la condición de militar y si previamente se hallaba asignado para un servicio oficial. De tal manera que también cuando existe un divorcio por aprovechamiento de la función oficial asignada, claramente se destaca el vínculo indirecto que interpreta circunstancialmente el concepto de ocasión del servicio.

Conforme a las precisiones anteriores, dejo sentada mi disidencia frente al criterio adoptado por la Sala en el presente asunto.

Enrique Camilo Noguera Aarón, magistrado.

SALVAMENTO DE VOTO

Para tener que concluir que el conocimiento del presente proceso penal contra el subteniente Wilson Eder Vargas Medina y los agentes de la policía involucrados en el mismo corresponde a la jurisdicción penal militar, basta leer el siguiente párrafo que se copió, en la ponencia, del fallo de tutela de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín y que aquella acogió:

“En desarrollo de un procedimiento de rutina adelantado en las horas de la noche del 17 de marzo de 1989 en la zona céntrica de la ciudad por la patrulla de la Policía Nacional conocida como Águila Dos, comandada por el subteniente Eder Wilson Vargas Medina y conformada por los agentes Nodier García Ospina, Alexánder Altamirano Gutiérrez y Nelson Darío Suárez Loaiza, fueron retenidos los particulares Richard Wilmar Ibargüen y Darío Alberto Arias, al igual que el agente de la policía José Leonel Calderón Calderón, que vestía de civil, quienes fueron obligados a abordar un vehículo de servicio público en el que recorrieron diversos sitios. Transcurrido algún tiempo, en el barrio Buenos Aires se les unieron los agentes Carlos Arturo Muñoz Arcos, Omar Obando Quiroz, James Salgado Oviedo, José Daniel Jaimes, Bernardo Gutiérrez Murillo, Jhon Jairo Builes Orozco, Argemiro de Jesús Zapata Londoño y Walter de Jesús Ocampo Muñoz, integrantes de la patrulla Alma Tres, mientras que algunos de ellos partieron en dirección al barrio La Milagrosa, llevándose consigo a Diego Alberto, cuyo cuerpo sin vida, con múltiples lesiones por proyectiles de arma de fuego, fue localizado días después en la carretera a Las Palmas, los demás se encaminaron al corregimiento de Santa Elena; allí en un paraje solitario, uno de los uniformados disparó repetidamente contra Richard Wilmar quien falleció en el mismo sitio, en tanto que otro encañonó a José Leonel con la “metra” que accionó en vano porque no le dio fuego, lo que aquel aprovechó para internarse en el monte, eludiendo las balas disparadas en su contra. Este grupo estaba bajo el mando del subteniente Vargas Medina”.

En efecto, conforme se ve, en esa síntesis de hechos, claramente se pone de presente que éstos ocurrieron o habrían ocurrido en ocasión del servicio policivo a que estaban destinadas aquellas dos patrullas de policía. Vale decir, dentro de una de las circunstancias en que el artículo 291 del Código Penal Militar dice que se genera u origina el fuero penal militar.

Es más, en la misma ponencia se agrega, entre los mencionados “antecedentes”, que “con base en los hechos denunciados por el agente Calderón, el juzgado 92 de instrucción penal militar dispuso adelantar la investigación y dentro de ella (...) acreditó que en la fecha de autos los incriminados prestaban cuarto turno de vigilancia e igualmente precisó las armas y los vehículos que tenían asignados (...)”.

Ahora bien, dadas las anteriores circunstancias, que encajan —se repite— en el artículo 291 del Código Penal Militar, veamos por qué no se le sacan las consecuencias legales pertinentes sino precisamente las contrarias, es decir que el conocimiento corresponde a la jurisdicción ordinaria, como si los hechos no se hubieran cometido con ocasión del servicio policivo:

“En el presente caso —se lee en la página 8 de la ponencia— se encuentra demostrado que entre los delitos atribuidos a los ex miembros de la Policía Nacional residenciados en juicio en el proceso en cuestión, Wilson Eder Vargas Medina, Suárez Loaiza Nelson Darío, Muñoz Arcos Carlos Arturo, Obando Quirama Omar, Salgado Oviedo James, García Ospina Nodier, Jaimes José Daniel, Gutiérrez Murillo Bernardo, Altamirano Gutiérrez Alexánder, Builes Orozco Jhon Jairo, Zapata Londoño Argemiro de Jesús y Ocampo Muñoz Walter de Jesús y la función pública, no existe ninguna relación directa o esencial, pues los hechos punibles de homicidio consumado y tentado que dieron origen al proceso penal en su contra, claramente se observa que no hacen parte de las funciones que le corresponde desempeñar a los uniformados integrantes de la Policía Nacional en servicio activo, de las cuales pudiera predicarse que omitieron su cumplimiento o que se extralimitaron en su ejercicio”.

