Auto 15871 de agosto 12 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

PUEDE SER FORMULADO POR UN PARTICULAR VINCULADO AL PROCESO

EXTRACTOS: «1. El llamamiento en garantía. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 54 del Decreto-Ley 2304 de 1989, en los procesos contencioso administrativos relativos a controversias contractuales y de reparación directa, la parte demandada puede, en el término de fijación en lista, denunciar el pleito, realizar el llamamiento en garantía o presentar demanda de reconvención, siempre que ello sea compatible con la índole o naturaleza de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Ahora bien, los requisitos que demanda y el trámite que debe imprimirse a la figura del llamamiento en garantía no cuentan con una regulación especial en el Código Contencioso Administrativo, por lo que deben aplicarse las reglas que sobre la materia contiene el Código de Procedimiento Civil, en virtud de la remisión expresa que para ese tipo de eventos prevé el artículo 267 el primero de los estatutos procesales mencionados, en virtud de lo cual debe estarse a las normas que sobre el particular consagran los artículos 55, 56 y 57 del segundo código procesal indicado.

Se tiene entonces, que el llamamiento en garantía tiene ocurrencia cuando entre la parte o persona citada y la que hace el llamado existe una relación de garantía de orden real o personal, con el fin de que aquella pueda ser vinculada a las resultas del proceso y en particular para que sea obligada a resarcir un perjuicio o a efectuar un pago que sea impuesto en la sentencia que decida el respectivo proceso.

En efecto, el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil dispone:

“ART. 57.—Quien tenga derecho legal o contractual de exigir de un tercero la indemnización de un perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia, podrá pedir la citación de aquél, para que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación. El llamamiento en garantía se sujetará a lo dispuesto en los dos artículos anteriores”.

Por consiguiente, la procedencia del llamamiento en garantía está supeditada a la existencia de un derecho legal o contractual que ampara a la persona frente al tercero a quien solicita sea vinculado al proceso, en orden a que en la misma litis principal se defina la relación que tienen aquellos dos.

Los requisitos que debe reunir el escrito de llamamiento en garantía son los establecidos en el artículo 55 del Código de Procedimiento Civil, a saber:

a) El nombre de la persona llamada y el de su representante si aquél no puede comparecer por sí al proceso.

b) La indicación del domicilio del denunciado, o en su defecto, de su residencia, y la de su habitación u oficina y los de su representante, según fuere el caso, o la manifestación —bajo juramento— de que se ignoran.

c) Los hechos en que se basa la denuncia y los fundamentos de derecho en que se invoquen.

d) La dirección de la oficina o habitación donde el denunciante y su apoderado recibirán notificaciones personales.

La exigencia de que en el escrito de llamamiento se expongan los hechos en que se apoya la citación del tercero y los fundamentos de derecho que sustenten la actuación, tiene un doble propósito: Por una parte, establecer los extremos y elementos de la relación procesal que se solicita sea definida por el juez, y por otra, ofrecer un fundamento fáctico y jurídico mínimo del derecho legal o contractual en que se apoya el llamamiento en garantía que se formula, en orden a que el uso de ese instrumento procesal sea serio, razonado y responsable, y, al propio tiempo, se garantice el derecho de defensa de la persona que sea citada en tal condición al proceso; de allí que, si bien la remisión que para efectos del trámite se hace en la parte final del artículo 57 del Código de Procedimiento Civil está referida tan solo a los artículos 55 y 56 ibídem, la exigencia contenida en el inciso segundo del artículo 54 del mismo es igualmente predicable para el caso del llamamiento en garantía y no exclusivo para la figura de la denuncia del pleito allí regulada.

Por lo tanto, quien solicita el llamamiento en garantía debe cumplir con la carga procesal de acompañar prueba siquiera sumaria del derecho para tal actuación, esto es, del derecho legal o contractual que le permita exigir del tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reintegro del pago que tuviere que hacer en virtud de la sentencia condenatoria que se profiera en su contra.

