Auto 16336 de junio 28 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 11001-03-27-000-2007-000-03-00 (16336)

Consejero Ponente:

Dr. Héctor J. Romero Díaz

Alejandro Rodríguez Zárate contra La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Bogotá, D.C., veintiocho de junio de dos mil siete.

Auto

Decide la Sala el recurso de reposición interpuesto por La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público contra el auto de 12 de abril de 2007, que admitió la demanda y suspendió provisionalmente los efectos de las expresiones “exclusivamente” y “estos servicios” de los incisos 1º y 2º, respectivamente, del artículo 1º del Decreto 4650 de 2006.

Antecedentes

Alejandro Rodríguez Zárate demandó la nulidad y solicitó la suspensión provisional de los efectos de las expresiones “exclusivamente” del inciso 1º, y “estos servicios” del inciso 2º del artículo 1º del Decreto 4650 de 2006, por medio del cual el Gobierno Nacional reglamentó parcialmente la Ley 1111 del mismo año.

En auto de 12 de abril de 2007, la Sala admitió la demanda y accedió a la suspensión provisional solicitada, porque con las expresiones demandadas se deja por fuera del beneficio de la tarifa de IVA del 1.6%, los servicios prestados por las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, distintos de los de aseo, vigilancia y empleo temporal, a pesar de que la Ley 1111 de 2006 expresamente concedió dicho beneficio a todos los servicios prestados por cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, siempre que cumplan con los requisitos de la ley (fls. 16 a 19).

Contra la providencia anterior la demandada interpuso recurso de reposición, con base en las siguientes razones (fls. 19 a 23):

a) El acto impugnado no viola de forma flagrante la Ley 1111 de 2006, sino que desarrolla de manera más clara y sencilla el texto legal, para la comprensión de los sujetos involucrados en las operaciones relacionadas en la norma superior.

b) De las diversas interpretaciones que pueden darse al artículo 32 de la Ley 1111 de 2006 y de la exposición de motivos de la misma, se evidencia que la intención del legislador fue eliminar para los servicios de aseo, vigilancia privada y empleo temporal el AIU como base gravable y establecer para los mismos una base general, pero con tarifa especial; por tanto, la norma demandada está ajustada al ordenamiento jurídico, pues, desarrolla de manera explícita la intención del legislador plasmada en la exposición de motivos de la Ley 1111 de 2006.

c) La tarifa especial de IVA del 1.6% a todos los servicios prestados por cooperativas y precooperativas de trabajo, viola los principios de igualdad y equidad previstos en los artículos 13 y 363 de la Constitución Política, e introduce desequilibrios injustificados en relación con el valor final del servicio. Además, se desnaturaliza el IVA porque este debe recaer sobre bienes o servicios, sin consideración a las personas que intervienen en la operación.

d) Para establecer la violación a la norma superior, es necesario revisar las normas que regulan el IVA y la exposición de motivos de la Ley 1111 de 2006, lo que implica un análisis de fondo y hace improcedente el decreto de suspensión provisional de las expresiones del acto acusado.

Consideraciones

Decide la Sala el recurso de reposición interpuesto por la demandada contra el auto de 12 de abril de 2007, en cuanto suspendió provisionalmente los efectos de las expresiones “exclusivamente” y “estos servicios” de los incisos 1º y 2º, respectivamente, del artículo 1º del Decreto 4650 de 2006.

El recurrente estima que no es procedente la suspensión provisional decretada porque para verificar si las expresiones del decreto demandado violan o no ostensiblemente el artículo 32 de la Ley 1111 de 2006, se debe hacer un análisis de fondo que implique la revisión general de la exposición de motivos de dicha ley y las normas que regulan el impuesto a las ventas.

La Sala reitera que al confrontar las expresiones del decreto acusado y la norma superior invocada como abiertamente violada, se advierte, de entrada, la violación manifiesta alegada, pues, insiste, el artículo 32 de la Ley 1111 de 2006 estableció como servicios gravados con IVA a la tarifa especial del 1.6%, entre otros, los de aseo; de vigilancia autorizados por la Superintendencia de Vigilancia Privada; de empleo temporal prestados por empresas autorizadas por el Ministerio de la Protección Social y, los servicios prestados por cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la misma ley, en cuanto a mano de obra se refiere, sin hacer más distinciones.

Y, de las expresiones “exclusivamente” y “estos servicios”, de los incisos 1º y 2º, respectivamente, del artículo 1º del Decreto 4650 de 2006, se desprende que la tarifa de IVA del 1.6% se aplica solamente a los servicios de aseo, vigilancia y empleo temporal, y deja por fuera de dicho beneficio los demás servicios prestados por las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado. En consecuencia, la norma acusada limita el alcance de la disposición superior que reglamenta.

De otra parte, el análisis (sic) la exposición de motivos de la Ley 1111 de 2006, de las distintas interpretaciones del artículo 32 ibídem y de las normas del IVA, se efectuará en el momento de decidir el fondo del asunto. Tal estudio, sin embargo, no desvirtúa que, a primera vista, por lo menos, la norma reglamentaria viola abiertamente la ley. Y, es sabido que para decretar la suspensión provisional basta al juez hacer la confrontación de la disposición acusada y de la norma superior que se dice violada, y si de tal comparación observa una vulneración abierta y ostensible de la última, debe suspender los efectos del mismo, hasta cuando el asunto se falle, para anular el acto acusado o para negar las pretensiones de la demanda.

Por último, los argumentos sobre la violación de los principios de igualdad y equidad en relación con los sujetos prestadores del servicio y la desnaturalización del impuesto sobre las ventas, solo pueden ser analizados en el momento de dictar sentencia.

Las razones anteriores son suficientes para no reponer la providencia recurrida.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta,

RESUELVE:

1. No reponer el auto de 12 de abril de 2007, que admitió la demanda y suspendió provisionalmente los efectos de las expresiones “exclusivamente” y “estos servicios” de los incisos 1º y 2º, respectivamente, del artículo 1º del Decreto 4650 de 2006.

2. Reconócese personería al abogado Enrique Guerrero Ramírez, como apoderado de la DIAN, según poder que se encuentra en el folio 24 del expediente.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

Magistrados: Juan Ángel Palacio Hincapié, Presidente de la Sección—Ligia López Díaz—María Inés Ortiz Barbosa—Héctor J. Romero Díaz.

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