Sentencia 15736 de agosto 27 de 1999 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Augusto Galves Argote

Aprobado Acta Nº 127

Santafé de Bogotá, D.C., veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS: «En esta medida cobra especial importancia el término interno utilizado en la Ley 65 de 1993, pues hace exclusiva referencia a quien se halla al interior de un establecimiento carcelario, por manera que, las actividades programadas por cada centro de reclusión sean aplicables únicamente a quienes están bajo su directa custodia y responsabilidad, tal y como lo prevén los artículos 79 y 94 ibídem, en el sentido de que, según la primera norma citada: “El trabajo en los establecimientos de reclusión es obligatorio para los condenados como medio terapéutico adecuado a los fines de la resocialización. No tendrá carácter aflictivo ni podrá ser aplicado como sanción disciplinaria. Se organizará teniendo en cuenta las aptitudes y capacidades de los internos, permitiéndoles dentro de lo posible escoger entre las diferentes opciones existentes en el centro de reclusión. Debe estar previamente reglamentado por la Dirección General del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario”. Y la segunda disposición, establece en cuanto a la educación y enseñanza que, “La educación al igual que el trabajo constituye la base fundamental de la resocialización. En las penitenciarias y cárceles habrá centros educativos para el desarrollo de programas de educación permanente, como medio de instrucción o tratamiento penitenciario, que podrán ir desde la alfabetización hasta programas de instrucción superior. La educación impartida deberá tener en cuenta los métodos pedagógicos propios del sistema penitenciario, el cual enseñará y afirmará en el interno, el conocimiento y respeto de los valores humanos, de las instituciones públicas y sociales, de las leyes y normas de convivencia ciudadana y desarrollo de su sentido moral. En los demás establecimientos de reclusión, se organizarán actividades educativas y de instrucción, según las capacidades de la planta física y de personal, obteniendo de todos modos, el concurso de la entidades educativas y culturales”; siendo aún más claro el artículo 98 en cuanto a la redención de pena por enseñanza, pues allí se establece que, “el recluso que acredite haber actuado como instructor de otros, en cursos de alfabetización o enseñanza primaria, secundaria, artesanal o técnica y de educación superior tendrá derecho a que cada cuatro horas de enseñanza se le computen como un día de estudio, siempre y cuando haya acreditado las calidades necesarias de instructor, educador, conforme al reglamento. El instructor no podrá enseñar más de cuatro horas diarias, debidamente evaluadas, conforme al artículo 81”.

6. No queda, pues, ninguna duda de que las actividades propias de redención de pena previstas en el Código Carcelario como mecanismo terapéutico a través del cual el Estado asume directamente el tratamiento penitenciario, como medio específico de la prevención especial en la lucha contra el delito, no tiene como destinatarios a los detenidos domiciliariamente, pues éstos, se insiste, solamente están sujetos a la vigilancia del cumplimiento de la medida por parte del Inpec, que no al control directo propio de quien sí está sometido al rigor de la prisión».

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