Auto 15327 de diciembre 5 de 2000 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

CAUSAL CUARTA DE LIBERTAD PROVISIONAL

VENCIMIENTO DE TÉRMINOS POR ESTRATEGIAS DE LA DEFENSA

Radicación 15.327

Dr. Fernando E Arboleda Ripoll

Bogotá, D.C., cinco de diciembre de dos mil.

Se pronuncia la Corte sobre la solicitud de libertad provisional que presenta el defensor del sindicado doctor J...

Fundamentos de la petición

Argumenta el defensor del doctor J... que su cliente se encuentra privado de la libertad desde el día primero de agosto de la presente anualidad, habiendo cumplido 120 días de privación efectiva de la misma, “sin que se hubiere calificado el mérito de la instrucción”, por lo cual solicita de la Corte se ordene la libertad provisional.

Se considera:

Examinado el diligenciamiento se observa que el sindicado J... se encuentra sometido a la medida de aseguramiento de detención preventiva desde el día primero (1º) de agosto de la anualidad que transcurre, inclusive (fl. 68 cdno. copias), fecha en la cual fue capturado por miembros del cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de la orden dispuesta por la Corte en auto de treinta y uno de julio anterior.

Si a partir de la fecha de la captura se efectúa el conteo cronológico respectivo, se observa que en cumplimiento efectivo de la medida restrictiva de la libertad ha transcurrido un lapso superior a los ciento veinte días señalados en el artículo 415-4 del Código de Procedimiento Penal, modificado por el artículo 55 de la Ley 81 de 1993, sin que se hubiere impartido calificación de fondo al mérito probatorio del sumario.

Para que proceda la libertad provisional, es preciso que se cumplan íntegramente los presupuestos de la causal invocada, en este caso que haya transcurrido el término de ciento veinte días de privación efectiva de la libertad, contados desde la aprehensión del procesado, y además, que no se hubiere calificado el mérito de la instrucción por motivos no atribuibles a quien aspira al reconocimiento de ese derecho o de su representante judicial.

Se tiene entonces, que la causal de excarcelación invocada por el defensor, no se circunscribe a un simple establecimiento matemático del transcurso de los términos, sino que está condicionada a la ausencia de actividades que insinúen maniobras dilatorias encaminadas a que el proveído calificatorio del mérito del sumario se produzca por fuera del aludido lapso, pues el deber de lealtad impuesto por la ley a los sujetos intervinientes en los procesos judiciales, implica necesariamente la obligación de actuar con absoluta seriedad y responsabilidad en los planteamientos que hagan al órgano jurisdicente, ya que de no proceder conforme al mandato legal, no sólo puede acarrearles consecuencias de índole disciplinaria, sino en el proceso mismo, negativas para la parte que representan. So pretexto de ejercer el derecho de allegar pruebas y controvertir las recaudadas en su contra, de recurrir las decisiones judiciales o de presentar peticiones que deban ser definidas en el curso de la actuación, a los profesionales del derecho no les es permitido presentar peticiones sin fundamento fáctico o jurídico, solicitar pruebas manifiestamente improcedentes o inconducentes, o aducir de manera calculada y paulatina los medios de convicción que se pretende sean allegados en defensa de sus intereses, debiendo hacerlo de una vez como corresponde a la delicada misión encomendada, que lleva ínsito al deber de colaborar lealmente en la recta y cumplida administración de justicia (D. 196/71, art. 47).

Dichas actuaciones, entre otras maniobras dirigidas a que el trámite no tenga normal desarrollo, infringe el principio de lealtad, norma rectora consagrada en el artículo 18 del Código de Procedimiento Penal e impiden la concesión del beneficio de libertad provisional, conforme así ha sido declarado por la jurisprudencia de esta Corte (Cfr. autos de julio 8/99. M.P. Dra. Giomar Jiménez Muñoz. Rad. 16042 y mar. 21/2000, M.P. Dr. Carlos E. Mejía Escobar. Rad. 16981).

En este último pronunciamiento, la Corte señaló que a efectos de la configuración de un motivo de libertad provisional por vencimiento de términos, lo prevalente es que el fenecimiento del término previsto para la excarcelación hubiere ocurrido a causa de maniobras dilatorias del procesado o su defensor, y que el estado administrador de justicia no haya dejado el proceso abandonado a su propia suerte ni haya expuesto a irrazonable prolongación de la libertad del acusado.

