Auto 14400 de julio 22 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

•SALA DE CASACIÓN PENAL

CONFLICTOS DE COMPETENCIA

RESUELVE EL SUPERIOR COMÚN A LOS FUNCIONARIOS ENFRENTADOS

EXTRACTOS:«Naturaleza de la controversia planteada. Se trata en este caso de un conflicto negativo de competencias territoriales, suscitado entre dos juzgados promiscuos municipales que, perteneciendo al mismo distrito judicial, se hallan radicados en distinto circuito.

En efecto, de conformidad con el Acuerdo 087 expedido el nueve de mayo de mil novecientos noventa y seis por la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, “por medio del cual se fija la división del territorio nacional para efectos judiciales en la jurisdicción ordinaria y se dictan otras disposiciones”, se tiene que el juzgado promiscuo municipal, de Vianí está adscrito al circuito judicial de Facatativá, el juzgado promiscuo municipal de Guaduas, a su turno, pertenece al circuito del mismo nombre, pero ambos bajo la jurisdicción del Distrito Judicial de Cundinamarca (art. 1º, ord. 10 y ss. ejusdem).

El artículo 72-3 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el 10 de la Ley 81 de 1993, establece que corresponde a los jueces del circuito conocer “de las colisiones de competencia que se susciten entre los jueces penales municipales o promiscuos municipales del mismo circuito” (se subraya), coligiéndose, entonces, que en este punto asiste razón a la titular del juzgado primero penal del circuito de Facatativá al declarar no tener competencia para dirimir el conflicto sometido a su consideración por cuanto, como ya fue expuesto, se trata de juzgados radicados en distintos circuitos judiciales.

También es cierto, como se desprende del contenido de la providencia proferida por el juzgado penal del circuito de Facatativá, que en el ordenamiento vigente no existe norma especifica que atribuya competencia a determinada autoridad judicial para resolver los conflictos de competencia de la naturaleza de que se ocupa este pronunciamiento, pues los artículos 68-5, y 70-5 del Código de Procedimiento Penal que regulan la materia no se refieren a este caso particular y concreto.

De él tampoco se ocupan los artículos 18 y 114-3 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, como del mismo modo acontece con el artículo 69 del CPP, al establecer la competencia del Tribunal Nacional, omitiendo referirse a las colisiones de competencia que se presenten entre los juzgados regionales.

Pero ello en manera alguna indica que el caso en estudio carezca de solución, o que no exista autoridad jurisdiccional encargada de resolverlo, para suponer que compete a la Corte pronunciarse al respecto como lo da a entender el juzgado penal del circuito de Facatativá al disponer el envío del diligenciamiento a esta corporación, toda vez que la competencia residual de que trata el artículo 17-3 de la ley estatutaria de la administración de justicia, asigna a la corporación la función de dirimir los conflictos de la materia que se presenten en la jurisdicción ordinaria “que no correspondan a alguna de sus salas o a otra autoridad judicial” pues no es precisamente éste el caso presente.

La controversia al respecto resulta planteada con ocasión de la defectuosa técnica legislativa en torno al tema, debido a la supuesta necesidad de comprender casuísticamente todas las eventualidades que al respecto pudieren presentarse, lo cual determinó que quedaran por fuera de regulación normativa aquellas que no por ser de poca ocurrencia, ameritan excluirlas del tratamiento legal.

Recuérdese que el artículo 69 del Decreto 409 de 1971, en desarrollo del principio general que orienta los conflictos de competencia, según el cual, deben resolverse por el superior funcional común a los funcionarios enfrentados, estableció que una vez propuesta la colisión, si el juez o magistrado destinatario de la misma no la acepta, “dará cuenta al juez o tribunal inmediatamente superior” para que la decida, regulación que se mantuvo en el artículo 97 del Decreto 050 de 1987.

Este principio, si bien no ha sido desconocido por el posterior ordenamiento procesal que ahora rige, no fue afortunado en su desarrollo toda vez que en lugar de referirse a él como precepto orientador, infructuosamente se acudió al expediente de tratar de comprender expresamente todas las posibilidades de controversia judicial.

