Auto 16294 de noviembre 30 de 1999 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

PROCESOS POR DELITO DE REBELIÓN

NUEVAS COMPETENCIAS FIJADAS POR LA LEY 504 DE 1999

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote

Ref.: Radicación 16.294.

Santafé de Bogotá, D.C., treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Vistos:

Dirime la Corte la colisión negativa de competencias suscitadas entre el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, Sala especial de descongestión y el Tribunal del Distrito judicial de Bucaramanga.

Antecedentes:

1. Por razón de enfrentamientos sucedidos en el Municipio de Lebrija el 21 de junio de 1992 entre el Ejército Nacional y presuntos miembros del frente 46 de las FARC y por haber obtenido otra cédula de ciudadanía prevalida de documentos falsos, la Fiscalía Regional de Cúcuta, según resolución de 25 de marzo de 1997, acusó a Elizabeth Higuera Pinzón, o María Cristina Villamizar García, o Nelly Omaira Murcia Pinzón por los delitos de rebelión y falsedad personal, la que una vez confirmada en proveído de segunda instancia de noviembre 27 del mismo año, dio lugar a la subsiguiente etapa que asumió el juzgado regional de Cúcuta quien, tras el trámite propio, dictó sentencia en abril 7 de la presente anualidad, condenando a la procesada por lo punibles materia de juicio.

2. Apelada esa decisión y concedido el recurso se remitió la actuación al Tribunal Nacional a donde arribó a mediados del mes de junio de 1999.

Sin embargo, desaparecida la citada corporación por virtud de la Ley 270 de 1996 y asumidos sus procesos por la Sala de descongestión del Tribunal de Santafé de Bogotá, dispuso ésta, a través de auto de julio 7 de 1999, ya vigente la Ley 504 del mismo año, la remisión del asunto que motiva este pronunciamiento al tribunal de Bucaramanga, por considerarse carente de competencia territorial para conocer de él, conforme lo señala el artículo 5º de la citada Ley 504.

3. A su turno, la corporación con sede en Bucaramanga también se declaró incompetente por estimar que el artículo 37 de la nueva norma, en aras de evitar los traumatismos de envío y reenvío de procesos que surge como consecuencia del cambio legislativo, estableció una competencia transitoria “que podría llamarse retenida” en virtud de la cual el Tribunal de Bogotá en su Sala de descongestión, debe conocer de los negocios de rebelión que el Tribunal Nacional tuviese bajo su conocimiento hasta antes del 1º de julio de 1999, por manera que sólo los que lleguen allí por ese punible, con posterioridad a la fecha indicada, serán del conocimiento de los tribunales superiores conforme al factor territorial.

Por tanto, concluye el citado tribunal, como “no escapa al poder del legislador la posibilidad de desconocer, como en este caso, los factores que integran la competencia para asignarlo por conveniencia a juez o corporación diferente al lugar donde se consumó la infracción”, la facultad para asumir su conocimiento corresponde al tribunal de Bogotá a quien, en consecuencia, se lo remitió proponiéndole colisión negativa de competencias.

4. Aceptado el conflicto así planteado y reiterando su incompetencia, la Sala de descongestión considera que la norma invocada por el proponente de la colisión debe interpretarse en su verdadero contexto pues, pasando, a partir del 1º de julio de 1999, el delito de rebelión a conocimiento de los juzgados penales del circuito y en segunda instancia a las salas penales de los tribunales, según el factor territorial, ella sólo puede asumir aquellos procesos a que se refiere el artículo 5º de la Ley 504, dentro del cual no se encuentra el mencionado ilícito.

Además, dice el tribunal de Bogotá, lo anterior se corrobora del análisis de la segunda parte del citado artículo 37 y de su concordancia con el 39 toda vez que éste permite inferir que los delitos no previstos en el artículo 5º de la ley, como de competencia de la justicia especializada se continuarán tramitando ante los jueces penales del circuito respectivos según el factor territorial.

