Sentencia 15443 de febrero 7 de 2008 

SENTENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Juán Ángel Palacio Hincapié

Rad.: 25000-23-27-000-2002-00616-01(15443)

Actor: Concentrados Cresta Roja S.A.

Demandado: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN

Fallo

Bogotá, D.C., siete de febrero de dos mil ocho.

EXTRACTOS: «Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la Sentencia del 23 de febrero de 2005 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, estimatoria de las súplicas de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos por los que la DIAN rechazó la solicitud de devolución de IVA implícito, efectuada por la actora.

Antecedentes

Concentrados Cresta Roja S.A., importó maíz amarillo según declaraciones 0116501080052-7, 0116501080054-1, 0116501080051-1, 0116501080053-4 de 30 de julio de 1999; 0106801051678-4, 0106801051681-7, 0106801051680-1, 0106801051679-1 de 24 de septiembre de 1999; 0106801051702-3, 0106801051700-9, 0106801051701-6 de 28 de octubre de 1999, 0106801051722-0 de 24 de noviembre de 1999, 0106801051713-4 de 17 de noviembre de 1999, 0106801051723-8 (inicial) de 24 de noviembre de 1999, 1401199149810-8 (corrección) de 1 de diciembre de 1999, 1401198045497-4 (corrección) de 14 de diciembre de 1999, 0106801051874-1 de 13 de abril de 2000 y 0106803055596-4 de 4 de septiembre de 2000, en las que liquidó y pagó el IVA implícito según lo dispuesto por el artículo 1º del Decreto Reglamentario 1344 de 1999 por un valor total de $ 141.936.113.

La demandante invocando el pago de lo no debido, presentó solicitud de devolución ante la Administración Especial de Aduanas de Bogotá, con fundamento en la sentencia del 6 de octubre del 2000 en virtud de la cual el Consejo de Estado declaró la nulidad de la norma citada.

La división de recaudación de cobranzas mediante Resolución 03-067-1334-19888 del 10 de julio de 2001, rechazó la solicitud de devolución y dispuso su notificación conforme al artículo 567 del Decreto 2685 de 1999, advirtiendo la procedencia de los recursos de reposición y apelación según los artículos 51 del Código Contencioso Administrativo en concordancia con los artículos 362 y siguientes del Decreto 2685.

Frente a dicho acto, la sociedad interpuso recurso de reposición y en subsidio la apelación, siendo confirmado en todas sus partes mediante Resolución 1305-25898 del 20 de septiembre de 2001.

La división jurídica aduanera con Resolución 03-072-193-607-0045 del 29 de enero de 2002 falló el recurso de apelación que se concediera contra el acto administrativo objeto de controversia, revocando en todas sus partes la providencia que resolvió el recurso de reposición (Res. 1305-25898) bajo el argumento de violación al debido proceso y a su turno dispuso que el artículo tercero del acto administrativo mediante el cual se rechaza la solicitud de devolución, debía ser modificado para conceder el recurso de reconsideración contra el acto impugnado conforme lo establece los artículos 720 y siguientes del estatuto tributario y ordenó la notificación de acuerdo con el artículo 566 ibídem.

Mediante Resolución 03-072-193-601-0311 del 18 de abril de 2002 la división jurídica aduanera desató el recurso de reposición presentado en contra de la resolución que dispuso el rechazo de la solicitud de devolución, confirmando en todas sus partes la providencia atacada.

(...).

Consideraciones de la Sala

El debate en esta instancia se concreta en determinar la legalidad de los actos administrativos por medio de los cuales la Dirección de Impuestos Nacionales Administración de Aduanas de Cundinamaraca, rechazó la solicitud de devolución del IVA implícito pagado por Concentrados Cresta Roja S.A, en declaraciones 0116501080052-7, 0116501080054-1, 0116501080051-1 y 0116501080053-4 de 30 de julio de 1999; 0106801051678-4, 0106801051681-7, 0106801051680-1 y 0106801051679-1 de 24 de septiembre de 1999; 0106801051702-3, 0106801051700-9 y 0106801051701-6 de 28 de octubre de 1999, 0106801051722-0 de 24 de noviembre de 1999, 0106801051713-4 de 17 de noviembre de 1999, 0106801051723-8 (inicial) de 24 de noviembre de 1999, 1401199149810-8 (corrección) de 1 de diciembre de 1999, 1401198045497-4 (corrección) de 14 de diciembre de 1999, 0106801051874-1 de 13 de abril de 2000 y 0106803055596-4 de 4 de septiembre de 2000.

La DIAN rechazó la petición al estimar que existía una situación jurídica que se consolidó con el pago de los tributos aduaneros y la obtención del levante de las mercancías y en consecuencia, no le eran aplicables los efectos del fallo de nulidad.

En reiterada jurisprudencia esta sección ha precisado que los fallos de nulidad producen efectos “ex tunc”, es decir, desde el momento en que se profirió el acto anulado, por lo que las cosas deben retrotraerse al estado en que se encontraban, antes de su expedición. De igual manera, ha señalado que la sentencia de nulidad que recaiga sobre un acto de carácter general, afecta las situaciones que no se encuentren consolidadas, esto es, que al momento de producirse el fallo se debatían o eran susceptibles de debatirse ante las autoridades administrativas o ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa (1) .

Frente a la importación de mercancías la situación jurídica no se consolida por la obtención de la autorización de levante, como lo afirmó la entidad demandada, sino cuando adquiere firmeza la declaración de importación y, por ende, el levante respectivo por ser accesorio a ella.

