Auto 14503 de marzo 9 de 2000 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref.: Exp.: 14503

Consejero Ponente:

Dr. Jesús María Carrillo Ballesteros

Actor: Cooperativa de asociaciones de municipio del Tolima Ltda.

Santafé de Bogotá, D.C., marzo 9 de 2000.

Demandado. Municipio del Guamo.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia proferida por el tribunal administrativo del Tolima el 7 de octubre de 1997, mediante la cual se declaró no probadas las excepciones propuestas y se ordenó llevar adelante la ejecución.

Antecedentes procesales

El 5 de junio de 1995, la firma ejecutante y el municipio del Guamo (Tolima) celebraron un contrato “interadministrativo” de compraventa, para la adquisición de una retroexcavadora Cargadora, marca Caterpillar nueva, modelo 416 BT. Con motor CAT 3054T 4 cilindros de 79 HP.

El precio del contrato fue por la suma de cincuenta y nueve millones novecientos sesenta y nueve mil setecientos pesos (59.969.700 m/cte.).

El 31 de septiembre de 1995, la cooperativa Coasopijaos Ltda. hizo entrega del bien objeto del contrato, de lo cual se dejó constancia en el acta de entrega y recibo suscrita por el almacenista del municipio ejecutado.

Por su parte, la entidad ejecutada efectuó un pago parcial por la suma de diez millones de pesos $ 10.000.000 y quedó un saldo insoluto por capital por la suma de cuarenta y nueve millones novecientos sesenta y nueve mil setecientos pesos ($ 49.969.700).

El 2 de septiembre de 1998, la cooperativa de asociaciones de municipio del Tolima Ltda., mediante apoderado judicial en ejercicio de la acción ejecutiva, solicitó librar mandamiento de pago en contra del municipio del Guamo (Tolima), por la suma de $ 49.969.700.

Notificada la entidad pública del mandamiento de pago se opuso a las pretensiones de la demanda y propuso las excepciones de “non adimpleti contractus” o contrato no cumplido y carencia del título ejecutivo.

En sentencia proferida por el tribunal administrativo del Tolima el 7 de octubre de 1997, se declaró no probadas las excepciones propuestas y ordenó seguir adelante con la ejecución.

Fundamentos del tribunal

El tribunal para adoptar la decisión impugnada reflexionó en estos términos:

“(...).

Sobre esta excepción y en particular sobre este hecho narrado cabe precisar en primer lugar que quien propone la excepción debe probar al fallador que ésta se configuró porque la carga le corresponde por mandato legal (CPC, arts. 174 y 177) por cuanto las afirmaciones o hechos fundamentales y las pruebas aportadas al proceso regular y oportunamente constituyen el único fundamento de la sentencia es decir las partes están gravadas con la carga de la afirmación y de la prueba, pues las decisiones judiciales se dictan secundumallegata et probata.

Pues bien, dice el excepcionante que no hay mora por parte del municipio, por cuanto el ejecutante no ha cumplido con respecto a la aprobación del empréstito para fijar las condiciones del pago y con ese dinero cancelar el valor del objeto contratado, para probar este hecho el ejecutado se quedó con el simple enunciado de la excepción por cuanto no aportó medio probatorio alguno. Armonizado esta apreciación con lo pactado en la cláusula tercera, tenemos que en este se estipuló lo siguiente:

“El municipio pagará el valor del presente contrato mediante un crédito que la cooperativa otorgará y cuyas condiciones están estipuladas en el contrato de empréstito que para tal efecto celebren las partes y que hará parte integral del presente contrato”.

Esta cláusula supeditaba el pago a una condición que el contratista debía cumplir como lo era el de otorgar un crédito al contratante para que con su producto cancelará el valor del contrato. En este asunto reitérase, el excepcionante no probó que hubiera estado presto a suscribir el contrato de empréstito con la presentación de la documentación necesaria para el mismo. Debiéndose tener como cierta la afirmación del contratista ejecutante insertada en el hecho cuando que dice...“El municipio del Guamo (Tolima) sin razón alguna de orden legal, no suscribió el respectivo contrato de empréstito de que trata la cláusula tercera del contrato de compraventa, configurándose enriquecimiento (sic) ilícito por parte de la alcaldía municipal del Guamo”, pues siendo una negociación indefinida corría con la carga probatoria de lo contrario al contratante-ejecutado.

