Auto 14368 de agosto 3 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

EMBARGO DE RECURSOS DE LA NACIÓN

POR CRÉDITOS QUE CONSTAN EN SENTENCIAS JUDICIALES

EXTRACTOS: «Como se reseñó en los hechos de esta demanda, el actor solicitó al tribunal se decretara la medida cautelar de embargo y la de secuestro sobre los siguientes bienes:

“(...) los dineros que hasta por la cantidad de quinientos millones de pesos ($ 500.000.000) tenga depositados el Ministerio de Transporte en la cuenta corriente 026114678 denominada “transferencias para pago de sentencias”, en el Banco Cafetero “Bancafé” (Suc. CAN)” (fl. 51).

El tribunal, al pronunciarse al respecto, consideró que estas medidas no eran procedentes contra la Nación.

Esta Sala encuentra errada la posición del a quo y decretará las medidas cautelares solicitadas, con fundamento en los siguientes argumentos:

La Corte Constitucional, en sentencia C-354 de agosto 4 de 1997, al estudiar la constitucionalidad del artículo 19 del Decreto 111, que incorporó materialmente el artículo 6º de la Ley 179 de 1994, se pronunció sobre el tema de la inembargabilidad de la Nación en los siguientes términos:

“(...) si bien la regla general es la inembargabilidad, ella sufre excepciones cuando se trate de sentencias judiciales, con miras a garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos reconocidos a las personas en dichas sentencias (...).

Podría pensarse que sólo los créditos cuyo título es una sentencia pueden ser pagados como lo indica la norma acusada, no así los demás títulos que constan en actos administrativos o que se originan en las operaciones contractuales de la administración. Sin embargo ello no es así, porque no existe justificación objetiva y razonable para que únicamente se puedan satisfacer los títulos que constan en una sentencia y no los demás que provienen del Estado deudor y que configuran una obligación clara expresa y actualmente exigible. Tanto valor tiene el crédito que se reconoce en una sentencia como el que crea el propio Estado a través de los modos o formas de actuación administrativa que regula la ley.

Por lo tanto, es ineludible concluir que el procedimiento que debe seguirse para el pago de los créditos que constan en sentencias judiciales, es el mismo que debe adoptarse para el pago de los demás créditos a cargo de Estado, pues si ello no fuera así, se llegaría al absurdo de que para poder hacer efectivo un crédito que consta en un título válido emanado del propio Estado es necesario tramitar un proceso de conocimiento para que a través de una sentencia se declare la existencia de un crédito que, evidentemente, ya existe, con el pernicioso efecto del recargo innecesario de trabajo en la administración de justicia.

En conclusión, la Corte estima que los créditos a cargo del Estado, bien sea que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto –en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos– y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos:

Sin embargo, debe advertir la Corte que cuando se trate de títulos que consten en un acto administrativo, éstos necesariamente deben contener una obligación clara, expresa y actualmente exigible que emane del mismo título, como se desprende de la aludida sentencia C-103 (de 1994) y que en el evento de que se produzca un acto administrativo en forma manifiestamente fraudulenta, es posible su revocación por la administración, como se expresó en la sentencia T- 639/96”.

A tono con lo dicho por la Corte Constitucional, la Sala encuentra que no puede negarse el decreto de embargo y secuestro sobre la base errada de que la Nación no puede ser ejecutada, pues el caso concreto es precisamente un ejemplo de lo que anotó la providencia constitucional citada: se trata de un crédito que consta en una sentencia judicial y en cuya ejecución se solicita el embargo de una cuenta de la Nación, es decir de recursos del presupuesto.

Por lo anterior, se decretarán las medidas cautelares sobre los dineros existentes en la cuenta mencionada en la solicitud, pero no por el monto solicitado por el actor, pues el Código de Procedimiento Civil, en su artículo 513, limita el valor de los embargos a lo necesario, de manera que tal valor no puede exceder del doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas, prudencialmente calculados.

Para ese efecto y en tanto el mandamiento de pago se libró en UPAC, únicamente para instrumentar la estimación del valor del embargo, y sin que ello constituya la liquidación misma del crédito —aspecto éste que no es materia del recurso sino de competencia del a quo—, la Sala tendrá en cuenta el doble del valor en pesos de los 11.708,9170 UPAC para el 22 de abril de 1998 (que fue la fecha en la cual el actor solicitó las medidas), y el interés corriente bancario certificado por la Superintendencia Bancaria para ese mismo mes (36.28%), más un margen prudencial de costas procesales. De esa manera, el monto del embargo será de $ 400.000.000 (cuatrocientos millones de pesos)».

(Auto de agosto 3 de 2000. Expediente 14.368. Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez).

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