Auto 15946 de junio 19 de 1997 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

TRANSFORMACIÓN DE SUS EMPLEADOS DE PÚBLICOS A PRIVADOS

Magistrada Ponente:

Dra. Clara Forero de Castro

Santafé de Bogotá, D.C., diecinueve de junio de mil novecientos noventa y siete.

Ref.: Expedeinte 15946

Se decide el recurso de apelación interpuesto por el señor MANOLO CHAVARRO LARA contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda Subsección “B”, el 7 de febrero de 1997, que inadmitió la demanda por falta de jurisdicción.

Antecedentes

En ejercicio de la acción consagrada en el artículo 85 del CCA solicita el señor Chavarro Lara que se declare la nulidad de la comunicación Nº 0442 de julio 10 de 1996 expedida por el gerente general de la Empresa de Energía de Bogotá, ESP, mediante la cual se le desvinculó del cargo de jefe del departamento de atención al cliente. Como restablecimiento del derecho pide que se ordene el reintegro al mismo cargo o a otro de igual o superior categoría y el pago de los salarios y prestaciones sociales, sin solución de continuidad.

Previamente a decidir sobre la admisibilidad de la demanda el Tribunal resolvió oficiar a la Empresa de Energía de Bogotá ESP para que certificara cuál era la naturaleza jurídica de la entidad y la clase de vinculación que tenía el actor con la misma; y que acompañara las disposiciones legales que así lo demostraran.

En cumplimiento del auto anterior, la entidad certificó “que la naturaleza jurídica de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. Empresa de Servicios Públicos, es una sociedad por acciones, constituida como una empresa de servicios públicos, asimilada a las sociedades anónimas, conforme a las disposiciones de la ley 142 de 1994”, y señaló que para la fecha de retiro el demandante era un trabajador particular y ostentaba un cargo de dirección, confianza y manejo (fl. 39). Adjuntó fotocopia de los estatutos de dicha entidad (fls. 42 a 58 vto.).

El auto apelado

Con base en la anterior certificación consideró el Tribunal que esta jurisdicción no es la competente para conocer de la controversia planteada al determinarse que el actor era un trabajador particular y conforme a los artículos 131 y 132 del CCA la jurisdicción contencioso administrativa no conoce de los asuntos laborales que tienen origen en una relación contractual o particular.

La apelación

Después de hacer un breve recuento de lo sucedido manifiesta el apelante que de acuerdo con el artículo décimo séptimo del acta de transformación de la empresa, el cargo que desempeñaba era de confianza, dirección o manejo y que por lo tanto era empleado público puesto que así se demuestra con las copias del acto de nombramiento y posesión remitidas por la misma entidad.

Cita apartes de una jurisprudencia de esta Corporación; señala que su vinculación a la nueva planta de personal no fue a través de un contrato de trabajo sino mediante Resolución 13014 de diciembre 29 de 1995 y que por lo tanto el Tribunal Contencioso Administrativo es el competente para conocer de la presente controversia a no ser que primen los estatutos y en ese caso se aplicaría el artículo 41 de la Ley 142 de 1994; que la única modificación que sufrió la empresa fue el cambio de razón social y el aporte de capital donde el sector privado no alcanza a tener el 1%.

Finalmente insiste en su calidad de empleado público por la forma en que fue vinculado a la empresa, la cual dice que no ha perdido, puesto que no firmó un contrato de trabajo y que por lo tanto la empresa se apresuró a retirarlo cuando estaba amparado por los artículos 464 del Código de Comercio, 3º del Decreto 3130 de 1968 y por la jurisprudencia antes citada; que tanto la vinculación como su retiro se hicieron mediante actos administrativos y en consecuencia no es posible que el juez laboral se pronuncie sobre ellos.

Posteriormente presentó otro escrito donde cita los artículos 41 de la Ley 142 de 1994 y 3º —inciso 2º— del Decreto 1848 de 1969; señala que esta corporación anuló el artículo 5º del Decreto 1848 de 1969 que permitía que las sociedades de economía mixta clasificaran su personal directivo y de confianza como empleados públicos y que por lo tanto en dichas entidades todos son trabajadores oficiales; pero que en cuanto a la Empresa de Energía de Bogotá que se transformó en sociedad por acciones, ésta queda sometida al estatuto general que regula las sociedades mercantiles, es decir al código de comercio.

