Auto 14852 de noviembre 12 de 1998 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

•SALA DE CASACIÓN PENAL

TESTAFERRATO

ES UN DELITO AUTÓNOMO

EXTRACTOS: «1. El tipo penal denominado “testaferrato” remonta su establecimiento al artículo 6º del Decreto 1856 de 1989 (adoptado como legislación permanente por el 7º del Decreto Extraordinario 2266 de 1991), conjunto normativo aquel fundado en los siguientes considerandos, entre otros:

a) Que el estado de excepción fue declarado por “la acción persistente de grupos antisociales relacionados con el narcotráfico, que vienen perturbando gravemente el normal funcionamiento de las instituciones, en desafío criminal a la sociedad colombiana, con sus secuelas en la seguridad ciudadana, la tranquilidad y la salubridad pública y en la economía nacional”;

b) Que “para reprimir el narcotráfico se hace necesario tomar medidas para disponer, en beneficio del Estado colombiano, el comiso de los bienes y efectos de toda clase vinculados directa o indirectamente a la ejecución de los delitos de narcotráfico y conexos o que provengan de ellos”, y

c) Que en la medida en que “la propiedad y los demás derechos sean adquiridos con el producto de actividades ilícitas, como el narcotráfico, no se puede extender a ellos” las garantías constitucionales.

Así surgió el tipo penal instituido en el citado artículo 6º del Decreto 1856 de 1989, que describe la conducta de quien presta su nombre para ocultar bienes producto del narcotráfico:

“Quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del delito de narcotráfico y conexos, incurrirá en prisión de cinco a diez años y multa de dos mil (2.000) a cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales, sin perjuicio del decomiso de los respectivos bienes”.

Incurre en esta infracción quien bajo su nombre oculta el real dominio sobre bienes adquiridos con recursos provenientes de actividades penalmente previstas en el estatuto nacional de estupefacientes y conexas, conociendo el origen de tales caudales, para de esta forma soterrar al verdadero titular de aquéllos. Se trata, como lo dijera esta corporación en auto de 9 de noviembre de 1990 (Rad. 5597, M.P. Dr. Édgar Saavedra Rojas)(*), de una infracción de conducta permanente, “porque el delito se perfecciona, como ya se dijo, en el momento en que por medio de contrato, escritura o cualquier otro medio legal, un bien pasa a figurar como propiedad de quien realmente no lo es, pues se trata simplemente de una persona que presta su nombre para que figuren en su cabeza bienes que en realidad pertenecen a terceras personas. Y este delito continúa perfeccionándose mientras subsista su condición de testaferro, puesto que el bien jurídico protegido por la norma continúa vulnerándose mientras dure la ilícita simulación”.

(*) Publicado en J. y D., Nº 229, pág. 20 (N. del D.).

En principio se observa que el bien jurídico tutelado es la administración de justicia, en la medida que se trata de una forma autónoma de encubrimiento, toda vez que el propósito perseguido por el narcotraficante al utilizar testaferros para que a nombre de éstos figuren bienes de su propiedad, disimulando la magnitud y el origen de su patrimonio y de esa manera engañar a las autoridades sobre sus ilícitas actividades y el lucro de ellas obtenido. Además, la infracción que se viene comentando se fundamenta en la necesidad de proteger otros bienes jurídicos, como la seguridad pública, en tanto la acumulación de fortunas por actividades vinculadas al narcotráfico resquebraja los cimientos de la sociedad, colocando inmensas cantidades de dinero en manos que han propiciado el terrorismo, el sicariato y otros comportamientos lesivos del orden público y de la indemnidad ciudadana.

La autónoma criminalización de esta grave manifestación del “testaferrato” pretende así mismo combatir los desajustes en la economía nacional, generados por la introducción descontrolada y masiva de moneda extranjera, con la consecuente distorsión en los niveles de adquisición de divisas, el régimen cambiario y las políticas antiinflacionarias, con negativos efectos en el mercado de bienes y servicios y el deterioro de las iniciativas empresariales lícitas pero menos rentables. También coadyuva a la afectación contra la salud pública, pues referido con el tipo penal de narcotráfico, sirve a los propósitos de éste; y al grave deterioro de la moral social (L. 333/96, arts. 34 Const. y 2º num. 3º), entre otras razones por la opulencia de capitales adquiridos en forma fácil, producto de actividades ilícitas, que desalientan el trabajo honrado y la libre empresa como función social sana base del desarrollo, al igual que la propiedad y demás derechos adquiridos con justo título.