Súmase a lo anterior, sostiene la corporación, que desaparecido el Tribunal Nacional y reemplazado por la Sala de descongestión, cuya competencia funcional se delimita en el artículo 5º de la Ley 504, resulte posible hablarse de conservación de competencia cuando la instancia a que se refiere el tribunal de Bucaramanga desapareció.

Consideraciones:

1. Aunque por virtud de la Ley 504 de 1999 resulta incuestionable que la competencia que el artículo 71 del Decreto 2700 de 1991 defería a los juzgados regionales respecto del delito de rebelión no corresponde a la que el artículo 5º de la nueva ley señala para los jueces penales del circuito especializados pues le priva de ella a éstos asignándosela, por razón de la cláusula general, a los juzgados del circuito, no puede hacerse similar afirmación cuando en concreto, tal como lo precisan los funcionarios colisionantes, el tránsito de los procesos se ve matizado por otras disposiciones que intentan implementar el nuevo orden de facultades.

En efecto, es claro que, hasta antes de la vigencia de la Ley 504, la competencia para conocer del mencionado punible atañía a los jueces regionales en primera instancia y al Tribunal Nacional en segunda, situación que evidentemente varía a partir de aquél momento pues, asuntos que tengan por objeto ese delito interesan a los jueces del circuito y a las salas penales de decisión de los tribunales superiores de distrito, según así se colige de los artículos 4º y 5º de la citada ley, lo cual equivale a decir que por virtud del factor objetivo o materia del asunto, el legislador le asignó una competencia más a estos funcionarios.

Ahora bien, como la nueva norma no condiciona en parte alguna la facultad que así le sobreviene a los juzgados del circuito, y ciertamente los mencionados son preceptos de competencia, síguese de ello que “prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deban empezar a regir”, según lo dispone el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, significando así que, a partir del 1º de julio de 1999, los procesos por el ilícito de rebelión, sin que importe la fecha de su comisión, pasan por la cláusula general, al conocimiento de los juzgados de circuito y, en segunda instancia, a las salas penales de los tribunales de distrito, tal como se corrobora, además, en el artículo 39 de la reciente normatividad, toda vez que éste dispone que “los procesos que a la entrada en vigencia de la presente ley estén en conocimiento de la justicia regional por delitos no previstos en el artículo 5º de esta ley, se continuarán tramitando ante los jueces penales de circuito competentes por el factor territorial”.

De modo muy específico el aludido artículo 4º de la Ley 504 asigna a los tribunales superiores el conocimiento en segunda instancia “de los recursos de apelación y de hecho, en los procesos que conocen en primera instancia los jueces de circuito y los jueces penales de circuito especializados”, y como dentro de ellos los que tienen por objeto el ilícito de rebelión corresponde a los primeros es obvio que la segunda instancia debe surtirse ante la Sala Penal de Decisión del respectivo tribunal según el factor territorial”.

2. Pero, además, mientras se crea, por ley estatutaria, la corporación que de modo especial habrá de conocer la segunda instancia de procesos por punibles de competencia de los jueces especializados, su decisión, sumada a la de los asuntos que le resultan propios y dentro de los cuales se incluye, obviamente, a partir del 1º de julio de 1999 el delito de rebelión, concierne a los tribunales ordinarios por así colegirse de la interpretación de los artículos 4º, 43 y 48 de la Ley 504 de 1999, máxime que el último, como así se entendió en el trámite legislativo, señala una especie de competencia supletoria previendo que, eventualmente, la Corte Constitucional declare inexequibles las asignaciones que al futuro tribunal superior nacional se hagan en la ley estatutaria en curso.

Como el denominado “desmonte de la justicia regional” ha implicado el desaparecimiento, no de instancias, sino de unos órganos judiciales y la creación de otros que no necesariamente, según se desprende del texto normativo, han de asumir las facultades que correspondían a aquellos, la Ley 504 incluyó disposiciones que evidentemente tienden a hacer menos traumático el tránsito que así se produce.

