Auto 14666 de julio 15 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Ref.: Expediente 25000-23-27-000-2003-01515-01 - 14666

Consejero Ponente:

Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié

Actor: Sajatex S.A. y/o Arotex S.A. y/o Mavitex S.A. - en liquidación C/ U.A.E. - DIAN.

Bogotá, D.C., julio quince de dos mil cuatro.

Apelación autoridades nacionales —auto—.

Se decide el recurso de apelación interpuesto contra el auto del 18 de febrero de 2004, proferido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca-Sección Cuarta-Subsección “A”, que por no agotamiento de la vía gubernativa, rechazó la demanda presentada por la sociedad Sajatex S.A. y/o Arotex S.A. y/o Mavitex S.A. - en liquidación.

Antecedentes

La demanda fue instaurada en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución Sanción por no declarar número 310642003000001 de abril 24 de 2003, expedida por la división de liquidación de la administración de grandes contribuyentes de Santafé de Bogotá, D.C., de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en cuantía de $ 535.577.500, en relación con el impuesto a las ventas por el primer bimestre de 2002.

Mediante providencia de fecha 5 de diciembre de 2003, la magistrada sustanciadora otorgó a la sociedad el término de 5 días con el fin de que acreditara el debido agotamiento de la vía gubernativa en relación con la resolución demandada.

La sociedad actora, en escrito presentado ante el tribunal manifestó que el recurso de reconsideración se asimila al de reposición el cual no es obligatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Código Contencioso Administrativo, por lo que solicitó se admitiera la demanda.

El auto apelado

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Cuarta-Subsección “A” rechazó la demanda al considerar que no se había agotado la vía gubernativa por cuanto la sociedad demandante no interpuso el recurso de reconsideración contra la Resolución 310642003000001 de febrero 18 de 2004, el cual es especial y está regulado por el artículo 722 del estatuto tributario sin que pueda asemejarse al recurso de reposición previsto en el Código Contencioso Administrativo.

Que en el mismo acto de la resolución demandada, la administración le hace saber a la actora que contra ese acto procede el recurso de reconsideración, el cual debió interponer para agotar la vía gubernativa, de conformidad con lo previsto en el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo.

El recurso de apelación

El apoderado de la Sociedad Sajatex S.A. y/o Arotex S.A. y/o Mavitex S.A.-en liquidación, concreta su inconformidad en que el recurso de reconsideración es equivalente al de reposición, el cual no es obligatorio interponerlo para acudir a la jurisdicción, pues el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo se refiere a la obligación de interponer el recurso de apelación.

Manifiesta que el estatuto tributario en su artículo 722 asimila el recurso de reposición y reconsideración así:

“ART. 722.—Requisitos de los recursos de reconsideración y reposición. El recurso de reconsideración o reposición deberá cumplir los siguientes requisitos:” (negrillas fuera del texto).

Agrega que el único recurso obligatorio, que exige la ley, para dar como agotada la vía gubernativa es el de apelación pero en ningún caso del de reposición o reconsideración.

La oposición

En el traslado del recurso de apelación, la apoderada de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, manifiesta que el recurso de reconsideración de acuerdo a lo estipulado en el artículo 720 estatuto tributario es requisito indispensable para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa por ser el establecido para agotar la vía gubernativa, por ello considera que la providencia apelada merece ser confirmada.

Se considera:

El artículo 135 del Código Contencioso Administrativo dispone como presupuesto para poder acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el agotamiento previo de la vía gubernativa, por lo que se constituye en condición procesal para que sea admitida la demanda y consiste en términos generales, en la utilización de los recursos previstos en la ley para impugnar los actos administrativos. Con dicha exigencia se persigue que la administración tenga la oportunidad de revisar sus propias decisiones a fin de que pueda revocarlas, modificarlas o aclararlas, esto es, que las autoridades administrativas puedan rectificar sus propios errores, antes de que sean objeto de proceso judicial.

