Auto 2500023240001999-90812-01 de octubre 25 de 2006 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación 2500023240001999-90812-01

Nº interno 14131

Consejera Ponente:

Dra. Ligia López Díaz

Actor: Inversiones Agroindustriales Cachicamos S.A. autoridades nacionales.

AUTO

Bogotá, D.C., veinticinco de octubre de dos mil seis.

La Sala decide la petición formulada el 27 de junio de 2006 por el apoderado de la parte actora.

Antecedentes

La sociedad Inversiones Agroindustriales Cachicamos S.A. y los ciudadanos María Carrizosa, de López, Cecilia Caballero de López, Alfonso López Michelsen y Juan Manuel López Caballero, a través de mandatario judicial, demandaron la nulidad de la Resolución 1005 del 30 de junio de 1999, expedida por la Superintendencia Bancaria de Colombia (hoy Superintendencia Financiera de Colombia), en la cual se dispuso la toma de posesión de los bienes y haberes de la Financiera Bermúdez y Valenzuela S.A. Compañía de Financiamiento Comercial, sociedad de la cual son accionistas.

Adicionalmente, solicitaron condenar a la demandada al pago de los perjuicios que estimaron en una suma superior a los cuarenta mil millones de pesos o a lo que resulte probado en el proceso, valores indexados y actualizados de conformidad con el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.

La subsección “B” de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 20 de febrero de 2003, negó las pretensiones de la demanda.

Esta sentencia fue notificada a las partes por edicto fijado el 27 de febrero y desfijado el 3 de marzo de 2003. Por lo tanto, el término para apelar venció el día 6 de marzo.

El apoderado de la parte actora, mediante escrito presentado el 11 de marzo de 2003, solicitó suspender la actuación posterior a la sentencia de primera instancia y en consecuencia restituir el término procesal para interponer el recurso de apelación contra la misma, con fundamento en el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil.

El abogado solicitante alegó que sufrió un estado depresivo agudo que lo incapacitó para el ejercicio de sus actividades, ocasionado por la enfermedad terminal de su padre, por lo que se encontraba en las condiciones descritas en el numeral 2º del artículo 168 del Código de Procedimiento Civil.

También solicitó se le notificara personalmente la sentencia, conforme a los artículos 173 del Código Contencioso Administrativo y 328 del Código de Procedimiento Civil, actuación que consideró obligatoria y que no puede suplirse con la notificación por edicto.

En escrito presentado ante el tribunal el 20 de marzo de 2003, el apoderado de la parte actora complementó su anterior solicitud, para que se decretara la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia.

Mediante auto del 15 de mayo de 2003, el tribunal decidió no ácere a la interrupción del proceso ni decretar la nulidad formulada.

Consideró que de acuerdo con la incapacidad médica aportada y el diagnóstico que allí se indica, la enfermedad padecida por el apoderado no reunía las condiciones para que se considere grave, pues esta debe tener la suficiente entidad para impedir su comparecencia al despacho judicial.

Para el a quo, el estrés severo padecido por el apoderado no lo imposibilitó para notificarse de la sentencia ya que el proceso permaneció en secretaría para la notificación personal hasta el 26 de febrero de 2003, siendo notificada por edicto fijado el 27 de febrero, desfijado el 3 de marzo y la alegada incapacidad solo se produjo a partir del 3 de marzo del mismo año.

Agregó que para la notificación personal de la sentencia, la ley no exige agotar ninguna diligencia, pues dispone que si tres días después de proferida no se notificó personalmente, se hará por edicto.

También estimó que ante la enfermedad de su padre, el apoderado debió hacer uso de mecanismos como la sustitución del poder o el aviso a sus poderdantes para la adecuada defensa de sus intereses.

La parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue rechazado por improcedente mediante auto del 5 de junio de 2003, por lo que propuso recurso de reposición, el cual, al no prosperar, dio paso al recurso de queja.

En auto del 25 de septiembre de 2003, la Sala decidió le fuera remitido el proceso para tramitar la apelación del auto del 15 de mayo de 2003.

La sección, luego de analizar las pruebas, concluyó que no era procedente la interrupción del proceso y su consecuente nulidad por no estar demostrada la enfermedad grave del apoderado como lo exige el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil y además, por haber sido invocada en forma extemporánea, por lo que mediante auto del 27 de mayo de 2004 confirmó el auto apelado.

Contra la anterior decisión, la parte demandante formuló acción de tutela, aduciendo la violación de sus derechos fundamentales al debido proceso, “non reformatio in peius” y acceso a la administración de justicia. La tutela se tramitó en primera instancia ante la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, quien en sentencia del 19 de noviembre de 2004 la rechazó por improcedente; providencia confirmada mediante sentencia del 24 de febrero de 2005 de la Sección Primera de esta misma corporación.

