Auto 1510 de mayo 16 de 2002 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

Ref.: 1510-00

Rad.: 11001-03-25-000-2000-98-00

Consejero Ponente:

Dr. Tarsicio Cáceres Toro

Actor: Darío Angarita Medellín

Demandados: Ministerios de Salud y Hacienda y Crédito Público

Bogotá, D.C., dieciséis de mayo dos mil dos.

Decretos del gobierno

Decide la Sala el recurso de reposición interpuesto por la P. demandada (Ministerio de Salud y de Hacienda y Crédito Público) contra el auto del 31 de agosto de 2000, proferido en el asunto de la referencia, mediante el cual se dispuso, de una parte, decretar la suspensión provisional de los efectos de los artículos 11, 19 y 22 del Decreto Reglamentario 047 del 19 de enero de 2000, y del aparte del artículo 15 en la parte que quedó vigente como consecuencia de la suspensión provisional decretada en auto del 10 de agosto de 2000, expediente 807-00 M.P. Alejandro Ordóñez Maldonado; y de la otra, estarse a lo resuelto en auto del 15 de julio de 2000 también proferido por esta misma corporación, en el expediente 1213-00 respecto del artículo 12 ibídem.

Antecedentes

La demanda.

La parte actora en ejercicio de la acción del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, instauró demanda tendiente a obtener la nulidad de artículos 11, 12, 15, 19 y 22 del Decreto Reglamentario 047 del 19 de enero de 2000; por el cual se expiden normas sobre afiliación y se dictan otras disposiciones.

El auto que decretó la suspensión provisional.

Esta corporación en proveído del 31 de agosto del 2000 decretó la medida de suspensión provisional de las disposiciones arriba mencionadas, con fundamento en que de la confrontación directa entre éstas y las disposiciones de orden superior invocadas en la demanda se aprecia la infracción de estas últimas.

Para tomar tal decisión se tuvo en cuenta lo siguiente:

Las normas acusadas son los artículos 11, 12, 15, 19 y 22 del Decreto 047 del 19 de enero del 2000.

El artículo 11 que se refiere a la cotización de los trabajadores independientes sobre el mayor valor resultante entre la base que arroje el sistema de presunción de ingresos y su ingreso real.

El artículo 12 ibídem que señala el ingreso base de cotización para el sistema general de seguridad de las trabajadoras del servicio doméstico en porcentaje no inferior al equivalente al 12% de un salario mínimo legal mensual vigente.

El artículo 15 que consagra la condición del pago completo de la cotización mensual para ingresar y ejercer los derechos dentro del régimen contributivo del sistema de seguridad social en salud en los porcentajes no inferiores al equivalente al 12% de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes para trabajadores independientes y al 12% de un salario mínimo legal mensual vigente para trabajadores dependientes, indicando la obligación por parte de las entidades promotoras de salud de realizar la compensación completa de las unidades de pago por capitación para todos los períodos, siempre que hagan efectivo el correspondiente recaudo de la cotización completa y la no procedencia de la compensación por período parcial.

Y los artículos 19 y 22 que disponen, respectivamente, que el aporte mensual de la madre comunitaria en calidad de trabajadora independiente es el equivalente al 8% sobre el monto total de su bonificación mensual a menos que dicho monto sea inferior a medio salario mínimo legal mensual vigente caso en el cual, el aporte se liquidará sobre la base de medio salario mínimo legal mensual vigente; y la posibilidad que tienen aquellas de optar por afiliar a su cargo familiares al régimen contributivo para lo cual deben pagar por la cotización el equivalente al 12% de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Que en cuanto al artículo 12 citado, esta corporación en proveído del 15 de julio de ese mismo año, con ponencia del consejero Alejandro Ordóñez Maldonado, decretó la suspensión provisional del mismo, por considerar que el ejecutivo al fijar como parámetro para la cotización de las trabajadoras del servicio doméstico en el sistema de seguridad social, el equivalente a un salario mínimo mensual vigente, desbordó la potestad reglamentaria dado que el porcentaje de cotización se debe aplicar sobre una cuantía inferior al 50% del salario mínimo mensual vigente, razón por la cual debe estarse a lo resuelto en dicha providencia.

