Auto 15822 de marzo 27 de 2000 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

CASACIÓN Y REVISIÓN EN MATERIA PENAL

DIFERENCIAS ENTRE ESTOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

EXTRACTOS: «Antes de la vigencia de la Ley 553 de 2000 una de las diferencias entre la casación y la revisión consistía en que la primera se encontraba instituida como un recurso del proceso que procedía, por vía ordinaria o excepcional, en contra sentencias de segunda instancia no ejecutoriadas proferidas por tribunales y juzgados penales del circuito. La segunda, por el contrario, instituida como acción, procedía (y procede) contra las sentencias ejecutoriadas.

La nueva ley acabó dicha diferenciación al señalar como objeto de la casación en el modificado artículo 218 del Código de Procedimiento Penal, las sentencias ejecutoriadas proferidas en segunda instancia. Esta nueva concepción normativa convirtió a la casación en una impugnación dirigida contra el fallo de segundo grado en tanto ha adquirido firmeza y por lo tanto hecho tránsito a cosa juzgada.

Casación y revisión son en la actualidad, entonces, medios de impugnación previstos por el legislador cuyo objeto es, en los dos casos, una sentencia ejecutoriada. Dicha identidad de objeto no es absoluta, sin embargo, si se tiene en cuenta que la revisión también es procedente contra sentencias de primera y única instancia de las cuales sea predicable su inmutabilidad en virtud del principio de la cosa juzgada, e igualmente —en los casos de los numerales 4º y 5º del artículo 232 del Código de Procedimiento Penal— contra la cesación de procedimiento y la preclusión de la investigación.

Ahora bien, independientemente de que los mencionados medios impugnatorios procedan contra una sentencia ejecutoriada, en la actualidad —como antes de la vigencia de la Ley 553—, los instrumentos son radicalmente distintos en cuanto a su naturaleza, finalidades, oportunidad de proposición, trámite y requisitos.

La casación tiene como fines según el artículo 219 del Código de Procedimiento Penal (antes y después de la reforma), la efectividad del derecho material, las garantías debidas a las personas que intervienen en la actuación penal, la reparación de los agravios inferidos a las partes con el fallo y la unificación de la jurisprudencia nacional. Esto significa que la casación, a pesar de dirigirse contra una sentencia que hizo tránsito a cosa juzgada, le permite al demandante, acudiendo a las causales previstas para ello, cuestionar la juridicidad del fallo, la valoración probatorio y la estructura mismo del proceso penal.

La revisión, por el contrario, tiene como objetivo el remedio de errores judiciales por causas que no se conocieron durante el desarrollo del proceso. En dicha medida, como lo ha dicho la Corte repetidamente, no es una vía para reabrir el debate sobre los mismos hechos y circunstancias que fueron objeto de la controversia procesal.

Lo anterior quiere decir, entonces, que la casación ancla la discusión en el proceso mismo, en su regularidad, en el cumplimiento de las garantías debidas a las partes, en los supuestos de hecho de la sentencia y en sus consecuencias jurídicas. Su referente o su marco, en consecuencia, son las circunstancias que se verificaron en el propio trámite procesal. Y es esa la razón para que la ley limite la oportunidad para la presentación de la demanda respectiva a los 30 días hábiles siguientes (término común a todas las partes) a aquel en el que la sentencia de segunda instancia quedó materialmente ejecutoriada.

Dicha diferencia de finalidades entre la casación y la revisión es manifiesta cuando se confrontan las causales que las hacen procedentes, previstas respectivamente en los artículos 220 y 232 del Código de Procedimiento Penal. En la primera se busca el resquebrajamiento de la cosa juzgada a partir del propio proceso, mientras que en la segunda ese mismo propósito se persigue por errores judiciales originados en causas no conocidas durante el trámite procesal.

Significa lo anterior que no puede acudirse a la acción de revisión con sustento en fundamentos propios de la casación que fue lo que a juicio de la Sala hizo la defensa en el presente acaso».

(Auto de marzo 27 de 2000. Radicación 15.822. Magistrado Ponente: Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar).

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