SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

CONTRATOS ESTATALES

EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES SURGIDAS DE UNA CONCILIACIÓN

EXTRACTOS: «El artículo 63 de la Constitución establece el principio de inembargabilidad de los bienes de la Nación, cuyo objeto es la “protección de los recursos y bienes del Estado y la facultad de administración y manejo que a éste compete, que permite asegurar la consecución de los fines de interés general que conlleva la necesidad de hacer efectivos materialmente los derechos fundamentales y, en general, el cumplimiento de los diferentes cometidos estatales” (1).

(1) Sentencia de la Corte Constitucional Nº C-354 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell.

En relación con dicho principio la ley y algunas decisiones de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado han realizado algunas precisiones.

Así, en armonía con la norma superior, el artículo 336 del Código de Procedimiento Civil establece que la Nación no puede ser ejecutada, sin embargo, contempla como salvedad el caso previsto en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, según el cual las condenas que se profieran contra la Nación serán ejecutables 18 meses después de s ejecutoria, ante la justicia ordinaria.

El artículo 19 de la Ley 111 de 1996, que incorporó materialmente el artículo 6º de la Ley 179 de 1994 consagra la inembargabilidad de las renta incorporadas en el presupuesto general de la Nación y de los bienes y derechos de los órganos que lo conforman. La Corte Constitucional al conocer de la demanda presentada contra dicha norma, mediante sentencia C-354 de 1997 la declaró exequible, pero “bajo el entendido de que los créditos a cargo del Estado, bien sea que consten en sentencias o en otros títulos legalmente válidos, deben ser pagados mediante el procedimiento que indica la norma acusada y que transcurridos 18 meses después de que ellos sean exigibles, es posible adelantar ejecución, con embargo de recursos del presupuesto —en primer lugar los destinados al pago de sentencias o conciliaciones, cuando se trate de esta clase de títulos— y sobre los bienes de las entidades u órganos respectivos” (2).

(2) Ibídem.

Por su parte, en providencia de Sala Plena, esta corporación(3) ha distinguido entre las sentencias dictadas por esta jurisdicción, los créditos laborales contenidos en actos administrativos y los créditos provenientes de contratos estatales, para concluir que en los dos primeros eventos debe atenderse el plazo de gracia previsto en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, en tanto que en el último caso “no se aplicará tal restricción, y deberá estarse a las condiciones de pago señaladas en los mismos”.

(3) Auto del 22 de julio de 1997, C.P. Carlos Betancur Jaramillo, expediente No. S-694, actor: Ingestudios Ltda.

En la permisión de ejecutar a la Nación a partir del vencimiento del plazo previsto para el cumplimiento de las obligaciones contractuales se entienden también comprendidas las conciliaciones judiciales o extrajudiciales derivadas de aquellas, por las siguientes razones:

a) El plazo de 18 meses contenido en el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo tiene por objeto permitir que las entidades públicas incluyan en sus presupuestos las partidas para cumplir las condenas judiciales. Así lo consideró la Corte Constitucional al resolver sobre la exequibilidad de la expresión “dieciocho (18) meses” contenida en el artículo citado:

“El término de dieciocho meses es indispensable para adelantar las operaciones de elaboración, presentación, aprobación y ejecución del presupuesto dentro de cuya vigencia fiscal ha de producirse el pago del crédito judicial. Comparte esta Corte el criterio del Procurador General de la Nación: “En concepto de este despacho, el término de 18 meses que trae el artículo 177 del Decreto 01 de 1984 para exigir el pago coactivamente de las condenas de la Nación y de las entidades descentralizadas, aparece como razonable, teniendo en cuenta que los presupuestos se elaboran con no menos de seis meses de antelación para la vigencia fiscal que corresponde al año inmediatamente siguiente, lo cual en total equivale a 18 meses” (4).

(4) Sentencia No. C-555 de 1993, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

9. La norma no pretende desconocer los créditos judiciales a cargo de la Nación y demás entidades públicas. Se limita a determinar un plazo que es el adecuado para incorporar al presupuesto el gasto a que da lugar el crédito judicialmente reconocido, justamente para hacer posible su pago y arbitrar el recurso correspondiente...”.

b) Esta disposición no se aplica en el caso de los contratos, pues de conformidad con el artículo 25 numeral 6 de la Ley 80 de 1993, “las entidades estatales abrirán licitaciones o concursos e iniciarán procesos de suscripción de contratos, cuando existan las respectivas partidas o disponibilidades presupuestales”. De igual manera, el artículo 71 del Decreto 111 de 1996, establece que “ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados”.

c) Por mandato del numeral 9 del artículo 4º de la Ley 80 de 1993, las entidades estatales deben acordar los mecanismos pertinentes para solucionar rápida y eficazmente las situaciones litigiosas, con el fin de que no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Esta disposición guarda armonía con el artículo 68 ibídem, según el cual las entidades públicas deben acudir al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales previstos en dicha ley y a la conciliación, amigable composición y transacción para resolver en forma “ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual”.

d) La conciliación es un acto de disposición y es ley para las partes, quienes de manera soberana definen sus obligaciones y la forma en que ellas habrán de cumplirse. Por lo tanto, cuando se conviene en el pago de una suma de dinero y además se determina el momento en el cual dicha suma será pagada, el funcionario que compromete a la entidad debe prever que para la fecha respectiva se dispondrá de los recursos suficientes».

(Auto de agosto 13 de 1998. Expediente 14.663. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque).

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