Examinada la actuación, se advierte que se demanda la Resolución 310642003000001 del 18 de febrero de 2004, proferida por la división de liquidación de la administración de los grandes contribuyentes de Bogotá (DIAN) por medio de la cual impuso a la sociedad actora sanción por no declarar el impuesto a las ventas por el primer bimestre de 2002 y dispuso en el artículo 2º que dentro del plazo de dos meses la sociedad podía interponer por escrito el recurso de reconsideración, con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 722 del estatuto tributario, ante la división de jurídica tributaria de esta administración.

Ha discutido la sociedad actora desde el auto que ordenó corregir la demanda para acreditar el agotamiento de la vía gubernativa, que el recurso de reconsideración es sinónimo del recurso de reposición y por lo tanto, por no ser obligatorio, no era necesario interponerlo ante la administración, para agotar la vía gubernativa, sino que se podía acudir directamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Sobre este aspecto, la Sala reitera (1) el criterio muchas veces expuesto en el sentido de considerar que de conformidad con el artículo 135 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 22 del Decreto 2304 de 1989, el agotamiento de la vía gubernativa es requisito indispensable para acudir ante la jurisdicción en demanda de nulidad contra, actos administrativos definitivos de carácter particular y concreto y según su concordante, el artículo 63 ibídem, éste se produce cuando: contra los actos administrativos no procede ningún recurso, o cuando los recursos interpuestos se hayan decidido; y cuando el acto administrativo quede en firme por no haber sido interpuestos los recursos de reposición y de queja. Excepcionalmente, el mismo artículo 135 permite demandar directamente, cuando las autoridades “no hubieren dado oportunidad de interponer los recursos procedentes”:

Ahora bien, el argumento. del apelante según el cual el recurso de reconsideración estatuido en el artículo 720 del estatuto tributario es sinónimo del de reposición consagrado en el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo, carece de respaldo legal y obedece al desconocimiento de lo previsto en el artículo 1º del Código Contencioso Administrativo que dispone que los procedimientos administrativos que estén reglados por leyes especiales se regirán por éstas y en lo no previsto en ellas, se sujetan a la primera parte de dicho cuerpo legal.

Conforme a lo anterior el estatuto tributario en el artículo 720, establece “Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales de este estatuto, contra las liquidaciones oficiales, resoluciones que impongan sanciones u ordenen el reintegro de sumas devueltas y demás actos producidos, en relación con los impuestos administrados por la unidad administrativa especial dirección de impuestos nacionales, procede el recurso de reconsideración...”.

De otra parte, si bien el artículo 720 del estatuto tributario fue adicionado por el artículo 283 de la Ley 223 de 1995 con un parágrafo que dispone la posibilidad de acudir directamente a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, prescindiendo del recurso de reconsideración, es claro que ese evento procede cuando se trata de un proceso de determinación oficial del impuesto y no de uno sancionatorio, pues tiene como presupuesto fundamental de procedencia, el haber “atendido en debida forma el requerimiento especial y no obstante se practique liquidación oficial”, que no fue lo que ocurrió en el presente caso.

De esta forma se observa que, existiendo norma especial, para agotar la vía gubernativa era obligatorio que la sociedad interpusiera el recurso de reconsideración, puesto que las disposiciones que regulan de manera general el Código Contencioso Administrativo (arts. 49 y ss.) lo relativo a recursos, sólo se aplican cuando no existan reglas especiales.

Por lo anterior, se comparte lo resuelto por el a quo y por lo tanto se confirmará el auto del 18 de febrero de 2004, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Cuarta-Subsección “A”.

En mérito a lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

CONFÍRMASE el auto apelado.

Se reconoce a la doctora Amparo Merizalde de Martínez, como apoderado de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en los términos del poder conferido.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Se deja constancia que la anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

Magistrados: María Inés Ortiz Barbosa, Presidente—Ligia López Díaz—Juan Ángel Palacio Hincapié—Elizabeth Whittinghan García (e).

Raúl Giraldo Londoño, Secretario.

(1) Cfr. Auto de 25 de julio de 1997, expediente 8445, C.P. Dr. Julio E. Correa R., sentencias de fechas 10 de noviembre de 2000, expediente 10661, C.P. Dr. Juan Ángel Palacio H. y 1º de abril de 2004, expediente 13788, C.P. Dra. María Inés Ortiz B.

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