Auto 14072 de junio 2 de 1998 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Exp. 14072

Aprobado Acta número 77

Magistrado Ponente:

Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego

Santafé de Bogotá, D.C. dos de junio de mil novecientos noventa y ocho.

EXTRACTOS: «(...).

En punto a la cuestión debatida, encuentra la Corte que tribunal está asistido de razón para negar el recurso de casación impetrado, porque como bien lo advierte el recurrente ha sido criterio uniforme y pacífico de la Sala que quien no ha apelado la sentencia de primer grado ni ve desmejorada su situación como sujeto procesal con la decisión de segunda instancia fruto de la impugnación de un homólogo suyo o por efecto del grado jurisdiccional de la consulta, carece de legitimación para recurrir por la vía extraordinaria, en razón a que lo atacado en esta sede es la legalidad del fallo judicial que se presume con los atributos de veracidad y acierto, de tal manera que si habiendo podido impugnarlo se guarda silencio frente al que fue objeto de refrendación sin reformas en la segunda instancia, es porque se está conforme con la determinación del a quo —que resulta ser la misma del ad quem, o por cualquier otro motivo no se tiene interés en que la respectiva actuación sea revisada por el superior.

En el asunto sub lite es claro que los únicos sujetos procesales que impugnaron el fallo proferido en el juzgado quinto penal del circuito de Cali fueron el procesado y su defensor, quienes acudiendo a una de las previsiones que los habilitaba para excitar la segunda instancia no empece, tratarse de la terminación anticipada del proceso por la vía del artículo 37 del estatuto procesal penal, interpusieron el recurso de alzada en procura del subrogado de la condena de ejecución condicional.

Es claro que la función que la propia Carta Política le asigna al Ministerio Público, para que prevalido del interés general que conlleva la representación de la sociedad procure la salvaguarda del orden jurídico y de los derechos y garantías fundamentales cuando quiera que éstos resulten menoscabados, no puede convertirse en argumento para pretender un tratamiento judicial diferente al que tienen los demás intervinientes en la actuación penal, por contera refractario a las normas procesales.

La condición de “sujeto procesal imparcial” que se le reconoce al ministerio público sirve para identificar los nobles propósitos que inspiran su intervención en la actuación penal, pero no tiene el alcance de cambiar su propia naturaleza que es en todo caso la de un sujeto procesal (CPP, título III, capítulo II), y por tanto obligado a asumir sus funciones (derechos y deberes dentro del trámite procesal) en pie de igualdad con las demás partes (art. 20 Ibídem), sin otras limitaciones o privilegios distintos a los que expresamente le otorga el ordenamiento jurídico. Así lo advirtió esta Sala en el fallo citado, por el recurrente, donde se dijo:

“El artículo 277 de la Constitución Política señala como función de este órgano de control, la de “intervenir en los procesos”, bien ante las autoridades judiciales ora ante las administrativas, “cuando sea necesario en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales” (num. 7º). De modo que, si en un apartado diferente de la norma constitucional aparece la facultad de ejercer la vigilancia superior de quienes detentan las funciones públicas (num. 6º), la intervención a que alude el numeral 7º sólo puede entenderse a título de sujeto procesal, pues no habría otra manera, dentro de un proceso penal, por ejemplo, de hacer valer el orden jurídico o de implementar la defensa del patrimonio público o de procurar el respeto a los derechos y garantías fundamentales. Este modo de entender el precepto constitucional, se ha explicitado por el artículo 85 de la Ley 201 de 1995 (orgánica de la Procuraduría General de la Nación), de acuerdo con el cual “En materia penal el Ministerio Público intervendrá, como sujeto procesal cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales” (oct. 15/97. M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

No es entonces con el abstracto argumento del “interés general” ni con la escueta y tardía consideración de que es “necesaria” su intervención en el asunto, como el censor debió acreditar su real y legítimo interés para atacar por la vía extraordinaria un fallo que en la instancia no le mereció el más mínimo reproche, no obstante que a diferencia del procesado y de su defensor ninguna restricción lo ataba para impugnarlo total o parcialmente.

Es que si el agente del Ministerio Público como todos los demás sujetos procesales recibe notificación de la sentencia de primer grado, resulta incomprensible que decline el deber de defender el orden jurídico o de activar el interés por los derechos o garantías fundamentales en el momento oportuno, esto es cuando se produce la decisión de primera instancia donde supuestamente se presentan las hipótesis que demandan su cuidado y control para intentar luego su rescate en la extraordinaria sede de casación, a donde pretende llegar trocando la paritaria condición de sujeto procesal —que implica el sometimiento a la regulación legal del derecho de postulación— por la de privilegiado impugnante per saltum.

El desatino del quejoso se hace más patético si se repara en que de no haber sido por la apelación interpuesta por el procesado y su defensor, en el presente caso la sentencia de primera instancia habría alcanzado ejecutoria en el juzgado, sin posibilidad de ser atacada en casación por ningún sujeto procesal, incluido el representante del Ministerio Público.

Como se ve, no es lógico intentar el extraordinario recurso contra la decisión del ad quem que se ha limitado a refrendar el fallo de primera instancia, cuando tal impugnación proviene de quien ningún reparo ha hecho, habiendo podido hacerlo, contra la sentencia que ha sido homologada a expensas de otro sujeto procesal o como consecuencia de la revisión por vía de consulta».

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