SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

EL ESTADO DEBE TENER MOTIVOS RAZONABLES PARA FORMULARLO

EXTRACTOS: «El artículo 72 de la Ley 270 consagra la acción de repetición en contra de los funcionarios y empleados de la rama, en favor del Estado, para que éste pueda obtener el reembolso que le corresponda, cuando haya tenido que resarcir perjuicios particulares por conductas “dolosas o gravemente culposas” de tales agentes. La norma, sin embargo, aclara: “Lo anterior no obsta para que en el proceso de responsabilidad contra la entidad estatal, el funcionario o el empleado judicial pueda ser llamado en garantía”.

Por tanto, ninguna duda cabe sobre la posibilidad de que mediante la figura del llamamiento en garantía, el Estado, de una vez, esto es en el mismo proceso que contra él se sigue, haga valer el derecho a repetir en contra de su agente o ex agente. Para este efecto, debe formular el llamamiento en garantía dentro del plazo señalado en el artículo 217 del CCA.

Ahora bien, la Sala considera que el Estado debe hacer uso serio y razonable del derecho a llamar en garantía, sin abusar, menos “burocratizar” el mecanismo, hasta el punto de formular un llamamiento, cada vez que contesta cualquier demanda donde se ventilan hechos o actos dañosos a cargo de servidores públicos. Si el Estado formulara sin razón ni medida, tantos llamamientos como procesos se le entablaran, desestimularía el ejercicio eficiente de la actuación administrativa o judicial, a la vez que colocaría en situación de eventuales “demandados” a todos y cada uno de sus servidores.

El uso serio y responsable del derecho a llamar en garantía, implica la realización efectiva de una valoración de los hechos de la demanda, de donde surjan conductas con visos de haber sido dolosas o gravemente culposas. Sólo así, la administración o el Estado, podrá adquirir legitimación para formular el llamamiento en garantía.

Además, a efecto de garantizar el derecho de defensa, el Estado tiene la carga procesal de proponer en el escrito respectivo, los hechos, en concreto, constitutivos de una supuesta conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario que llama en garantía.

Tal comportamiento procesal no constituye ninguna “temeridad” como lo estima la apoderada de la Nación - Rama Judicial, cuando dice que llama a la fiscal N..., pero que no se “atreve” a calificar su conducta como dolosa o gravemente culposa en el proceso penal que se siguió al actor, por cuanto para esto, dice, está el procedimiento ante “esa jurisdicción”. Tal apreciación no se comparte, porque si el Estado no tiene ninguna prueba, ninguna “sospecha” de que su agente actuó con dolo o culpa grave, no debe llamarlo en garantía, pues carece de interés para el efecto. Ese comportamiento no es serio ni razonable, ni justo sería que se someta al funcionario a toda la carga económica y sicológica que tiene un proceso judicial, si de entrada el Estado mismo dice que no tiene motivo para formular el llamamiento y que durante el trámite se descubrirá si hubo dolo o culpa grave en la conducta del servidor.

Pues bien, en el escrito de llamamiento, no se ofrece ningún hecho que insinúe siquiera que la conducta de la fiscal que conoció del proceso contra el actor, haya estado signada por el dolo o la culpa grave. La llamante se limita a informar que N..., fue la fiscal regional a cargo de la investigación del delito de rebelión contra S..., del que fue absuelto por el juez regional de orden público con sede en Santafé de Bogotá.

De otra parte, cabe anotar que los hechos de la demanda que pudieran servir de base para que quien la conteste, use racionalmente la facultad de llamar en garantía, tampoco indican, en este caso, alguna circunstancia especial que sirva para deducir, contra la llamada en garantía, conducta alguna que amerite su comparecencia al proceso (fl. 61).

Por eso, la jurisprudencia citada por la actora, conforme la cual esta Sala ha dicho que el sólo hecho de la demanda puede ser “prueba sumaria” suficiente para aceptar el llamamiento, es válida siempre que la “demanda” contenga hechos, situaciones o informaciones que indiquen un eventual comportamiento doloso o gravemente culposo a cargo del funcionario respectivo. (Ver sentencia de 28 de enero de 1994, Expediente 8901, Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández). Esto no sucede en el sub lite».

(Auto de julio 9 de 1998. Expediente 14.480. Consejero Ponente: Dr. Germán Rodríguez Villamizar).

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