•Auto 14536 de enero 27 de 1999

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

PRESUPUESTOS DE LA LIBERTAD CONDICIONAL

ANÁLISIS DE LOS ANTECEDENTES DE TODO ORDEN

EXTRACTOS: «En el libro primero, título IV, capítulo IV del Código Penal están regulados los aspectos sustanciales de la libertad condicional, como tema incluido dentro de otro más amplio que es el de la punibilidad, concretamente caracterizado por formar parte y a la vez constituirse en alternativa de la ejecución de la pena privativa de la libertad. En efecto, el artículo 72 sujeta la procedencia del subrogado a un factor objetivo que atañe a la duración de la pena impuesta y el cumplimiento de una parte de ella, pero también la vincula con el denominado aspecto subjetivo que se traduce en las expresiones legales “siempre que su personalidad, su buena conducta en el establecimiento carcelario y sus antecedentes de todo orden permitan suponer fundadamente su readaptación social”.

Pues bien, un primer paso para el entendimiento de la expresión “antecedentes de todo orden”, si se quiere preservar la coherencia del ordenamiento jurídico en la práctica, sería la interpretación a la luz de la mencionada ubicación sistemática y del orden lógico en la regulación jurídica del proceso penal, sin perjuicio del necesario reforzamiento con los elementos teleológicos que atañen a la ejecución penitenciaria. Así, las sanciones privativas de la libertad sólo pueden derivar de una sentencia condenatoria emitida en el curso de un proceso; el fallo debe fundarse en la certeza sobre un delito y la responsabilidad del acusado; y el proceso sólo puede incoarse ante la sospecha concreta de un hecho punible cometido por una persona claramente individualizada.

De este modo, los “antecedentes de todo orden” que deben contemplarse para efectos de la libertad condicional, como componente y alternativa de la ejecución de la pena, no pueden ser distintos a lo que realmente ocurrió con la potencia de provocar la iniciación de un proceso penal y emitir una sentencia condenatoria (características del delito, responsabilidad y personalidad); así como lo que aconteció en el curso del proceso y ha sucedido durante el cumplimiento de las dos terceras partes de la pena (confesiones; aceptación de los cargos; reparación del daño; contribución con la justicia; dedicación a la enseñanza, trabajo o estudio; trabas a la investigación; indolencia ante el perjuicio; intentos de fuga; ocio injustificado; comisión de otros delitos, etc.).

Así pues, la gravedad del delito, por su aspecto objetivo y subjetivo (valoración legal, modalidades y móviles) es un ingrediente importante en el juicio de valor que constituye el pronóstico de readaptación social, pues el fin de la ejecución de la pena apunta tanto a una readecuación del comportamiento del individuo para su vida futura en sociedad, como también a proteger a la comunidad de nuevas conductas delictivas (prevención especial y general). Es que, a mayor gravedad del delito e intensidad del grado de culpabilidad, sin olvidar el propósito de resocialización de la ejecución punitiva, el Estado tiene que ocuparse preferentemente de las necesidades preventivas generales para la preservación del mínimo social.

Ahora bien, la mayor o menor gravedad del hecho punible es un componente que con distinta proyección incide en la medición judicial de la pena (C.P., art. 61), la suspensión de la condena (art. 68 ídem) o la libertad condicional (art. 72 ib.), instituciones que corresponden a pasos graduales en el desarrollo del proceso penal y, por ende, ningún sacrificio representan para el principio del non bis in idem, pues, verbigracia, cuando tal ingrediente se considera para negar la libertad, por su mayor destacamiento frente a otros, no se propugna por la revisión de la sanción o la imposición de otra más grave, sino que, por el contrario, se declara la necesidad del cumplimiento cabal de la que se había dispuesto en la sentencia porque el procesado no tiene derecho al subrogado.

Por delitos como el narcotráfico, el enriquecimiento ilícito derivado de él, el terrorismo, la extorsión, los que involucran la corrupción de servidores públicos, entre otros, la sociedad colombiana está singularmente afectada, hasta el punto de provocar una enorme inseguridad personal y económica de sus gentes, pues se trata de una delincuencia extremadamente ambiciosa, egoísta y dañina. De modo que el mejoramiento del individuo que antes cometió esta clase de ilícitos como amenaza de los mínimos de convivencia, en principio, no puede pronosticarse favorablemente para una sociedad que, sin descuidar ese loable fin, aún no ha podido reducir esas graves formas de aparición delictiva, precisamente por la repetición de dichos comportamientos individuales y empresariales que difícilmente se abandonan por las pingües ganancias que representan.

Si los mencionados hechos punibles son graves por su naturaleza altamente desestabilizadora, en la medida que comprometen y amenazan complejamente bienes jurídicos colectivos, institucionales e indirectamente los que son bases de existencia del sistema, tal característica sube de tono al establecer que alguno de ellos fue cometido por quien ostentaba la investidura de congresista, dado que, como no se prevé para el ciudadano común, él es un representante del pueblo. Además, como colectivamente le corresponde hacer las leyes, la justicia no puede ser indulgente con quien ha traicionado de tal manera la confianza popular y que, en lugar de liderar la integración de la sociedad, realiza abominables actos que conducen a su mayor descomposición, así no sea en ejercicio de la función.

Precisamente, la distinta naturaleza y trascendencia de los hechos punibles, unidas a la mayor responsabilidad constitucional y legal de su autor, indican que no puede haber tratamiento igualitario para los desiguales, razón por la cual no se ha violado en este caso el principio de igualdad, con más veras si el peticionario pregona pero no demuestra la discriminación presente por la influencia de otras decisiones judiciales anteriores.

Así entonces, de acuerdo con las difíciles circunstancias de convivencia que atraviesa el país, el regreso de un individuo que delinquió tan gravemente al seno de la comunidad, obviamente antes de que cumpla la totalidad de la pena legal y regularmente impuesta, no sólo contribuye a agudizar la inseguridad sino que aleja cada vez más la posibilidad de ponerle límites a la misma, que propicien la coexistencia pacífica como elevado propósito del Estado social y democrático de derecho.

La reconciliación de la sociedad con quienes atentan contra ella sólo puede partir de un equilibrio entre la búsqueda de mejora de unos y el propósito de aseguramiento de la otra.

(...).

Como la redacción del artículo 72 del Código Penal dispone un examen integral de las mencionadas exigencias subjetivas, se tiene que los “antecedentes de todo orden” impiden un juicio favorable a la readaptación social del procesado, determinación que entonces no puede ampararse en las solas muestras de rehabilitación por el trabajo productivo o el buen comportamiento carcelario, sino que también debe consultar seriamente el fin de protección social que incumbe a la ejecución de la pena. Por lo juicios de valor que encarna, esta decisión no corresponde al equipo interdisciplinario del Inpec sino al juez, aunque la decisión no puede ignorar a priori sus conceptos, los cuales mucho peso tendrían en situaciones menos graves que la analizada».

(Auto de enero 27 de 1999. Radicación 14.536 Magistrado Ponente: Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

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