Auto 16380 de noviembre 30 de 1999 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

TRANSICIÓN DE LA JUSTICIA REGIONAL A LA ESPECIALIZADA

COMPETENCIA DE LA SALA ESPECIAL DE DESCONGESTIÓN

EXTRACTOS: «Dispuso el artículo 205 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, que la justicia regional, dejaría de funcionar a más tardar el 30 de junio de 1999.

A partir de esta fecha, hasta donde las condiciones objetivas de orden público lo permitieran, el ideal consistía en que la justicia regional dejara de existir para que los asuntos que le competían fueran asumidos por los jueces penales del circuito comunes y por los correspondientes tribunales superiores.

Pese a ello, dada la situación sociopolítica del país, el legislador, al expedir la Ley 504 del 25 de junio de 1999, decidió continuar reservando el conocimiento de algunos delitos para asignarlo a jueces que denominó penales de circuito especializados.

Para garantizar el cabal cumplimiento del principio de la doble instancia la Ley 504 de 1999, prevé la creación de un Tribunal Superior Nacional, encargado de conocer de los recursos de apelación y de hecho en los procesos que conocen en primera instancia los jueces penales de circuito especializados.

El juez regional cambió su denominación por juez penal de circuito especializado, y que el Tribunal Nacional, se llamará Tribunal Superior Nacional, cuando se expida la ley estatutaria que lo cree, como lo sugiere el análisis armónico de los artículos 5º, 35 y 40 transitorio ibídem.

Transitoriamente, así hay que entenderlo, mientras nace a la vida jurídica el Tribunal Superior Nacional, la Ley 504 de 1999, asignó competencia a los Tribunales Superiores de Distrito, para conocer en segunda instancia de los recursos de apelación y de hecho, en los procesos que conocen en primera instancia los jueces penales de circuito especializados. En este sentido se modificó el artículo 70 del Código de Procedimiento Penal, y a este precepto debe estarse hasta la puesta en marcha del Tribunal Superior Nacional, que los desplazará.

3. Con el fin de precaver complicaciones administrativas y judiciales a raíz de la transición de la justicia regional a la justicia especializada, concretamente en cuanto al trámite de los procesos que venía conociendo el Tribunal Nacional y que no alcanzó a decidir, la Ley 504 de 1999, en su artículo 37, estableció unos mecanismos transitorios precisos y definidos:

3.1. Adscribió a la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, el conocimiento de los procesos que venía tramitando el Tribunal Nacional, y de los que conociera hasta el primero de julio de 1999.

3.2. Facultó a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para crear una Sala Especial de Descongestión, para efectos del conocimiento de los procesos de competencia de los jueces penales de circuito especializados. Estos procesos son los mismos a que se refiere el punto anterior, es decir los que no alcanzó a resolver el Tribunal Nacional.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, expidió el Acuerdo 533 de 1999, en cuyo artículo primero creó “hasta por un año, contado a partir del primero (01) de julio de 1999, una Sala Especial de Descongestión en la Sala Penal del Tribunal Superior, de Santafé de Bogotá, la cual conocerá de los asuntos señalados en la citada ley”.

Significa lo anterior que la Sala Especial de Descongestión, adscrita a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, hasta por el lapso de un año, conocerá de los procesos que venía conociendo el Tribunal Nacional y que hubieren llegado a su sede hasta el 1º de julio de 1999, inclusive.

La Sala Especial de Descongestión, no asumirá el conocimiento de nuevos asuntos con posterioridad al 1º de julio de 1999, ya que, a la luz de la exposición de motivos de la Ley 504 de 1999, fue concebida con el fin de que adelantara hasta su culminación los procesos que estaba tramitando el desaparecido Tribunal Nacional, cuya decisión no llegó a proferirse.