Que de la confrontación directa entre las precitadas disposiciones y las normas señaladas como quebrantadas por aquellas se aprecia lo siguiente:

Que no se puede determinar a primera vista la violación del artículo 153 numeral 8º de la Ley 100 de 1993 que señala que en materia de concertación, el sistema propicia mecanismos formales a través de los consejos nacional, departamentales, distritales y municipales de seguridad social en salud, porque la misma ley no determina claramente la facultad de definir aspectos de la cotización que le corresponden inicialmente al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud que se rigen por el municipio de la concertación.

Que tampoco se advierte la transgresión del artículo 154 de la Ley 100 de 1993, pues éste reglamenta la intervención del Estado en el servicio público de seguridad social en salud, conforme a las reglas de competencia de que trata la ley, dentro del marco de los cánones constitucionales que profesan esa intervención, para los logros de los fines que el Estado mismo se propone en el área de la salud.

Que, en cambio, respecto del artículo 172-2 de la Ley 100 de 1993 el cual en forma clara establece que le compete al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud ”definir” el monto de la cotización de los afiliados al sistema dentro de los límites previstos en el artículo 204 ibídem, si se observa, en principio, la vulneración por parte de las disposiciones acusadas, pues no aparece mención alguna en el Decreto 047 citado, ni en las pruebas arrimadas hasta el momento, que dicho consejo, previamente, como lo establece el artículo 204 en concordancia con el numeral 2º del artículo 172 de la Ley 100 de 1993 hubiera cumplido su cometido de “definir el monto de la cotización de los afiliados del sistema, dentro de los límites previstos en el artículo 204” para que luego el Gobierno hubiera podido expedir el decreto donde incluyera tales determinaciones sobre las cotizaciones. De tal manera que, a primera vista, el Gobierno Nacional al expedir el Decreto 047 de 2000, en cuanto a las normas impugnadas —en lo que se encuentra vigente— aparece desbordando las facultades determinadas en el numeral 2º del artículo 172 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el inciso 2º del artículo 204 ibídem, luego procede decretar la suspensión provisional de los citados artículos.

Que aunque el Gobierno Nacional tiene facultad reglamentadora de las leyes; no obstante, en ciertas materias el legislador ha determinado, como en el caso del numeral 2º del artículo 172 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el inciso 2º del artículo 204 ibídem, que se surta una actuación administrativa previa que se deba cumplir.

Que no puede olvidarse que dentro de las calidades y competencias presidenciales establecidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, determina, como una de ellas, el ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarias para cumplida ejecución de las mismas. El decreto acusado en nulidad parcial de algunas de sus normas tiene relación con la concreción necesaria de los logros señalados en el artículo 154 de la Ley 100 de 1993, en aras de la implementación y desarrollo de la seguridad social en el país. Que en este orden de ideas, se requiere un análisis sistemático y armónico de la normatividad contenida en los artículos 11, 12, 15, 19 y 22 del Decreto Reglamentario 047, para establecer si en realidad estas disposiciones quebrantan las normas invocadas por el actor, tarea propia de efectuar en la sentencia que dirima la controversia.

Y, por último, que en lo tocante al artículo 15 del Decreto 047 del 2000, como esta corporación en el proceso 807-2000 por auto del 10 de agosto de 2000 dispuso la suspensión provisional de secciones de dicho artículo, así: del término “completo” que aparecía en el primer inciso y los apartes relativos a la cancelación como aportes en los porcentajes allí señalados, dejando vigente el texto relativo a la condición del pago de la cotización mensual para ingresar al régimen contributivo del sistema de seguridad social en salud y la fecha a partir de la cual empieza a regir dicha disposición, estos apartes transgreden el numeral 2º del artículo 172, en concordancia con el inciso 2º del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, como quiere que la falta de competencia alegada por el peticionario también afecta dicha disposición, razón por la cual debe accederse a la suspensión provisional del aparte que quedó vigente.

