Auto 16297 de noviembre 30 de 1999 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

EJECUCIÓN DE SENTENCIAS

COMPETENCIA PARA EJECUTAR LAS DICTADAS POR LOS JUECES REGIONALES

EXTRACTOS: «La solución del caso la ofrece satisfactoriamente el artículo 15 transitorio del Código de Procedimiento Penal así como el artículo 1º del Acuerdo 54 de 1994, dictado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de Judicatura, normas según las cuales, en el lugar donde aún no exista juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, tales funciones serán cumplidas por el juez que dictó el fallo de primera instancia.

Ahora bien, aunque con un sentido más genérico, igual solución se advierte en el artículo 4º del Acuerdo 531 de 1999 (junio 30) conforme con el cual “de los procesos a cargo de los jueces regionales seguirán conociendo los nuevos jueces penales del circuito especializados, de acuerdo con el factor territorial de competencia, excepto aquellos que en virtud de la Ley 504 de 1999, correspondan a los jueces penales del circuito".

Como la norma citada no distingue entre los procesos en curso y los terminados con sentencia ejecutoriada, es obvio que los jueces penales del circuito especializados, en aquellos lugares donde no ejerza territorialmente un juez de ejecución, también deberán conocer de los expedientes en los que penda el cumplimiento cabal del fallo en firme dictado por el juez regional que le antecedió en la función.

Colofón de lo anterior, si la sentencia condenatoria de primera instancia fue proferida por un juez regional de la ciudad de Medellín, en relación con hechos ocurridos en el municipio de Turbo, lugar en cual se hallan recluidos los procesados Arroyo y Salazar y donde además no tiene competencia un juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, deberá ejecutar el fallo el funcionario de primer grado, con arreglo a las previsiones del artículo 15 transitorio del Código de Procedimiento Penal.

Sin embargo, como el juez regional que proveyó en primera instancia fue sucedido en sus funciones por el Juez Penal del Circuito Especializado de Antioquia, conforme a las disposiciones de la Ley 504 de 1999 y los acuerdos 527 y 530 del mismo año, cuya competencia se ejerce sobre los municipios que conforman el distrito judicial de dicho departamento, la competencia para ejecutar el fallo en cuestión corresponde al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia, despacho al que ya le había sido repartido el expediente.

Es necesario aclarar que la Sala Administrativa del Consejo Superior de de Judicatura, por medio de Acuerdo 548 de 1999 (julio 22) organizó en el Distrito Judicial de Antioquia, entre otros, el Circuito Penitenciario y Carcelario de Turbo, con sede en el mismo municipio y competencia además en la población de Frontino. Sin embargo, como aún no han sido provistos los respectivos juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad, la solución del conflicto es igual, porque pende del texto de los artículos 15 transitorio del Código de Procedimiento Penal y 1º del Acuerdo 54 de 1994, según lo expresado en párrafos anteriores.»

(Auto de noviembre 30 de 1999. Radicación 16.297. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Aníbal Gómez Gallego).

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