Como se ve, el concepto ocasión del servicio, que es el que estatuye y usa el artículo 291 tantas veces mencionado, se deja a un lado, para hacer, en cambio, la afirmación elemental de que el homicidio “no hace parte de las funciones que le corresponde desempeñar a los uniformados integrantes de la Policía Nacional”. ¡Claro que función de la policía no es asesinar! Pero si determinado asesinato se comete con ocasión del servicio policivo debe ser juzgado por la justicia penal militar...

“De otro lado —continúa la ponencia comentada—, “la ejecución de los mencionados delitos tampoco guarda relación indirecta con la función oficial, por cuanto los elementos de juicio que reposan en los autos demuestran que con su ejecución no se obtenía ni podía lograrse los objetivos propios de la Policía Nacional (...)”. ¡Claro que con los delitos de que se acusa a Vargas Medina dentro de este proceso, “no se obtenía ni podía lograrse los objetivos propios de la Policía Nacional”, como nunca se logran estos objetivos con ningún delito! Pero si aquellos se cometieron con ocasión del servicio deben ser conocidos por la justicia penal militar...

Es en verdad lamentable tener que estar repitiendo estas cuestiones tan elementales, pero no se puede menos de hacerlo en consideración a que la magistrada ponente parece creer que existen unos delitos con los cuales “se obtienen o pueden lograrse los objetivos de la Policía Nacional”, y otros con los cuales no se logran. Valdría la pena que dijera cuáles son estos delitos y en qué norma se señalan como genésicos del fuero especial. Porque si ello existiera habría que dejar de estar insistiendo en la obligación que tiene esta Sala de dar cumplimiento al artículo 291 precitado, es decir en que se miren las circunstancias del delito (si se cometió con ocasión del servicio o por causa de éste o de las funciones inherentes al cargo policivo respectivo) y examinar la naturaleza intrínseca del delito para definir la cuestión...

“Resulta inadmisible considerar —continúa la ponencia— como lo hizo la juez penal del circuito que los delitos imputados a los policiales hubieran sido ejecutados con ocasión del servicio, pues éste no fue la causa o el motivo para su producción, sino el capricho y la voluntad torcida y pervertida de su autores quienes pretextando su función oficial consumaron los asesinatos que se les reprochan”.

¡Leer para creer! Que los delitos no fueron ejecutados con ocasión del servicio porque “éste (el servicio) no fue la causa o el motivo para su producción, sino el capricho y la voluntad torcida y pervertida de sus autores quienes pretextando su función oficial consumaron los asesinatos que se les reprochan”. Como quien dice, ¡que el servicio no fue la ocasión para la comisión del delito porque no fue la causa o el motivo de éste, sino la ocasión que se pretextó o aprovechó para cometerlo!

Pues eso significa el concepto con ocasión del servicio: Valerse de éste, aprovecharse de él, usarlo torcidamente, ser ladrón por la ocasión... Porque la cuestión es así de elemental y simple, se comprende que en aquella ponencia se caiga en galimatías con aquel según el cual, “la conciencia que al agente tiene de su obrar ilícito es compleja pero separable, pues le resulta dable representarse y saber cuáles de dichos actos delictivos atentan contra el servicio o se refieren al mismo, y cuáles no tienen nada que ver con él, porque son ejecutados por fuera de las funciones oficiales, sin ocasión de ellas, momento en el cual oportunidad de tiempo o lugar ya no es para realizar algo que tenga que ver con el servicio, sino con los deseos o ideas criminales del agente oficial que en dichas circunstancias encuentran momento propicio para llevarlas a cabo”.

