Auto 14561 del 27 de agosto de 1998 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente.

Dr. Carlos Augusto Galvez Argote

Aprobado Acta Nº 127

Expediente: 14.561

Santafé de Bogotá, D.C., veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y ocho.

(...).

Consideraciones:

1. A juzgar por los cuestionamientos que hace la defensora de Gutiérrez Clavijo respecto de la precisión que hiciera la Sala en auto recurrido en el sentido de que “por tratarse de uno de los delitos a que se refiere la Ley 360 de 1997, procede el estudio de la libertad provisional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 415 del Código de Procedimiento Penal y 72 del Código Penal”, es evidente su confusión interpretativa y conceptual) sobre la normatividad vigente y aplicable a este subrogado penal, pues equivocadamente entendió la defensora que dicha referencia se hacía para aplicar desfavorablemente la Ley 360 de 1997, que según ella, prohíbe expresamente la libertad condicional.

2. Tamaña confusión amerita entonces las siguientes precisiones:

a) El instituto de la libertad condicional, se encuentra actualmente doblemente regulado por lo dispuesto en el artículo 72 del Código Penal y el artículo 1º de la Ley 415 de 1997, que introdujo al estatuto sustantivo el artículo 72A, en el cual se establece que, “con excepción de los delitos de: enriquecimiento ilícito; homicidio agravado o lesiones personales agravadas por virtud de las causales 2, 4, 5 y 8 del artículo 30 de la Ley 40 de 1993; secuestro, extorsión; hurto calificado; los delitos dolosos previstos en la Ley 30 de 1986; los delitos previstos en el Decreto-Ley 2266 de 1991, excepto los de porte ilegal de armas para la defensa personal, interceptación de correspondencia oficial, utilización ilegal de uniformes o insignias y amenazas personales o familiares; los delitos previstos en la Ley 190 de 1995, excepto el cohecho por dar u ofrecer, prevaricato y utilización indebida de información privilegiada; los delitos previstos en la Ley 360 de 1997, y en la Ley 365 de 1997; y los delitos conexos con todos los anteriores, los cuales continuarán el régimen del artículo 72 del Código Penal, para los demás delitos el beneficio de libertad se concederá de la siguiente manera: El juez concederá la libertad condicional al condenado a pena privativa de la libertad mayor de tres (3) años, cuando haya cumplido las tres quintas 3/5 partes de la condena, siempre que haya observado buena conducta en el establecimiento carcelario. Parágrafo. Salvo que exista orden de captura vigente en su contra, no podrá negarse el beneficio de libertad condicional atendiendo a los antecedentes penales o a circunstancias tenidas en cuenta en la sentencia para dosificar la pena o negara la condena de ejecución condicional”.

Significa entonces lo anterior, que la precisión hecha por la Sala en el auto recurrido, únicamente tenía como finalidad, y así se expresó textualmente, dejar en claro que la libertad provisional se resolvería con sustento en lo dispuesto en el artículo 72 del Código de Procedimento Penal y 415.2 del Código de Procedimento Penal, lo cual significa que los requisitos a tener en cuenta serían los allí contenidos, esto es, haber descontado las dos terceras partes de la pena impuesta y todos aquellos subjetivos a que se refiere la norma, los cuales, difieren ostensiblemente de los previstos en la Ley 415 de 1997, que excluyó del tratamiento allí previsto, entre otros, a los delitos a que se refiere la Ley 360 de 1997 sin que ello signifique referencia diferente a la denominación del nomen juris de las conductas que debían continuar rigiéndose, para efectos de la libertad condicional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 del Código Penal.

b) En manera alguna se hizo alusión a que la mencionada Ley 360 de 1997 negara expresamente la libertad condicional o provisional para los efectos que aquí interesan, ya que no fue ese argumento para resolver negativamente la solicitud de excarcelación, y además, una tal apreciación, como la hace la recurrente, no es acertada si se tiene en cuenta que si bien el artículo 17 de la mencionada normatividad por medio del cual se modificó el artículo 417 de Código de Procedimento Penal, aumento el número de delitos respecto de los cuales no procede la libertad provisional con fundamento en el numeral 1 del artículo 415 ibídem, incluyendo efectivamente el de trata de personas (por el cual fue condenado este procesado), ello no quiere decir que tal prohibición se extienda a las demás causales, como es apenas obvio.

Es claro entonces, que las razones de la impugnante en este aspecto, resultan más que inconsultas y superficiales, pues en este asunto, y con mayor razón encontrándose el proceso en sede de casación, la libertad solicitada se hizo, como correspondía, con fundamento en la causal 2º del artículo 415 del Código de Procedimento Penal, esto es, por pena cumplida real o presuntamente, pues la misma norma remite a los requisitos previstos para la libertad condicional para la decisión correspondiente, como en efecto así se procedió.

En conclusión, no se trata aquí de un asunto de vigencia de la ley, que implique por ende razonamientos sobre el principio de favorabilidad, al cual tampoco le ve la Sala razón de ser en su planteamiento.

2.(sic) En lo que concierne a las glosas de la recurrente sobre la insistencia en afirmar que Gutiérrez Clavijo sí reúne a cabalidad los requisitos a que se contrae el artículo 72 del Código Penal, y por esa misma razón debe concedérsele la libertad deprecada, debe agregar la Sala, no encuentra la Sala argumento válido alguno que obligue a modificar el criterio allí plasmado, pues si bien el procesado ha descontado más de las dos terceras partes de la sanción impuesta en los fallos de instancia, es claro que la valoración de aspectos tales como el comportamiento observado durante el tiempo de privación de la libertad y la ausencia de antecedentes judiciales, no son suficientes para beneficiarse con tal subrogado, pues la labor de diagnóstico y pronóstico comprende además, el de la personalidad y los antecedentes de todo orden, que a diferencia de los judiciales, son aquellos que evalúa el juez con base en la información del proceso mismo y que en este caso resultan negativos para el condenado, de quien se sabe, participaba en una empresa criminal con alcances en el exterior, pues se dedicaba al reclutamiento de jóvenes, a las que con el pretexto de incursionarlas en el modelaje, enviaba al extranjero a ejercer la prostitución.

No se repondrá pues el auto impugnado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE.

No reponer el auto del 29 de julio del año en curso, por medio del cual se le negó la libertad provisional al procesado Guillermo Arturo Gutiérrez Clavijo.

Notifíquese y cúmplase.

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