Sobre la firmeza de las declaraciones la Sala ha tenido la oportunidad de pronunciarse en anteriores oportunidades (2) señalando que de conformidad con el artículo 131 del Estatuto Aduanero, la declaración de importación adquiere firmeza cuando han transcurrido tres años, contados desde su presentación y aceptación, sin que se haya notificado requerimiento especial aduanero.

En relación con la firmeza de las declaraciones el apelante manifiesta que en el caso sub-examine no se puede dar aplicación al art 131 del estatuto tributario toda vez que el Decreto 2685 de 1999 que lo modificó, empezó a regir el 1º de julio de 2000 y las declaraciones se presentaron entre el 30 de julio de 1999 y abril de 2000. Se debe precisar que de conformidad con el artículo 569, transitorio, del Decreto 2685 de 1999 (Estatuto Aduanero), “Las declaraciones presentadas con anterioridad al 1º de julio del año 2000, se tramitarán de conformidad con las disposiciones vigentes hasta antes de dicha fecha, salvo lo relacionado con la modificación de la declaración, a la cual se le aplicarán las disposiciones contempladas en el presente decreto.” (negrillas fuera de texto), razón por la cual, se debe aplicar lo preceptuado en el artículo 131 ibídem (3) .

En el caso sub examine, las declaraciones de importación se presentaron:

Declaración de importaciónFecha de pagoFecha firmeza declaración
0116501080052-730 de julio de 199930 de julio de 2002
0116501080054-130 de julio de 199930 de julio de 2002
0116501080051-130 de julio de 199930 de julio de 2002
0116501080053-430 de julio de 199930 de julio de 2002
0106801051678-424 de septiembre de 199924 de septiembre de 2002
0106801051681-724 de septiembre de 199924 de septiembre de 2002
0106801051680-124 de septiembre de 199924 de septiembre de 2002
0106801051679-124 de septiembre de 199924 de septiembre de 2002
0106801051702-328 de octubre de 199928 de octubre de 2002
0106801051700-928 de octubre de 199928 de octubre de 2002
0106801051701-628 de octubre de 199928 de octubre de 2002
0106801051722-024 de noviembre de 199924 de noviembre de 2002
0106801051713-417 de noviembre de 199917 de noviembre de 2002
0106801051723-8 (inicial)
1401199149810-8 (corrección)
1401198045497-4 (corrección)
24 de noviembre de 1999
01 de diciembre de 1999
14 de diciembre de 1999
14 de diciembre de 2002
0106801051874-113 de abril del 200013 de abril de 2002
0106803055596-44 de septiembre de 20004 de septiembre de 2003

Como quiera que la solicitud de devolución se presentó ante la Administración el 23 de mayo de 2001, es decir, dentro del plazo fijado por la norma citada, se concluye que la situación no quedó consolidada, pues las declaraciones de importación y el levante no habían adquirido firmeza al momento de la presentación de la solicitud de devolución.

De otra parte, en relación con el término con el cual contaba la Sociedad actora para solicitar la devolución de lo no debido, observa la Sala que el artículo 561 del Decreto 2685 de 1999 remite a las normas del estatuto tributario para efectos de la devolución o compensación de obligaciones aduaneras y tributos aduaneros, en los aspectos no regulados especialmente. Aunque la devolución del pago de lo no debido no se encuentra regulada de manera especial por la norma aduanera, tal figura se rige por los artículos 11 y 21 del Decreto 1000 de 1997. De este modo, la sociedad demandante contaba con diez (10) años para presentar solicitud de devolución del pago de lo no debido, que era el término vigente al tiempo de la solicitud de devolución, para la prescripción de la acción ejecutiva establecida por el artículo 2536 del Código Civil (4) .

Lo anterior, teniendo en cuenta además, que tal como lo sostiene la Sala, mientras el término para solicitar la devolución no esté vencido, no existe situación jurídica consolidada y procede la solicitud de reintegro (5) .

Se tiene entonces, que en este asunto no existió una situación jurídica consolidada, por lo cual la sociedad demandante tiene derecho a la devolución de IVA implícito cancelado, que se constituye en el pago de lo no debido, por el desaparecimiento de la causa legal del mismo en virtud de los efectos ex tunc del fallo de nulidad.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada, negando la prosperidad al recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFÍRMASE la sentencia apelada.

RECONÓCESE personería al doctor Héctor Julio Castelblanco Parra como apoderado de la demandada.

Cópiese, notifíquese y envíese al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudio y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) Sentencias de 5 de mayo de 2003. Consejera Ponente: María Inés Ortiz Barbosa. Expediente 12248 y de 22 de septiembre de 2004. Consejero Ponente Doctor Juan Ángel Palacio Hincapié. Expediente 13645.

(2) Sentencia de noviembre 23 de 2005, Expediente 14715, M.P. Juan Ángel Palacio Hincapié y sentencia de octubre 27 de 2005, Expediente 14979, M.P. Héctor J. Romero Díaz, entre otros.

(3) Sentencia del 2 de marzo de 2006, Expediente 2500-236-27-000-2004-00856-01 (15513), C.P. Ligia López Díaz.

(4) Modificado por el artículo 82335 de la Ley 791 de 2002. El nuevo texto es el siguiente: “ART. 2536.—Prescripción de la acción ejecutiva y ordinaria. La acción ejecutiva se prescribe por cinco (5) años. Y la ordinaria por diez (10). La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de cinco (5) años, y convertida en ordinaria durará solamente otros cinco (5). Una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término”.

(5) Sentencia de marzo 5 de 2003, op. cit, entre otras.

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