“El acceso oportuno a la administración de justicia y la protección de la libertad frente a dilaciones injustificadas se desdobla en diversas consideraciones tanto objetivas como subjetivas a las que debe acudir el juez en cada caso concreto confrontando y aplicando criterios de razonabilidad tales como extensión temporal del período o períodos de interrupción del trámite procesal, la apreciación axiológica del motivo, que desde la malicia hasta la falta de diligencia o la imprudencia, el cumplimiento de las cargas probatorias respecto del carácter grave e irresistible de una petición de aplazamiento, o las condiciones que den a un particular evento una connotación especial.

También habrá de considerarse cómo un aplazamiento injustificado repercute toda la planificación preordenada por los juzgados, introduce distractivos en la gestión y origina una distorsión en cadena que a veces se convierte en causa futura de sucesivos retardos. Y que en otras oportunidades no desvincula a la judicatura del cumplimiento de sus deberes de dirección y ordenación del proceso.

Por eso el análisis sobre la trascendencia de la causa atribuible al procesado o al defensor no es válido llevarlo a cabo como si cada aplazamiento fuere un episodio descontextualizado suficientemente explicativo en sí mismo de cualquier retardo, menos aún como si una conducta negligente del defensor o del procesado autoricen a paralizar la actuación.

Ese es el norte que rige la apreciación de la causal de excarcelación y de sus excepciones y de él no se puede apartar la autoridad judicial”.

Esta situación es la que se advierte ha ocurrido en el presente caso, en el cual se hace manifiesta la incidencia que en el vencimiento del término señalado en la norma precitada han tenido las variadas peticiones ad portas de la clausura del ciclo instructivo formuladas por el defensor del implicado, quien de manera calculada no presentó sus pretensiones probatorios conjuntamente en un solo memorial, ni siquiera lo hizo una vez tuvo conocimiento de la apertura de investigación o de la medida restrictiva de la libertad decretada por la Corte, sino que esperó escasos siete meses posteriores a haberse abierto la investigación y cuarenta y cuatro días después de la definición de la situación jurídica para elevar la primera petición de pruebas, y posteriormente, con más de un mes de diferencia, presentó cuatro memoriales adicionales, allegando y solicitando pruebas todas, salvo una incorporada de oficio, rechazadas por improcedentes, lo que de suyo denota actitud dilatoria del trámite.

Revisando el paginario se constata que el dieciocho de febrero de la corriente anualidad, la Corte abrió investigación en contra del doctor J... ordenando su vinculación mediante indagatoria y el recaudo de algunos medios de convicción (fl. 220 cdno. 1); con fecha treinta y uno de julio siguiente, definió la situación jurídica del implicado imponiéndole medida de aseguramiento de detención preventiva por el delito de peculado por apropiación, disponiendo al tiempo, por el término de cinco días, correr traslado a los sujetos procesales del dictamen pericial que obra en el expediente, así como poner en conocimiento de las partes la prueba trasladada a la presente actuación (fls. 2 y ss. cdno. 2); el primero de agosto siguiente se dispuso que por la Secretaría de la Sala se procediera a la legalización de la captura (fl. 72 cdno. 2); la providencia definitoria de la situación jurídica cobró ejecutoria el 14 de agosto último (fl. 78), y el diecisiete siguiente la Secretaría de la Sala dejó constancia que a partir de dicha fecha comenzó a correr el término de cinco días de traslado del dictamen pericial y de la prueba trasladada al presente asunto el cual venció el veinticuatro de agosto (fl. 79).

Por escrito presentado el veinticinco de agosto, el procesado confirió poder a un profesional del derecho, quien en la misma fecha solicitó la expedición de copias de todo lo actuado, ingresando al efecto las diligencias al despacho el 28 de agosto (fl. 88), en pretensiones que fueron atendidas favorablemente mediante auto del veintinueve siguiente (fl. 89).

Por auto de siete de septiembre de la anualidad que transcurre, la Corte rechazó las demandas de constitución de parte civil presentadas a nombre de la "Cooperativa Cootracaldas” y de “los ex trabajadores de la Secretaría de Fomento, Desarrollo y Obras Públicas del departamento de Caldas” (fls. 92 y ss.-2), y el trece siguiente el defensor solicitó el recaudo de algunas pruebas, petición que amplió el día 21, ingresando las diligencias al despacho el día 22, siendo resueltas favorablemente las pretensiones mediante auto de septiembre veintiséis siguiente, en el que además se dispuso allegar algunas pruebas de oficio, para cuyo recaudo se comisionó, por el término de quince días libres de distancias, al fiscal delegado que designara la Dirección Nacional de Fiscalías a donde se ordenó remitir el expediente (fl. 141 y ss.).

