•Auto 14668 de noviembre 12 de 1998

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

SENTENCIA ANTICIPADA

EL JUEZ PUEDE DIFERIR DE LOS TÉRMINOS DE LA ACUSACIÓN

EXTRACTOS: «El inciso tercero del artículo 37 del Código de Procedimiento Penal es muy claro al ordenar al juez competente que “en el término de diez días hábiles dictará sentencia conforme a los hechos y circunstancias aceptados, siempre que no haya habido violación de garantías fundamentales”, lo que indica que en este último caso debe abstenerse de hacerlo. De ahí mismo se infiere que como se trata de un trámite especial de terminación anticipada del proceso, paralelo a la actuación ordinaria que se venía adelantando, si él fracasa las diligencias deben volver a su curso normal y a poder del fiscal que venía instruyendo.

Ahora bien, como la excepción para que el juez no dicte sentencia es que advierta que se violaron garantías fundamentales, y el proceso se encuentra en la etapa del juicio (si no fuera así no podría estar para fallo), la manera para que vuelva al sumario es declarando la nulidad que corresponda, pues no se puede olvidar que el acta que contiene los cargos es equivalente a la resolución de acusación, y la ejecutoria de ésta es material, lo que significa que para volver atrás se debe anular, y el que tiene la competencia para hacerlo durante el juicio es el juez.

4. Otro punto importante que corresponde precisar es que respecto de los hechos y circunstancias aceptados la sentencia no puede ser absolutoria, pues la manifestación del acusado releva al sentenciador de valoraciones de carácter probatorio, y justamente esa es una de las razones por las cuales se hace acreedor a una rebaja de pena.

Pero lo anterior no puede ser entendido en el sentido de que si el fiscal consideró que los hechos aceptados dan lugar a la tipificación de dos delitos, el juez, aunque crea que no se tipifica sino uno solo, ya sea porque concluye que el concurso es solo aparente, o porque se trata de un delito complejo etc., esté obligado a condenar en los términos de la acusación, pues eso sería creer que la norma le impone la obligación de violar la garantía fundamental del principio de legalidad, extremo al cual no puede llegar.

Y considerar que el juez no puede dictar la sentencia condenando por un delito y absolviendo por el otro porque la acusación fue por los dos, es poner al juzgador en una posición absolutamente pasiva frente a los cargos, con grave perjuicio para el procesado, quien si bien es cierto aceptó la responsabilidad en cuanto a los hechos imputados, y ello no se puede desconocer, no es aplicable el mismo rigor en lo relacionado con la tipicidad, pues para ello se necesitaría presuponer que el implicado es un experto en derecho penal, y poner sobre sus hombros una tarea que le corresponde a los funcionarios judiciales, quienes, es oportuno recordarlo, a veces tiene muchas dificultades para cumplirla a pesar de su formación jurídica.

De otra parte, concluir que en la situación en comento el juez debe limitarse a devolver el proceso, quién sabe para qué, pues esa diferencia de criterio no genera nulidad, es mutilar innecesariamente el propósito del legislador de que la sentencia anticipada sea una forma ágil de terminación del proceso, a la vez de un mecanismo eficaz de descongestión judicial.

Es lógico que en los casos de sentencia anticipada, respecto de los hechos y circunstancias aceptados por el acriminado, el juez no pueda dictar sentencia absolutoria, como sí puede hacerlo cuando no media dicha aceptación; pero no es razonable que ni siquiera pueda dictar sentencia condenatoria dentro del ámbito de sus facultades de juez, es decir, aplicando las normas que corresponden a los hechos y circunstancias aceptados, las cuales pueden no coincidir con las seleccionadas por el fiscal mientras no se rompa la congruencia entre la acusación y el fallo.

Si el fiscal o el Ministerio Público no comparten la decisión tomada pueden ejercer el derecho a impugnar interponiendo el recurso de apelación, que en la legislación vigente no tiene para ellos ninguna limitante, de manera que todos los temas resueltos en el fallo pueden ser cuestionados.

Cabe recordar que en el original artículo 37 del Procedimiento Penal, una vez efectuado el acuerdo entre el procesado y el fiscal éste no estaba facultado para recurrir, circunstancia que obligaba a que el juez sólo podía dictar sentencia si se ajustaba estrictamente a la acusación, pues si le hacía alguna variación el fiscal no tenía posibilidad de protestar, de modo que resultaba afectado en sus garantías de sujeto procesal».

(Auto de noviembre 12 de 1998. Radicación 14.668. Magistrado Ponente: Dr. Ricardo Calvete Rangel).

ACLARACIÓN DE VOTO

Nuestra respetuosa discrepancia dice relación con el criterio que se sugiere en el pronunciamiento, según el cual, en casos de terminación del proceso por sentencia anticipada, si el juez considera que los hechos que dieron lugar a la imputación de varios delitos por el fiscal y que hubieren sido aceptados por el procesado, tipifican un único delito porque concluye que el concurso es sólo en apariencia, o se trata de un delito complejo, puede absolver por aquél cuya tipicidad crea no concurrente y condenar por el otro u otros.

Como en anteriores ocasiones lo hemos sostenido (Rad. 9.637), no nos parece que la acusación en el procedimiento abreviado de terminación por sentencia anticipada pueda ser disponible para el juez al momento de dictar sentencia, tal cual ocurre en el procedimiento ordinario, sin que ello conlleve desconocimiento a la diversa naturaleza a que corresponden estos dos tipos de proceso, y al carácter complejo que por la intervención del reo con su manifestación voluntaria de aceptar los cargos elevados en su contra por el fiscal, adquiere la acusación en el trámite para sentencia anticipada.