Téngase en cuenta, al respecto, que al establecer la competencia funcional de la Corte Suprema, el artículo 68-5 señaló que le corresponde conocer “de los conflictos de competencia que se susciten en asuntos de la jurisdicción penal ordinaria entre tribunales o juzgados de dos o más distritos judiciales; entre un tribunal y un juzgado de otro distrito judicial; entre tribunales, o entre un juzgado regional y cualquier juez penal de la República”. Y, al señalar los asuntos de competencia de los tribunales superiores, omitió considerar el punto de los conflictos de que podían presentarse entre los juzgados penales del circuito con los juzgados penales municipales radicados en un circuito distinto, o entre juzgados municipales de diversos circuitos, pero todos dentro del mismo Distrito Judicial, pues se partió de establecer que las colisiones solamente habrían de suscitarse “entre jueces del circuito del mismo distrito”.

Esta misma omisión se presentó en el tema de la competencia del Tribunal Nacional, ya que al señalar el artículo 69 los asuntos de que conoce esa corporación, no incluyó los conflictos que podrían ofrecerse entre juzgados regionales.

Sin embargo, al planteársele a la Corte la solución de un conflicto de competencias presentado entre dos juzgados regionales, se pronunció de la manera siguiente, acudiendo precisamente al principio general de que se ha venido hablando:

“... es manifiesto el vacío legislativo del cual adolece el nuevo estatuto procesal, puesto que no atribuyó expresamente la solución de los conflictos de competencia que pueden surgir entre juzgados regionales, ni al Tribunal Nacional, ni a la Corte Suprema de Justicia.

La falencia procedimental obedece a que en el momento de crearse la jurisdicción de orden público, no se establecieron normas específicas que regularan los conflictos de competencia, sino que la normatividad especial hizo remisión, para tales efectos, a las disposiciones procesales comunes. En consecuencia, nunca ha existido una disposición que atribuya expresamente al Tribunal Nacional (tribunal de orden público) la solución de las colisiones de competencia de los despachos que le están subordinados.

No obstante, lo anterior no implica que no exista una autoridad a la cual le corresponda resolver un enfrentamiento judicial como el que se ha planteado en este caso. Y para determinarla, basta recordar el orden jerárquico y la especialidad de las llamadas jurisdicciones, para concluir, como ocurre con cualquier asunto que deba resolverse en segunda instancia, que el Tribunal Nacional es la autoridad judicial jerárquicamente superior, común a los juzgados regionales trabados en conflicto. Por lo tanto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se abstendrá de decidir este incidente, y en su lugar remitirá la actuación al citado tribunal, para que proceda de conformidad” (Auto, feb. 15/93. M.P. Saavedra Rojas).

Este mismo principio, fue considerado por la Corte al resolver una controversia suscitada entre un juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad de Santafé de Bogotá, y un juzgado penal del circuito de Gachetá (Cundinamarca), al precisar que no por carecer de solución legal expresa, ello significaba que no quedara cubierta por el ordenamiento vigente o hubiera ausencia de autoridad encargada de resolverla (Cfr. Auto mar. 26/96. M.P. Arboleda Ripoll).

2. La solución que el caso concreto amerita. No empece el vacío legislativo que se advierte en realidad existe, es un despropósito sostener la ausencia de una autoridad jurisdiccional llamada a resolver el conflicto presentado, y que en tal medida corresponda hacerlo a esta corporación, como erradamente lo estima el juzgado penal del circuito de Facatativá. En primer lugar, por cuanto, tal como está configurada la estructura del aparato jurisdiccional, hay una autoridad funcional y jerárquicamente superior a los dos jueces enfrentados, que por razón de la naturaleza del asunto y la especialidad de sus funciones, es la llamada a pronunciarse; y, en segundo término, por que esa misma razón excluye la posibilidad de acudir al precepto que, sobre competencia residual asignada a la Corte, contiene el artículo 17 de la ley estatutaria de la administración de justicia.

Si se parte de reconocer vigente el principio general que orienta la materia, el cual indica que los conflictos de competencias deben ser resueltos por el superior común a los funcionarios enfrentados, y tratándose, en este caso, de una controversia sobre el territorio donde fue cometido el ilícito —el cual determina la competencia—, suscitada entre dos juzgados promiscuos municipales de distinto circuito judicial, pero pertenecientes al Distrito Judicial de Cundinamarca, ha de necesariamente concluirse que es este tribunal, por ser la autoridad funcional y jerárquicamente superior a los dos funcionarios trabados en conflicto, al que compete dirimirlo. En esa medida, la Sala se abstendrá de pronunciarse y, en su lugar, remitirá el diligenciamiento a dicha corporación para que proceda en consecuencia».

(Auto de julio 22 de 1998. Radicación 14.400. Magistrado Ponente: Dr. Fernando E. Arboleda Ripoll).

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