El tipo penal que se comenta debe entonces valorarse como una disposición autónoma de naturaleza pluriofensiva, que se integra al sistema de represión del narcotráfico y que, como se ha observado, protege distintos bienes jurídicos perfectamente diferenciados en la forma indicada: la administración de justicia, la salud, la seguridad pública, la moral social, el orden económico, etc.

La solución de la controversia planteada encuentra respuesta en la especialidad de una norma respecto de otra u otras, pues estudiado el tipo penal previsto en el artículo 6º del Decreto 1856 de 1989 (convertido en legislación permanente por el 7º del Decreto Extraordinario 2266 de 1991), en la forma anotada, surge clara su vigente naturaleza autónoma y su mayor descripción típica, que por su identidad con el caso concreto hace preferente su aplicación frente a otras normas penales aparentemente configuradas.

Prestar el nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del narcotráfico o de infracciones conexas con este, mientras el verdadero titular de aquéllos permanece en la clandestinidad, evitando de esa manera la legítima persecución por la justicia, podría tenerse, en gracia de discusión, como comportamiento adecuado a uno de los verbos rectores de la receptación, pero la generalidad de este tipo penal, referido residualmente al encubrimiento sobre bienes de procedencia ilícita que la ley no sancione autónomamente, hace imprescindible descartarlo en el proceso de subsunción, para preferir aquél que, como quedó visto, contiene elementos que lo concretan, especializan y diferencian, mostrando una particular herramienta jurídica relacionada con el verdadero titular y origen de los caudales de la persona que pretende ser favorecida, entre otros medios, gracias a la falaz imposición del testaferro.

Es claro entonces que frente al caso tratado la norma específicamente aplicable es la contenida en el artículo 6º del Decreto 1856 de 1989, adoptada como legislación permanente por el 7º del Decreto 2266 de 1991, que consagra un tipo penal autónomo y de especial cobertura, cuya vigencia es corroborada por disposiciones posteriores (num. 3º, art. 2º, L. 333/96 y art. 14, L. 365/97 y su parágrafo, modificatorio del 340 del CPP), como bien lo destaca el juez regional.

Adicionalmente a lo anterior, se aprecia que de acuerdo con la resolución de acusación dictada en este asunto, se atribuye a Laureano Rentería Castillo que desde los años de 1993 y 1994 (y no en 1995 como parece entenderlo en forma equivocada el Juez 17 Penal del Circuito de Cali que propuso la extraña colisión), se prestó para que bienes de Juan Carlos Ramírez Abadía, adquiridos con dineros provenientes de actividades de narcotráfico, aparezcan a su nombre. La norma aplicable es la promulgada a través del artículo 6º del Decreto 1856 de 1989, precepto que adoptó como legislación permanente el 7º del Decreto 2266 de 1991, tipo penal que establece mayor gravedad punitiva frente al género y que además configura cobertura significativa en torno a los bienes jurídicos que busca tutelar, lo que de paso intensifica cualitativamente el desvalor que a la acción atribuyó el legislador; infracción de competencia de los jueces regionales, en cuanto así lo tiene establecido en forma expresa el numeral 4º del artículo 71 del Código de Procedimiento Penal.

De manera que el llamado para continuar conociendo del proceso seguido contra Rentería Castillo, acusado como quedó visto por la infracción al artículo 6º del Decreto 1856 de 1989, adoptado como legislación permanente por el 7º del Decreto Especial 2266 de 1991, “testaferrato”, es el Juzgado Regional de Cali, a donde se ordena devolver la actuación para lo de su cargo, dándose aviso de lo aquí decidido al Juzgado 17 Penal del Circuito de la misma ciudad».

(Auto de noviembre 12 de 1998. Radicación 14.852. Magistrado Ponente: Dr. Nilson Pinilla Pinilla).

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