Lo anterior no implica, y en ello coincidimos con lo expuesto en la ponencia, que la actitud del juez, en caso de disentir de la tipicidad dada a los hechos por la fiscalía para efectos de la imputación, tenga que ser la de dictar inexorablemente sentencia de condena acorde con los cargos aceptados. Es su deber ejercer la función de garante en la observancia de las garantías fundamentales como condición previa a la emisión del fallo, tal cual se lo impone el propio artículo 37 del Código de Procedimiento, modificado por el 3º de la Ley 81 de 1993; garantías que obviamente resultan comprometidas si se afirma pluritipicidad de los hechos cuando de ellos no es predicable más de una tipicidad, como es aquí el punto materia de debate. El motivo de discrepancia, entonces, radica en que pueda el juez dar una solución a su desacuerdo con los términos de la imputación hecha por el fiscal al margen del ejercicio de sus poderes de control dentro del ámbito de respeto a las garantías fundamentales.

La razón de apoyo traída por la providencia para sugerir la solución por la vía de la sentencia absolutoria, luego de negar que sea posible la anulación de un trámite así cumplido, en el sentido de que se estaría desconociendo el propósito legislativo de hacer de la sentencia anticipada una forma ágil de terminación del proceso, a la vez que un mecanismo eficaz de descongestión judicial, no parece afortunada. Sin desconocer que este tipo de procedimiento pueda servir a tales cometidos, no pueden ser los únicos ni los más relevantes. Antes que ellos está la aplicación de los principios fundamentales, a los cuales se debe acudir entre otras razones por la remisión que a su observancia hace la propia ley. Es en este sentido que creemos no posible una solución a la situación planteada, distinta de la estimar que fueron desconocidas las garantías fundamentales y proceder a aplicar los correctivos pertinentes, con lo cual no sólo es posible enmendar el trámite irregular con el mecanismo conforme a la índole del entuerto —la absolución es el resultado de un juicio de responsabilidad y no medio para la corrección de errores en la constitución del proceso—, sino que además se posibilitaría la construcción y desarrollo de la jurisprudencia acerca del contenido, ámbito y efectos de las garantías fundamentales en este tipo de trámites.

Fernando E. Arboleda Ripoll

SALVAMENTO DE VOTO

Es evidente para el suscrito magistrado que acá, en este asunto, se presenta una situación bien particular por los efectos de la ruptura de la unidad procesal.

La Fiscalía Regional trabajó y acusó sobre la base de que existían dos hipótesis delictivas: La infracción al artículo 39 de la Ley 30 de 1986 y la concusión. Esas conductas, tanto en su dimensión fáctica como en la subsunción, fueron aceptadas por el procesado.

Sin embargo, el juzgado regional consideró atípica la conducta que otorgaba competencia a él, y por tanto también al fiscal regional. Dijo, entonces, que no podía dictar sentencia por ese delito dada la atipicidad. Ni por el otro, dada su incompetencia para conocer del delito de concusión. Y tras declarar la nulidad parcial de los cargos por violación a la Ley 30, devolviendo copias a la fiscalía regional para que “haga el pronunciamiento de fondo” respecto de esa específica conducta (precluyendo, se entiende), remitió el original al juzgado de Mocoa (y de allí pasó al de Puerto Asís por factor territorial) para que dictara sentencia por concusión.

Esa decisión fue notificada a los sujetos procesales, incluido el fiscal que acusó. Y no fue impugnada, es decir, fue consentida. Y lo que era un proceso se convirtió en dos. El primero, tramitado ahora en el cuaderno de copias está en la fiscalía regional y nada se sabe de su suerte, es decir, si se precluyó la actuación o si se adecuó el trámite al ordinario (lo que también podría ocurrir); el segundo es éste y sólo cobija la pesquisa por delito de concusión, los cargos por el mismo y la aceptación que de ellos hizo el acusado.

Está para dictar sentencia por ese hecho y esa tipicidad. Y la Sala resuelve asignarle la competencia al juez regional de Cali “para que tome las decisiones que permitan enderezar la actuación por los cauces previstos en la ley”.

Si como yo considero (y en eso comparto el fundamento de las aclaraciones de voto de los doctores Fernando Arboleda y Dídimo Páez) no puede el juez regional absolver por el delito previsto en el artículo 39 de la Ley 30 de 1986 incluso aun cuando tuviese razón en sus argumentos, ¿qué otro camino podría tomar?

¿Podrá afectar, por ejemplo, decisiones que eventualmente hayan hecho tránsito a cosa juzgada (la preclusión por el delito referido a la Ley 30) o que se estén tramitando por otros senderos (un procedimiento ordinario) en el evento de que el fiscal no hubiese precluido y optare en cambio por ahondar probatoria y jurídicamente sobre el asunto?

Considero que hasta allá no podría llegar el juzgado regional y no debió haber llegado la Sala, simplemente, ante el hecho de que acá se juzga una concusión y que la competencia para producir el fallo corresponde exclusiva y privativamente al juez del circuito de Puerto Asís. A ese despacho debió asignarse la competencia, máxime si se advierte que la acusación fue proferida por funcionario competente, puesto que el factor conexidad le permitía al fiscal regional cubrir las hipótesis conexas.

Con todo respeto,

Carlos E. Mejía Escobar

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