En memoriales presentados los días 9, 12, y 17, de octubre, el defensor allegó algunos documentos solicitando al tiempo su remisión a la fiscalía comisionada para el recaudo de pruebas, a efectos de que sobre los mismos se efectuara el interrogatorio que pretendía formular a algunos de los testigos; solicitó, además, la designación de un perito que realizara una estudio económico del cálculo de valores a pagar por el departamento de Caldas según las convenciones colectivas de trabajo entre los años 1990 y 1995 y los cotejara con las ordenanzas que establecen el presupuesto departamental y los acuerdos del Consejo de Gobierno (fl. 164 y ss.), resolviéndose ello en auto de diecinueve siguiente, en el cual se dispuso agregar al expediente los documentos allegados, y su remisión al funcionario comisionado conforme era solicitado, advirtiendo que la conducencia, pertinencia y mérito habrían de ser evaluados por la Corte en su momento oportuno, pues la urgencia de la solicitud, el volumen de la documentación aportada y la complejidad de la prueba pericial pedida, no daban lugar a alternativa distinta. Se señaló además, en dicho proveído, que respecto de la solicitud de dictamen pericial se resolvería una vez regresaran las diligencias de la comisión dispuesta en auto de veintiséis de septiembre (fls. 168 y ss.).

Registrado el respectivo proyecto el 18 de octubre (fl. 167) por auto de primero de noviembre, al resolver el recurso interpuesto la Corte decidió mantener la providencia mediante la cual rechazó las demandas de constitución de parte civil en el presente asunto (fls. 174 y ss.). Una vez ejecutoriada esta determinación, y cumplida la comisión para el recaudo de pruebas dispuesta por la Corte, las diligencias ingresaron al despacho el 16 de noviembre pasado, junto con un memorial de la defensa presentado el día anterior en el cual solicitó el recaudo de otros medios de convicción que no sólo no emergían de la actividad probatoria adelantada con posterioridad a la resolución de la situación jurídica, o que obedecieran al sentido de decisiones que hubiere adoptado la Corte, sino que al igual de las que pretendió aducir en memoriales presentados los días 9, 12 y 17 de octubre, incumplían los presupuestos de conducencia y pertinencia establecidos por el artículo 250 del Código de Procedimiento Penal, siendo ésta la razón para que la Sala, en auto interlocutorio proferido el 29 de noviembre último denegara las pretensiones expuestas por la defensa y declarara el cierre de la investigación, cuyo proyecto fue registrado el día veintiuno anterior.

Y es que el hecho de que el procesado hubiere revocado el poder a su anterior defensor, y conferido mandato a quien ahora eleva la solicitud, no es motivo que dé lugar a explicar el tiempo que con posterioridad a la definición de la situación jurídica se tomó la defensa para solicitar las pruebas que pretendía aducir a favor de su asistido (D. 196/71, art. 55.1), pues es bien sabido que la aceptación del encargo involucra el tomar el proceso en el estado en que se encuentre, y a partir de ello adelantar la gestión que profesionalmente considere conveniente a sus intereses, asumiendo las consecuencias que al proceso puedan acarrearle las actuaciones como parte.

Tampoco puede calificarse esta actitud como ejercicio legítimo del derecho de presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, pues si bien la ley permite al procesado o su defensor durante las oportunidades legalmente previstas demandar el recaudo de aquellas pruebas que reúnan los presupuestos de conducencia y pertinencia, y establece que cuando esto suceda el juzgador está en la obligación de proveer su práctica, de todos modos la escogencia de la oportunidad para hacer uso del derecho, conlleva necesariamente la carga de soportar la incidencia que ello tenga en la duración del proceso o los intereses que defiende, de manera que sea que la prueba pedida se decrete o se rechace por el órgano jurisdicente, en una y otra eventualidad la parte que a través del pedido estimula el pronunciamiento judicial, asume las consecuencias derivadas de su actuación, las que dependen no solamente del sentido en que se expida la decisión que provoca, sino de la oportunidad y términos en que eleve la solicitud.

