Auto 14356 de junio 30 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

•SALA DE CASACIÓN PENAL

RECURSO DE CASACIÓN EXCEPCIONAL

TÉRMINO PARA INTERPONERLO Y SUSTENTARLO

EXTRACTOS: «El punto que discute el recurrente está referido al término dispuesto para la sustentación del recurso de casación excepcional. A su juicio la ley no lo establece y su planteamiento es que dicho plazo se extiende hasta el momento anterior a aquel en el que el expediente ingresa al despacho del magistrado ponente para resolver sobre su concesión, lo que de admitirse haría viable la consideración del escrito adicional de sustentación (presentado ante la secretaría de la Sala) por parte de la Corte, que naturalmente es la pretensión última de la defensa.

Por regla general los términos procesales se encuentran establecidos en la ley. En ocasiones, cuando su duración no está expresamente prevista, es deducible a través de operaciones lógicas sencillas. Y cuando definitivamente el legislador ha olvidado establecer uno, el funcionario judicial se encuentra autorizado para señalarlo, nunca por encima de 5 días, de acuerdo a como lo dispone el artículo 174 del Código de Procedimiento Penal. Si en realidad existiera la “laguna normativa” predicada por el recurrente, vale decir que la ley no establece el término para sustentar la solicitud de casación excepcional, tal sería la regla aplicable para solucionar el caso y no la curiosa interpretación que intenta para lograr que su escrito complementario sea tomado en consideración.

El recurso de casación (ordinaria y excepcional) podrá interponerse “dentro de los quince días siguientes a la última notificación de la sentencia de segunda instancia”, prescribirse el artículo 223 del Código de Procedimiento Penal. Pero según se trate de una u otra modalidad de impugnación el trámite a seguir es diferente. Frente a la casación ordinaria basta la simple interposición del recurso dentro del lapso señalado y por escrito, para que el tribunal respectivo, una vez vencido el término para recurrir, decida si lo concede o no. Si lo hace ordena el traslado de 30 días para presentar la demanda a cada uno de los impugnantes, luego por 15 días comunes a los no recurrentes y al siguiente día, a condición de que se haya aportado el libelo, remite el proceso a la Corte donde se determina si la demanda cumple o no con las formalidades legales, declarándola ajustaba en el primer caso y rechazándola de plano en el segundo.

Técnicamente, como se ve, para la concesión de la casación ordinaria no se requiere de sustentación. Basta decirle al tribunal que se interpone, inclusive escribiéndolo a mano el sujeto procesal en el acto de notificación personal de la sentencia.

Lo que sigue es un trámite particular del recurso de casación, claramente regulado, con etapas y términos precisos dentro de los cuales los recurrentes cuentan con la oportunidad para presentar la demanda, los no recurrentes con la suya para alegar y el tribunal con el deber de remitir el expediente a la Corte cuando el libelo ha sido aportado oportunamente o con la facultad de declarar desierto el recurso en caso contrario o cuando simplemente la demanda no haya sido presentada. Es la misma tramitación que tiene lugar cuando la Corte ha concedido el recurso de casación excepcional. En este caso, una vez la Sala acepta el recurso devuelve el expediente al tribunal o al juzgado y allí se surte idéntico procedimiento (CPP, arts. 223 y 224).

Dicha identidad del trámite entre el recurso de casación ordinaria y la excepcional es naturalmente a partir de que el recurso sea concedido. Pero antes sucede una enorme diferencia. La casación ordinaria la concede el tribunal y la extraordinaria la Corte. En el primer caso, basta con haberla interpuesto por escrito dentro de los 15 días siguientes a la última notificación de la sentencia; en el segundo, es necesario haberlo interpuesto y sustentado dentro del mismo término. Y la razón de esto último es supremamente sencilla. Cuando la ley no fija un término especial para la sustentación de un recurso, debe entenderse que la oportunidad procesal para hacerlo corresponde al término de ejecutoria de la providencia judicial. Esto sucede con el recurso de reposición, cuya interposición y sustentación debe hacerse hasta cuando venza el término para recurrir. Y también con el recurso de casación excepcional. Acontece distinto, sin embargo, con el recurso ordinario de apelación cuando se interpone como único. En este caso el legislador decidió autorizar su sustentación dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del término para recurrir, tal como lo dispone el artículo 196A del Código de Procedimiento Penal.

Se reitera, entonces, que cuando el deber de sustentación del recurso no se haya sometido a un término especial que supere el de vencimiento del plazo para recurrir, tal carga debe cumplirla el sujeto procesal dentro del término de ejecutoria del pronunciamiento judicial. El recurso de casación excepcional, entonces, debe ser interpuesto y sustentado dentro del término de ejecutoria de la sentencia, vale decir dentro de los quince días siguientes a la última notificación, como repetidamente lo ha sostenido la Sala. En lógica la conclusión y resulta por lo tanto inaceptable el planteamiento de la defensa encaminado a persuadir a la Corte de que tal acto de parte puede cumplirse hasta antes de que el expediente ingrese al despacho del magistrado sustanciador para la adopción de la determinación pertinente.

Definido el punto, es claro —como se dijo en la providencia recurrida— que el escrito complementario que la defensa aportó cuando ya había transcurrido el término legal para impugnar la sentencia de segunda instancia, fue extemporáneo y por lo mismo no podía ser considerado. Simplemente porque la oportunidad de fundamentación había precluido y porque en tales circunstancias su admisión significaba la violación del principio de eventualidad, que sin ninguna duda hace parte integral del debido proceso.

La invocación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre el adjetivo realizado por el recurrente, está fuera de lugar en el caso examinado. Si, como ya se concluyó, no válido ni sustentar ni complementar el escrito impugnatorio por fuera del término de ejecutoria de la sentencia, admitir fundamentos aportados con posterioridad constituiría un atentado contra el principio de preclusividad, el cual, en cuanto garantía de que las etapas del proceso se surten ordenadamente y la oportunidad de los actos de los sujetos procesales es condición para su validez, se constituye en una regla rectora del proceso que hace parte de las formalidades propias del juicio. No se trata, entonces, de la simple sujeción a una forma vacía e intrascendental, sino del respeto a unas reglas del juego previamente acordadas y conocidas por los intervinientes en el proceso, con apego a las cuales deben desplegar todas sus actividades como condición de validez de las mismas y cuyo desapego genera unas consecuencias que deben ser asumidas».

(Auto de junio 30 de 1998. Radicación 14.356. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar).

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