Sobre el otro fundamento de la misma excepción, dice que el artículo 60 de la Ley 80 determina que en los contratos de tracto sucesivo cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo, serán objeto de liquidación común, de acuerdo con las partes contratantes o en su defecto, a más tardar dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización del contrato, lo que no acreditó la entidad ejecutante. Este argumento no tiene cabida en este contrato de compraventa porque no es de tracto sucesivo es de ejecución instantánea.

Respecto de la segunda excepción “nulidad e ineficacia del título por carecer de los requisitos esenciales”, sustenta ésta, refiriéndose a la factura cambiaria de compraventa aportada, que no reúne ciertos requisitos esenciales como son que no tiene nombre del título y la orden incondicional de pagar una suma de dinero. Recuérdase a la excepcionante que éste es un título valor autónomo y que allí está consignada la obligación incondicional”.

Fundamentos del recurso

El municipio del Guamo inconforme con la decisión del tribunal razonó de la siguiente manera:

“a) Falta de cumplimiento de las obligaciones determinadas en el contrato por parte de la entidad ejecutante, y

b) Inexistencia del título ejecutivo.

a) Respecto al primer punto se tiene que la entidad ejecutante pretende llevar adelante la ejecución con un contrato que está condicionado a otra obligación que nacería de la misma entidad, cual era el formalizar un contrato de empréstito a fin de que se cancelara el valor del objeto contratado.

No se probó y no ha probado la cooperativa, las razones que alega y a las cuales el tribunal le da entero crédito en el sentido de la no suscripción por parte del municipio del referido contrato, pues no existe la documentación pertinente que pueda probar que esta manifestación sea cierta.

De donde la argumentación formulada en la excepción 1ª de la contestación de la demanda tiene plena vigencia.

b) Inexistencia del título ejecutivo.

Tal y como lo he venido planteando, la ejecución que se pretende realizar tuvo como base en principio al contrato, y accesoriamente una factura cambiaria de compraventa. Dicho documento no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 774 del Código de Comercio y ahora bien, no se puede determinar que exista en él, ni en el contrato una obligación clara, expresa y actualmente exigible como lo define el Código Procesal Civil respecto de título ejecutivos, que las obligaciones pueden demandarse ejecutivamente si son expresas, claras y exigibles (art. 488).

Consideraciones de la Sala

La Sala no se ocupará del recurso de apelación interpuesto por la entidad ejecutada en contra de la sentencia proferida por el tribunal administrativo del Tolima, mediante la cual se declaró no probadas las excepciones propuestas y ordenó llevar adelante la ejecución, conforme se libró el mandamiento de pago por las razones que pasan a exponerse:

El tribunal administrativo del Tolima en auto de doce de septiembre de 1996, libró mandamiento de pago en contra del municipio del Guamo-Tolima, por considerar que los documentos base del recaudo ejecutivo reunían los requisitos señalados en el artículo 488 del Código de Procedimiento Civil es decir contenían una obligación clara, expresa y exigible.

En efecto, la parte ejecutante para la prosperidad de la pretensión anexó copia del contrato de compraventa celebrado entre las partes el 5 de junio de 1995, copia original de la factura cambiaria 1374 por valor de $ 59.969.700 en favor de la cooperativa Coasopijaos, acta de entrega al municipio de la maquinaria objeto del contrato y certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la tesorería del municipio.

Posteriormente, en sentencia proferida por el tribunal administrativo del Tolima el 7 de octubre de 1997, se declaró no probadas las excepciones propuestas y ordenó llevar adelante la ejecución.

