Auto 14935 de enero 27 de 2000 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

PERFECCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS ESTATALES

SE PRODUCE CON EL REGISTRO PRESUPUESTAL

EXTRACTOS: «Para el caso sub examine es menester establecer los requisitos de perfeccionamiento de los contratos aportados con la demanda a partir del régimen jurídico aplicable a cada uno de ellos.

(...).

2.1. Requisitos de perfeccionamiento bajo el régimen del Decreto-Ley 222 de 1983

De conformidad con lo establecido en el artículo 51 del estatuto de la referencia, aplicable a los departamentos y municipios en virtud de lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 19 de 1982, el perfeccionamiento de los contratos que celebrara la administración pública bajo esa normatividad, estaba sujeto a las siguientes reglas:

“Del perfeccionamiento de los contratos. Salvo disposición en contrario, los contratos a los cuales se refiere este estatuto se entienden perfeccionados con la ejecutoria de la providencia del Consejo de Estado que los declare ajustados a la ley; si no requieren revisión del Consejo de Estado, con la aprobación de la fianza de que el inciso primero del artículo 48; y si no requieren de constitución de fianza, con el correspondiente registro presupuestal, si hay lugar a él, o una vez suscritos”. (Negrillas fuera del texto).

Por su parte, el artículo 67 ibídem estatuía que “en todo contrato” se debía pactar expresamente la obligación del contratista de garantizar, según el caso, los riesgos relativos a: cumplimiento, manejo y buena inversión del anticipo, estabilidad de la obra o calidad del servicio, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de personal, correcto funcionamiento de los equipos objeto de suministro o instalación; esta exigencia estaba complementaba por la norma del artículo 68 ibídem, según la cual, la cláusula de garantías se presumía pactada para los casos en los que no se consignara expresamente en el contrato, a excepción de los contratos de empréstito, arrendamiento (cuando la entidad pública fuera la arrendataria) y en los interadministrativos.

A su vez, en complemento de lo anterior, el artículo 48 del decreto en mención establecía, por una parte, que las garantías exigidas debían constituirse una vez obtenido el registro presupuestal correspondiente, y que debían ser aprobadas por el jefe de la entidad contratante; y por otra, que la aprobación de la garantía de estabilidad de la obra o calidad del bien o servicio, era condición necesaria para que el acta de recibo produjera efectos legales y contractuales.

Finalmente, a voces del inciso segundo del artículo 70 del Decreto-Ley 222 de 1983, “los respectivos contratos de garantía forman parte integrante de aquel que se garantiza”, huelga decir, tales fianzas conforman una unidad con el contrato garantizado.

2.2.Requisitos de perfeccionamiento bajo el régimen de la Ley 80 de 1993.

En principio se tiene, que según lo reglado en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, “los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”; en tanto que la existencia de la disponibilidad presupuestal y la aprobación de la garantía única de cumplimiento, son simplemente “requisitos de ejecución” y no de perfeccionamiento del contrato. Sin embargo, esta norma sufrió modificación por el artículo 49 de la Ley 179 de 1994, compilada en el artículo 71 del Decreto-Ley 111 de 1996, contentivo del estatuto orgánico del presupuesto, según el cual:

“Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.

En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización del Confis o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargos a los recursos del crédito autorizados.

(...).

Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones” (se colocan negrillas).

Si bien, la norma antes transcrita hace alusión al perfeccionamiento de “actos administrativos”, la misma ha de entendérsela hecha en sentido genérico y no reducida a los actos administrativos unilaterales; por lo tanto, en ella deben incluirse tanto los unilaterales como los bilaterales, ya que dicha disposición no hace distinción alguna, interpretación que ve coadyuvada por lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto-Ley 111 de 1996 de la misma Ley 179 de 1994, que establece:

“Esta ley orgánica del presupuesto, su reglamento, las disposiciones legales que ésta expresamente autorice, además de lo señalado en la Constitución, serán las únicas que podrán regular la programación, elaboración, presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto, así como la capacidad de contratación y la definición del gasto público social. En consecuencia, todos los aspectos atinentes a estas áreas en otras legislaciones quedan derogados y los que se dicten no tendrán ningún efecto” (resalta la Sala).

En consecuencia, a términos de las normas antes transcritas, se deduce, que el perfeccionamiento de los contratos estatales se produce con el registro presupuestal de los mismos, luego de que las partes hayan expresado, por escrito, su consentimiento acerca del objeto y las respectivas contraprestaciones».

(Auto de enero 27 de 2000. Expediente 14.935. Consejero Ponente: Dr. Germán Rodríguez Villamizar).

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