Auto 16377 de abril 19 de 2007 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

AMPARO DE POBREZA

También beneficia a personas jurídicas en extremas dificultades económicas.

EXTRACTOS: «Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte actora contra el auto de 1º de noviembre de 2006 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta - Subsección A mediante el cual se denegó la solicitud de amparo de pobreza de la parte demandante.

Antecedentes

En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho la sociedad actora mediante apoderado demandó la nulidad de la Liquidación Oficial de Revisión Nº 300642005000057 de 3 de mayo de 2005 y la Resolución 300662006000019 de 25 de abril de 2006, actos mediante los cuales la administración modificó la liquidación privada del impuesto de renta y complementarios del año gravable 2002.

Mediante auto de 22 de septiembre de 2006 (fl. 115), el tribunal admitió la demanda y fijó caución al demandante equivalente al 10% de la suma discutida, de conformidad con lo establecido en el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo.

El apoderado de la parte actora mediante memorial de 4 de octubre de 2006 informa que consignó los gastos ordinarios del proceso. En escrito separado de la misma fecha solicita amparo de pobreza (fls. 117-119) al considerar que el tipo de póliza o caución exigida por el tribunal es considerada por las aseguradoras como de alto riesgo por lo que para su expedición exigen la constitución de un CDT por el valor asegurado, que para su caso es de $ 634.131.200, suma con la que no cuenta dada su situación económica, por lo que no puede dar cumplimiento a lo ordenado por el tribunal.

Informa que la sociedad presentó doce (12) demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra la DIAN en las que se discute una suma total de $ 21.916.271.000, lo que hace gravosa su situación en razón a la cuantía. Advierte que si no se tiene la oportunidad de controvertir los actos administrativos que modifican las declaraciones tributarias la sociedad tendría que liquidarse de inmediato.

Fundamenta la solicitud en la igualdad ante la ley que debe existir entre personas naturales y jurídicas consagrada en el artículo 13 de la Constitución Nacional, derecho desarrollado en varias disposiciones procesales entre ellas la que regula el amparo de pobreza. Transcribe apartes de un auto de 4 de junio de 1981 proferido por el doctor Eduardo Suescún del Consejo de Estado.

Finalmente indica que según el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil el amparo de pobreza se concede a quien está en incapacidad de atender los gastos del proceso, como es el caso de la sociedad actora.

El auto apelado

Mediante auto de 1º de noviembre de 2006 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A denegó la solicitud de amparo de pobreza, al considerar que tal beneficio solo se concede a las personas naturales carentes de recursos económicos para poder atender los gastos propios del proceso, excluyendo a las personas jurídicas. Ese criterio lo sustenta con providencia de 2 de febrero de 2001 dictada por el doctor Juan Ángel Palacio Hincapié de la Sección Cuarta de esta corporación.

No obstante lo anterior, modificó el numeral 5º del auto admisorio de la demanda en el sentido de fijar como caución el 1% de la suma discutida, aclarando que no debe incluirse el valor de las sanciones. [...].

CONSIDERACIONES DE LA SALA

La figura del amparo de pobreza está regulada en los artículos 160 a 167 del Código de Procedimiento Civil aplicables a los asuntos contencioso administrativos por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo. El artículo 160 establece:

“Se concederá el amparo de pobreza a quien no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, salvo cuando pretenda hacer valer un derecho litigioso adquirido a título oneroso” (negrillas fuera del texto).

Se infiere de la norma transcrita que el beneficio de amparo de pobreza tiene como propósito garantizar el derecho de acudir a la administración de justicia para hacer valer los intereses de quien no cuenta con los recursos suficientes para asumir los gastos de un proceso (C.P., art. 229), además constituye un desarrollo del derecho a la igualdad de las partes, de conformidad con los artículos 13 C.N. y 4º del Código de Procedimiento Civil.

De otra parte se observa que de la lectura de la disposición antes transcrita se establece que el amparo de pobreza, en principio, solo beneficiaría a las personas naturales, posición que ha sido prohijada por la Sala en diferentes oportunidades (1) . No obstante se advierte que tal criterio debe ser objeto de nueva valoración a la luz de las normas constitucionales y legales antes citadas en las que se apoya la figura procesal en cuestión.

En efecto, teniendo en cuenta que el amparo de pobreza tiene por finalidad garantizar los derechos de rango constitucional antes precisados, esta corporación estima que por regla general, también son titulares de aquellos las personas jurídicas y por tanto tales derechos son susceptibles de protección en los ámbitos sustancial y procesal.

Así las cosas, la Sala advierte que en tales entes se pueden presentar de manera similar que para las personas naturales, situaciones económicas que les impidan atender los gastos del proceso lo cual obstaculizaría su acceso a la rama jurisdiccional en defensa de sus intereses. Por lo anterior, resulta procedente dar a la norma en estudio un alcance amplio y adecuado a las condiciones propias de las personas jurídicas, lo cual no permite afirmar de manera categórica que ellas se encuentren excluidas del beneficio previsto en el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil.

