Auto 14553 de junio 5 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSOADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

LA ENTIDAD DEMANDADA PUEDE SOLICITARLO

Consejero Ponente:

Dr. Ricardo Hoyos Duque

Ref. Exp. 14553

Actor: Juan Manuel Mejía Toro y otros.

Demandado: Empresas públicas de Pereira.

Santafé de Bogotá, D.C., cinco de junio de mil novecientos noventa y ocho.

Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la entidad demandada en contra del auto proferido por el tribunal administrativo de Risaralda el 19 de septiembre de 1997, mediante el cual no se aceptó el llamamiento en garantía formulado por la apelante a la firma Concretos Premezclados S.A.

Antecedentes procesales

1. El 30 de mayo de 1997, los señores Juan Manuel Mejía Toro, Ana Otilia Ortiz de Mejía, César Julio, Pedro Pablo, Rubén Darío, Jhon Fredy, Angel José, Juan de Jesús, Eduardo Antonio, Dora Nelly, Inés Lucía, Elvia Rosa, Blanca Nubia, Mario Antonio, Héctor Elías y Luz Marina Mejía Ortiz, mediante apoderado judicial formularon demanda de reparación directa contra las empresas públicas de Pereira, con el fin de que se le declarara administrativamente responsable de la muerte del señor Carlos Alberto Mejía Ortiz ocurrida el 11 de enero de 1997 por electrocución.

2. El apoderado judicial de las empresas públicas de Pereira solicitó fuera llamada en garantía la empresa Concretos Premezclados S.A., en razón de que para la fecha de los hechos el señor Carlos Alberto Mejía Ortiz prestaba sus servicios en esa empresa y su muerte se produjo por electrocución debido al contacto que hizo una máquina de esa empresa con una línea primaria.

“De conformidad con el Código Civil, en materia de responsabilidad civil extracontractual (arts. 2341 ss.), la persona obligada a indemnizar es aquella “que hizo el daño” (art. 2343). Además, en el ejercicio de actividades peligrosas, como la maniobra de vehículos o la actividad de la construcción, se presume que el dueño de la cosa o su dependiente están obligados a reparar los daños ocasionados en el ejercicio de tales actividades (arts. 2347 y 2356)”.

3. El a quo mediante auto del 19 de septiembre de 1997 no aceptó el llamamiento en garantía por considerar que “entre Concretos Premezclados S.A. no existe ningún vínculo jurídico que sirva de soporte para aceptar el llamamiento en garantía que se hace”.

4. Inconforme el apoderado judicial de la entidad demandada con lo decidido por el tribunal apeló la decisión por considerar que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en los casos donde se ejercen actividades peligrosas, con fundamento en los artículos 2344 y 2356 del Código Civil pueden ser llamados al proceso el dueño de la obra y el contratista.

Agrega que en el presente caso se ejercían dos actividades peligrosas: la construcción a través de una máquina inyectora de concreto manipulada por el occiso y el suministro de energía prestado por la demandada.

Finalmente manifiesta que:

“Como puede observarse, existe un factor común entre Concretos Premezclados S.A. y empresas públicas de Pereira: el señor Carlos Alberto Mejía Ortiz, razón por la cual, si se vincula a la empresa prestadora del servicio de energía es necesaria también la vinculación de la entidad constructora, ya que no puede predicarse responsabilidad exclusiva de una sin estar comprobado que la otra no contribuyó al acaecimiento de los hechos, especialmente cuando en la contestación de la demanda se argumenta con normas y jurisprudencia una posible responsabilidad de la firma constructora, responsabilidad que sólo puede determinarse en la sentencia y no en la providencia que decide el llamamiento en garantía”.

Consideraciones de la Sala

La Sala revocará la decisión del tribunal por las siguientes razones:

1. La entidad demandada fundamenta su solicitud de llamar en garantía a la empresa Concretos Premezclados S.A. en que de acuerdo con la contestación de la demanda y las pruebas que allegó se debe estudiar si esta última tuvo alguna responsabilidad en los hechos motivo de demanda; en caso afirmativo el llamado y el llamante podrían ser deudores de una obligación solidaria.

El artículo 57 del Código de Procedimiento Civil establece que puede llamar en garantía:

“Quien tenga derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia ...”.

Por su parte, el artículo 1579 del Código Civil señala que:

“El deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago, queda subrogado en la acción del acreedor con todos los privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda”.

2. Finalmente debe tenerse en cuenta que en virtud del principio de economía procesal, el llamamiento en garantía permite que el juez que conoce de la causa principal a su vez resuelva sobre la responsabilidad del llamado frente al llamante, todo lo cual se debe decidir en la sentencia luego de valorar el complejo de hechos que motivaron el daño.

Como el llamamiento en garantía efectuado por las empresas públicas de Pereira cumple con los requisitos establecidos en la ley, se revocará el auto apelado(*).

(*) Compárese este auto con lo dicho en la sentencia de septiembre 25 de 1997, publicada en J. y D., Nº 313, pág. 51 (N. del D.).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

Revócase el numeral cuarto del auto proferido por el tribunal administrativo de Risaralda el 19 de septiembre de 1997 y en su lugar:

1. Admítese el llamamiento en garantía por las empresas públicas de Pereira la empresa Concretos Premezclados S.A. a quienes se les señala un término de cinco (5) días para comparecer al proceso.

2. Notifíquese el presente auto a la llamada en garantía en la forma establecida para el auto admisorio de la demanda (CPC, art. 55 y 87).

3. Suspéndase el proceso hasta cuando venza el término que para comparecer se le señala a las llamadas en garantía, sin exceder de noventa (90) días.

4. Las anteriores previsiones serán cumplidas por el tribunal de instancia.

Cópiese, notifíquese y devuélvase.

Ricardo Hoyos Duque Presidente Sección—Jesús María Carrillo B— Juan de Dios Montes H.—German Rodríguez V.—Daniel Suárez Hernández.—Lola Elisa Benavides López, Secretaria sección.

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