Auto 15405 de octubre 14 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

COPIA DEL CONTRATO ESTATAL

REQUISITOS PARA QUE PRESTE MÉRITO EJECUTIVO

EXTRACTOS: «Alcance jurídico de la copia del contrato en los procesos ejecutivos. 1.1. De conformidad con el artículo 168 del Código Contencioso Administrativo en los procesos ante la jurisdicción contencioso administrativa se aplicarán, en cuanto sean compatibles, las normas del Código de Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración.

Según se desprende del artículo 251 del Código de Procedimiento Civil el documento original en el cual consta un contrato estatal es un instrumento público, por cuanto una de las partes que lo suscribe es un funcionario público en ejercicio de su cargo.

Por su parte, el artículo 252 ibídem establece que “es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad”.

Respecto a las copias de los documentos, sean éstos públicos o privados, el estatuto procesal civil les confiere el mismo valor probatorio del documento original, en los siguientes casos expresamente señalados por el artículo 254 (disposición modificada por el D. 2282/89, art. 1º, num. 117):

1) Cuando hayan sido autorizados por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada.

2) Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente.

3) Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa.

1.2. Mediante Decreto 2651 de 1991 se expidieron normas transitorias destinadas a descongestionar los despachos judiciales (rigió hasta el 10 de julio de 1998). El artículo 25 dispuso que

“Los documentos presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial, tuvieren o no como destino servir de prueba se reputarán auténticos sin necesidad de presentación personal ni autenticación, salvo los poderes otorgados a los representantes judiciales. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con documentos emanados de terceros”.

La Corte Constitucional, mediante sentencia de febrero 11 de 1998, por la cual declaró exequibles el numeral 2º del artículo 254 y el numeral 3º del artículo 268 del Código de Procedimiento Civil dijo:

“Tanto el demandante como el Procurador General de la Nación, afirman que las dos normas demandadas se encuentran suspendidas por el artículo 25 del Decreto 2651 de 1991, cuya vigencia ha sido prorrogada hasta el 10 de julio de 1998. La Corte no comparte este criterio, por las siguientes razones.

El artículo 25 citado se refiere a los “documentos” y hay que entender que se trata de documentos originales. En cambio, las normas acusadas versan sobre las copias, como ya se ha explicado. Sería absurdo, por ejemplo, que alguien pretendiera que se dictara mandamiento de pago con la copia simple, es decir, sin autenticar, de una sentencia, o con la fotocopia de una escritura pública, también carente de autenticidad.

Un principio elemental que siempre ha regido en los ordenamientos procesales es el de que las copias, para que tengan valor probatorio, tienen que ser auténticas. Ese es el principio consagrado en las normas del Código de Procedimiento Civil que regulan lo relativo a la aportación de copias de documentos.

De otra parte, la certeza de los hechos que se trata de demostrar con prueba documental, y en particular, con copias de documentos, está en relación directa con la autenticidad de tales copias. Tal certeza es el fundamento de la eficacia de la administración de justicia, y en últimas, constituye una garantía de la realización de los derechos reconocidos en la ley sustancial.

En tratándose de documentos originales puede el artículo 25 ser explicable, porque su adulteración es más difícil, o puede dejar rastros fácilmente. No así en lo que tiene que ver con las copias, cuyo mérito probatorio está ligado a la autenticación.

Si el artículo 25 hubiera querido referirse a las copias así lo habría expresado, porque en el derecho probatorio es elemental la diferencia entre documentos originales y copias. Pero, no lo hizo, como se comprueba con su lectura...”(1) (Subraya la Sala),

(1) Corte Constitucional. Sentencia C-023 de 1998 de febrero 11 de 1998; Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía.

1.3. El contenido del artículo 25 del Decreto 2651 de 1991 fue recogido por el artículo 11 de la Ley 446 de 1998, pero sólo en cuanto a la presunción de autenticidad de los documentos privados; la norma prescribe:

“Autenticidad de documentos. En todos los procesos, los documentos privados presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se reputarán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con documentos emanados de terceros”.

Por su parte, el artículo 12 de la Ley 446 de 1998 dispone:

“Se presumirán auténticos los documentos que reúnan los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, cuando de ellos se pretenda derivar título ejecutivo”.

Acogiendo el criterio jurisprudencial de la Corte Constitucional, antes expuesto, estima la Sala que los documentos amparados con la presunción de autenticidad, de que trata la anterior disposición, son los originales, ya se trate de documentos privados o públicos.

De tal manera, que si se presenta una copia de un documento público con el propósito de que preste mérito ejecutivo, se requiere que ésta cumpla con alguno de los requisitos establecidos en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil para que tenga el mismo valor probatorio del original.

Lo anterior, es una sana medida legal destinada a brindar seguridad y certeza a las relaciones jurídicas, en tratándose del proceso ejecutivo que tiene una naturaleza y finalidades especiales, por cuanto se parte de la base de la existencia de un título ejecutivo declarativo o constitutivo de un derecho sustancial y subjetivo consolidado, que en principio no se discute».

(Auto de octubre 14 de 1999. Expediente 15.405. Consejero Ponente: Dr. Alier E. Hernández Enríquez).

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