SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

CONCILIACIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

MULTA POR INASISTENCIA

EXTRACTOS: «1 De conformidad con el artículo 10 del Decreto-Ley 2651 de 1991, la inasistencia injustificada a alguna de las audiencias de conciliación previstas en ese decreto entre las cuales se encuentra la que obligatoriamente debe efectuarse en los procesos contencioso administrativos en los que se controvierta la responsabilidad contractual o extracontractual del Estado y que contempla el artículo 6º, o a la prevista en el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil, tiene además de las consecuencias que señala este último precepto las que indica el citado artículo 10 del mencionado decreto.

Esto significa que por expresa remisión del Decreto 2651 de 1991, a la inasistencia injustificada a las audiencias de conciliación que allí se prevén le son aplicables además de las consecuencias jurídicas que contempla el artículo 101 del Código de Procedimiento Civil las adiciónales que consagra el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.

Tal norma solo excluyó de esas sanciones la inasistencia a las audiencias de conciliación celebradas a instancia de las partes (art. 2º) y la efectuada en el trámite del arbitramento (art. 16 No. 3).

2. El artículo 101 del Código de Procedimiento Civil establece que tanto a la parte como al apoderado que no concurra a la audiencia de que allí se trata o que se retire antes de su finalización, se le impondrá multa por valor de cinco a diez salarios mínimos mensuales, excepto cuando antes de la hora señalada para la audiencia se presente prueba siquiera sumaria de una justa causa para no comparecer .

3. Si bien es cierto que la audiencia del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil no tiene como única finalidad la búsqueda de la conciliación de los intereses de las partes en conflicto, ese solo aspecto no impide que no se apliquen las sanciones allí previstas por la inasistencia de las partes o de sus apoderados, bien entendido que aun en este caso la ley ordena que se lleve a cabo la audiencia con miras a “resolver las excepciones previas pendientes, y adoptar las medidas de saneamiento demás que el juez considere necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias”.

4. Es cierto que dicha sanción puede considerarse drástica, sin embargo esa fue la solución que contempló el legislador para darle la seriedad que se merece a la conciliación a través de la cual se procura lograr la solución inmediata y definitiva de las controversias(*).

(*) En sentido contrario se había pronunciado la Sala mediante el auto de febrero 20 de 1997, publicado en J. y D., Nº 304, pág. 394 (N. del D.).

5. Esta es la interpretación que prohíja el Decreto 171 de 1993 que reglamenta parcialmente el artículo 6º del Decreto 2651 de 1991, al señalar en el artículo 7º que “la inasistencia injustificada tendrá las consecuencias pertinentes previstas en el artículo 64 de la Ley 23 de 1991, y en el artículo 10 del Decreto 2651 de 1991”.

6. Ese criterio se reitera hoy en la Ley 446 de 1998 que modificó la conciliación contencioso administrativa la cual en el artículo 74 dispone:

“ART. 74.—Sanciones. El artículo 64 de la Ley 23 de 1991 quedará así:

ART. 64.—La inasistencia injustificada de las partes o sus apoderados a la audiencia de conciliación o la negativa, igualmente injustificada, a discutir las propuestas formuladas, se sancionará con multa hasta de diez (10) salarios mínimos mensuales legales a favor del Consejo Superior de la Judicatura, que será impuesta en la prejudicial, por el agente del Ministerio Público, y en la judicial, por el juez, Sala, sección o subsección respectiva”.

7. En el caso objeto de estudio se advierte que el 11 de septiembre de 1997 se dio inicio a la audiencia de conciliación, diligencia que fue suspendida para continuarla el día 20 de noviembre siguiente y que mediante auto del 26 de septiembre de 1997, debidamente notificado por estado, fue adelantada para el 30 de octubre (fls. 4 y ss.)

A pesar de que el a quo cumplió con las formalidades de rigor, esta circunstancia intempestiva y poco usual no pudo ser prevista por el apoderado judicial de la parte demandada. De ahí que la sola notificación por estado no era en este caso el mecanismo más eficaz para que los interesados se enteraran de la diligencia y por lo tanto, considera la Sala debió acompañarse de comunicación escrita —telegrama— o telefónica, dado lo inusual de la decisión y la congestión de los despachos judiciales, que lo que hacían previsible era su postergación más no su anticipación. Esta situación justifica la inasistencia del recurrente a la audiencia y lo libera de toda sanción».

(Auto de agosto 20 de 1998. Expediente 14.790. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque).

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