•Auto 15687 de marzo 25 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Ref.: Exp. 15.687

Consejero Ponente

Dr. Ricardo Hoyos Duque

Actor: José Luis Villamizar Rodríguez

Demandado: Policía Nacional

Santafé de Bogotá D.C., veinticinco de marzo de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS: «1. La demanda reúne los requisitos de ley y por ello habrá de admitirse pero sólo en cuanto a las resoluciones 2051 y 3731 del 8 de julio y 30 de diciembre de 1997, ya que la Resolución 4066 de 5 de agosto de 1996 fue derogada por la primera de las resoluciones citadas.

2. Para la Sala, la medida cautelar impetrada debe prosperar por las razones que pasan a exponerse.

Por medio de la Resolución 2051 de 8 de julio de 1997 el director general de la Policía Nacional reglamentó el sistema de instalación o conexión y atención de alarmas a los centros automáticos de despacho CAD o centrales de comunicación de la Policía Nacional, de la cual se resaltan los siguientes apartes:

“ART. 1º—Definiciones. Para efectos del sistema de instalación o conexión y atención de alarmas, se establecen las siguientes definiciones:

Señal de alarma. Se llama señal de alarma a todo aviso de emergencia de carácter electrónico y para el sistema que aquí se reglamenta, enviado a una central de recepción de alarmas instalado o conectado en el CAD o central de comunicaciones por cuenta del usuario, con el fin de dar aviso a las autoridades de policía, de la ocurrencia de los siguientes eventos.

1. Riesgo inminente comprobable de la posible comisión de delitos que tengan ocurrencia contra el sector bancario, financiero, industrial, comercial y en todos aquellos en los que se realice instalación o conexión de alarmas a los centros de recepción de alarma del CAD o central de comunicaciones de la policía, de acuerdo con lo previsto en esta resolución.

2. Flagrante ejecución de delitos que tengan ocurrencia contra el sector bancario, financiero, industrial, comercial y en todos aquellos en los que realicen instalación o conexión de alarmas al CAD o centro de comunicaciones de la policía de acuerdo con lo previsto en esta resolución.

3. Consumación de delitos que tengan ocurrencia contra el sector bancario, financiero, industrial, comercial y en todos aquellos en los que se realicen instalación o conexión de alarmas al CAD o centro de comunicaciones de la policía de acuerdo con lo previsto en esta resolución.

4. Los hechos imprevistos e imposibles de resistir causados por la acción de la naturaleza.

5. Los hechos imprevistos e imposibles de resistir causados por la acción negligente o dolosa del hombre.

(...).

Contrato. Se entiende por contrato para la actividad que aquí se reglamenta, aquel que tiene por objeto promover la seguridad y tranquilidad de personas jurídicas que desarrollen actividades de utilidad pública mediante la atención de alarmas por parte de la Policía Nacional.

ART. 2º—Delegación. Delégase en los comandantes de departamento y policías metropolitanas la competencia para celebrar los contratos definidos en el artículo primero de la presente resolución, en los términos establecidos en la Resolución 1915 del 10 de abril de 1996, expedida por la dirección general de la Policía Nacional.

(...).

ART. 5º—Valor. Fíjase como valor dei servicio de atención de alarmas instaladas o conectadas al CAD o a la central de comunicaciones de la Policía Nacional, por cada alarma y por la vigencia del contrato (1 año), los siguientes valores, los cuales serán cancelados por trimestres anticipados en las tesorerías de los comandos de departamento o policías metropolitanas con destino a fondos internos de la respectiva unidad.

Categoría A: El valor equivalente a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

(...).

ART. 7º—Procedimiento para establecer la falsa alarma. Recibido el reporte por la Policía Nacional para atender la señal de alarma en la correspondiente entidad y que resulte como falsa alarma, el comandante de la estación de policía del lugar hará la notificación por escrito al jefe de seguridad de la entidad o a quien lo reemplace en sus funciones. Transcurridos cinco (5) días hábiles son (sic) que se reciba objeción alguna se considerará establecida la falsa alarma para efectos del cobro pertinente, después de lo cual el comandante de departamento o policía metropolitana, dispondrá el cobro de la multa”

La Resolución 3731 de 30 de diciembre de 1997 modificó la anterior en lo referente a los valores por la atención y los pagos por falsas alarmas.