Es así, como ante el inminente vencimiento de términos que para la instrucción o el juicio establece la ley, el defensor o el procesado a su arbitrio pueden optar entre solicitar el recaudo de las pruebas que consideren conduzcan a establecer la verdad sobre los hechos objeto del proceso, o que incumplan los requisitos previstos para su admisibilidad; provocar con o sin razón pronunciamientos judiciales y posteriormente ejercer el derecho de controvertirlos; promover colisiones de competencias, o recusar al funcionario judicial; solicitar nulidades inexistentes; demandar la expedición de copias de lo actuado; pedir la postergación de diligencias o la ampliación de términos; pretender la libertad del reo con o sin fundamento; o propiciar cualquier otra clase de incidente de similares características, sobre todo lo cual el funcionario ha de pronunciarse afirmativa o negativamente acorde con la realidad que el proceso evidencia; pero sea que cualquiera de las peticiones presentadas prospere o se rechace, inexorablemente cada una de dichas actuaciones implica la prolongación del trámite por períodos aisladamente considerados y perfectamente individualizados que en el contexto del proceso pueden repercutirle negativamente por dar lugar a superar los términos máximos legalmente establecidos no sólo para la configuración de un motivo liberatorio sino para el adelantamiento oportuno de las etapas que componen el trámite, pero mientras dicha dilación no sea imputable al funcionario judicial, el procesado y su defensor, como una sola parte en el proceso, han de asumir las consecuencias previstas en el ordenamiento cuando en el proceso se establezcan los eventos de haber prohijado actuaciones que como maniobras dilatorias, uno u otro pudieran llevar a cabo.

Esto por cuanto el proceso judicial no es escenario constitucionalmente establecido para que las partes puedan actuar libremente acudiendo a expedientes no autorizados o desbordando los límites de los permitidos, a fin de obtener a toda costa el reconocimiento de sus pretensiones. Su finalidad es el esclarecimiento de la verdad fáctica y declarar el derecho mediante la aplicación de las consecuencias jurídicas previstas en la ley sustancial siguiendo fielmente el rito establecido, a cuyo propósito han de contribuir con lealtad y acorde a los parámetros trazados por el ordenamiento todos los sujetos intervinientes en la actuación, a riesgo, en caso contrario, que el director del trámite aplique los correctivos que los poderes de ordenación e instrucción la ley le autoriza (CPC, art . 38), pues al fin y al cabo el abuso de los instrumentos dialécticos previstos en a legislación, no constituye fuente de derechos (art. 95 de la Carta Política y D. 196/71, art. 52.1).

En este caso no cabría aludir dilación injustificada del trámite por parte de órgano jurisdicente puesto que, como ha sido visto, la estrategia de la defensa obligaba a la Corte tener que adoptar decisiones previas sin las cuales el proceso no podía avanzar hasta el cierre de la investigación y la calificación del sumario, dado que involucraban emitir pronunciamiento sobre las pretensiones probatorias expuestas en las condiciones vistas y bien avanzada la fase de instrucción, y la evaluación del cumplimiento de los presupuestos de pertinencia y conducencia, cuyo rechazo sólo es posible adoptar en la oportunidad debida mediante auto interlocutorio, según lo dispone el artículo 204 b 1 del Código de Procedimiento Penal, trámite que involucra no sólo elaboración y registro del proyecto por el magistrado ponente, sino su definición por la colegiatura atendiendo la programación de sus actividades, lo cual, por supuesto, es de conocimiento del profesional que representa la defensa.

El hecho de que la Corte hubiere tomado el tiempo que la legislación confiere a los jueces para resolver las solicitudes que le presente, decretado las pruebas pedidas en un comienzo por el defensor y comisionado a la fiscalía para su recaudo, no autorizaba a éste para que con posterioridad elevara solicitudes carentes de fundamento y de manera escalonada a fin de provocar no sólo pronunciamientos de la corporación sino la ampliación de hecho del término de la comisión impartida.