En efecto, las personas jurídicas no están exentas de encontrarse en extremas dificultades financieras que no les permitan atender cargas procesales económicas previstas en la ley, en particular las relativas a la protección de las acreencias determinadas en el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo que contempla la obligación de garantizarlas y de lo cual no puede hacer caso omiso el juez. Ante la posibilidad de la existencia de tales situaciones críticas, se encuentran en juego de un lado el derecho al acceso a la justicia (C.P., art. 229) y de otro la existencia misma de la persona jurídica y por lo demás en últimas la insolvencia puede afectar el patrimonio de las personas naturales que han contribuido a su integración.

Todo ello, requiere un estudio del juzgador acerca del actual ejercicio del objeto social o de la condición de liquidación o disolución de la persona jurídica con el fin de verificar la extrema necesidad económica que respalde la solicitud de amparo de pobreza y que de paso permita, así sea indirectamente, lograr las pertinentes garantías del pago de las acreencias, en particular de las laborales.

Con fundamento en lo anterior, para la Sala es claro que al darle un alcance extensivo del amparo de pobreza a las personas jurídicas, la solicitud que en tal sentido se realice debe ponderarse en cada caso concreto de acuerdo con las circunstancias fácticas que se demuestren en el proceso para determinar su verdadera procedibilidad, conforme al contenido del artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, antes transcrito.

Así las cosas, se observa que en el sub examine, el apoderado de la sociedad actora fundamenta la solicitud de amparo en el hecho de no poseer los recursos necesarios para prestar la caución fijada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Anota que por la cuantía de la misma es considerada como de alto riesgo por las aseguradoras quienes le exigen la constitución de un CDT por el valor asegurado, lo cual es imposible dada su situación económica.

Afirma además que la sociedad presentó doce demandas de nulidad y restablecimiento del derecho contra la DIAN en las que se discute una suma total de $ 21.916.271.000.

Teniendo en cuenta lo anterior y revisado el expediente encuentra la Sala que el apoderado de la parte actora no aporta pruebas, como lo serían las declaraciones de renta y estados financieros actualizados, que permitan concluir que la sociedad demandante está en incapacidad de garantizar los resultados del proceso en el evento de que le fuera desfavorable la sentencia.

Al respecto, advierte la Sala que la caución judicial prevista en el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo y exigida dentro del trámite del proceso contencioso administrativo fue establecida por el legislador con el fin de impedir el uso del derecho de acción para pretender evadir el cumplimiento de una obligación tributaria. De tal manera, la finalidad de la norma es que se satisfagan, al menos en parte, las anotadas obligaciones en caso de que la decisión sea adversa al demandante. Además, la caución judicial exigida a la parte actora no vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia pues el tribunal, siguiendo el criterio expuesto por la Corte Constitucional (2) , ordenó el cumplimiento de tal carga luego de admitida la demanda y no como requisito para su admisión.

De otra parte se observa que para satisfacer la carga procesal impuesta la garantía puede consistir no solo en constitución de un CDT a favor de una aseguradora, sino también en póliza, en depósito judicial, garantía bancaria o prendaria, hipotecaria u otro medio aceptable a satisfacción del ponente quien debe tener en cuenta los actos que se acusan y las condiciones económicas manifestadas por la sociedad demandante, tanto en el libelo introductorio como con ocasión del recurso.

Finalmente, observa la Sala que en la demanda la cuantía se determinó por un valor de $ 6.341.312.000 que corresponde a las ventas brutas adicionadas por la DIAN en la liquidación oficial de revisión con la cual modifica la liquidación privada del impuesto a la renta correspondiente al año gravable 2002 presentada por la Sociedad Sietep S.A. y sobre ese valor es que considera el apoderado que debe prestarse la caución. No obstante, se le aclara que el valor discutido en el presente asunto debe ser la diferencia entre el saldo a pagar declarado por la actora ($ 23.183.000) y el determinado oficialmente ($ 2.235.433.000), es decir $ 2.212.250.000, es esta suma sobre la cual debe prestar caución del 1% ($ 22.122.500).

Así las cosas esta corporación confirmará el auto recurrido que niega el amparo de pobreza y reduce la caución en el 1% del valor discutido sin incluir la sanción por inexactitud, con lo cual el a quo atendió a su satisfacción tanto la petición de la sociedad actora como la protección legal prevista en el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo, dando así cumplimiento además al artículo 229 de la Constitución Política.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de su Sala de lo Contencioso,

RESUELVE:

Confírmase la providencia de 1º de noviembre de 2006.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase».

(Auto de 19 de abril de 2007. Expediente 16377. Consejera Ponente: Dra. María Inés Ortiz Barbosa).