Si algo con sentido se puede sacar de esa parrafada es que el concepto ocasión del servicio debe relacionarse con “la oportunidad de tiempo y lugar” para cumplir el servicio, no para violarlo criminalmente. Es decir, lo contrario de lo que dice el artículo 291 del Código de Justicia Penal Militar: Que de los delitos cometidos por militares o policías con ocasión del servicio conocen las cortes marciales.

“Los hechos delictuosos protagonizados por el entonces subteniente Eder Wilson Vargas Medina y las unidades de las patrullas bajo su mando el día 17 de marzo de 1989 —se lee más adelante, en la ponencia de marras— “no constituyen actos sucesivos en las cuales se haya dividido la ejecución de alguna de las funciones que la Constitución la ley o el reglamento les asignan como integrantes de la Policía Nacional, ni se ajustaron a las tareas de patrullaje y control urbano que debían cumplir en el cuarto turno de vigilancia, pues las actuaciones de prevención y protección de la ciudadanía y de represión de acciones atentatorias contra el orden público, no incluyen las de asesinar a las personas que previamente han sido retenidas ilegalmente, tampoco por supuesto las que han sido debidamente capturadas”.

Claro que esos hechos —si ocurrieron y los ejecutaron los incriminados en este proceso, que eso es cuestión que no corresponde definirla a esta jurisdicción dirimente de competencias— no se ajustaron o no se habrían ajustado a las tareas de patrullaje ilegal, sino que fueron o habrían sido excesivas y hasta criminales, pero como ocurrieron en el curso del patrullaje, es decir con ocasión de éste, o sea del servicio policivo, por esto los delitos cometidos deben ser juzgados por la justicia penal militar.

“Las finalidades constitucionales y legales que justifican la existencia de la Policía Nacional en el Estado social de derecho repugna la idea de que pueda siquiera insinuarse que los asesinatos, las desapariciones, las torturas y en general los delitos de esa humanidad pueda vincularse de alguna manera con el servicio oficial”:

Esta es obra de las “consideraciones” de aquella ponencia, y sobra aclararle que eso no solo es cierto sino que precisamente por ello “los asesinatos, las desapariciones, las torturas y en general los delitos de lesa humanidad” son esto —delitos— en Colombia, bajo eso que la Constitución del 91 denominó con el nombre inventado por el M19 como “Estado social de derecho”, sino en todos los países civilizados del mundo, y particularmente en nuestro país bajo el imperio de la Constitución anterior, la de 1886. Y por eso deben ser juzgados como tales delitos, pero si se cometen por policías o militares en relación con el servicio, deben juzgarlos las cortes marciales, porque así se ordenó por los constituyentes de 1991.

“En el presente caso —se lee más adelante en la ponencia comentada—, el entonces subteniente Eder Wilson Vargas Medina y los agentes de las patrullas bajo su mando, se salieron de los límites de su función, desconocieron el marco de sus atribuciones y motu propio se arrogaron funciones que ni la Constitución Política ni la ley ni el reglamento, les otorgan, pues como se viene señalando ellas no implican ni en forma esencial ni tampoco tangencial, la orden o la comisión de asesinatos ni, en general, el desconocimiento de los derechos y las garantías de las personas.

En consecuencia, debe concluirse que no existe relación entre la delincuencia imputada a los policiales y el servicio porque la normal prestación del mismo fue negado por los procesados con su bárbaro y abominable proceder”.

Como se ve, aquel razonamiento se reduce a decir de nuevo que como la patrulla de policías que estaba en servicio el día de autos se excedió de sus funciones y delinquió, los delitos que cometió no deben ser conocidos por la justicia penal militar... Es, pura y simplemente, la negación del fuero penal militar. ¿Por qué? Porque sí, y en esas condiciones no es más lo que se puede argumentar en contra, sino repetir una y otra vez que como los delitos fueron cometidos o habrían sido cometidos con ocasión de aquel patrullaje, deberían ser juzgador por la justicia penal militar. Y si se preguntara por qué, sólo habría una respuesta: ¡Porque eso ordenan la Constitución y la ley!

Es mi salvamento de voto,

Leovigildo Bernal Andrade, Magistrado disidente.