Por ello es de resaltarse el tiempo que tardó la fiscalía en la designación del funcionario que habría de recaudar las pruebas ordenadas a iniciativa de la defensa y el lapso que se ocupó para cumplir la comisión dispuesta y devolver las diligencias a la Corte, pues el examen del proceso muestra que habiendo sido expedido el veintiséis de septiembre el auto que ordenó su recaudo y dispuso la comisión al efecto (fl. 141-2), la resolución asignando el asunto a un fiscal delegado ante el Tribunal superior del Distrito Judicial de Manizales, fue expedida el tres de octubre siguiente (fl. 153), enviándole las diligencias el día cuatro (fl. 199), siendo recibidas el día seis (fl. 200) y la providencia ordenando cumplir la comisión dictada sólo hasta el día trece de ese mes (fl. 203), recibiendo las declaraciones ordenadas los días veintitrés y veinticuatro siguientes (fls. 207, 299, 304 y 307), viniendo a disponer la devolución del diligenciamiento el día veintisiete de octubre (fl. 197), todo lo cual descarta que la expiración del término previsto para la liberación hubiere ocurrido por causa distinta de las maniobras de la defensa, puesto que la duración de la gestión administrativa y judicial adelantada por la entidad comisionada y la incidencia de ello en el fenecimiento del aludido término, no tuvo génesis diversa a la oportunidad y forma en que la defensa acudió a exponer sus pretensiones ante el órgano jurisdiccional.

Estas consideraciones llevan a la Corte forzosamente a tener que resolver de manera negativa la solicitud del defensor del procesado, doctor J..., pues aparece patente que se configura la excepción consagrada en la ley para que el derecho a la excarcelación no se consolide, debido a causas atribuibles de modo exclusivo al defensor, debiendo aclararse que la previsión normativa no tiene como finalidad establecer responsabilidades de carácter subjetivo en la prolongación injustificada del trámite, sino permitirle al juez verificar la relación de causalidad que se presenta entre la gestión del abogado, la dilación del trámite y el vencimiento de los términos preestablecidos para la liberación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

NEGAR la solicitud de libertad elevada por el defensor del procesado J..., por las razones consignadas en la parte motiva.

Notifíquese y cúmplase.

Édgar Lombana Trujillo—Fernando E. Arboleda Ripoll—Jorge E. Córdoba Poveda— Carlos A. Gálvez Argote—Jorge Gómez Gallego—Mario Mantilla Nougués—Carlos E. Mejía Escobar—Álvaro O. Pérez Pinzón, salvamento de voto. 

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

SALVAMENTO DE VOTO

Respetuosamente me permito expresar por escrito las razones que me llevaron a salvar el voto y a manifestar por qué era partidario de reconocer el derecho a la libertad provisional. Son estas, todas referidas al motivo de la negación por parte de la Sala, centrado en las maniobras dilatorias ejecutadas por la defensa, es decir, excluido el simple transcurso del tiempo que, como lo acepta la decisión, se hallaba vencido.

1. De la reseña que de la actuación de la defensa hace la resolución que negó la libertad, se desprende que sólo una respuesta de la Corte fue adversa. Todas las demás fueron contestadas favorablemente, de donde surge que lo pedido era necesario, conducente y pertinente, como que la Sala estuvo de acuerdo con ello. Y por una actuación, sólo por una, no podía ser desestimado el requerimiento liberatorio. Desde este punto de vista, el comportamiento del letrado fue básicamente correcto y orientado al ejercicio de la labor encomendada, no obstante que el 29 de noviembre se le hubiera respondido negativamente, contestación que no es extraña pues todos los días los jueces resuelven de acuerdo o en contra de las pretensiones de los apoderados. Y, añádase, mal se puede afirmar que la finalidad del defensor fuera abiertamente dilatoria, porque si así hubiera sido, se habría impuesto a la Sala el deber de compulsar copias por probables faltas a la ética profesional, lo que no se hizo.

2. El paso del tiempo que condujo a su expiración legal, se debió también a otras conductas, como igualmente resulta del resumen realizado por la Sala, por ejemplo la demora de la fiscalía en el desarrollo de una comisión que disponía la práctica de unas pruebas ordenadas de oficio por la Corte, los escritos del aspirante a la constitución de parte civil y el recurso interpuesto al auto producido.

El análisis global del desarrollo del proceso entre el 1º de agosto y el 30 de noviembre del año anterior, permite concluir que la demora no se debió exclusivamente al comportamiento del defensor y que por tanto no es aplicable la prohibición establecida en el inciso 2º del Nº 4º del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, porque éste veta la libertad cuando el mérito de la instrucción no se ha podido calificar “...por causas atribuibles al sindicado o a su defensor”, mientras la superación cronológica observada en este proceso ha dependido de varias circunstancias, como las reseñadas, incluidos, desde luego, los cinco puentes que la ley creó durante el lapso señalado.

Por lo brevemente expuesto, estimo que era viable el reconocimiento del derecho a la libertad provisional.

Álvaro Orlando Pérez Pinzón 

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