Auto 15273 de agosto 2 de 2000 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Nilson E. Pinilla Pinilla

Aprobado Acta 131

Santafé de Bogotá. D.C., dos (2) de agosto de dos mil (2000)

Consideraciones de la Corte

Extractos: «El artículo 415 del Código de Procedimiento Penal establece que el procesado tiene derecho a la libertad provisional bajo caución, por fenecimiento de términos, “cuando vencido el término de ciento veinte (120)días de privación efectiva de libertad, no se hubiere calificado el mérito de la instrucción” (num. 4º) y “cuando hayan transcurrido más de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, sin que se hubiere celebrado la correspondiente audiencia pública” (5º), señalando como excepción que la audiencia se hubiere iniciado, “así ésta se encuentre suspendida por cualquier causa, o cuando habiéndose fijado fecha para celebración de la misma, no se hubiere podido realizar por causa atribuible al sindicado o su defensor”.

Este inciso fue declarado exequible por la Corte Constitucional en el fallo aludido por la defensa (C-846/99), de manera condicionada, señalando en su parte resolutiva:

“Declarar EXEQUIBLE el inciso 2º del artículo 415 del Decreto 2700 de 1991 — Código de Procedimiento Penal — tal como fue modificado por el artículo 55 de la ley 81 de 1993, siempre y cuando se entienda que la causal por la cual se suspende la audiencia, debe ser razonable y estar plenamente justificada”.

Así mismo, en las consideraciones de dicha providencia, la Corte Constitucional refirió:

“De igual forma, la exequibilidad del aparte analizado, también debe estar condicionada al entendido de que la causal por la cual se ordena la suspensión de la audiencia ha de ser razonable, estar plenamente justificada y el término de duración debe ser el mínimo que las circunstancias ameriten”.

De tal análisis, concluye la Sala que estas causales de excarcelación fueron instituidas por el legislador como protección a la situación del procesado privado de la libertad, ante dilaciones de la administración de justicia, sea en la instrucción o en el juzgamiento, pero no cuando el retardo en actuar hubiere sido propiciado por el sindicado o su defensor, ni cuando la causa del mismo sea razonable y esté plenamente justificada, como lo ha resaltado la Corte Constitucional. En ningún precepto ha previsto esa posibilidad cuando luego de concluida la diligencia de audiencia pública no se emita sentencia dentro de los diez días siguientes a que alude el artículo 456 del estatuto procesal penal.

Se observa que la ley regula la totalidad de los eventos en los cuales el vencimiento de términos amerita la concesión de la excarcelación caucionada y aquéllos en que, a pesar de la mora, no es posible su otorgamiento. Es decir, la integridad de esos tópicos ha sido prevista normativamente, sin que exista vacío al respecto y, por lo tanto, no es aplicable la analogía planteada por el defensor, más aún cuando no solo la situación fáctica, sino también la normativa difieren de un caso a otro.

Es de observar que para evento como el analizado si podría darse una causal de excarcelación, llegado el momento, al anticiparse el análisis del cumplimiento de los presupuestos de la libertad condicional, que permitiría otorgar la provisional según lo dispuesto en el inciso 2º del numeral 2º del artículo 415 del estatuto procesal penal.

En consecuencia, por no existir texto legal que la permita, se negará la libertad provisional impetrada.

Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE:

NEGAR la libertad provisional solicitada por el defensor del procesado Saulo Arboleda Gomez.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

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