SALVAMENTO DE VOTO

Muy respetuosamente me permito salvar voto a la ponencia presentada por la Honorable Magistrada Dra. Amelia Mantilla Villegas por las siguientes razones:

Del asunto, conoció esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria, con ocasión del conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado 12 Penal del Circuito de Medellín y el inspector general de la Policía Nacional, juez penal militar de primera instancia; en relación con el proceso adelantado contra un oficial y varios agentes de la institución, por el concurso de delitos de doble homicidio imperfecto endilgados a ellos.

Me aparto de la decisión tomada por la mayoría de esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en el sentido de no compartir la decisión de fondo en el presente asunto; por considerar que el juez competente para conocer de los delitos, no es la jurisdicción ordinaria, tal como quedó consignado en el fallo, sino la jurisdicción penal militar.

En la ponencia presentada por la Honorable Magistrada Amelia Mantilla Villegas, se dijo que los miembros de la fuerza pública involucrados en la comisión de estos delitos, no se encontraban desempeñando funciones propias del servicio; y por el contrario, de ellos, puede predicarse, o bien una omisión en el cumplimiento de sus deberes profesionales, o bien una extralimitación en su ejercicio.

Ello a todas luces resulta paradójico, a la hora de dirimir el conflicto en uno u otro sentido. No olvidemos que las directrices a las que debe ceñirse esta corporación, al momento de dirimir un conflicto de jurisdicciones en donde uno de los extremos sea la jurisdicción penal militar, son los que están consagrados en el artículo 221 superior. Este dice así:

“ART. 221.—Modificado. Acto Legislativo 02 de 1995, artículo 1º de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro”.

Lo primero que se debe decir al respecto, es que los miembros de la Policía Nacional, al momento de la comisión de los delitos, eran miembros activos de la institución, de ello quedó constancia a lo largo del proceso; principalmente por las actuaciones que llevó a cabo el Juzgado 92 de Instrucción Penal Militar (fls. 672 a 689).

De otra parte, es de pleno recibo por parte de este despacho, las apreciaciones que hizo el Juzgado 12 Penal del Circuito de Medellín, el cual, mediante providencia del 18 de marzo de 1997 se pronunció respecto a la relación de los delitos con el servicio en los siguientes términos:

“No existe hesitación alguna que los procesados Nelson Darío Suárez Loaiza, Bernardo de Jesús Gutiérrez Murillo y Argemiro de Jesús Zapata Londoño, pertenecían a la Policía Nacional cuando los hechos se sucedieron y que integraban la patrulla cuyo indicativo era “Águila Dos”, compuesta además por el oficial Wilson Eder Vargas Medina, como comandante y aparte de los inculpados, también la conformaban...).

(... Esta judicatura, luego de leer y estudiar con detenimiento varias providencias de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, advierte ciertos cambios jurisprudenciales vigentes sobre el particular, que hacen pensar fundadamente que este despacho perdió la competencia para el juzgamiento de los procesados en razón de estos hechos punibles, por considerar que la conducta criminal, por ellos desarrollada se cometió con ocasión del servicio, pues luego de someter a los sindicados a requisa, los subieron a un taxi y luego los transportaron hasta el CAI de Buenos Aires, donde la patrulla se dividió para cometer los homicidios. De suerte, que aquí se puede argüir en sana lógica que el hecho ocurrió con ocasión del servicio y que la prestación efectiva de éste, se constituyó en la circunstancia propicia, de tiempo, modo y lugar para la comisión de los hechos punibles, es decir, como lo expresó el Magistrado Ponente Dr. Leovigildo Bernal Andrade en providencia del 14 de marzo de 1996...” (fls. 730 a 735).

Con el fin de reforzar esos argumentos del juez del circuito de instancia, me permito transcribir un aparte del auto de apertura de investigación, proferido por la Fiscalía General de la Nación - Unidad primera de vida y delitos contra la integridad, Fiscalía 187 seccional delegada ante los jueces penales del Circuito de Medellín, el 25 de mayo de 1995. En su oportunidad se dijo lo siguiente:

“Llamados todos y cada uno de los procesados a ofrecer versión de indagatoria, para ser vinculados a la encuesta y dar su oportunidad para el ejercicio de la defensa. Mas, todos se limitaron a negar los cargos que inicialmente en su contra se presentaron, limitándose a reconocer los múltiples procedimientos rutinarios que para aquella fecha delantaron (sic), entre los que se incluían el registro de personas y la consulta del AZ de varios automotores...”. (fls. 517 a 534).

