•Auto 15378 de marzo 12 de 1999

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

USO ILEGÍTIMO DE BIENES INMATERIALES

NO SE CONFIGURA HURTO SINO DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL

EXTRACTOS: «1. Si bien de la actuación procesal emerge con claridad que los cargos formulados en contra del sindicado tienen como base exclusiva el supuesto apoderamiento de una fórmula química que como bien incorporal hacía parte del haber social de Pega Pega Ltda. y que el conflicto que se suscita entre los funcionarios de la misma especialidad y diferente distrito judicial lo es por razón de la competencia territorial, deberá la Sala sin embargo asignar el asunto a funcionario diferente de los mencionados habida cuenta que encontrando errónea la calificación dada a los hechos éstos no competen al conocimiento de los juzgados penales municipales.

2. En efecto, consistiendo el punible de hurto en el apoderamiento de cosa mueble ajena, con el propósito de obtener provecho para sí o para otro, la concepción de su objeto material implica que no toda cosa en su definición amplia de aquello con entidad corporal o incorporal, real o abstracta, dentro de la que obviamente caben las producciones del intelecto, puede ser materia del verbo rector apoderar, pues el cabal entendimiento del referido tipo penal permite afirmar que los objetos incorpóreos en general o que las producciones intelectuales o invenciones del hombre no corresponden, en la normatividad penal, a cosas muebles salvo que se traduzcan en un libro, una escultura o una patente y que, en sentido contrario sólo aquellos con entidad material, corporal, mueble, tangibles o no, pueden ser objeto del punible en mención.

No significa lo anterior que el ordenamiento jurídico no brinde a las ideas, los pensamientos, los derechos, la protección que en el área penal demanda su desconocimiento o su ilícito aprovechamiento, sólo que no siendo susceptibles de apoderamiento por razón de su inmaterialidad o incorporeidad, su amparo deviene a través de especiales normas referidas a la propiedad intelectual e industrial. Así, quien toma el argumento de un escritor y lo presenta como original o propio, quien copia un invento o se aprovecha de él sin autorización para hacerlo, aunque no comete el delito de hurto, sí vulnera los derechos del autor o del inventor y a su tutela el legislador ha acudido, como ya se dijo, a través no del tipo penal en cuestión sino de normas especiales.

Situación diferente se plantea cuando esa idea, ese pensamiento se traduce en una cosa material, corporal, un libro, un cuadro, un producto pues el apoderamiento de éstos sí configura efectivamente un hurto, lo que equivale a decir que los bienes corporales que acreditan la objetividad, la materialidad de la producción intelectual o los documentos que prueban su existencia, verbi gratia una patente, sí son susceptibles de apoderamiento, entendiéndose lógicamente que el hurto del documento aunque conlleva la sustracción del derecho en él acreditado no corresponde jurídicamente éste a la cosa hurtada sino el documento, el papel en cuanto tal.

3. En esas condiciones es evidente que una fórmula química como producción intelectual de invención o descubrimiento no corresponde al concepto de cosa corporal o material que tipifique un apoderamiento, así connote un elevado valor económico, de modo que su protección frente a eventuales o ciertos usos o aprovechamientos ilícitos no se derive concretamente en descripciones de hechos atentatorios contra el patrimonio económico sino en normas de propiedad industrial.

4. Como en este asunto se observa que el señor Jairo Jaramillo desarrolló, descubrió una fórmula química para la elaboración de un pegante utilizado en la industria de la construcción que fuera adquirida por el sindicado y posteriormente por la sociedad Pega Pega Ltda. y que los cargos que a éste se le formulan giran exclusivamente en torno al apoderamiento de la citada cosa incorporal, como la reconocen y catalogan los juzgados en conflicto, es imperativo concluir que, no siendo ella susceptible de apoderamiento por no responder jurídicamente al concepto de cosa mueble, la calificación realizada frente al delito de hurto entre condueños resulta equivocada no obstante demostrarse que el procesado se aprovechó económicamente de la misma cuando la propietaria, hasta por él aceptada, era la sociedad Pega Pega Ltda.

5. Descartada esa adecuación típica y entendiendo en principio que se trataría frente a los elementos de juicio con que cuenta el expediente, de un bien de propiedad industrial en cuanto se hallare amparado por una patente, una más cercana al acierto lo sería en relación con el tipo penal descrito en el artículo 237 del Código Penal pues sancionándose allí a quien “fabrique producto sin autorización de quien tiene el derecho protegido legalmente, o use sin la debida autorización medio o proceso patentado, la conducta de Castilla Santofimio se adecuaría a él en la medida en que supuestamente fabricó un producto con base en esa fórmula química que no le pertenecía pero de la cual se desconoce en el proceso, porque nada de ello se investigó, si se encontraba amparada legalmente bajo una patente como título que el Estado concede a los inventores o a quien éste autorice para que, reunidas determinadas condiciones especificadas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, exploten de manera monopolística aquellas cosas que consideradas invenciones sean susceptibles de aplicación industrial.

6. Por tanto, como los hechos relativos al apoderamiento de la fórmula química no configuran el delito de hurto sino que su adecuación responde al tipo ya mencionado en cuanto se estableciere la existencia de una patente para su explotación, resulta incuestionable que la competencia para conocer de los mismos, por no estar atribuidos a determinada autoridad, pertenece al juez del circuito del lugar donde se hubiere fabricado ilícitamente el producto o donde se usare, sin la debida autorización, el medio o proceso patentado, que para el caso en estudio es Ibagué, de ahí que la Sala, no obstante que el juez penal del circuito de dicha ciudad no terciara en el conflicto, dispondrá en aras de la economía y la celeridad procesal la remisión de las diligencias al funcionario en mención para que se tomen las decisiones ajustadas al debido proceso y en especial se atienda lo previsto en el artículo 101 del Código de Procedimiento Penal».

(Auto de marzo 12 de 1999. Radicación 15.378. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote).

_________________________________