Auto 14071 de marzo 4 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

•SALA DE CASACIÓN PENAL

ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO PENAL

NO PROCEDE CUANDO SE PROFIERE SENTENCIA ANTICIPADA

EXTRACTOS: «En lo que tiene que ver con la vigencia de la ley y los derechos adquiridos como sujeto procesal que dentro del proceso penal persigue el pago de los perjuicios ocasionados con el delito, es necesario precisar que al entrar en vigencia la Ley 365 de 1997, en el artículo 12 modificó el artículo 37B del Código Procedimiento Penal en lo que se refiere a las disposiciones comunes a la sentencia anticipada y a la audiencia especial, disponiendo en los numerales 4º y 5º que:

“4. La sentencia es apelable por el fiscal, el Ministerio Público, por el procesado y por su defensor, aunque por estos dos últimos solo respecto de la dosificación de la pena, el subrogado de la condena de ejecución condicional, y la extinción de dominio sobre bienes.

5. Cuando se profiera sentencia anticipada en los eventos contemplados en los artículos 37 ó 37A de este código, en dicha providencia no se resolverá lo referente a la responsabilidad civil”.

Trátase entonces de normas procedimentales, que por su naturaleza de orden público imponen su inmediato cumplimiento, sin que sea posible admitir interpretaciones que impliquen una extensión como la que plantea el recurrente, quien cree, que por el hecho de haberse constituido en parte dentro del procesal penal, como que el artículo 44 del Código Procedimiento Penal permite que la acción civil se pueda adelantar parejamente con aquella, ya de antemano ha adquirido derechos en relación con sus pretensiones económicos, no obstante que la sentencia anticipada se llevó a cabo en vigencia de la Ley 365 de 1997. Por el contrario, atendiendo a las razones de política criminal que motivaron en nuestro medio mecanismos como los de la sentencia anticipada y la audiencia especial, cuya finalidad es la de lograr mayor eficacia y celeridad en la administración de justicia y en la sanción del delito, necesario es concluir que siendo este además un instrumento procesal, cuya realización debe surgir exclusivamente de la voluntad del sujeto pasivo de la acción penal o a instancias del fiscal o el defensor, según se trate de la primera o la segunda y dentro de las oportunidades señaladas en la ley, es obvio que cualquier discusión en torno a la aplicación de la norma más favorable en relación con la anterior y la que actualmente está vigente, solo tendría cabida frente a las consecuencias de la aceptación de la responsabilidad por parte del procesado.

2. Tampoco tiene razón el recurrente al afirmar que se violaron derechos fundamentales de la parte civil porque con el mecanismo de la sentencia anticipada no se le permite cuestionar la adecuación típica de la conducta y que la solicitud de su aplicación por parte del procesando resulta desconocedora del debido proceso porque con ello se sorprende a la parte interesada en el resarcimiento económico, pues una tal forma de interpretar la ley, implica de suyo el desconocimiento mismo de su texto, como que la sentencia anticipada sólo puede darse entre el procesando y el Estado representado por la Fiscalía General de la Nación a través de la cual se formulan los cargos cuya responsabilidad acepta el incriminado, sin perjuicio de que pueda tener interés en ello el Ministerio Público como representante que es de lo intereses de la sociedad y controlador de la legalidad del proceso.

3. En estas condiciones, resulta forzoso concluir que cuando se trata de esta clase de sentencias, necesariamente quedan excluidos los intereses privados de quien con tal propósito se hace parte ante la justicia penal, pues en esa relación Estado procesado, no hay cabida para discutir aspectos de otra naturaleza, pudiendo entonces este sujeto procesal acudir a la jurisdicción civil, como quiera que de aprobarse el acuerdo y dictarse la consiguiente sentencia condenatoria, cuenta ya con la demostración plena de la fuente de la obligación civil, siendo pues ésta una excepción a la regla general de que la acción civil se puede ejercer dentro del proceso penal, como lo manifestara la sala en auto del 16 de diciembre de 1997, com ponencia del Dr. Juan Manuel Torres Fresneda, al precisar que” dicha facultad de escoger cualquiera de las dos jurisdicciones, que encuentra plan justificación en el principio de economía, tiene sin embargo excepciones, como por vía de ejemplo, la del numeral 5º del artículo 37B del Código de Procedimiento Penal (modificado por la L. 365/97, art. 12) según el cual, en las sentencias anticipadas “no se resolverá lo referente a la responsabilidad civil” y, en coherencia con ello, el numeral 4º ibídem, al consagrar el interés para apelar esa clase de fallos, no relaciona a la parte civil entre los sujetos procesales con tal vocación.

4. Así las cosas, no queda duda que el Tribunal de Cundinamarca negó acertadamente el recurso de casación interpuso por la parte civil, y por ende, así se declarará».

(Auto de marzo 4 de 1998. Radicación 14.071 Magistrado Ponente: Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote).

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