•Auto 15539 de abril 23 de 1999

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

HOMICIDIO CON FINES TERRORISTAS

SE DEBE REALIZAR MEDIANTE CONDUCTAS QUE APUNTEN A ESE RESULTADO

EXTRACTOS: «De otra parte, aunque ya se investiga por separado la presunta participación en la conformación de grupos armados irregulares, conforme con las copias oportunamente ordenadas por el Tribunal Superior de Antioquia, tal actitud colma el vacío respecto de otro hecho punible supuestamente concurrente y dejado de investigar en este proceso, pero, de todas maneras, seguiría por fuera la circunstancia de agravación por el “fin terrorista”, que se predica del homicidio, ingrediente subjetivo éste que de verdad puede configurarse independientemente de que los autores o partícipes actúen dentro o fuera de agrupaciones ilícitamente armadas (D. Leg. 1194/89, arts. 1º a 4º, adoptado por el D.E. 2266/91, art. 6º).

El juez de circuito se ha ceñido a todas las pautas procesales para la proposición de la controversia. Sin embargo, a pesar de la prueba que relieva, supuestamente demostrativa de que el procesado integraba una asociación paramilitar, sustancialmente ha ignorado que no basta dicho origen del autor del hecho de homicidio para pregonar la existencia de la circunstancia constitutiva del “fin terrorista”.

En efecto, el artículo 30 de la Ley 40 de 1993, que modificó el artículo 324 del Código Penal, prevé como circunstancias de agravación del delito de homicidio, entre otras hipótesis, cuando el hecho se comete “con fines terroristas, en desarrollo de actividades terroristas, o en persona que sea o hubiere sido servidor público, periodista, candidato a cargo de elección popular, dirigente comunitario, sindical, político o religioso; miembro de la fuerza pública, profesor universitario, agente diplomático o consular al servicio de la Nación o acreditado ante ella, por causa o por motivo de sus cargos o dignidades o por razón del ejercicio de sus funciones, en cualquier habitante del territorio nacional por sus creencias u opiniones políticas; o en sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil” (num. 8º. Se ha destacado).

Se notará que la técnica regulativa de la Ley 40 de 1993 difiere de la utilizada en el Decreto 180 de 1988, en la medida que aquélla primero se refiere al homicidio realizado con fines terroristas o cometido dentro de una actividad de esa índole, como una de las formas de agravación del delito contra la vida, pero a continuación introduce otra modalidad intensificadora de la pena por la muerte infligida a servidores públicos o ciudadanos que ostentan otras dignidades, o están socialmente comprometidos en tareas loables o profesan ciertas ideologías, siempre que el hecho se produzca por causa o razón de lo que las víctimas han sido, hacen funcionalmente o adhieren a sus conciencias, sin que sea típicamente necesario en estos últimos casos la demostración de “fines o actividades terroristas” más allá del vínculo motivacional destacado. En el artículo 29 del decreto mencionado, en cambio, se configuraba el homicidio especial cuando, “con fines terroristas”, se le ocasionaba la muerte a los personajes o ciudadanos allí enlistados, sin que el tipo de antes (tampoco el de ahora) haya definido el significado de dicha expresión.

Pues bien, como es un deber de los jueces el actuar desde la perspectiva de los principios de legalidad y tipicidad inequívoca (C.P., arts. 1º y 3º), la expresión legal “fines terroristas” sólo puede entenderse a partir de una estructura de referencia que conforma la definición del delito de terrorismo en el artículo 187 del estatuto punitivo (modificado por los arts. 1º del D. 180/88 y 4º del D. 2266/91), sin perder de vista que en la adecuación de la circunstancia de agravación, por obedecer solamente a un ánimo especial, basta que el sujeto mate con la intención adicional de producir terrorismo, aunque a la postre no alcance a tipificarse concurrentemente este último delito.

De otra parte, tomar la descripción típica del delito de “terrorismo” como fuente de información del contenido jurídico de la “finalidad terrorista” a la que atañe el numeral 8º del artículo 324 del Código Penal, es algo que se compadece con la equiparación para efectos punitivos, por lo menos antes de aplicar el artículo 61 del mismo ordenamiento, que aquel precepto hizo entre la conducta de matar con sola disposición anímica (“fines terroristas”) y el hacerlo “en desarrollo de actividades terroristas”, pues definitivamente estas últimas sólo pueden tener el sentido normativo que les da el artículo 187 de la obra citada, en sus dos incisos, desde luego sin desconocer que ontológica y valorativamente son distintos la tendencia interna trascendente al terrorismo y el hecho terrorista cumplido como tal.

Así pues, el citado artículo 187 del Estatuto Penal dice:

Terrorismo. El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices valiéndose de medios capaces de causar estragos, incurrirá en prisión de diez (10) a veinte (20) años y multa diez (10) a cien (100) salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionaren con este hecho.

Si el estado de zozobra o terror es provocado mediante llamada telefónica, cinta magnetofónica, video, casete o escrito anónimo, la pena será dos (2) a cinco (5) años y la multa de cinco (5) a cincuenta (50) salarios mínimos mensuales”.

De acuerdo con la norma transcrita, el delito de terrorismo legalmente se individualiza por la conjunción de conductas, medios y resultados. De modo que no basta la sola obtención de un resultado consistente en provocar o mantener en estado de zozobra o terror a la población o una parte de ella, sino que es necesario que ello se logre a través de conductas “que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices”, y valiéndose de medios aptos para ocasionar estragos o de la idoneidad que comportan los del inciso 2º del artículo 187.

