Auto 15392 de octubre 8 de 1998 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

FUERO DE ATRACCIÓN

JUZGAMIENTO DE PARTICULARES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

EXTRACTOS: «Esta jurisdicción está instituida para juzgar los litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones de los distintos órganos del Estado. Es decir, le corresponde conocer de la legalidad de las actuaciones de la administración, o de los particulares, cuando desempeñen funciones propias de cualquier órgano del Estado. Por fuera de su competencia queda juzgar las actuaciones de las personas naturales o jurídicas de derecho privado que no desempeñan funciones públicas.

De otra parte y no obstante lo anterior, a efectos de fijar la competencia, existe el denominado fuero de atracción, según el cual cuando un daño pudo haber sido causado o puede resultar imputable a una entidad pública y a uno o varios particulares, aquel la arrastra a los particulares al proceso contencioso administrativo, sin perjuicio de que en la sentencia se absuelva o se condene solamente al ente oficial.

Cuando en la producción del daño se plantea una causa imputable a una entidad de derecho público, el juzgamiento corresponde a esta jurisdicción, aunque se prediquen otras causas atribuibles a una o varias entidades particulares, cuyo juez natural en principio lo es el ordinario, pero que en virtud del fenómeno procesal del fuero de atracción, pueden ser juzgadas por esta jurisdicción al haber sido demandadas con la entidad estatal.

En efecto, la tesis del fuero de atracción, permite que la jurisdicción de lo contencioso administrativo asuma el juzgamiento de una entidad que normalmente debe ser juzgada por la justicia ordinaria, siempre que sea demandada ante el contencioso administrativo junto con otra entidad cuyo juzgamiento sí corresponda a ésta jurisdicción.

En el caso sub lite , hay lugar a aplicar esta tesis porque la demanda se dirigió también en contra del Servicio Seccional de Salud y, de los hechos expuestos en la demanda, bien pueden deducirse razones, en principio suficientes, para permitir evaluar la responsabilidad que le cabría a la entidad pública y a las privadas.

En el caso de autos, observa la Sala que se han demandado a tres entidades: al Servicio Seccional de Salud de Risaralda, a la Cooperativa de Servicios Profesionales - Serprof Ltda. y a la Clínica Metropolitana. El primero de éstos es un establecimiento público del orden departamental, creado mediante Decreto 0742 del 10 de julio de 1991 (fl. 28 ss.); en tanto que los dos últimos son sujetos de derecho privado.

El a quo echa de menos las pruebas de las cuales se desprende la relación del primero con los dos restantes, para así determinar la operancia del fuero de atracción.

Al respecto, la Sala precisa que ese vínculo exigido por el a quo no constituye requisito para admitir la demanda; debe valorarse no ab initio sino en el curso del proceso contencioso administrativo, en el cual se determinará la eventual responsabilidad que le cabría, en la causación de los perjuicios que motivaron la presente acción de reparación directa, al establecimiento público demandado, esto es al Servicio Seccional de Salud de Risaralda.

Afirma el Tribunal, que la Cooperativa Serprof Ltda. y la Clínica Metropolitana no estaban vinculados al Servicio Seccional de Salud para la época en que se presentaron los hechos y que por ello los litigios en que puedan verse involucrados no son de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa.

Sostiene el actor, que el Servicio Seccional de Salud de Risaralda es responsable porque afilió a los empleados del hospital siquiátrico y a sus familiares, a la entidad promotora de salud “Cooperativa Serprof Ltda.”; que la lesionada por ser hija de un empleado de tal hospital quedó afiliada como beneficiaria a la cooperativa, y por tanto las lesiones que padeció al dar a luz en un centro clínico contratado por ésta, son responsabilidad del Servicio Seccional de Salud.

Deduce la Sala que lo anterior forma parte del fundamento de las pretensiones que esgrime la parte actora y que corresponde a ésta probar tales supuestos fácticos en el curso del proceso, lo cual le resultaría imposible si se le negase el acceso a esta jurisdicción. Por tanto se revocará el auto apelado, para en su lugar admitir la demanda, darle curso normal al proceso, sin perjuicio de que el punto sea objeto de estudio en la sentencia».

(Auto de octubre 8 de 1998. Expediente 15.392. Consejero Ponente: Dr. Daniel Suárez Hernández).

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