Si bien, el artículo 75 de la Ley 80 de 1993 otorgó competencia a la jurisdicción contenciosa para conocer de los procesos de ejecución o cumplimiento derivados de los contratos estatales y así lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia de esta corporación, en el sentido de ser ésta la competente para conocer de los procesos ejecutivos, que tengan origen o fuente en un contrato estatal.

Para tal efecto ha aceptado que el título ejecutivo complejo base del recaudo ejecutivo esté conformado por el contrato estatal, los actos administrativos proferidos con ocasión de la actividad contractual o las actas de liquidación, entre otros. Aun si el título venía acompañado de un título-valor expedido con ocasión del contrato como instrumento de pago o para garantizar el cumplimiento de la obligación, se consideró que ésta era la jurisdicción competente para tramitar la ejecución.

Esta Sala en providencia de 7 de marzo de 1996. Proceso 11317, con ponencia del Consejero Carlos Betancur Jaramillo, en relación con los títulos presentados para el cobro ejecutivo integrados con el contrato estatal y un título valor sostuvo:

“Lo cierto es que, por voluntad de la ley, y por lo convenido por las partes en el contrato de empréstito celebrado el día 29 de junio de 1993, se suscribieron pagarés exigibles ante el incumplimiento del municipio deudor, y para el caso de la acción procedente no es posible deslindar esos títulos valores del contrato aludido, para pasar su ejecución a otra jurisdicción, máxime cuando no aparece demostrado, en forma alguna que la suscripción de esos pagarés se hizo con la intención de extinguir la relación contractual que dio origen a su emisión. En otras palabras, la vinculación entre los títulos valores que prestan mérito ejecutivo y el empréstito aparece bien evidenciada”.

En esta oportunidad la sala revisará lo dicho en esa ocasión y sobre el particular hará las siguientes reflexiones:

El artículo 619 del Código de Comercio define a los títulos valores como documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en el título se incorpora.

En cuanto a su naturaleza jurídica la doctrina ha señalado:

a) Es un negocio jurídico que surge de la declaración de voluntad por una parte, produciendo efectos jurídicos en el sentido de dar nacimiento a una prestación que es de dar. Sin embargo, el título es independiente de la voluntad del declarante;

b) Es un documento privado representativo de un derecho, tanto que el título valor se convierte en el derecho mismo. Es también constitutivo y dispositivo de un derecho;

c) Es auténtico, es decir que existe certeza sobre la persona que lo ha firmado o elaborado. Una vez ejercitada la acción no necesita reconocimiento de firmas;

d) La literalidad. Esta característica delimita el contenido, la extensión y la modalidad del derecho que se incorpora en el título valor. Es decir de la expresión, literal se deriva el alcance del derecho y de la obligación consignada, de tal manera que las partes originarias o futuras que intervengan en la relación cambiaria saben a qué atenerse. La literalidad les da certeza y seguridad en sus transacciones;

e) La autonomía. Significa que la posición jurídica de las partes y los derechos que se transfieren en la serie de relaciones cambiarias, por el proceso de circulación de un título valor son independientes entre sí. El tenedor del título valor, puede dirigir la acción cambiaria no solamente contra el que creó el título, o sea el girador o librador, sino contra cualquiera de los endosantes;

f) Legitimación. Es la facultad que tienen el titular del derecho incorporado al documento para ejercerlo, es decir, transferirlo a título oneroso, o a título gratuito o simplemente darlo en garantía de otra obligación. La legitimación depende de la ley de circulación, y

g) La legalidad. Para que un documento produzca efectos como título valor se hace indispensable que contenga las formalidades indicadas por la misma ley y cumpla con los requisitos que ella exige excepto que los presuma.

En estas condiciones se observa que los títulos-valores son suficientes por sí mismos, generan obligaciones propias, autónomas e independientes del negocio jurídico subyacente y tienen vida propia, sin necesidad de requisitos adicionales para su existencia y validez. En consecuencia la satisfacción de la prestación que contienen debe ejecutarse autónomamente ante el juez competente. En cuyo caso le correspondería a la justicia ordinaria, de acuerdo con las reglas generales y especiales de competencia avocar el conocimiento.