En ese orden, el legislador autorizó la creación de una “Sala especial de descongestión”, la que en efecto se instituyó, hasta por un año, mediante Acuerdo 533 de 1999 del Consejo Superior de la Judicatura, en la Sala Penal del Tribunal de Santafé de Bogotá a fin de que, transitoriamente asuma la competencia de los asuntos que en segunda instancia poseía el Tribunal Nacional, a primero de julio de 1999, por delitos de la ahora justicia especializada, defiriéndole a la vez, en forma coherente, jurisdicción en todo el territorio nacional.

No otro es el entendimiento que permite el artículo 37 de la ley, ni otra la intención del legislador, según se advierte en el acta Nº 3 de la sesión conjunta de las comisiones primeras de Cámara y Senado llevada a cabo el 26 de abril de esta anualidad, pues en los debates que allí se suscitaron y fruto de los acuerdos que se lograron entre los ponentes, el Gobierno y estamentos de la justicia, el objetivo de la Sala de descongestión es sólo ese: asumir, en segunda instancia de manera exclusiva los procesos que por delitos de competencia de los jueces de circuito especializados tuviera el extinto Tribunal Nacional al momento de entrar en vigencia la ley, sin que sea posible asignarle ningún proceso nuevo porque no es ese el sentido de órganos de dicha naturaleza frente a lo dispuesto por el artículo 63 de la Ley 270 de 1996.

3. De lo anterior algunas conclusiones se desprenden que pueden ser puntualizadas así:

a) Los asuntos que arriben a segunda instancia a partir del 1º de julio de 1999, en procesos por delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializados, corresponden, mientras se crea el “Tribunal Superior Nacional”, a las salas penales de decisión de los tribunales superiores de distrito de acuerdo con el factor territorial.

b) Cuando se trate del punible de rebelión, correspondiendo la primera instancia a los jueces de circuito, la segunda atañe también a las mencionadas salas penales de decisión de conformidad con el citado elemento de competencia.

c) “Los procesos” que hubieren estado al conocimiento del Tribunal Nacional, hasta el 1º de julio del año en curso, pasarán al del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, Sala Especial de Descongestión, y

d) Los asuntos que el Tribunal Nacional tramitaba en primera instancia pasarán igualmente a las salas de decisión de los tribunales competentes, según el territorio, por así preverse en el artículo 4º de la Ley 504, modificatorio de los numerales 1º y 2º del artículo 70 del Decreto 2700 de 1991.

4. No obstante, impera precisar tales conclusiones, pues al referirse el artículo 37 de la Ley que a la Sala Penal del Tribunal de Bogotá se adscribirá “el conocimiento de los procesos de que actualmente conoce el Tribunal Nacional y de los que conozca hasta el 1º de julio de 1999” pueden emerger erradas interpretaciones como la que ahora propone el Tribunal de Bucaramanga.

En efecto, es suficientemente sabido que la competencia asignada a los diferentes funcionarios judiciales se deriva de la conjunción de diversos factores, siendo los principales el objetivo o por razón de la materia, el territorial y el funcional. Todos ellos se aprecian en la citada ley para distribuir los distintos asuntos a los jueces penales especializados y a los funcionarios de segunda instancia, resultando de tal modo desatinada la tesis del Tribunal de Bucaramanga acerca de que el legislador desconoció dichos factores señalando, según la conveniencia, el órgano competente sin atender el lugar de comisión del delito, pues, en primer término, omite la corporación proponente del conflicto considerar que el Tribunal de Bogotá, Sala de descongestión, para los efectos de la susodicha ley, tiene competencia en todo el territorio nacional y, en segundo lugar, que ésta se determina no sólo por el último factor sino por la concurrencia de los varios que la especifican.