(1) Providencias de 21 de mayo de 1993, expediente 4717, C.P. Dra. Consuelo Sarria Olcos y de 2 de febrero de 2001, expediente 12701, C.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié, entre otras.

(2) Sentencia de la Corte Constitucional C-318 de junio 30 de 1998, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

SALVAMENTO DE VOTO

De manera respetuosa me aparto de la decisión mayoritaria de la Sala que negó el amparo de pobreza consagrado en el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, solicitado por la actora, porque consideró que esta no probó la incapacidad económica para asumir los gastos del proceso.

Sostuvo el auto del que me separo, que al darle un alcance extensivo del amparo de pobreza a las personas jurídicas, la solicitud debe ponderarse en cada caso, de acuerdo con las circunstancias fácticas que se demuestren en el proceso para determinar su verdadera procedibilidad.

Las razones por las cuales no comparto la decisión de negar el amparo de pobreza son las siguientes:

Previamente manifiesto, como lo expuse en Sala, que estoy plenamente de acuerdo con el amparo de pobreza tiene cabida(sic) tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas; sin embargo, lo que resulta contrario a derecho es imponerle a estas, como requisito para que proceda el beneficio, la prueba de la incapacidad económica para asumir los costos de la litis, cuando el artículo 161 [inc. 2º] del Código de Procedimiento Civil, señala que al solicitante le basta afirmar bajo juramento, que se considera prestado por la presentación de la solicitud, que se encuentra en incapacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia.

El anterior artículo señala un trámite simple, sin distinguir el tipo de sujeto que solicita el amparo, para determinar la prueba a pedir, pues, basta con la afirmación, bajo la gravedad del juramento, de que se encuentra en precaria situación económica, para que el juez otorgue de plano el amparo. Ahora, si se llega a demostrar que el solicitante contaba con capacidad económica, se habrá de revocar el amparo para negarlo, caso en el cual, además, se impondrá multa de un salario mínimo mensual (art. 162, ibídem) y, a su vez, se deberá adelantar por el juez competente la acción penal por el delito de falso juramento.

En consecuencia, el amparo se debió conceder sin exigirle a la sociedad que probara su incapacidad económica, por lo demás, negación indefinida exenta de prueba, conforme a básicos principios de derecho probatorio.

En esta forma dejo expresadas las razones de mi salvamento de voto.

Héctor J. Romero Díaz 

ACLARACIÓN DE VOTO

Si bien comparto plenamente la decisión adoptada por la Sala en el presente asunto, expreso a continuación las razones por las cuales aclaro el voto en la decisión de la referencia.

En anteriores oportunidades compartí el criterio jurídico de la Sala respecto a los sujetos procesales sobre los cuales se aplica el amparo de pobreza, en el sentido de que el citado beneficio estaba previsto expresamente para las personas naturales y no para las personas jurídicas, ya que el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil hace referencia como sujeto del amparo a “... quien no se halle en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para “su propia subsistencia” y “la de las personas a quienes por ley debe alimentos”, expresiones que consideré todas aplicables respecto de las personas naturales y no a las personas jurídicas, a quienes se excluye de tal beneficio.

Posición que compartí plenamente y que ha sido manifestado por la Sala entre otros en los autos del 12 de agosto de 1999, expediente 5506, actor Importadores y Comercializadores S.A. y del 21 de mayo de 1993, expediente 4717, actor Corporación Financiera del Transporte.

En esta oportunidad, y tal y como lo plantea la providencia de la referencia, estimo pertinente interpretar la norma referida a la luz de las normas constitucionales y legales en las que se apoya la figura procesal del amparo de pobreza, respetando su fuerza normativa pero ajustándola a las circunstancias, considerando que está destinada a una determinada realidad a la cual debe adaptarse de manera incesante para conservar su vigencia.

En tal razón, analizando que su finalidad es garantizar el derecho constitucional de acceso a la justicia de quien no cuenta con los recursos suficientes para asumir los gastos del proceso, así mismo el derecho a la igualdad de las partes; aunado a la situación económica que atraviesa el país, por la cual, las personas jurídicas de manera similar a las personas naturales, no están exentas de encontrarse en extremas dificultades financieras, resulta procedente modificar la posición jurisprudencial anterior, para dar al artículo 160 del Código de Procedimiento Civil un alcance amplio y adecuado que cobije a las personas jurídicas, cuando en un caso concreto se encuentren en una situación financiera que les impida asumir los costos de su defensa, por lo cual se debe concluir que también son titulares del amparo de pobreza, las personas jurídicas, respecto de las cuales se puedan presentar situaciones económicas que les impidan atender los gastos del proceso, hecho que impediría el acceso a la justicia.

En consecuencia, para determinar la procedibilidad del amparo de pobreza frente a las personas jurídicas, la solicitud que se realice en tal sentido debe ponderarse en cada caso concreto de acuerdo a las circunstancias fácticas que se demuestren en el proceso.

Atentamente,

Juan Ángel Palacio Hincapié 

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