4. Cabe preguntar si todos los procesos que venía tramitando el Tribunal Nacional, inclusive hasta el 1º de julio de 1999, fueron asignados por la Ley 504 de 1999, temporalmente, a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, y luego a la Sala Especial de Descongestión. La solución se obtiene despejando el interrogante acerca de si todos los delitos que antes conocían los jueces regionales pertenecen ahora a los jueces de circuito especializados.

La respuesta es negativa, puesto que el artículo 5º de la Ley 504 de 1999, definió nuevamente la competencia, de suerte que varios hechos punibles que antes pertenecían a la justicia regional ahora ya no corresponden a la justicia especializada; vale decir, ciertos ilícitos que antes juzgaban los jueces regionales, a futuro deben ser fallados por los jueces penales de circuito comunes. Para determinar la diferencia basta comparar el artículo 71 del Código de Procedimiento Penal con el artículo 5º de la ley en comento.

5. En el evento que ocupa la atención de la Sala, los infractores de la Ley 30 de 1986, fueron sorprendidos con diez mil sesenta y tres (10.063) gramos de marihuana.

Como la marihuana superó los diez mil (10.000) gramos, en atención al artículo 71 del Código de Procedimiento Penal, aplicable al tiempo de los hechos, correspondía el juzgamiento a los jueces regionales. Así se procedió llegando inclusive a la sentencia condenatoria del 25 de febrero de 1999.

Pero ocurre que a partir de la vigencia de la Ley 504 de 1999, publicada en el Diario Oficial Nº 43.618 del 29 de junio de 1999, la cantidad de sustancia como factor objetivo para fijar la competencia fue cambiada, pues el artículo 5º estableció que si la droga traficada era marihuana, únicamente correspondía su juzgamiento a los jueces penales de circuito especializados, cuando la cantidad excediera de mil (1.000) kilogramos.

6. En consecuencia, razón le asiste al Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, cuando con afianzados argumentos afirma que este asunto nunca debió ser remitido a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, ni a la Sala Especial de Descongestión de aquella corporación, por carecer de competencia funcional en atención a los factores territorial y objetivo.

La interpretación armónica y sistemática de la Ley 504 de 1999, con el ordenamiento procesal penal, lleva a concluir que los asuntos que venía tramitando el Tribunal Nacional en segunda instancia, a la entrada en vigencia de dicha ley, y hasta el 1º de julio de 1999, inclusive, por delitos cuya competencia no se hubiere transferido al Juez Penal de Circuito Especializado, no debieron enviarse al Tribunal Superior de Bogotá, puesto que esta colegiatura carece de competencia sobre aquellos.

Dicho de otro modo, sólo era viable remitir a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, por mandato de la ley en comento, para efectos de descongestión, los procesos que venía conociendo el Tribunal Nacional, siempre y cuando ellos pudieran ser conocidos por el Tribunal Superior Nacional, si ya existiera.

Esto es, que en virtud de las disposiciones transitorias de la Ley 504 de 1999, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala Especial de Descongestión a él adscrita, pueden conocer de los procesos que venía tramitando el Tribunal Nacional, sí , y sólo sí el delito de que se trate es ahora de conocimiento de los jueces penales de circuito especializados. Única y exclusivamente con relación a los procesos que reúnan estas características la competencia de la Sala Especial de Descongestión adscrita al Tribunal Superior de Bogotá, abarca todo el territorio nacional.

Si se aceptase la exegética tesis del Tribunal Superior de Manizales, se quebraría todo el sistema de competencia, armonizado en el Código de Procedimiento Penal, pues terminaría su homólogo de Bogotá, decidiendo sobre hechos ocurridos fuera del Distrito Capital, dando así al traste con el principio general de competencia territorial.

7. En este orden de ideas, en el presente caso la competencia radica en el Tribunal Superior de Manizales, pues en dicha ciudad ocurrieron los hechos y por la cantidad de droga incautada el asunto corresponde a los jueces penales del circuito comunes. Así se decidirá el conflicto».

(Auto de noviembre 30 de 1999. Radicación 16.380. Magistrado Ponente: Dr. Édgar Lombana Trujillo).

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