Auto 16378 de noviembre 17 de 1999 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote

Aprobado Acta Nº 182

Santafé de Bogotá, D.C., diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

EXTRACTOS: «La audiencia pública no es un acto de simple sustanciación, no es una formalidad que tiene por propósito el mero agotamiento de una etapa más, su significado trasciende en el proceso al punto que, siendo ella el ámbito propio en que se desarrolla el juicio con sus principios de oralidad, inmediación y concentración, se constituye en el escenario propicio e idóneo y prácticamente único en donde se debaten todos los aspectos fundamentales referidos a los acontecimientos materia de la causa y a la responsabilidad del acusado, es allí donde se concreta la acusación y se ejerce a plenitud el derecho de defensa y el principio de contradicción, es a la vez el momento culminante de oportunidades como la probatoria o la de objeción de dictámenes; en fin, siendo el hito último hasta el cual puede llevarse a efecto todo aquello que por su naturaleza no deba ser decidido en la sentencia, que precisamente se profiera después de su realización, la audiencia pública involucra decisiones y actividades de la más variada, índole que devienen ya de la propia acción probatoria, o del ejercicio de la facultad oficiosa de que se encuentra investido el juzgador, o del uso de sus poderes correccionales y de dirección o, finalmente, del desarrollo de la amplia potestad con que el artículo 453 ídem dota al juez ”para tomar las determinaciones que considera necesarias con el fin de lograr el esclarecimiento de los hechos”.

Por todo ello, la audiencia pública, según desde antiguo lo tiene entendido la Sala (Auto de ago. 4/93 M.P. Dr. Édgar Saavedra Rojas), se debe celebrar ante la respectiva autoridad judicial de conocimiento pues es a ésta a quien concierne proferir la sentencia luego de haber escuchado y dirigido el debate que caracteriza a la etapa de juzgamiento, mucho más cuando nuestro sistema se identifica en gran parte con los principios que rigen el sistema acusatorio donde la intervención del juez de conocimiento, a diferencia del anterior orden donde el mismo funcionario que instruía era el que acusaba y juzgaba, deja de ser formal para hacerse dinámica y participativa en la medida en que, asumiendo su verdadera función de juzgador, garante de la imparcialidad y la justicia, debe escuchar con inmediatez a las dos partes, acusado y acusador, así como practicar y presenciar las pruebas que habrá de sustentar su inminente decisión de condena o de absolución.

Con una tal trascendencia, a pesar de los inconvenientes que evidencia nuestra realidad carcelaria, los que de ninguna manera pueden tener preponderancia sobre aquellos valores y principios que se materializan en la audiencia pública, resulta inadmisible que en ese verdadero acto de examen de las diversas y generalmente antagónicas posiciones que se asumen en la dialéctica del proceso frente a la conducta del acusado, se ausente el juez a quien por disposición legal corresponde proferir la sentencia, lo que no obsta para que, dentro de la complejidad de dicha diligencia, pueda, de modo singular, comisionar la práctica de determinadas pruebas fuera de su sede, según lo permite el artículo 448 del Código de Procedimiento Penal».

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