Auto 16384 de enero 21 de 2004 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

IN DUBIO PRO REO

APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO PARA PRECLUIR UNA INVESTIGACIÓN

EXTRACTOS: «De conformidad con la preceptiva del artículo 232 de la Ley 600 de 2000, a diferencia del grado de conocimiento requerido en punto de imponer medida de aseguramiento (posibilidad), para proferir resolución de acusación (probabilidad), resulta indeclinable que la prueba obtenida en las diversas fases del proceso conduzca a la certeza de la conducta definida en la ley como delito y a la responsabilidad del acusado; para tal efecto, impera apreciar los medios de prueba en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, según lo establece el artículo 238 del citado ordenamiento.

Las formas de calificación de una investigación penal están contempladas en la normatividad procesal, las que enseñan que el mérito del sumario se puede calificar profiriendo resolución de acusación o resolución de preclusión de la instrucción.

Para cada una de estas formas de calificación se han establecido unos requisitos que deben cumplirse; así, para poder proferir resolución de acusación en contra del implicado, debe estar demostrada la ocurrencia del hecho y obrar dentro del informativo confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documentos, peritación o cualquier otro medio probatorio que señale la responsabilidad del sindicado.

Cuando no se cumple alguno de los requisitos señalados, las normas procesales contemplan la figura de la preclusión de la investigación, a la cual le asignan sus propios eventos de ocurrencia, vinculados a los de la cesación del procedimiento.

La Corte ha señalado que además de los referentes establecidos en el artículo 395 del estatuto procesal, también puede aplicarse el principio de in dubio pro reo, no solo al momento de calificar, sino incluso para inhibirse de iniciar una investigación penal.

Así, no sobra recordar que en relación con la anterior temática, esto es, la aplicación del referido principio constitucional en eventos diferentes al fallo que ponga término a una investigación, esta Sala ha expresado su criterio, a través de diversos pronunciamientos, entre ellos, los de fechas, veinticinco (25) de agosto de mil novecientos noventa y nueve (1999), con ponencia del magistrado Carlos E. Mejía Escobar, en la que se decide, inhibirse de abrir instrucción penal por la imposibilidad de superar la duda que aconsejó la apertura de la investigación previa.

Y en la fecha quince (15) de julio de dos mil tres (2003), con ponencia del magistrado Jorge Aníbal Gómez Gallego, en el que se hace mención a la posibilidad de aplicar el principio de in dubio pro reo, para precluir una investigación penal como forma de calificación del mérito sumarial. Así se dijo en tal oportunidad:

“Si la presunción de inocencia es un estado garantizado constitucional y legalmente a toda persona que se le inicie un proceso en nuestro territorio patrio, desprendiéndose la regla del in dubio pro reo en el sentido de que toda duda debe resolverse en favor del procesado, y que al aplicarse por los funcionarios judiciales conduce indefectiblemente a la declaratoria de no responsabilidad, bien a través de la preclusión de la investigación o de la sentencia absolutoria, de ninguna manera puede equiparársele con la declaratoria de inocencia, habida cuenta que si la duda se entiende como carencia de certeza, deviene como lógica reflexión en los casos en que se considere, no la aseveración de que se juzgó a un inocente, sino la imposibilidad probatoria para que se dictara sentencia condenatoria”.

(...).

El anterior análisis probatorio y el sustento jurisprudencial que viene de incluirse, constituyen razón suficiente para que la Sala, con apoyo en el principio de in dubio pro reo, ordene la preclusión de la investigación penal adelantada en contra de L... y, en consecuencia, ordene la cesación del procedimiento adelantado en su contra por razón de los hechos puestos en conocimiento de la jurisdicción por la entidad denominada veeduría ciudadana».

(Auto de enero 21 de 2004. Radicación 16.384. Única instancia. Magistrada Ponente: Dra. Marina Pulido de Barón).

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