•Auto 15825 de abril 8 de 1999

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

CUANTÍAS EN PROCESOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS

TODAVÍA NO ESTÁN VIGENTES LAS CUANTÍAS DE LA LEY 446 DE 1998

Santafé de Bogotá, D.C., ocho (8) de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999).

Consejero Ponente:

Dr. Juan de Dios Montes Hernández

Ref.: Proceso Nº 15.825. Actor: Mabel Santos y otros.

Resuelve la Sala el recurso de súplica interpuesto por la parte actora en contra del auto proferido por el honorable consejero doctor Ricardo Hoyos Duque el 5 de febrero de 1999, mediante el cual se abstuvo de tramitar el recurso de apelación presentado por la demandante.

Para llegar a la anterior conclusión, el señor consejero ponente acogió el criterio mayoritario de la Sala y sostuvo que el asunto era de única instancia, porque de conformidad con el inciso final del artículo 164 de la Ley 446 el proceso que era de doble instancia a la vigencia de la ley, quedó de única por razones de cuantía.

Además, señaló que de acuerdo con lo previsto en el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, reformado por la misma ley, los tribunales administrativos conocerán en primera instancia de los procesos de reparación directa, cuando la cuantía exceda 500 salarios mínimos legales mensuales, mientras que la pretensión mayor de esta demanda resultó inferior a la exigida por la norma. Igualmente, estimó que el recurso, por haber sido interpuesto posteriormente al 8 de julio de 1998, deberá aplicársele la ley sobre descongestión judicial.

Fundamentos del recurso

El apoderado de la parte actora arguyó que las normas sobre competencia de la Ley 446 están suspendidas hasta tanto entren en funcionamiento los juzgados administrativos, que hasta la fecha no están en funcionamiento; por lo tanto, deberán aplicarse las normas vigentes antes de la publicación de dicha ley.

Igualmente, indicó que para la época de la presentación de la demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 7 de diciembre de 1993, la pretensión mayor se fijó en el equivalente a 1.000 gramos de oro, monto que ascendía a la suma aproximada de $ 10.000.000 m/cte., y, de acuerdo con el Decreto 597 de 1988, los tribunales administrativos conocían de las acciones de reparación directa cuando la cuantía superaba los $ 6.860.000.

Por las razones anteriores insistió que el proceso continúa siendo de doble instancia.

Consideraciones de la Sala

La Sala revocará el auto suplicado; en su lugar admitirá el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada. Para tal efecto, seguirá la orientación de la Sala Plena expuesta en la sesión de 23 de febrero de 1999, en el sentido que no están vigentes las cuantías determinadas por la Ley 446 de 1998, hasta tanto no entren en funcionamiento los juzgados administrativos y, por lo tanto, se seguirán aplicando las cuantías fijadas por el Decreto 597 del 5 de abril de 1988, reajustadas en un 40% cada dos años a partir del 1º de enero de 1990.

Esta Sala, en auto de 11 de marzo de 1999, actor José Alfredo Monterrey Boada, demandado municipio de Tame, recogió lo dicho en el auto materia de impugnación y sobre el particular manifestó:

“Para la Sala el recurso de apelación debe ser concedido toda vez que la cuantía del proceso sí alcanza la fijada por el Decreto 597 de 1988 para que un litigio, iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, deba ser tramitado como de doble instancia.

En esta providencia se sigue la orientación de la Sala Plena de la corporación, expuesta en la sesión del 23 de febrero de 1999, según la cual no están vigentes las cuantías determinadas por la Ley 446 de 1998, hasta tanto no entren en funcionamiento los juzgados administrativos.

Debe entonces aplicarse la disposición contenida en el parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998, según la cual: “Mientras entran a operar los juzgados administrativos continuarán aplicándose las normas de competencia vigentes a la sanción de la presente ley”.

Por consiguiente, al aplicar las normas legales sobre cuantías que estaban rigiendo al entrar en vigencia la Ley 446 de 1998, esto es el Decreto 597 de 1988, el presente litigio tiene vocación de doble instancia porque la mayor pretensión sí alcanza la cantidad dineraria exigida para que el proceso sea de mayor cuantía”.

Revisada la demanda, le asiste razón al demandante cuando afirma que para la época de la presentación de la demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 7 de diciembre de 1993, la pretensión mayor se fijó en el equivalente a 1.000 gramos de oro, monto que ascendía a la suma aproximada de $ 10.000.000 m/cte.; que los tribunales administrativos conocían de las acciones de reparación directa cuando la pretensión mayor superaba los $ 6.860.000, lo cual sucedió en el caso sub examine; por lo tanto, si el proceso nació con vocación de doble instancia procede el recurso de apelación interpuesto por la parte actora.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,

RESUELVE:

REVÓCASE el auto proferido por el honorable consejero Ricardo Hoyos Duque el 5 de febrero de 1999 y en su lugar

CÓRRASE traslado a la parte actora por tres días para que sustente el recurso interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 23 de julio de 1998.

Germán Rodríguez Villamizar, Presidente—Juan de Dios Montes HernándezJesús M. Carrillo Ballesteros—Daniel Suárez Hernández.

Carlos Alberto Corrales Muñoz, Secretario Sala.

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