2. El caso concreto. En ese contexto, en el asunto sub judice, del texto de la demanda, los documentos aportados con la misma, al igual que de las pruebas allegadas con la contestación de la demanda por parte de la sociedad Cooperadores IPS S.A., se deduce claramente la relación contractual existente entre ésta y la persona llamada en garantía, lo mismo que su vinculación a los hechos en que se fundan las pretensiones del libelo demandatorio, como quiera que el Dr. Freddy Arturo Orozco fue el galeno encargado de la atención de la paciente Laura Daniela Garcés Ospina, por cuenta de la sociedad Cooperadores IPS, S.A.; por consiguiente, al estar acreditado también el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 55 del Código de Procedimiento Civil, la decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resulta acertada, máxime si se tiene en cuenta la jurisprudencia reiterada de la Sala, en el sentido de que la demanda puede ser apreciada como constitutiva de la prueba sumaria para librar el llamamiento en garantía(1).

(1) Sentencia de enero 28 de 1994, Consejero Ponente Daniel Suárez Hernández; auto de julio de 9 de 1998, Consejero Ponente Germán Rodríguez Villamizar; auto de agosto 5 de 1999, Consejero Ponente Ricardo Hoyos Duque.

Ahora bien, no es de recibo el argumento del apelante, según el cual, no es posible para los particulares vinculados a un proceso contencioso administrativo hacer uso del llamamiento en garantía, porque tal posibilidad sólo es predicable en favor de las entidades de derecho público. Las razones son las siguientes:

a) En los términos en que se encuentra legalmente prevista esa facultad para la parte demandada, ella no es exclusiva para las entidades de derecho público, toda vez que, el artículo 217 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 54 del Decreto-Ley 2304 de 1989, la consagra sin ninguna distinción para toda persona que actúe en calidad de sujeto pasivo de la relación jurídico procesal, sea ella una persona de derecho público o de derecho privado, e inclusive también puede hacer uso de ella el Ministerio Público en su condición de parte que es en el proceso contencioso administrativo (art. 127 del CCA, modificado por el art. 35 de la L.446/98), ya que la norma en comento no hace distinción alguna, ni tampoco establece excepción para ello;

b) Si bien es cierto que la jurisdicción contencioso administrativa se encuentra instituida para conocer y decidir las controversias y litigios administrativos originados en la actividad de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los órganos del Estado (art. 82 del CC A, modificado por el art. 30 de la L. 446/98), también lo es, que en virtud del fuero de atracción, dicha jurisdicción resulta igualmente competente para juzgar, la responsabilidad de la administración pública conjuntamente con la de la de los particulares, respecto de unos mismos hechos que sirven de sustento a las súplicas de la demanda, como en reiteradas oportunidades lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Sala(2), y

(2) Véanse por ejemplo, entre otras, las siguientes providencias: Sentencia de diciembre 3 de 1993, C.P. Carlos Betancur Jaramillo, expediente 7677; sentencia de octubre 23 de 1993, C.P. Julio César Uribe Acosta. Expediente 8403; auto de enero 24 de 1994, C.P. Daniel Suárez Hernández; auto de marzo 17 de 1994, C.P. Daniel Suárez Hernández, expediente 8534; auto de octubre 27 de 1994, C.P. Julio César Uribe Acosta, expediente 10.007.

c) En tal virtud, vinculado un particular al proceso contencioso administrativo, como demandado o llamado en garantía, en ejercicio legítimo de su derecho de defensa bien puede a su vez llamar en garantía a un tercero, siempre y cuando para ello se cumplan los presupuestos legales antes comentados, pues, de lo contrario se atentaría contra el derecho de defensa y el principio de economía procesal».

(Auto de agosto 12 de 1999. Expediente 15.871. Consejero Ponente: Dr. Germán Rodríguez Villamizar).

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