Así las cosas, debe entenderse, según la lectura integral del artículo 37 tantas veces citado, que cuando él se refiere a procesos no lo hace por similitud a expedientes, sino bajo la lógica comprensión y obligada remisión al artículo 5º, y que, por tanto, se trata de asuntos que, obviamente advirtiendo todos los factores de competencia, tengan por objeto delitos del resorte de los jueces penales especializados, es decir, y es allí donde resulta equívoca la argumentación del Tribunal de Bucaramanga, cuando la norma hace alusión a procesos entiéndese que lo hace bajo el supuesto de que se reúnen los elementos que permiten discriminar las diversas facultades, sin que sea posible afirmar que el legislador a conveniencia hizo las respectivas asignaciones por ser claro que en el artículo últimamente citado se atendió el factor objetivo, mientras que en el 37, señalando, eso sí, una competencia transitoria, es el territorial el que se sopesa, máxime si se tiene en cuenta que de conformidad con el artículo 35, al modificar el 78 del Decreto 2700 de 1991, se defiere a la Sala de descongestión jurisdicción en toda la Nación.

Por tanto, y así lo ratifica la propia norma en su parte final y el ya citado 39, a la Sala Especial del Tribunal de Santafé de Bogotá corresponde conocer en segunda instancia de todos aquellos procesos cuyo objeto sea un delito de competencia de los jueces creados por la Ley 504, y que hubieren llegado al conocimiento del Tribunal Nacional hasta antes de producirse su entrada en vigencia.

Una tal solución no sólo consulta los principios procesales y la normatividad vigente interpretada de manera teleológica y sistemática, sino que además deviene lógica y coherente sobre todo en aquellos asuntos que no siendo del interés de los nuevos jueces, llegaron al Tribunal Nacional hasta el 1º de julio por razones diversas a la impugnación o consulta de la sentencia de primera instancia, pues supóngase que un proceso por delito extraño a los enlistados en el artículo 5º de la Ley 504, de competencia de la otrora justicia regional, arribó a tal instancia por recurrirse una decisión interlocutoria proferida en el juicio, si se aceptaren los planteamientos del Tribunal de Bucaramanga habría que convenir que el recurso correspondería decidirlo, sin atender el factor objetivo de competencia, a la Sala especial, pero que, ya salido el negocio de dicho juez plural, seguiría su trámite ante un juez del circuito, surtiéndose luego, llegado el caso, la segunda instancia en el Tribunal de Distrito, atendiendo, ahí si, la materia de que trate el asunto.

En consecuencia, se reitera, la Sala especial de descongestión, adscrita al Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, con jurisdicción en toda la República, conoce exclusivamente aquellos procesos que, habiendo arribado al Tribunal Nacional hasta el 1º de julio de 1999, tengan por objeto uno o varios de los delitos señalados en el artículo 5º de la Ley 504 del año que transcurre. Los llegados hasta esa fecha, pero que no se refieran a punibles asignados a los jueces penales especializados, corresponderán en segunda instancia, al tribunal competente según el territorio.

5. En el caso concreto, siendo su objeto un punible de rebelión y uno de falsedad personal, que ciertamente no están atribuidos al conocimiento de los jueces penales del circuito especializados, y habiendo arribado al Tribunal Nacional evidentemente antes de entrar en vigencia la Ley 504, impera concluir, según las premisas anotadas, que la segunda instancia importa decidirla al Tribunal Superior de Distrito competente por virtud del factor territorial, esto es el de Bucaramanga, a donde será remitida la actuación dejando a su disposición a la privada de libertad que equivocadamente y sin mandato judicial, fue puesta a órdenes de la Corte por empleado de la secretaría de la Sala de descongestión.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

1. ASIGNAR la competencia para conocer de este asunto, en segunda instancia, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, a cuya disposición se dejará a la privada de libertad. Por secretaría remítasele el expediente.

2. Por la misma secretaría expídase copia de esta decisión y envíese al Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, Sala especial de descongestión, para su información.

Cópiese, devuélvase y cúmplase.

Jorge Aníbal Gómez Gallego—Fernando Arboleda Ripoll—Jorge E. Córdoba Poveda—Carlos Augusto Gálvez Argote—Édgar Lombana Trujillo—Mario Mantilla Nougués—Carlos E. Mejía Escobar—Álvaro Orlando Pérez Pinzón—Yesid Ramírez Bastidas. 

Patricia Salazar Cuéllar, Secretaria.

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