La tutela fue escogida para revisión por la Corte Constitucional mediante auto del 6 de mayo de 2005 (Proceso T-1.098.253).

La Sala Octava de Revisión compuesta por los magistrados Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández y Jaime Araújo Rentería (Sent. T-824, ago. 11/2005) resolvió:

“Primero. REVOCAR las sentencias proferidas por las secciones Quinta y Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, el 19 de noviembre de 2004 y el 24 de febrero de 2005, dentro de la acción de tutela instaurada por Inversiones Agroindustriales Cachicamos S.A., María Carrizosa de López, Alfonso López Michelsen y Juan Manuel López Caballero contra la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, y en su lugar conceder el amparo invocado al derecho a acceder a la justicia, al debido proceso y a la igualdad.

Segundo. DECLARAR SIN EFECTO la providencia adoptada el 27 de mayo de 2004, por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, para resolver el recurso de apelación interpuesto por los actores, por intermedio de apoderado, contra el auto proferido el 15 de mayo de 2003, proferido por la subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por los antes nombrados contra La Nación Superintendencia Bancaria y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En consecuencia disponer que la —Sala accionada resuelva la apelación nuevamente, esta vez con sujeción a los mandatos constitucionales que imponen la prevalencia del derecho sustancial sobre la forma, reconocen el derecho de toda persona a su intimidad y a la libre determinación y hacen inviolable el sigilo profesional —artículos 228, 229, 230, 15, 16 y 74 C.P.—”.

La magistrada ponente del auto del 27 de mayo de 2004, solicitó a la Corte Constitucional declarar la nulidad de la sentencia referida, petición coadyuvada por la Superintendencia Bancaria; empero, esa corporación la negó mediante auto A-139 del 3 de mayo de 2006.

En escrito recibido el 27 de junio de 2006, el apoderado de la parte actora solicita “se me notifique personalmente la providencia por la cual esa Honorable Sala resuelva la apelación elevada por el suscrito contra el auto del 15 de mayo de 2003, proferido por la subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dando así cumplimiento a la Sentencia T-824 de 2005 pronunciada por la Sala Octava de Revisión del máximo Tribunal Constitucional y refrendada en Auto A139/06 de la Sala Plena de la Corte Constitucional”.

Procede la Sala a decidir la anterior petición, a la luz de los mandatos contenidos en la Carta Política y particularmente del principio de la cosa juzgada para precisar si tiene validez y si continúa intacta la decisión revocada por la Corte Constitucional, previas las siguientes.

Consideraciones de la sección

La Sala reitera que no existe tutela contra providencias judiciales, conforme a la interpretación sistemática de los mandatos constitucionales y confiriendo eficacia a la cosa juzgada en aras de la seguridad jurídica tanto material como formal, tal como lo ha aceptado la Sala Plena del Consejo de Estado (1) , así como las secciones que tienen a su cargo la competencia para conocer de las acciones de tutela (2) .

Esta conclusión ha sido producto de profundas reflexiones y análisis sobre el origen de la tutela en la Asamblea Nacional Constituyente, atendiendo a las providencias de control de constitucionalidad expedidas en su momento por la Corte Constitucional y consultando las características y finalidad de la acción de tutela.

Retoma esta Sala los argumentos pertinentes expuestos unánimemente por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado (1)(sic) , por resultar válidos para toda providencia judicial:

“El Consejo de Estado destaca el carácter inmodificable, inimpugnable y definitivo de la sentencia dictada ... , y así lo declarará en la parte resolutiva de esta providencia por las siguientes razones:

(...) la acción de tutela no se puede asumir como un sistema judicial paralelo al que consagra el ordenamiento jurídico, ni como un medio judicial capaz de sustituir los procedimientos y las competencias ordinarias o especiales, y defendió la autonomía especialidad y competencia funcional que reconoce la propia Constitución Política a las distintas jurisdicciones, según la cual, “... no es posible al juez, bajo el pretexto de actuar en ejercicio de la jurisdicción Constitucional, penetrar en el ámbito que la propia Carta ha reservado a jurisdicciones como la ordinaria o la contencioso administrativa a fin de resolver puntos de derecho que están o estuvieron al cuidado de estas” (2)(sic) . Por ello, se efectuó la valoración probatoria de los documentos que la sentencia de tutela solicitó evaluar.

No obstante, la Corte Constitucional, usurpando el papel del juez de conocimiento en última instancia, y desconociendo por vía de jurisprudencia, —contenida en un comunicado de prensa—, las funciones que el ordenamiento jurídico asigna al Consejo de Estado, pretendía que la valoración de una prueba, a la que de forma errónea considera prueba reina, concluyera en las consecuencias favorables que la demandante reclama.

(...).