Es necesario replantear la posición asumida por la sala, pues de lo contrario se desnaturaliza la existencia, validez y eficacia de los títulos valores, para que en adelante, los procesos ejecutivos derivados de estos títulos, que tengan origen en un contrato estatal sea el juez de la jurisdicción ordinaria el que tramite la ejecución.

Sobre el particular, recientemente esta sala se pronunció en relación con los títulos valores así:

“Visto lo anterior, la sala reitera su posición en el sentido de afirmar que el asunto sub examine no corresponde a esta jurisdicción sino a la justicia ordinaria, como en otras oportunidades lo ha expresado, puesto que lo que persigue la sociedad demandante es el cobro compulsivo de unas facturas cambiarias de compraventa que se presentan como título ejecutivo independiente y autónomo de alguna relación contractual establecida con la entidad pública demandada (1) .

(1) Cfr. Auto de febrero 19 de 1998, Expediente 13690.

“En efecto en el presente caso la pretensión no se funda en un título ejecutivo contractual simple o complejo, caso en el cual su conocimiento correspondería a esta jurisdicción al tenor del artículo 75 de la Ley 80 de 1993. Sino que el demandante aduce un título ejecutivo singular materializado en unos títulos valores de contenido crediticio (facturas cambiarias de compraventa) documentos necesarios para ejercer los derechos autónomos y literales que en ellos se incorporan al tenor del artículo 619 del Código de Comercio. En consecuencia, su cobro forzoso se realiza a través de la acción cambiaria prescrita en el artículo 782 del referido estatuto y ante los jueces civiles ordinarios en aplicación del artículo 16 numeral 1º del Código de Procedimiento Civil” (Auto ene. 27/2000. Exp. 16048. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez).

En el caso concreto como quedó expuesto se anexó entre otros copia del contrato de compraventa celebrado entre las partes el 5 de junio de 1995 y copia original de la factura cambiaria 1374 por valor de $ 59.969.700, en favor de la cooperativa Coasepijaos.

De acuerdo con el artículo 772 del estatuto comercial, la factura cambiaria de compraventa es un título valor que el vendedor podrá librar y entregar o remitir al comprador. No podrá librarse factura cambiaria que no corresponda a una venta efectiva de mercaderías entregadas real y materialmente al comprador. Así la factura cambiaria se emite como título valor de contenido crediticio que da lugar a la acción cambiaria y este título sólo podrá emitirse respecto de venta de mercaderías entregadas real y materialmente.

El documento aportado no sólo reúne los requisitos de la norma especial sino aquellos previstos en el artículo 621 del estatuto comercial, esto es, la mención del derecho que en el título se incorpora y la firma de quien lo crea. Si bien la entidad ejecutada advirtió que dicho documento carecía del nombre del título y la orden incondicional de pagar una suma de dinero; lo cierto es que revisada la factura 1374 reúne las exigencias para ser considerada título valor. En esto la doctrina ha señalado que la factura cambiaria puede sustituir a la factura comercial corriente siempre que contenga los requisitos del artículo 774 del Código de Comercio como ocurrió e el sub lite.

En este caso, en el cuerpo del título se consignó que “se asimilaba en sus efectos a la letra de cambio (C. Co., art. 774)”, se consignó el número de orden del título, el nombre y domicilio del comprador, se identificó por sus características a la maquinaria vendida, se dejó constancia de su entrega real y material, el precio, la fecha de su emisión y la firma de las partes intervinientes en el negocio jurídico.

Las razones anteriores son suficientes para declarar la nulidad de lo actuado y de conformidad con el inciso 4º de la Ley 143 del Código Contencioso Administrativo modificado por el artículo 45 de la Ley 446 de 1998 se ordenará enviar a la justicia ordinaria para que avoque el conocimiento.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

DECLÁRASE la nulidad de todo lo actuado por falta de jurisdicción y en su lugar se dispone.

ENVÍESE a la justicia ordinaria para que avoque el conocimiento.

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