Así las cosas, la identificación de los “fines terroristas” en el homicidio no se logra por el solo miedo intenso que siente la población o un sector de ella, a raíz de las aisladas o frecuentes acciones de individuos, bandas o grupos armados irregulares, sino que es necesario que ese anhelado resultado se consiga, por ejemplo, en razón de conductas y medios idóneos para causar estragos, distintos, en principio, de los previstos en los capítulos II y III del título V, libro segundo del Código Penal (que corresponden a la causal 3ª de agravación del homicidio), tales como los que impliquen la utilización de bombas, granadas, cohetes, armas de fuego automáticas o por medio de paquetes o cartas con explosivos ocultos, siempre que dicho uso represente un peligro común o general para las personas, porque, además de la ofensa a la vida, se trata de amenazar otro bien jurídico tutelado como es el de la seguridad y tranquilidad públicas. Desde luego que si el sujeto homicida se vale de incendio, explosión, descarrilamiento, derrumbes, naufragios, liberación de energía nuclear o de gases tóxicos, medios usados con el querer directo y simultáneo (a la muerte) de generar pánico o miedo extremo en la población, la causal 3ª de agravación sería desplazada en dicho caso por la que es objeto de estudio (causal 8ª).

Ahora bien, a pesar de que originalmente el lenguaje le otorga a la palabra “estragos” un sentido materialmente destructor de cosas, otros usos que se compadecen con el que jurídicamente le da la norma en cuestión, atañen a la probabilidad de abundancia de víctimas que pueden ser afectadas, en el momento de la acción juzgada (no después), en sus vidas e integridad física, y por ello se considera terrorista, verbigracia, la actividad y el objetivo de darle muerte a una sola persona por medio de la explosión de una bomba o de una granada en circunstancias de tiempo o lugar que evidentemente expongan otros bienes jurídicos de un número indeterminado de personas (vida, salud, patrimonio). Para efectos del dolo, vale tanto el resultado propuesto de una acción como sus consecuencias, entendido el primero como algo querido por el sujeto y las segundas como lo que, aunque puede no ser querido, de todas maneras está en conexión de necesidad con la actividad realizada, razón por la cual la doctrina califica este segundo caso como dolo directo de segundo grado y no meramente eventual.

Hay que hacer énfasis en que el homicidio, por la modalidad comportamental y los medios utilizados, debe poner en peligro otros bienes jurídico protegidos, la seguridad y tranquilidad públicas, por cuyo conducto se busca preservar las condiciones objetivas generales que sirven de presupuesto a la comunicación intersubjetiva y las actividades normales de los individuos en la sociedad. Además, si bien el “fin terrorista” es un elemento subjetivo especial del tipo de homicidio agravado, de todas maneras debe reflejarse o involucrarse en conductas y medios que así lo exterioricen, dado que también en materia de agravantes el derecho penal colombiano es de acto y no de autor, pues con razón el encabezamiento del artículo 324 se refiere a que “si el hecho descrito en el artículo anterior se cometiere...”.

Por último, la interpretación del ingrediente de los “fines terroristas” en el tipo circunstanciado de homicidio agravado, de cara a la estructura legal del delito de terrorismo, sólo es completa si se entiende que también aquel elemento subjetivo, presente al momento de la realización del hecho contra la vida, apenas puede revelarse por conducta posterior que indica cómo la muerte se produjo precisamente “para preparar, facilitar o consumar” el hecho punible de terrorismo, aunque la conducta homicida no hubiese estado rodeada de modalidades y medios que evidenciaran por sí mismos el propósito terrorista. En la dramática y exacerbada situación de conflicto que vive el país, cuyos actores han ensayado los medios más crueles y bárbaros para sojuzgar al Estado de derecho y la sociedad, es lo que ha ocurrido, por ejemplo, cuando se le da muerte a una persona en circunstancias objetivas distintas a las antes indicadas, pero se hace con el fin de exhibir posteriormente el cadáver como escarnio público o de rellenarlo de explosivos para provocar terror o más daños y muertes.

Cuando se dice que el homicidio también contiene “fines terroristas” en el momento en que se comete “para preparar, facilitar o consumar” el delito de terrorismo, se debe a que el significado fundamental de la preposición “para” es el de finalidad, destino o utilidad, sin que haya lugar a confusión con la causal 2ª de agravación, porque si bien coinciden las conductas conformadoras de la circunstancia, el principio de especialidad impone la aplicación de la causal 8ª por referirse a una tendencia anímica (finalidad) que apunta al hecho punible de terrorismo y no a otro cualquiera que sí admite la causal 2ª.

Así entonces, a pesar de la prueba que reivindica el juez de circuito trabado en el conflicto, es necesario declarar que no bastaría la pertenencia del procesado a un grupo armado irregular para que la conducta homicida contenga finalidad terrorista, pues, si bien el hecho genera intranquilidad en un sector de la población, él no se ha realizado por formas comportamentales y medios que apunten a ese resultado, pues inclusive la clase de arma utilizada, el lugar donde se realizó (alejado de los núcleos urbanos o de concentración poblacional) y el deseo de actuar a la sombra, son factores que, sin ser los únicos, en lugar de construir la finalidad terrorista, la desdibujan. De igual manera, para efectos de la calificación “terrorista” tampoco importaría si el homicidio fue cometido con un fin político, social, filosófico, ideológico o religioso, pues todos pueden alcanzar dicha connotación.

Con base en estas reflexiones, como el homicidio examinado no puede agravarse por la circunstancia prevista en el numeral 8º del artículo 324 del Código Penal, se adjudicará el conocimiento de este proceso al Juez Primero Penal del Circuito de Yarumal, conforme con lo dispuesto en los artículos 71-5 y 72 del Código de Procedimiento Penal, pero se enviará copia de la providencia al Juez Regional de Medellín».

(Auto de abril 23 de 1999. Radicación 15.539. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

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