Fundamentos de la apelación

El Ministerio de Salud en procura de obtener la revocatoria del proveído impugnado manifiesta que, en primer lugar, el inciso 2º del artículo 204 de la Ley 100 que según esta corporación resulta violado por las disposiciones objeto de la suspensión, fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-577 del 4 de diciembre de 1995 en razón a que dicha disposición vulnera la estructura orgánica de la rama ejecutiva del poder público y desconoce las calidades del Presidente como suprema autoridad administrativa y jefe de gobierno, en consecuencia estando derogada, no puede exigirse que por parte del ministerio al expedir el Decreto 047 de 2000, se diera cumplimiento al hecho de que para efectos de definir el monto de las cotizaciones existiera la previa aprobación del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. Que, en segundo lugar, la Ley 509 de 1999, estableció un sistema especial de afiliación de las madres comunitarias al sistema general de seguridad social en salud, en el que determina el ingreso base de cotización de las madres comunitarias lo cual es producto de una interpretación armónica de la Ley 100 de 1993 y su Decreto Reglamentario 806 de 1998, la misma Ley 509 en su artículo 2º fijó el monto de la cotización para las madres comunitarias, revelando de esa responsabilidad para el régimen especial al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud según la facultad que en términos generales le asigna el numeral 2º del artículo 172 de la Ley 100 de 1993. Y, por último, que el artículo 288 de la Ley 100 de 1998 establece que todo trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de la disposición de la misma Ley 100 de 1993 (fls 55 a 58 exp.).

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Recurre el citado proveído con fundamento, básicamente, en lo siguiente: Que las disposiciones acusadas no violan el numeral 2º del artículo 172 de la Ley 100 de 1993 toda vez que el Decreto 047 de 2000 se expidió en virtud de la facultad reglamentaria ordinaria y de la facultad de intervención otorgada por la misma Ley 100 de 1993 teniendo en cuenta que la Constitución Política (arts. 48 y 49) establece en cabeza del Estado, la obligación de organizar, dirigir, coordinar y controlar el servicio público obligatorio de la seguridad social, con el fin de asegurar y garantizar la prestación del mencionado servicio bajo del principio de eficiencia, universalidad y solidaridad. Para tal efecto, a través del Gobierno Nacional, conforme a las autorizaciones otorgadas por la ley, debe fijar las políticas y expedir los actos administrativos que se requieran para alcanzar los objetivos dispuestos en la Constitución Política:

Que el Decreto 047 de 2000, en ningún momento invade la competencia otorgada al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud a través del numeral 2º del artículo 172 de la Ley 100 de 1993 porque, en primer lugar, si bien la norma es clara al señalar la competencia del citado consejo para determinar el monto de la cotización, también lo es que debe hacerse dentro de los límites contenidos en el artículo 204 de la Ley 100 de 1993, que no son otros que la cotización obligatoria que tiene un porcentaje máximo del 12% de salario base de cotización; el salario base de cotización que está en el rango de 1 y 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes; la cotización de los trabajadores dependientes que corresponde las 2/3 partes al patrono y 1/3 al empleado; y, por último, que para la base para la cotización de los trabajadores independientes se debe aplicar el sistema de presunción de ingresos que reglamente el gobierno.

Que en relación con el primer límite, antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, el porcentaje de la cotización de los afiliados al ISS y las cajas de previsión públicas, fluctuaba aproximadamente entre el 7% y 8% por cuanto atendía únicamente al trabajador, esposa o compañera permanente y a los hijos menores de 1 año, es decir, que no tenía la cobertura familiar más amplia como lo es la consagrada en el artículo 163 ibídem.

