Auto 16380 de agosto 12 de 1999 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

ESTIPULACIÓN DE CLÁUSULA COMPROMISORIA

PARA PROCESOS EJECUTIVOS DERIVADOS DE CONTRATOS ESTATALES

EXTRACTOS: «1.1. Si bien la Sala, en anteriores pronunciamientos, había sostenido que no es jurídicamente posible pactar la cláusula compromisoria para el conocimiento de los procesos ejecutivos que se deriven de los contratos estatales, por cuanto los tribunales arbitrales son jueces excepcionales, investidos de autoridad temporal, para decidir sobre precisas materias en donde los derechos reclamados se encuentran en controversia, la Corte Constitucional ha sentado el criterio jurisprudencial según el cual el artículo 116 de la Carta Política no limitó dicha posibilidad; al respecto dijo la Corte:

“Si se analiza el inciso cuarto del artículo 116, se llega a la conclusión de que la administración de justicia por los árbitros, solo tienen estas limitaciones:

La primera, que los particulares solamente pueden ser investidos de la función de administrar justicia, en calidad de conciliadores o en la de árbitros, transitoriamente. Esta transitoriedad es evidente no sólo por el texto mismo de la norma, sino porque al ser las partes en conflicto potencial o actual las que habilitan a los árbitros, al resolverse el conflicto desaparece la razón de ser de la función arbitral.

La segunda, ya insinuada, que son las partes quienes habilitan a los árbitros para fallar, en derecho o en conciencia.

Y una última, que los árbitros administran justicia “en los términos que determine la ley”. Esto permite al legislador, por ejemplo, establecer las reglas a las cuales debe someterse el proceso arbitral.

Pero, no existen otras limitaciones. Por ello, no es admisible sostener que los asuntos que se ventilan, o podrían ventilarse, en el proceso de ejecución, están excluidos del proceso arbitral. ¿De dónde surgiría esta supuesta exclusión? ¿Cómo afirmar que las obligaciones cuyo cumplimiento puede exigirse en el proceso de ejecución, constituyen una excepción a lo establecido por el inciso cuarto del artículo 116 de la Constitución, cuando tal excepción no aparece en esta norma, ni en ninguna otra?

De otra parte, es claro que todas las obligaciones civiles, en general, dan derecho a exigir su cumplimiento. Precisamente ésta es su definición legal, pues, según el artículo 1527 del Código Civil, las obligaciones son civiles o meramente naturales. Civiles son aquellas que dan derecho para exigir su cumplimiento. Naturales las que no confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado, en razón de ellas.

Y el juicio ejecutivo es, precisamente, el medio para conseguir el cumplimiento de las obligaciones civiles, cuando se reúnen los requisitos establecidos por la ley procesal. Obligaciones exigibles en el proceso ejecutivo, que no han sido excluidas del proceso arbitral ni del mecanismo de la conciliación, por el artículo 116 de la Constitución, ni por ningún otro.

A lo cual habría que agregar que las obligaciones cuyo cumplimiento puede exigirse ejecutivamente, son de contenido económico. Esas obligaciones están gobernadas por el principio de la autonomía de la voluntad”(1).

(1) Corte Constitucional. Sentencia C-294 de junio 6 de 1995, Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía. Gaceta de la Corte Constitucional, T. 7, julio de 1995, págs. 75-76.

1.2. La cláusula compromisoria pactada.

En el caso sub judice, se observa que en el contrato de obras públicas Nº 371 de 1994 suscrito entre el municipio de Villavicencio y la Sociedad Pablo Alfonso Sánchez y Cía. Ltda. se pactó la siguiente cláusula compromisoria:

“24. Cláusula compromisoria: El contratista y el municipio se comprometen a utilizar el mecanismo descrito a continuación para dirimir las controversias así: En primera instancia las diferencias de orden técnico, económico, financiero y jurídico que surjan durante la celebración o ejecución del presente contrato se resolverán entre las partes contratantes. Si no llegaren a acuerdo dentro de los diez (10) días calendarios siguientes al surgimiento e (sic) la controversia esta será dirimida por un tribunal de arbitramento compuesto por tres personas así: un representante del municipio, un representante del contratista y un tercero nombrado por estos dos representantes; en caso de que no llegaren a un acuerdo para la designación de éste, el municipio solicitará la designación del tercero a una asociación profesional o gremial, en su defecto a la cámara de comercio o a un centro docente de educación superior. PAR. 1º: La designación, requerimiento, constitución y funcionamiento del tribunal de arbitramento se regirá por las normas vigentes sobre la materia sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993. PAR. 2º: Las determinaciones tomadas por el tribunal de arbitramento serán definitivas sobre las diferencias de carácter exclusivamente técnico y/o de derecho”. (Fls. 119 y 120).

Lo expuesto despoja de razón al a quo, cuando estima que la demanda ejecutiva formulada por el municipio de Villavicencio en contra de la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A. “Confianza”, se debe definir conforme a la cláusula compromisoria pactada en el contrato, por las siguientes razones:

Si bien es cierto que la aseguradora ejecutada garantizó el cumplimiento del contrato de obras públicas suscrito entre el referido ente territorial y la Sociedad Pablo Alfonso Sánchez y Cía. Ltda., es un tercero a esta relación, y en consecuencia, no la obliga la cláusula compromisoria antes transcrita.

En gracia de discusión, si el pacto compromisorio tuviera efectos para el garante, las partes contratantes no confirieron en forma expresa y clara competencia al tribunal de arbitramento para conocer de los procesos ejecutivos y, menos aún, para el cobro coercitivo de la póliza única de cumplimiento.

De conformidad con el pacto compromisorio las controversias que surjan durante la ejecución del contrato, sometidas a la decisión de árbitros, son aquellas que se produzcan en la realización del objeto contractual y no las que se originen por la instauración de procesos ejecutivos con ocasión del contrato.

En consecuencia, corresponde a esta jurisdicción conocer de este proceso».

(...)

COBRO EJECUTIVO DE LA GARANTÍA CONTRACTUAL ÚNICA

CORRESPONDE A LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

EXTRACTOS: «2.1. El Decreto 679 de 1994, reglamentario de la Ley 80 de 1993, dispuso en su artículo 19:

“De la ejecución de la garantía única. Cuando no se paguen voluntariamente las garantías únicas continuarán haciéndose efectivas a través de la jurisdicción coactiva, con sujeción a las disposiciones legales”.

Esta corporación, mediante auto de febrero 27 de 1997, decretó la suspensión provisional de la anterior disposición, por cuanto, de conformidad con el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, el juez contencioso administrativo es el competente para conocer de las controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento. De tal manera, que la referida norma reglamentaria no podía establecer excepción a esta regla o atribuir competencia a otra autoridad(2).

(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto de febrero 27 de 1997, Expediente 11318, Ponente: Jesús María Carrillo Ballesteros. Actor Hernando Pinzón Avila. La Sala Plena Contenciosa, mediante auto noviembre 29 de 1994, Expediente S-414, con ponencia del Consejero Guillermo Chahín Lizcano, estableció que esta jurisdicción es la competente para tramitar los procesos ejecutivos para el cobro de obligaciones nacidas con ocasión del contrato estatal. Ver: Anales del Consejo de Estado, T. CXXXIX, primera parte, cuarto trimestre de 1994, pág. 93.Por consiguiente, hasta tanto se defina el proceso de nulidad del artículo 19 del Decreto 679 de 1994, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativa el conocimiento de los procesos ejecutivos dirigidos al cobro de la garantía única a que se refiere el artículo 25, numeral 19 de la Ley 80 de 1993, garantía que tiene por objeto respaldar el cumplimiento de las obligaciones que surjan a cargo de los contratistas frente a las entidades estatales, por razón de la celebración, ejecución y liquidación de contratos estatales».

(Auto de agosto 12 de 1999. Expediente 16.380. Consejero Ponente: Dr. Alier E. Hernández Enríquez).

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