Así las cosas, el criterio que este despacho ha venido sosteniendo con relación a la ocasión del servicio, es el siguiente:

En principio, se debe partir de que no todo delito imputado a un miembro de la fuerza pública en servicio activo tiene relación con el servicio militar o policial que se le encomendó y no con el simple hecho de ser miembro de la fuerza pública; por la evidente razón de que no todos los actos de la vida de un integrante de la fuerza pública, tienen relación con el servicio, situación esta que lleva a que no se pueda conceptualizar concretamente sobre el particular, porque se corre el riesgo de dejar comportamientos al margen, lo que nos conduce a que cada caso se dilucide frente al hecho en concreto que se juzga.

Lo anterior no implica que no podamos dar unas pautas que nos sirvan para hacer la ponderación y establecer la existencia del fuero militar. Ellos son:

Que se esté en cumplimiento o en ejercicio de las funciones inherentes a su cargo y no en desarrollo de otras actividades o funciones no oficiales; este elemento surge claramente de la regla general que limita las facultades de los servidores públicos a lo que les está expresamente permitido por la Constitución y la ley tal como lo estableció el artículo 6º de la Carta Magna cuando se refirió a la responsabilidad de estos.

Que el servicio haya brindado la oportunidad de modo, tiempo y lugar para la ocurrencia del hecho de que se trate.

Que la prestación del servicio sea la causa de la ocurrencia del hecho. Es decir, en relación con el elemento anterior no sólo se necesita la coetaneidad entre la prestación del servicio y el hecho ilícito, sino que es necesaria la existencia de una relación de causa entre uno y otro.

Por todo lo anteriormente dicho, se ha de concluir que la simple comisión del delito no es factor determinante de la competencia, ya que como se anotó, se debe analizar éste en su contexto, pues, ni la Constitución, ni la ley hicieron una relación de cuales son los delitos militares y cuales los comunes, por ello es por lo que se debe acudir a los anteriores postulados a efecto de poder establecer cuándo estos son de competencia de la justicia penal militar y cuando de la ordinaria. Más claramente si bien aquel código diferencia entre delitos propios de los militares y comunes al establecer la competencia dijo que unos y otros, en cuanto sean cometidos por militares en servicio activo, conocen las cortes marciales, conforma a las reglas de aquel código, si los hechos de que se trate ocurrieron en relación con el servicio, con ocasión de éste, por causa del mismo o de las funciones inherentes al cargo.

Así las cosas nótese cómo el legislador dentro de su autonomía introdujo un nuevo elemento como lo es el de la ocasión del servicio, por ello nos detendremos un poco en el alcance de éste. Veamos:

Como quiera que la ley no ha definido que se debe entender por este concepto, debemos acudir a las reglas de interpretación, de que da cuenta la Ley 153 de 1887, tal como se ordenó en el artículo 1º de la misma.

Siendo la primera regla: cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal so pretexto de consultar su espíritu.

La segunda regla consiste en que las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal.

Así las cosas tenemos que es claro que el legislador no desarrolló el alcance de la expresión “con ocasión del servicio”, “lo que implica que ella debe ser entendida en su sentido natural, que no es otro que el significado que al respecto de la Real Academia de la Lengua. Veamos:

Ocasionar: ser causa o motivo para que suceda una cosa.

Ocasión: Oportunidad o comodidad de tiempo o lugar que se ofrece para ejecutar o conseguir una cosa.

Las anteriores precisiones de orden gramatical no tienen otro objetivo que el de ayudar a la ilustración de lo que hemos denominado elementos del fuero militar.

En conclusión y para el caso sub exámine, considero que el juez competente para conocer de los hechos antijurídicos cometidos por los miembros de la Policía Nacional, en la presente investigación, es el de la Jurisdicción Penal Militar; y en consecuencia ha debido dirimirse el conflicto en tal sentido.

Dejo así sentado mi salvamento de voto.

De los H. Magistrados.

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