Igualmente cita los artículos 461 —inciso 2º— y 464 del código de comercio y el 3º del Decreto 3130 de 1968 para indicar que las sociedades de economía mixta se sujetan a las reglas del derecho privado, al Código Sustantivo del Trabajo y a la jurisdicción ordinaria (L. 142/94) pero cuando el aporte estatal es del 90% o más, se someten a las disposiciones previstas para las empresas industriales y comerciales del Estado y que por lo tanto le es aplicable el régimen laboral del empleado público.

Para resolver,

SE CONSIDERA:

El demandante alega que cuando fue incorporado a la Empresa de Energía de Bogotá lo hizo con el carácter de empleado público y que esa calidad no puede ser modificada por el hecho de haber sido transformada la empresa en sociedad por acciones.

La Sala no lo considera así; como lo ha venido expresando esta corporación la modificación a los estatutos de una entidad estatal cambia automáticamente la naturaleza del vínculo de sus servidores pues la norma entra a regir de inmediato, salvo disposición expresa en contrario.

La categoría de empleado público o trabajador oficial no implica que se haya adquirido derecho alguno que resulte definido y no pueda ser alterado por normas posteriores (C.E., S. Contencioso Administrativo, Sec. Segunda, auto, mar. 16/83).

Dijo la Sala en sentencia de julio 4 de 1990, actor César Castro Perdomo:

“La forma de vinculación de las personas a una entidad no es inmodificable ni torna inmodificables las normas estatutarias que la regulan; nadie puede pretender que no cambien ni la naturaleza del ente o la de los cargos, para que primen sus intereses particulares sobre el interés general que es el de la empresa”.

Según el artículo 86 de los estatutos de la Empresa de Energía de Bogotá ESP “Las relaciones jurídicas de trabajo de todo el personal de la sociedad, se rigen por las normas estipuladas en el artículo 41 de la Ley 142 de 1994”. (subraya la Sala) y esta disposición a su vez señala que las personas que presten sus servicios en estas empresas de servicios públicos, privadas o mixtas, tendrán el carácter de trabajadores particulares y estarán sometidas a las normas del Código Sustantivo del Trabajo y a lo dispuesto en esta ley.

Como para la fecha de retiro del señor Manolo Chavarro Lara, 10 de julio de 1996 (fl. 3), la Empresa de Energía de Bogotá ya había sido transformada en una sociedad por acciones constituida como una empresa de servicios públicos, asimilada a las sociedades anónimas, conforme a las disposiciones de la Ley 142 de 1994 (inc. 1º art. 2º de los estatutos) es claro entonces que para esa época el actor no ostentaba la calidad de empleado público sino la de trabajador particular, así su cargo de jefe del departamento de atención al cliente hubiera estado catalogado dentro de los de dirección, confianza o manejo.

No es válido el argumento del demandante en el sentido de que como en la Empresa de Energía de Bogotá ESP el aporte estatal es igual o mayor al 90% del capital social se somete al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado (art. 3º D. 3130/68) donde la regla general es que sus servidores son trabajadores oficiales y por excepción conforme a los estatutos, empleados públicos; pues desconoce el actor que la empresa de Energía de Bogotá es ahora una sociedad por acciones y su régimen, de acuerdo con los estatutos, es el señalado en el artículo 41 de la Ley 142 de 1994, que como se dijo, establece que todos sus servidores son trabajadores particulares.

El artículo 131 numeral 6º del Código Contencioso Administrativo señala que la jurisdicción contencioso administrativa conoce de los procesos de restablecimiento del derecho que no provengan de un contrato de trabajo.

Como el actor al momento de su retiro de la entidad estaba clasificado como trabajador particular y su vinculación con la Empresa de Energía de Bogotá debía ser contractual y no legal y reglamentaria, no es esta la jurisdicción competente para conocer la controversia planteada.

Por lo expuesto SE RESUELVE:

Confírmase el auto proferido el 7 de febrero de 1997 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección “B” que inadmitió la demanda por falta de jurisdicción.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión celebrada el día 19 de junio de 1997.

Clara Forero de Castro—Nicolás Pájaro Peñaranda—Dolly Pedraza de Arenas.

Myriam C. Viracachá Sandoval, Secretaria ad hoc .

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