Que con la implementación del nuevo sistema, el citado organismo de concertación definió el monto máximo a través de los acuerdos 006 y 011 de 1994, los cuales transcribe, haciendo énfasis en que este último contenido en el parágrafo 3° del artículo 172 de la Ley 100 de 1993 (que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-577 de 1995) fue acogido por el Gobierno Nacional mediante Decreto 2926 de 1994, de donde se colige que el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, ejerció la competencia señalada por la ley al determinar el porcentaje de la cotización que en año 1996 alcanzó el monto máximo del 12% fijado por el artículo 204 de la Ley 100 de 1993.

Que, existe una diferencia entre la facultad que le asiste al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud para definir el monto de la cotización, cuestión que ha efectuado el citado consejo, monto que se define como un porcentaje sobre el ingreso base de cotización y otra muy distinta es la competencia del Gobierno Nacional en relación con la definición del mencionado ingreso. Que, en efecto, uno es el valor o tarifa del aporte, el otro es la base del cálculo del mismo. Que la ley previó la base mínima para dependientes (1 salario mínimo legal mensual vigente) y facultó expresamente al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, únicamente para este caso a limitar el ingreso base de cotización máximo de estos trabajadores (par. 3º, del art. 204) facultad distinta de la establecida en el numeral 2º del artículo 172 de la Ley 100 de 1993.

Que, en conclusión como las disposiciones legales vigentes consagran que en el sistema general de seguridad social en salud, el ingreso base de cotización para los trabajadores dependientes no puede ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente y para los independientes sobre 2 salarios mínimos y que la reiteración de las mismas a través del reglamento acusado, no puede tenerse como violatoria de las normas que en la definición del monto y distribución de las cotizaciones que regulan la competencia tanto del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud como del Gobierno Nacional (fls. 60 a 61, exp.).

Consideraciones

La razón de ser de la suspensión provisional es la inaplicabilidad transitoria del acto que se muestra, en principio, contrario a una disposición de orden superior, evitando con ello la causación de perjuicios al actor.

El artículo 152 del Código Contencioso Administrativo consagra como requisitos para la procedencia de la suspensión provisional, entre otros:

“1. Que la medida se solicite y sustente de modo expreso en la demanda o por escrito separado, presentado antes de que sea admitida;

2. Si la acción es de nulidad, basta que haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud”.

En este orden de ideas, la Sala reitera el criterio según el cual para que proceda el instituto jurídico de la suspensión provisional consagrado en los artículos 238 de la Constitución Política y 152 del Código Contencioso Administrativo antes transcrito, en el contencioso de simple nulidad es menester que el acto acusado viole una norma superior y que esta violación sea manifiesta, flagrante y ostensible.

Ahora al analizar nuevamente los cargos formulados por los demandados con base en los cuales edifican la solicitud de revocatoria de la suspensión provisional decretada, la Sala observa lo siguiente:

Los artículos 153-8, 172-2 y 204 de la Ley 100 de 1993, señalan:

“ART. 153.—Fundamentos del servicio público. Además de los principios generales consagradas en la Constitución Política, son reglas del servicio público de salud, rectoras del sistema general de seguridad social en salud las siguientes:

(...).

8. Concertación. El sistema propiciará la concertación de los diversos agentes en todos los niveles y empleará como mecanismo formal para ello a los consejos nacional, departamentales, distritales y municipales de seguridad social en salud”.

“ART. 172.—Funciones del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud tendrá las siguientes funciones:

(...)

2. Definir el monto de la cotización de los afiliados del sistema, dentro de los límites previstos en el artículo 204 de esta ley”.

“ART. 204.—Monto y distribución de las cotizaciones. La cotización obligatoria que se aplica a los afiliados al sistema general de seguridad social en salud según las normas del presente régimen, será máximo del 12% del salario base de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo. Dos terceras partes de la cotización estarán a cargo del empleador y una tercera parte a cargo del trabajador. Un punto de la cotización será trasladado al Fondo de Solidaridad y Garantía para contribuir a la financiación de los beneficiarios del régimen subsidiado.

