Auto 1640-A de abril 4 de 1991 

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

PROVIDENCIAS APELABLES

EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

EXTRACTOS: «Realmente las distintas secciones que integran la Sala de lo Contencioso Administrativo de esta corporación, no han tenido una posición jurisprudencial uniforme en relación con las providencias dictadas por los Tribunales Administrativos seccionales en procesos de conocimiento de ellos en primera instancia, que son susceptibles del recurso de apelación para ante el Consejo de Estado.

Para algunas de ellas, como, por ejemplo, para la Sección Primera, sólo son susceptibles del recurso de apelación, además de las sentencias, los autos proferidos en primera instancia a que se refiere expresamente el artículo 181 del C.C.A., en armonía con el artículo 129 ibídem, o sea el inadmisorio de la demanda, el que resuelve sobre la suspensión provisional, el que pone fin al proceso, y el que resuelve sobre la liquidación de condenas, pues se trata de una enumeración taxativa. Por consiguiente, en dicha sección se ha llegado a la conclusión de que providencias como aquella que decide sobre una nulidad procesal planteada ante un Tribunal Administrativo en juicio de primera instancia, no son susceptibles del recurso de apelación, sin que sea posible acudir a la aplicación por remisión de disposiciones del C. de P.C. sobre la materia, por cuanto para que ello sea viable se necesita que se encuentren vacíos en las normas que regulan el procedimiento contencioso-administrativo, y ese vacío no se observa en materia del recurso de apelación (auto de junio 11 de 1986, exp. 202, ponente Guillermo Benavides Melo).

Para otras secciones de la Sala Contenciosa como, por ejemplo, para las Secciones Tercera y Quinta, el auto o providencia por medio del cual un Tribunal Administrativo decide, en proceso de primera instancia, sobre una nulidad procesal planteada, sí es susceptible del recurso de apelación ante esta corporación, por cuanto aun que la enumeración del artículo 181 del C.C.A. parece taxativa, debe concluirse que es meramente enunciativa. Sería de la primera clase si no existieran vacíos en el procedimiento contencioso-administrativo que debieran llenarse con el Código de Procedimiento Civil, bien por remisión expresa a ese ordenamiento o por mandato implícito (art. 267 del C.C.A.), y, cuando ello sucede, la institución así incorporada al proceso administrativo deberá tomarse en su integridad para evitar su escindibilidad. Así, en este orden de ideas, no se puede poner en duda que el auto que decida las nulidades procesales, en primera instancia, será apelable con los efectos indicados en el ordenamiento procesal civil, pues no teniendo dicho incidente regulación en el nuevo C.C.A., ya que su artículo 165 remite expresamente a las disposiciones pertinentes del C. de P.C., entre las cuales se encuentra la contenida en el artículo 147 del actual ordenamiento que dispone que “el auto que declare la nulidad de todo el proceso o de una parte del mismo sin la cual no fuere posible adelantar el trámite de la instancia, será apelable en el efecto suspensivo. El que decrete la nulidad de una parte del proceso que no impida la continuación del trámite de la instancia, lo será en el efecto diferido” debe dársele aplicación integral a esa normatividad a la cual se remite expresamente el estatuto procesal administrativo.

Para la mayoría de los consejeros que integran actualmente la Sección Primera de la Sala Contenciosa, la posición adoptada por las Secciones Tercera y Quinta es la que debe ser acogida a partir de la fecha por ella, por cuanto, reconociendo, como reconoce, que los planteamientos hechos en la providencia de junio 11 de 1986, antes citados, son bastante respetables, no puede dejar de observar que constituiría un problema mayúsculo, en el tratamiento de determinados incidentes no regulados expresamente por el C.C.A., la escindibilidad de la norma procesal civil a la cual se remite expresa o tácitamente el ordenamiento procesal administrativo; además, que en casos de duda, como el que ocupa la atención de la Sala, debe darse aplicación al principio general de derecho procesal, según el cual, salvo las excepciones de ley, todo proceso judicial debe tener dos instancias que le permita a las partes buscar la corrección de los eventuales errores del juzgador de primera instancia».

(Auto de abril 4 de 1991. Expediente 1640-A. Consejero Ponente: Dr. Miguel González Rodríguez).

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