Auto 140 de abril 16 de 2001 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Ref.: Expediente 0140 de abr. 16/2001.

Los recursos de casación y revisión por su naturaleza extraordinaria, para que sean procedentes deben estar expresamente consagrados en la ley.

Por el Decreto 2303 de 1989 se creo y organizó la jurisdicción agraria, disposición que en ninguno de sus artículos contempló el recurso extraordinario de revisión, quedando por lo tanto excluido este remedio del procedimiento agrario, sin que pueda aplicarse con fundamento en las normas de aplicación supletoria, pues éstas solamente proceden “ante los vacíos dejados por el procedimiento especial agrario en cuanto a los silencios de actividad o de trámite, pero no para definir actos procesales o para crear medios extraordinarios de impugnación, pues sabido es que, de acuerdo con los principios generales orientadores de derecho, no toda norma que otorga una excepción puede aplicarse en forma extensiva” (auto 104, abr. 16/96).

En consecuencia, la naturaleza excepcional del recurso de revisión impide su procedencia de manera supletoria, porque estas normas, como ya se dijo, no son aplicables en materia de recursos extraordinarios, como lo ha sostenido la Corte de manera invariable en diversos pronunciamientos, así: “La normatividad jurídica que creó y organizó la jurisdicción agraria —D. 2303/89—, establece el recurso ordinario de apelación en los artículos 71 y 130 y el extraordinario de casación en el 50, éste desde luego contra las sentencias que allí taxativamente enumera. Pero en ninguna de sus reglas y normas alude siquiera implícitamente al extraordinario de revisión. De modo que si los recursos en general tienen que ser establecidos por el legislador, con sujeción por supuesto a la Carta Política, con mayor razón tienen que ser los extraordinarios, toda vez que estos por su naturaleza deben referirse a determinadas providencias, para las que no basta la mera inconformidad de quien se sienta agraviado, sino que su procedencia exige causal específica. Luego si el ordenamiento jurídico que vino a regular íntegramente el ejercicio de la jurisdicción agraria no habla de este recurso, síguese que no existe en esta área jurídica, conclusión esta que no contraria la previsión del artículo 139 del citado estatuto, como que la aplicación de reglas del Código de Procedimiento Civil a los procedimientos agrarios tiene ocurrencia en los eventos de vacíos o lagunas de la reglamentación procedimental agraria. Tiene pues lugar para llenar los silencios de actividad o de trámites, pero no para el llamado derecho procesal material, esto es aquel que define actos procesales o crea institutos del proceso como los recursos. Tampoco se opone al debido proceso, porque se refiere a un recurso extraordinario y no al que da ocasión a las dos instancias el de apelación a (sic) alzada (C.P., arts. 29 y 31). Por tanto lo pedido en el libelo con que este procedimiento se inició, no tiene tutela jurídica” (autos 135, jun. 3/93; 328, nov. 19/96; 260, sep. 20/95 y 281, dic. 4/98).

En el caso en estudio, el proceso reivindicatorio en el que se profirió la sentencia impugnada, es de los reservados al conocimiento de la jurisdicción agraria, dado que el bien inmueble objeto del mismo es un predio agrario, como lo señala la demanda y se observa en el certificado de libertad y en la escritura pública número 3454 del 26 de octubre de 1992 de la Notaría 22 de Bogotá, y la controversia para recuperarlo está adscrita a dicha jurisdicción, de conformidad con lo establecido en los artículos 1º y 2º del Decreto 2303 de 1989; por lo tanto, el fallo impugnado no es susceptible del recurso de revisión.

De los razonamientos anteriormente expuestos se desprende de manera evidente que la Sala carece de competencia funcional para conocer del recurso de revisión interpuesto y que fue admitido por auto de 15 de febrero de 2001, por lo que dicho pronunciamiento está afectado de nulidad insaneable (CPC, arts. 140, num. 2º y 144, último inciso), la que deberá ser declarada respecto de toda la actuación cumplida a partir de ese proveído inclusive, para en su lugar disponer el rechazo de la demanda, según lo señalado en el inciso final del artículo 383 del mismo estatuto.

Decisión

Teniendo en cuenta lo expuesto, se resuelve:

1. Declarar la nulidad de todo lo actuado en este recurso a partir del auto admisorio de la demanda de revisión, de fecha 15 de febrero de 2001, inclusive.

2. Rechazar la demanda de revisión incoada por Ana Ofelia Quevedo de Benítez contra la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca —Sala Civil Familia Agraria—, de fecha 21 de julio de 1999, proferida dentro del proceso reivindicatorio agrario promovido por la recurrente contra Álvaro Montaña y Gilma Castro.

3. Ordenar devolver a la parte actora los anexos de la demanda sin necesidad de desglose, y la caución prestada, con constancia de no haber sido utilizada ante el rechazo mencionado.

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