3. Conforme al artículo 121 de la Constitución Política: “ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas a las que le atribuyen la Constitución y la ley”, de lo cual se deduce que si algún juez, —y la Corte Constitucional lo es—, asume competencias ajenas, desborda el principio de legalidad y debe ser investigado por tal actuación.

En el ilegal auto, la Corte Constitucional desbordó su función de intérprete autorizado de las normas jurídicas, para llegar al extremo de indicarle al juez natural la forma como debe valorar una prueba. Con desconocimiento de la razón de ser de los órganos de cierre de las otras jurisdicciones y con grave quebrantamiento del principio de la autonomía del juez en la valoración de la prueba en conjunto con la comunidad probatoria del proceso.

Pero además la Corte Constitucional distorsionando la función de ser el guardián de la Carta, termina desconociendo su contenido y, por el contrario, arrogándose la facultad para violarla, puesto que se atribuye funciones que no le están dadas ni por la Constitución ni por la ley. Ello afecta sin duda alguna un aspecto esencial del Estado de derecho, el atinente a la división de las funciones que cumplen los órganos que integran una rama del poder público, y lesiona gravemente la integridad de las instituciones, introduciendo con ello la dictadura de un órgano del poder público que considera que no tiene límites, ni siquiera en la Constitución que dice salvaguardar.

Ante tan grave situación, es deber del Consejo de Estado reivindicar la vigencia del artículo 4º de la Constitución Política que establece que la Carta es la norma de normas y que es deber de todos los ciudadanos, incluso los miembros de la Corte Constitucional, acatar sus disposiciones”.

Por todo lo anterior y toda vez que en el presente asunto la actora pretende se dé cumplimiento a la Sentencia T-824 del 11 de agosto de 2005 de la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional, la Sección reitera que esta providencia carece de validez porque se produjo en contravía de los mandatos de la Carta Política, sin competencia constitucional alguna, suplantando al Consejo de Estado en el ejercicio de su función como máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con desconocimiento de la cosa juzgada constitucional y sin que se hubiera visto el expediente del proceso ordinario violando el principio de inmediación de la prueba. Por tanto, no produce efecto alguno sobre el auto del 27 de mayo de 2004 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

Por ello, reiterando la jurisprudencia acogida en Sala Plena (3) , la Sala se abstiene de resolver nuevamente la apelación interpuesta por la actora contra el auto del 15 de mayo de 2003 y declara que el auto del 27 de mayo de 2004 sigue incólume e hizo tránsito a cosa juzgada material, razón por la cual es inmodificable, impugnable y definitivo y sus efectos no pueden suprimirse mediante actuación posterior o tutela.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

RESUELVE:

1. DECLÁRASE que la Sentencia T-824 del 11 de agosto de 2005 de la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional se produjo en contravía de los mandatos de la Carta Política, sin competencia constitucional alguna, suplantando al Consejo de Estado en el ejercicio de su función como máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, con desconocimiento de la cosa juzgada constitucional y sin que se hubiera visto el expediente del proceso ordinario violando el principio de inmediación de la prueba. Por tanto, no produce efecto alguno sobre el auto del 27 de mayo de 2004 de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.

2. DECLÁRASE que el referido auto del 27 de mayo de 2004 sigue incólume e hizo tránsito a cosa juzgada material.

3. COMUNÍQUESE de manera inmediata lo resuelto a la entidad demandada, Superintendencia Bancaria de Colombia (hoy Superintendencia Financiera de Colombia).

Ejecutoriado este auto, DEVUÉLVASE el expediente al Archivo Central de los Tribunales de Bogotá y Cundinamarca (paquete 1095).

Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

Héctor J. Romero Díaz—Ligia López Díaz—María Inés Ortiz Barbosa, aclaró voto—Juan Ángel Palacio Hincapié.

(1) Plasmada entre otras en las providencias 13-03194 del 13 de junio de 2006, M.P. Ligia López Díaz y 4361-02 del 20 de septiembre de 2006, M.P. Ana Margarita Olaya Forero.

(2) Véanse entre otras las siguientes sentencias: Sección Primera, sentencia del 2 de febrero de 2006, exp. 2005-01393, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta; Sección Segunda, subsección B, sentencia del 9 de febrero de 2006, exp. 2005-01436, M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado; Sección Cuarta, sentencia del 6 de febrero de 2006, exp. 2005-01446, M.P. María Inés Ortiz Barbosa; Sección Quinta, sentencia del 2 de febrero de 2006, exp. 2006-0006, M.P. María Nohemí Hernández Pinzón.

(1) Auto 4361-02 del 20 de septiembre de 2006, M.P. Ana Margarita Olaya Forero.

(2) C-453 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(3) Providencias IJ-03194 del 13 de junio de 2006, M.P. Ligia López Díaz y 4361-02 del 20 de septiembre de 2006, M.P. Ana Margarita Olaya Forero.

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