(El gobierno nacional, previa aprobación del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, definirá el monto de la cotización dentro del límite establecido en el inciso anterior y su distribución entre el plan de salud obligatorio y el cubrimiento de las incapacidades y licencias de maternidad de que tratan los artículos 206 y 207, y la subcuenta de las actividades de promoción de salud e investigación de que habla el artículo 222) (1) .

(1) Inciso declarado inexequible por la Corte Constitucional, en Sentencia C-577 de 1995.

PAR. 1º—La base de cotización de las personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como servidores públicos, afiliados obligatorios al sistema general de seguridad social en salud, será la misma contemplada en el sistema general de pensiones de esta ley.

PAR. 2º—Para efectos de cálculo de la base de cotización de los trabajadores independientes, el Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunciones de ingreso con base en información sobre el nivel de educación, la experiencia laboral, las actividades económicas, la región de operación y el patrimonio de los individuos. Así mismo, la periodicidad de la cotización para estos trabajadores podrá variar dependiendo de la estabilidad y periodicidad de sus ingresos.

PAR. 3º—Cuando se devenguen mensualmente más de 20 salarios mínimos legales vigentes, la base de cotización podrá ser limitada a dicho monto por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud”.

Por su parte, el artículo 172-2 de la Ley 100 de 1993, fue declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-577 de 1995, en donde precisó las funciones del Consejo Nacional de Seguridad Social en Colombia, así:

“El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud es creado por el artículo 171 de la Ley 100 de 1993, como un organismo de concertación de carácter permanente, adscrito al Ministerio de Salud, encargado de la dirección del sistema general de seguridad social en salud.

Este órgano está conformado por el Ministro de Salud —quien lo preside—; el Ministro de Trabajo y Seguridad Social o su delegado; el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado; dos representantes de las entidades departamentales y municipales de salud; dos representantes de los empleadores; dos representantes de los trabajadores; el representante legal del Instituto de Seguros Sociales; un representante de las entidades promotoras de salud distintas del ISS; un representante de las instituciones prestadoras de servicios de salud; un representante de los profesionales del área de la salud; y un representante de las asociaciones de usuarios de servicios de salud del sector rural.

Se trata de un órgano plural de concertación entre funcionarios de sector central, descentralizado y miembros de la sociedad civil relacionados con el servicio de salud. Las decisiones del consejo tienen carácter concertado. A través de ellas se desarrolla el principio constitucional de la democracia participativa consagrado, entre ellos, en el preámbulo, y en los artículos 1º y 103 de la Carta”.

Conforme a las anteriores normas, salvo el inciso 2º del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, para la Sala es claro, como se señaló en el auto recurrido, que el Gobierno Nacional, para expedir la reglamentación referente a las cotizaciones de los trabajadores tanto dependientes como independientes, de que tratan los artículos 11 y 15 del Decreto 047 de 2000, debe surtir una actuación previa, ante el Consejo de Seguridad Social en Salud que no aparece surtida y por ello, a primera vista, se está transgrediendo el ordenamiento jurídico, lo cual dio lugar a la suspensión provisional recurrida.

Es esta razón por la que se decretó la suspensión provisional de los efectos de las normas acusadas, pues el Gobierno Nacional, en principio, unilateralmente, no podía fijar el monto de las cotizaciones, pues debía previamente concertar.

De los artículos 19 y 22 del Decreto 047 de 2000.

Esta corporación en el auto recurrido suspendió provisionalmente los efectos de dichos artículos con fundamento, principalmente, en el hecho de que no podía el Gobierno Nacional en el decreto acusado, fijar el monto de las cotizaciones de las madres comunitarias y de su grupo familiar, sin previamente haber concertado con el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.

La censura del Ministerio de Salud se finca en el hecho de que el Gobierno Nacional no requería concertar previamente con el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, para fijar el monto de las cotizaciones de las madres comunitarias y de su grupo familiar, por cuanto la Ley 509 de 1999, ya lo había hecho.