De las normas que se estiman infringidas por el demandante se destacan las siguientes de orden constitucional:

“ART. 2º—Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación, defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

ART. 218.—La ley organizará el cuerpo de policía. La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.

La ley determinará su régimen de carrera, prestacional y disciplinario”.

También se destacan los principios de legalidad e igualdad ante la ley y las autoridades, consagrados en los artículos 6º y 13 del ordenamiento superior.

Es tarea del juez de lo contencioso administrativo para decretar la suspensión provisional de un acto administrativo cuando está frente a la acción de simple nulidad, limitarse a confrontar el acto acusado con la norma que se estima contrariada (CCA, art. 152, num. 2º). Encuentra la Sala que la reseña normativa que se acaba de citar conduce a retirar provisionalmente del ordenamiento jurídico los actos acusados por las siguientes razones:

Constitucional y legalmente la Policía Nacional es un cuerpo armado instituido para prestar un servicio público de carácter permanente como lo es “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas...” y para asegurar una convivencia pacífica (C.P., art. 218 y L. 62/93., art. 5º).

Para el demandante los actos acusados crean un estado discriminatorio y de desigualdad para otros sectores de la sociedad distintos al bancario, financiero, industrial y comercial máxime cuando se accede a dicho servicio previa contratación y pago de los mismos.

Encuentra la Sala que en efecto en las normas demandadas se brinda una protección privilegiada a dichos organismos cuando es deber del Estado brindarle protección a toda la comunidad en condiciones de igualdad, eficiencia y neutralidad.

La Corte Constitucional en sentencia C-20 de enero 23 de 1996 M.P. Carlos Gaviria Díaz, al declarar inexequible el artículo 46 del Decreto-Ley 262 de 1994 que facultaba al director general de la policía para contratar con entidades oficiales, bancarias, financieras u otras personas jurídicas de derecho privado que cumplan funciones de interés público la prestación remunerada de servicios de vigilancia con personal de la Policía Nacional en uso de vacaciones, dijo acerca del servicio público de policía:

“(...).

El servicio público de policía, por ser esencial, ha de ser ofrecido a toda la comunidad en condiciones de igualdad, porque todas las personas tienen derecho, en la misma medida, a reclamar de las autoridades de la República aquello para lo cual están instituidas, en los términos del artículo 2º de la Carta.

No es tolerable, a la luz de la normatividad superior, que se establezcan por el legislador categorías de personas beneficiarias en distinto grado del servicio esencial de policía, según su capacidad para retribuir un servicio que por su naturaleza ha de ser gratuito”.

Los servicios de vigilancia y seguridad remunerados que presta la Policía Nacional, al igual que la competencia que se asigna a sus funcionarios para celebrar contratos e imponer multas por falsa alarma, no encuentran respaldo en normas de carácter superior porque constitucional y legalmente la Policía Nacional tiene unas funciones y una misión de contenido general que cobija a todos los habitantes y que no puede particularizar con respecto a algunos sectores de la comunidad.

Los actos acusados desnaturalizan la función de la policía y dejarlos en el ordenamiento jurídico, sería afirmar desde esta esfera judicial que para mejorar y ser eficiente en sus servicios la Policía Nacional puede establecer sistemas que no son de libre acceso para todos los gobernados.

Es por ello que la Sala encuentra procedente acceder a la medida cautelar impetrada,

RESUELVE:

1. INADMÍTESE la demanda de nulidad en contra de la Resolución 4066 de 5 de agosto de 1996 presentada por el ciudadano José Luis Villamizar Rodríguez.

2. ADMÍTESE la demanda presentada por el mismo ciudadano en contra de las resoluciones 2051 del 8 de julio de 1997 y 3731 del 30 de diciembre de 1997, expedidas por el director general de la Policía Nacional.

3. DECRÉTASE la suspensión provisional de las resoluciones 2051 del 8 de julio de 1997 y 3731 del 30 de diciembre de 1997, expedidas por el director general de la Policía Nacional.

4. Fíjese en lista por el término legal.

5. Notifíquese personalmente al agente del Ministerio Público.

6. Notifíquese al director general de la Policía Nacional,

7. Por tratarse de una acción pública, reconócese personería al demandante para actuar a nombre propio.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

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