•Auto 15721 de julio 1º de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

CONCILIACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ES VÁLIDO RETRACTARSE ANTES DE LA APROBACIÓN JUDICIAL

EXTRACTOS: «I. A partir de la Ley 23 de 1991 se permitió en nuestro país que las entidades públicas pudieran acudir a la conciliación prejudicial o judicial, sujeta a la previa homologación del juez administrativo, como una forma de solución alternativa de conflictos.

Ya el Código de Procedimiento Civil en el artículo 341 había facultado a la Nación y a las entidades territoriales con la previa autorización del gobierno nacional, gobernador o alcalde según fuere el caso para transigir. También el Código Contencioso Administrativo en el artículo 218 en términos similares a los del Código de Procedimiento Civil permitió de manera inequívoca el allanamiento a las pretensiones de la demanda de las entidades públicas y la transacción.

Esto significa que en cuanto al acudir a los mecanismos de solución alternativa de conflictos las entidades de derecho público efectúan un acto de disposición de los dineros del Estado (CC, art. 2470), la ley ha querido rodearlos de exigencias mayores que las establecidas en el tráfico jurídico entre particulares.

De ahí que no sean de recibo para la Sala los argumentos expuestos por el apoderado del recurrente cuando, con fundamento en una decisión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia referida a una conciliación de carácter laboral, afirma que la posibilidad de su revisión es excepcional y que sólo procede frente a la invocación de vicios del consentimiento. Y no es exacta esa asimilación ya que la conciliación en materia laboral, en cuanto a las relaciones individuales, a diferencia de lo que sucede en materia contencioso administrativa, no está sujeta a la previa homologación por parte del juez y una vez acordada el acta correspondiente tiene fuerza de cosa juzgada (CPT, art. 78; D. 1818/98, art. 54).

II. Lo primero que debe destacar la Sala en el presente caso, es el hecho de que el gobernador del Departamento del Tolima hubiera manifestado su oposición a la conciliación efectuada entre las partes.

Para el apoderado de la sociedad convocante dicho funcionario “no tiene nada que hacer si pretende cuestionar el acuerdo conciliatorio, pues no es parte del mismo, ni representa a la Fábrica de Licores del Tolima, ni la junta directiva de esta empresa le ha dado mandato representativo para tal fin”.

A pesar de que al proceso no se aportó el documento que acreditara la naturaleza jurídica de la Fábrica de Licores del Tolima, del contrato suscrito entre las partes (fl. 14) se deduce que es una empresa industrial y comercial del Estado del orden departamental cuyo gerente es nombrado y removido libremente por el gobernador del departamento (fls. 107-108).

Como entidad descentralizada del orden departamental que es, la Fábrica de Licores del Tolima se encuentra sometida a la tutela gubernamental a través de la correspondiente secretaría, con miras a ejercer “el control de sus actividades y la coordinación de éstas con la política y programas de la administración departamental”, en los términos del artículo 264 del Código de Régimen Departamental(1).

(1) Las disposiciones del título X sobre entidades descentralizadas del Código de Régimen Departamental no fueron modificadas por la Ley 489 de 1998 ya que ésta se refiere al orden nacional.

En estas condiciones y a pesar de la autonomía que como persona jurídica ostenta la Fábrica de Licores del Tolima, para la Sala no puede resultar intrascendente la solicitud de improbación de la conciliación lograda entre las partes formulada por el gobernador del Tolima, “por las implicaciones jurídicas y económicas que acarrearía en caso de llegarse a aprobar esta conciliación efectuada por fuera de los parámetros trazados en mi gobierno y por la junta directiva de la Fábrica de Licores del Tolima”.

III. De la misma manera que la transacción, la conciliación es un negocio jurídico en el que las partes terminan extrajudicial o judicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual.

La validez y eficacia de ese negocio jurídico en asuntos administrativos, está condicionada a la homologación por parte del juez quien debe ejercer un control previo de la conciliación con miras a verificar que se hayan presentado las pruebas que justifiquen la misma, que no sea violatoria de la ley o que no resulte lesiva para el patrimonio público(2).

(2) Los artículos 60 y 65 de la Ley 23 de 1991 señalaban que el juez al revisar el acuerdo conciliatorio debía verificar que esta no fuera lesiva para los intereses patrimoniales del Estado o que no se hallara viciada de nulidad absoluta.

Esto significa que hasta tanto el juez no apruebe u homologue el acuerdo conciliatorio, las partes pueden válidamente desistir del mismo cuando adviertan que el acuerdo logrado no resulta favorable o conveniente a sus intereses.

Reitera la Sala que en la medida en que la ley establece como requisito de validez y eficacia de la conciliación en asuntos administrativos la previa aprobación u homologación por parte del juez, hasta tanto no se produzca esa aprobación la conciliación no produce ningún efecto y por consiguiente las partes pueden desistir o retractarse del acuerdo logrado, no pudiendo por tanto el juez que la controla impartirle aprobación u homologarla cuando media manifestación expresa o tácita de las partes o de una de ellas en sentido contrario.

En este orden de ideas, la solicitud del gerente de la Fábrica de Licores del Tolima en esta instancia para que se impruebe la conciliación lograda ante el procurador judicial 27 en lo administrativo no puede ser ignorada por el juez llamado a controlarla y tiene el alcance de una retractación con respecto al acuerdo».

(Auto de julio 1º de 1999. Expediente 15.721. Consejero Ponente: Dr. Ricardo Hoyos Duque).

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