Al respecto se observa lo siguiente:

La Ley 509 de 30 de julio de 1999, “Por la cual se disponen unos beneficios a favor de las madres comunitarias en materia de seguridad social y se otorga un subsidio pensional”, en su artículo 2º, dispuso:

“ART. 2º—Las madres comunitarias cotizarán mensualmente como aportes al sistema de seguridad social en salud un ocho por ciento (8%) de las sumas que reciben por concepto de bonificación, en caso de que el monto de la bonificación resulte inferior a la mitad del salario mínimo legal mensual vigente, el porcentaje del aporte se liquidará sobre la base del cincuenta por ciento (50%) de este salario mínimo”.

Ahora, el artículo 19 del Decreto 047 de 2000, es del siguiente tenor:

“ART. 19.—Ingreso base de cotización. La madre comunitaria deberá aportar mensualmente en calidad de trabajadora independiente un valor equivalente al 8% sobre el monto total de su bonificación mensual. En el evento de que este monto sea inferior a medio salario mínimo legal mensual vigente, el aporte se liquidará sobre la base de medio salario mínimo legal mensual vigente”.

De la confrontación directa entre las disposiciones antes transcritas, observa la Sala que, efectivamente, desaparece el carácter manifiesto y ostensible de la violación que se predicó del artículo 19 del Decreto 047, en el auto recurrido, frente a las disposiciones que se indicaron como vulneradas por aquel, toda vez que habiendo establecido la ley el monto de la cotización de las madres comunitarias, en principio, resulta inocua la concertación del gobierno con el consejo. Además, estando vigente la Ley 509 de 1999 a la fecha de expedición del Decreto 047 de 2000, el gobierno estaba obligado a atender sus prescripciones.

En este orden de ideas, se hace necesario, entonces, realizar un análisis exhaustivo para verificar si en el fondo existe o no tal quebranto, análisis propio de efectuar en la sentencia que dirima la controversia, razón por la cual la Sala revocará el proveído recurrido, respecto del decreto de la suspensión provisional de los efectos del artículo 19 del Decreto 047 de 2000.

Por su parte, el artículo 22 del Decreto 047 de 2000, dispone:

“ART. 22.—Cobertura familiar de las madres comunitarias. Las madres comunitarias como trabajadores independientes, podrán optar por afiliar a su grupo familiar el régimen contributivo, caso en el cual deberá pagar por concepto de cotización mensual el equivalente al 12% de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes...”.

De la confrontación directa entre la norma antes transcrita y la Ley 509 de 1999, se observa que el aspecto del monto de la cotización fijado para afiliar al grupo familiar de las madres comunitarias no fue materia de la misma, razón por la cual, en principio, era necesaria la concertación del Gobierno Nacional con el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud para fijar el monto de dicha cotización. En consecuencia la Sala mantendrá la mediada adoptada en relación con este artículo en el auto recurrido.

Anota la Sala que la confrontación se realizó entre las normas acusadas y las que se indicaron como quebrantadas en la demanda que son las relevantes en esta etapa del proceso; y manifiesta su extrañeza ante el hecho de que en la demanda sólo se citen algunas normas omitiendo señalar otras que regulan la materia y decisiones que afectan las invocadas.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

1. CONFÍRMASE el auto del 31 de agosto de 2000, proferido por esta corporación dentro del asunto de la referencia, en cuanto decretó la suspensión provisional de los efectos de los artículos 11, 15 en la parte que quedó vigente y 22 del Decreto 047 de 2000, con excepción del decreto de dicha medida en relación con el artículo 19, ibídem.

2. REVÓCASE dicha providencia en cuanto decretó la suspensión provisional de los efectos del artículo 19 del Decreto 47 de 2000, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión celebrada en la fecha precitada.

Notifíquese y cúmplase.

_______________________________